El pasado 28 de abril, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluyó el proceso de modernización de su acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). Entre otros aspectos, se incorporaron dos nuevos capítulos al tratado en vigor desde 2000 para reforzar la protección de las inversiones y promover el desarrollo sustentable con economías “verdes”.

Sin embargo, el 15 de mayo, sin haber consultado a los actores privados, la Secretaría de Energía publicó una nueva normativa para el sector eléctrico en México con la finalidad de garantizar la “confiabilidad del sistema” durante la pandemia. Esa reforma fortalece el control estatal y el uso de combustibles fósiles y pone un freno al desarrollo de las energías renovables, principalmente eólica y solar, perjudicando las inversiones de empresas europeas.

De manera inusual, la Delegación de la UE en México (a nombre de 19 de sus 27 Estados miembros) entregó una carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, donde manifestó su “profunda preocupación” por “las decisiones adoptadas en el sector de las energías renovables”. La representación diplomática advirtió que las nuevas reglas “impactarían negativamente” en 44 proyectos en 18 Estados de la República y pondrían en riesgo inversiones, incluyendo las europeas, por más de 6,400 millones de dólares.

Más allá de las múltiples acusaciones de abusos en que incurren en México las firmas europeas de esa industria, la brusca decisión del gobierno de López Obrador de prohibir nuevas centrales de energía renovable para beneficiar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que consumen un combustóleo caro y altamente contaminante que produce Pemex, contradice el espíritu y la letra del acuerdo que suscribió con la UE y que aun debe ser aprobado por los gobiernos y parlamentos de esa región.

En el artículo primero de la versión pública del nuevo capítulo de “Comercio y desarrollo sustentable”, México se comprometió a “promover” un “crecimiento verde e inclusivo”, es decir bajo en emisiones de carbono, uso eficiente de los recursos y socialmente incluyente. También reconoció que el país tiene que avanzar hacia una “economía circular”, llamada así porque limita los recursos no renovables y elimina al máximo la producción de desechos.

El gobierno mexicano igualmente aceptó “consultar y cooperar” con la UE “en las cuestiones ambientales de interés mutuo relacionadas con el comercio”, e “intercambiar regularmente información sobre sus iniciativas” en la materia.

Más aún, siempre en la versión disponible del documento, las autoridades mexicanas revalidaron su promesa de “implementar efectivamente” la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París para la reducción de los gases de efecto invernadero que, entre otras fuentes, emiten los combustibles fósiles. Y reiteraron en el mismo capítulo que fomentarían “el crecimiento de la economía verde”, en particular a través de “energías renovables y soluciones energéticas eficientes”.

Frente a la presión de su opinión pública, ese capítulo fue ampliamente publicitado por la UE como una prueba de que México había admitido su responsabilidad en el combate contra el calentamiento global y en respetar los derechos laborales y sociales relacionados, pero los ecologistas nunca lo han considerado un compromiso serio dado que no existe ninguna obligación legal para acatarlo.

La diputada verde alemana del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini, ha advertido que el acuerdo con México “no cumple con los estándares” de desarrollo sustentable y otras temáticas porque no va más allá de los dichos, por lo que su grupo político votará en contra de una esperada aprobación.

Lejos de la voluntad plasmada en papel y en una apuesta arriesgada, el presidente López Obrador ha acusado a sus socios europeos de haberse “apoderado” del sector energético mexicano y “conspirar” contra Pemex y la CFE, y los ha retado a demandar al Estado mexicano.

El centro de investigación holandés Transnational Institute refiere que México, con más de 30 casos desde 1997, se encuentra entre los 5 países del mundo más demandados por inversionistas extranjeros en tribunales internacionales. Poco más de la mitad de los fallos han favorecido a los inversionistas privados.

Del total de las empresas demandantes, 7 fueron europeas (5 españolas y 2 francesas) que sustentaron sus quejas en los tratados bilaterales de inversión que sostienen con México. Por ejemplo, en 2009 la española Abengoa se fue a un arbitraje internacional por el cierre de una planta de residuos peligrosos en el estado de Hidalgo. El Estado mexicano terminó pagando 45 millones de dólares cuatro años después.

El abogado Bernardo M. Cremades Jr., socio del despacho español Cremades & Asociados, especializado en arbitraje de protección de inversiones, no da en este caso muchas posibilidades de éxito al gobierno mexicano frente a un tribunal internacional.

En una entrevista con el diario digital Vozpópuli, Cremades explicó que las empresas afectadas podrían evocar los tratado bilaterales de protección de inversiones que obligan a México a ofrecer a los inversionistas extranjeros “un marco jurídico estable, a no actuar de manera arbitraria o inconsistente y a proteger las expectativas legítimas de los inversionistas, además de exigirle actuar de buena fe y con transparencia y otorgar tutela jurídica efectiva y derechos procesales básicos”.

El abogado afirmó que “las medidas contra las energías renovables impuestas por México podrían haber infringido varios de estos elementos”. Será difícil, dice, que el gobierno de López Obrador pruebe en una corte de arbitraje que su reforma es de “interés público” cuando la tendencia global es aumentar las energías renovables.

*Este artículo fue publicado el 24 de mayo de 2020 por la agencia de noticias Infobae. Aquí puedes leer el texto original.