El ataque con armas químicas contra la población siria de Duma –que dio pie al bombardeo estadunidense del viernes 13– no es un caso aislado. Los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas tienen registrados de 2013 a la fecha más de 35 ataques de este tipo. El gobierno de Bashar al-Asad niega su responsabilidad en ellos y su aliado Rusia bloquea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un mecanismo independiente e imparcial que identifique a los perpetradores.

BRUSELAS (Proceso).- La investigación sobre el supuesto ataque con armas químicas el pasado sábado 7 en la localidad siria de Duma –que el gobierno de Bashar al-Asad niega haber perpetrado y por el cual fueron bombardeadas instalaciones de su país por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña–, será efectuada por la Misión de Búsqueda de Hechos (FFM) de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), cuyas conclusiones respecto de anteriores incidentes han confirmado el uso de armas tóxicas y no deslindan la probable responsabilidad de Damasco.

La FFM fue creada en abril de 2014 con el fin de “establecer hechos en torno a las alegaciones del uso de químicos tóxicos, presuntamente gas cloro, para propósitos hostiles en la República Árabe de Siria” y reemplazó a la Misión Conjunta de la OPAQ y la ONU en ese país.

Con ese mandato –reconocido por el gobierno de Al-Asad tras su adhesión en octubre de 2013 a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas– los inspectores de la FFM han investigado decenas de presuntos ataques químicos en territorio sirio y posteriormente informado sus hallazgos y conclusiones en varios reportes, a partir de junio de 2014.

De manera general en tales reportes –consultados por Proceso– se puede constatar que las inspecciones han dado positivo al uso de sustancias químicas en los casos que afectan áreas que no están, o no estaban en el momento de los hechos, bajo el control de Al-Asad.

Sin embargo, la FFM tiene una limitación: no está facultada para atribuir culpabilidades. Es por ello que el pasado viernes 13 un grupo de 47 organizaciones internacionales de derechos humanos –como Amnistía Internacional o Human Rights Watch– le exigió al secretario general de la ONU, António Guterres, que “designe urgentemente un equipo de investigadores que identifique a los responsables de utilizar armas químicas en Siria”.

Explican que desde 2013 la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas ha registrado más de 35 ataques con armas químicas en Siria.

Pese a ello, las ONG señalan que Rusia no sólo rechazó las evidencias que ligaban al gobierno de su aliado, Al-Asad, con el ataque químico contra civiles el año pasado en Jan Sheijun, sino que además usó, poco después, su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear en la ONU el mantenimiento de un mecanismo conjunto con la OPAQ que trabaje de forma independiente e imparcial para identificar a los perpetradores de dichas violaciones a las leyes internacionales en Siria.

El pasado martes 10 Rusia vetó nuevamente una resolución de la ONU que pretendía establecer dicho mecanismo.

En un comunicado, los defensores de derechos humanos apuntan: “No podemos permitirnos más candados, parálisis o vetos. Dar este paso está totalmente en línea con la autoridad del secretario general y ayudaría a garantizar que los autores de estas atrocidades sean expuestos. Corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU llamar a cuentas a los perpetradores de estos crímenes y dejar claro al mundo que el uso de armas químicas no será tolerado”.

Evidencias

El reporte más reciente de la FFM se refiere al caso ocurrido el 4 de abril de 2017 en la localidad de Jan Sheijun, en la provincia de Iblid, en una zona opositora al régimen de Al-Asad. El incidente dejó más de 80 muertos, entre ellos numerosos niños.

La narración que acreditaron los expertos expone que un avión militar atacó aproximadamente a las 06:30 horas de ese día un área residencial al oeste de un depósito de granos. Los primeros en apoyar a las víctimas fueron los Cascos Blancos (Defensa Civil Siria) y un pequeño número de lesionados leves, que encontraron muchos civiles que parecían no tener heridas externas.

“Entre ellos, tal como los describió en esa etapa el personal no médico, ‘se incluían personas que estaban caminando y luego se caían’, sufrían asfixia y espasmos musculares”, relata el reporte.

Es curioso que una narración diferente fue proporcionada por dos testigos que aportó el gobierno sirio y que fueron entrevistados en Damasco, pero cuya versión no fue posible corroborar “por falta de más testimonios semejantes”.

Uno de ellos afirmó que “miembros” de un grupo de oposición habían desalojado dos meses antes a los inquilinos de una casa en Jan Sheijun donde se almacenaron armas, municiones y toneles; el otro dijo que el sonido de una explosión lo había levantado y vio una nube encima de un “depósito de químicos” que había en el pueblo.

Dos integrantes del equipo de la FFM asistieron a las autopsias de tres de las víctimas, que fueron realizadas “en un país vecino” de Siria. Notaron que los cadáveres “estaban intactos y no mostraban signos de lesiones por traumatismo o huesos rotos”. Muestras biomédicas de tales cuerpos fueron trasladadas al laboratorio de la OPAQ.

Los resultados confirmaron que, “con base en los análisis forenses, los hallazgos de las autopsias y los resultados de laboratorio, la causa de la muerte fue debida a la exposición a gas tóxico”. Por esta y otras evidencias, el reporte de la FFM concluye que “un gran número de personas, algunas de las cuales murieron, estuvieron expuestas al gas sarín o alguna sustancia parecida”.

Otras de sus investigaciones sobre denuncias de ataques en zonas rebeldes –llevadas a cabo con cargas o “bombas de barril” que arrojan helicópteros– llegan a la misma conclusión. Un reporte sobre incidentes sucedidos entre el 16 de marzo y el 20 de mayo de 2015 en los poblados de Qmenas, Sarmin, Binnish, Saraqib, Kurin y la ciudad de Idlib expone que “fueron recolectados suficientes datos” para concluir que existió “el uso como arma de uno o más químicos tóxicos, probablemente gas cloro”.

Esa ocasión el gobierno sirio facilitó a la misión el acceso a 18 testigos, 14 de los cuales aseguraron que no había pasado nada o simplemente no habían estado en el lugar de los hechos.

En otro reporte sobre ataques realizados en abril, mayo y agosto de 2014 en Talmanes, Al Tamanah y Kafr Zeyta, el equipo de inspectores de la FFM determinó que en esos casos “un químico tóxico había sido usado, sistemática y repetidamente, como arma”.

Denuncias sirias

El ejército sirio reportó que el 2 de agosto de 2016, durante una operación de combate en Alepo contra un grupo de la oposición, seis personas habían fallecido y 20 más habían sido afectadas con gases tóxicos que venían en los proyectiles.

La FFM investigó. Según los testimonios de las personas que entrevistó, el incidente ocurrió mientras soldados intentaban volar un túnel de la oposición utilizando como cargas explosivas seis dispositivos que, supuestamente, habían sido confiscados a las tropas enemigas o disparados a posiciones del ejército sirio y que no estallaron.

Sin embargo, basados en la evidencia proporcionada por las autoridades sirias, los historiales médicos, los resultados de las muestras y el relato de los propios entrevistados, los inspectores concluyeron que “no podía de manera confiable determinar” si había sido usado o no un químico como arma.

“La FFM considera que, si bien la presentación clínica general de los afectados en el incidente es consistente con una breve exposición a cualquier cantidad de agresiones químicas o ambientales, la descripción visual y olfativa del potencial irritante no indica claramente ningún químico específico”, señala el reporte.

El régimen de Bashar al-Asad también reportó a finales de 2014 y principios de 2015 una serie de 26 presuntos casos de ataques químicos, principalmente gas cloro, con un saldo total de 432 víctimas. La FFM decidió investigar seis de esos incidentes y, al presentar su reporte, únicamente había terminado las investigaciones del caso ocurrido en Jober, Damasco, el 29 de agosto de 2014.

De acuerdo con la narración obtenida por la misión, un grupo de 35 soldados sirios se preparaba para avanzar hacia un área controlada por la oposición cuando dos objetos cayeron cerca, despidiendo una sustancia maloliente no identificable que desencadenó en ellos una aguda irritación de la mucosa nasal y el tracto respiratorio.

Después de exhaustivos estudios y numerosas entrevistas a afectados, testigos y cuerpo médico y militar, los investigadores determinaron que “basados solamente en las entrevistas y los documentos proporcionados” por las autoridades de Siria, los afectados habían estado expuestos a una “sustancia irritante transmitida por el aire” y no a un arma química.

Un incidente más confuso es el que resultó de la investigación de la FFM sobre un supuesto ataque químico denunciado también por el régimen de Al-Asad y que habría ocurrido el 16 de septiembre de 2016 en Um-Housh, una localidad a 15 kilómetros de la ciudad de Alepo, en una zona donde tenían lugar enfrentamientos armados.

Una mujer declaró que, durante uno de esos combates entre el ejército y la oposición, un proyectil de color negro metálico y de unos 40 centímetros de largo ingresó a su casa. Del dispositivo salió humo y hacía el ruido de una fuga de gas, y las paredes quedaron manchadas de una sustancia aceitosa que olía muy mal.

La mujer contó que había recogido el proyectil y tirado en una pila de basura. Después, con una vecina, intentó limpiar las paredes. Ambas comenzaron a sentir mareos y a vomitar, y perdieron la vista durante días, mientras que sus manos y brazos tuvieron que ser vendados porque estaban cubiertos de ampollas llenas de una sustancia amarillenta.

La mujer, sin embargo, no sabía de qué campo provenía el “cohete”. Las autoridades sirias, además, habían pedido la asesoría de Rusia para recolectar y trasladar a los laboratorios las presuntas evidencias del ataque.

El reporte de la FFM aclara que, “basado en las entrevistas llevadas a cabo, la información proporcionada por Siria y los resultados de los análisis de sangre, pudo concluir que las dos mujeres estuvieron expuestas a gas mostaza”.

*Este reportaje se publicó el 22 de abril de 2018 en la edición 2164 de la revista Proceso. Aquí puedes leer el texto original.