Pese a que el presidente Felipe Calderón pregona ante organismos internacionales que su país está dispuesto a impulsar la energía verde y a contribuir con políticas para reducir los gases de efecto invernadero, su política es demagógica. Un documento interno de la Comisión Europea elaborado por expertos en cambio climático consigna que el empresariado mexicano se queja por la falta de una política ambiental y porque, de apoyar a su presidente, ellos tendrían que asumir los costos y el riesgo de que México pierda competitividad en la región. 

(Leer posteriormente carta de Semarnat y respuesta de la redacción de PROCESO)

BRUSELAS.- El empresariado mexicano se resiste a impulsar los compromisos internacionales que asumió el gobierno de Felipe Calderón en 2009 para luchar contra el cambio climático, asienta un documento interno de la Comisión Europea, según el cual la negativa obedece a que el diseño de programas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo dióxido de carbono, no sólo incrementará sus costos de producción, sino que representa una pérdida de ventajas competitivas en la región.

Como parte del Acuerdo de Copenhague derivado de la XV Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, celebrada en diciembre de 2009, el gobierno calderonista se comprometió a disminuir 51 millones de toneladas de carbono en 2012 y 30% de GEI para 2020.

El texto fue elaborado por expertos de las firmas holandesas Euroconsult Matt MacDonald, Energy Research Centre of Netherlands y de la portuguesa Ecoprogresso. Su investigación es parte de un proyecto ambiental que la Comisión Europea aplica en varios países en desarrollo.

En sus 74 páginas, identifica “vacíos, obstáculos y necesidades” de México en torno a la reducción de GEI. En específico, evalúa las políticas mexicanas de mitigación –programas de Desarrollo de Estrategias para la Baja Emisión de Carbono (LEDS, por sus siglas en inglés) y de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA)–, así como sus esfuerzos para implementar un sistema confiable de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de GEI.

Para los evaluadores europeos, aun cuando México presenta mayores avances con respecto a otras naciones en desarrollo, los gobiernos estatales tienen dificultades para instrumentar los planes federales en la materia, entre otras razones por falta de personal calificado.

En el tercer diálogo de alto nivel en medio ambiente y en el segundo encuentro en materia de cambio climático, realizados el 14 y 15 de julio en esta ciudad, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) intercambiaron información con sus pares de la Comisión Europea.

Al término de los encuentros que se realizan cada año a puerta cerrada, las partes emitieron un escueto comunicado conjunto en el cual sólo mencionan que “fueron planteadas las políticas desarrolladas por cada uno de los actores en materia de MRV y mecanismos de mercados de carbono”.

Consultado al respecto, el español Isaac Valero, portavoz de la Comisaria de Acción contra el Cambio Climático de la Comisión Europea, asegura que no puede dar mayor información al respecto. Valero asistió en 2010 a varios encuentros con los evaluadores europeos cuando se desempeñaba como oficial en la delegación de la UE en México.

Resistencias

El documento de los investigadores europeos consultado por Proceso, fechado en diciembre de 2010, fue analizado por los oficiales de la Comisión Europea para su encuentro, en junio pasado, con funcionarios mexicanos.

En él se expone, por ejemplo, que aun cuando el sector privado mexicano “está comprometido” con su gobierno a trabajar de manera conjunta en los planes de reducción de contaminantes, manifiesta su preocupación “por los riesgos que implica la regulación de las emisiones de carbono”.

Además, pese que existe una “amplia experiencia en sectores económicos claves en la estimación de las emisiones corporativas de GEI”, según el documento, las compañías necesitan incorporar las emisiones como “un elemento de sus evaluaciones de riesgo y planificación”.

Y agrega que si bien los empresarios mexicanos “entienden que podrían aumentar su competitividad recortando sus emisiones a través de un mejor consumo de energía”, también “temen perder su atractivo frente a los inversionistas”.

Algunos de ellos, arguyen, podrían llevarse sus capitales en otros países de la región, sobre todo si las autoridades mexicanas introducen leyes que los obliguen a aplicar medidas de eficiencia energética.

Y aunque no señalan ninguna empresa en particular, los expertos europeos aluden a una reunión con empresarios mexicanos en su país en mayo de 2010. En ella participaron representantes de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), un organismo “estrechamente vinculado” al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Cespedes participa en el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), una coalición de 190 trasnacionales de la industria química (3M o Dupont), petrolera (Shell y BP) y cementera (Cemex o Lafarge) cuya sede se ubica en Ginebra, Suiza.

El documento de evaluación incluye la minuta de otro encuentro con personal de Cespedes y la Semarnat, según el cual la industria química mexicana rehusó en un principio participar en el Programa GEI México por considerar que la información que ella manejaba era “confidencial”, aunque finalmente se integró. Menciona también que el sector privado mexicano consideró que la creación de un mercado de carbono nacional carece de sentido, pues se debe incluir a Estados Unidos y a Canadá para darle dimensión regional.

Los autores del documento para la Comisión Europea incluyen otra reunión con investigadores del Centro Mario Molina, en la que discutieron sobre la industria cementera, una de las más contaminantes. Exponen:

“En el tema del cemento, existe un oligopolio: Cemex acapara 50% del mercado. La información para el consumo de energía en otro sector es muchas veces derivada de los datos de ventas de combustible que dispone Pemex. En todo caso, las cementeras son muy activas en Cespedes y GEI México”.

Los anfitriones explicaron a los expertos europeos que México carece de reglas de eficiencia en materia energética industrial por falta de información básica. Asimismo, les comentaron  que aun cuando la Comisión Federal de Electricidad sí cuenta con información, ésta no está actualizada.

Por lo que respecta al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), los autores del documento para la Comisión Europea consignan que la publicación de información relacionada con el consumo de energía por industria, está prohibida.

Falsas promesas

El 11 de diciembre de 2009, la agencia Apro informó sobre un documento que Cemex entregó a la Convención de la Organización de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CONUCC), en el que contradecía al presidente Calderón, quien hablaba de un supuesto incremento de las energías verdes en México encaminadas a la reducción de GEI.

Dos meses antes, el 7 de octubre, al inaugurar el Foro Global de Energía Renovable en Guanajuato, Calderón expuso que su gobierno había “acelerado el paso” en el desarrollo de las llamadas energías verdes; habló incluso de la inversión de 4 mil millones de dólares en proyectos eólicos.

Ante Kandeh Yumkella, director general de la ONU para el Desarrollo Industrial, y Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático de la ONU, Calderón se explayó: “Cuando fui brevemente secretario de Energía (en el gobierno de Vicente Fox), propuse que hiciéramos el primer parque de energía eólica en México.

“Además de restricciones presupuestales, sobre todo encontré una enorme, brutal diría yo, resistencia cultural, casi ideológica: ¿cómo era posible estar pensando generar energía con el viento si eso era todavía muy caro, y cuando era tan sencillo quemar combustible, como se hace en muchas termoeléctricas del país?”.

El texto de la cementera estaba fechado el 15 de junio de 2009 –cuatro meses antes del anuncio de Calderón– y en él solicitaba a la CONUCC que incluyera su proyecto de construcción de un parque eólico en Oaxaca (Eurus II), en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas para facilitar la inversión extranjera indispensable.

Según Cemex, su proyecto permitiría dejar de emitir a la atmósfera 858 mil 250 toneladas de CO2 entre 2010 y 2017, que podría comercializar la empresa en el mercado de bonos de carbono.

“Es muy probable –argumentó la firma regiomontana– que las aportaciones (al medio ambiente) de la energía eólica no tengan lugar en México si las plantas que la generan no reciben algún tipo de apoyo financiero directo o indirecto; por ejemplo, en forma de bonos de carbono del MDL.”

Cemex agregó que ese tipo de energía verde “no es particularmente atractiva en el escenario actual (por lo que) sin los ingresos del MDL, no podría desarrollar el proyecto (frente) a los obstáculos regulatorios, económicos y técnicos” que encuentra en México.

En el foro de Guanajuato, Calderón aseguró que su política de reducción de emisiones sería tan eficiente, que la energía eólica representaría 4% de la producción energética del país al final de su mandato.

Pero Cemex, basada en el estudio Prospectiva del sector eléctrico 2008-2017, realizado en la Secretaría de Energía en 2008, informó a la ONU que al término de la administración calderonista, esa energía generará apenas 1.06% de la electricidad del país; la cifra incluso podría caer a 0.97% en 2017, según la empresa cementera.

Peor aún: el uso de combustibles fósiles, los que más CO2 emiten, aumentará en los próximos años. En 2009, se estimaba que para el año siguiente la generación de energía obtenida por ciclo combinado –con uso de combustibles fósiles– sería de 17 mil 302 megawatts, es decir 33.7% de la producción eléctrica total, en 2017 la misma alcanzaría una producción de 24 mil 708 megawatts, 40.45% del total.

Cemex remataba: “Los parques de energía eólica no pueden ser considerados algo usual en México, ni actualmente ni en el futuro. Ello es el resultado de varios factores, tales como la alta eficiencia de la tecnología de ciclo combinado, la práctica común en la operación y mantenimiento de este tipo de plantas y que el ciclo combinado es la tecnología de generación de energía más barata. Tal situación representa un obstáculo adicional en el financiamiento, desarrollo e instrumentación de la tecnología para la energía eólica en México”.

(Artículo publicado en la edición del 6 de Agosto de 2011 de la revista PROCESO)