BRUSELAS (apro).- “Llegué a Francia en julio de 2001 con mi mujer. Los dos somos originarios de Cali, Colombia. Vivíamos en un cuarto en Pantin, un suburbio en la periferia noreste de París. Tengo una hija que nació en Francia en 2004. Yo trabajaba en una obra con un patrón francés. A veces trabajábamos fuera de París. Fui arrestado del lunes 16 de junio al miércoles 18 de junio de 2008 y expulsado del país ese mismo día”.

(Artículo publicado el 16 de Marzo de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Así comienza el relato de un colombiano sin documentos migratorios en regla, contenido en un reporte titulado Palabras de expulsados, elaborado por Migreurope, una organización no gubernamental con sede en París, que en 2008 constituyó un grupo de trabajo cuyos expertos analizan los llamados “acuerdos de readmisión” y los denuncia ante parlamentos y organismos de la sociedad civil.

El reporte –publicado el pasado viernes 9– evidencia las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente pisotean las autoridades europeas bajo tales acuerdos, firmados con terceros países.

“Los Estados miembros de la Unión Europea (UE), y las propias instituciones de la UE, incitan a terceros Estados a firmar esos acuerdos, que los comprometen a aceptar el reenvío a sus territorios de todas las personas juzgadas indeseables sobre el suelo europeo. A cambio, reciben ‘compensaciones’ en forma de ayudas al desarrollo, la exención o facilitación en la expedición de visados, o el apoyo económico”, señala el reporte de Migreurope.

Separación familiar

La mañana del 16 de junio de 2008, el inmigrante de nacionalidad colombiana, cuyo nombre no es revelado, salió de su domicilio en Pantin. Tomó el metro y se bajó en la estación Porte d’Orléans. En una gasolinería cercana, una camioneta pasó por él y por otros dos colombianos y un boliviano. En la carretera, al pasar la caseta de pago del poblado de Havre, el vehículo fue detenido en un control por tres policías. Les pidieron que bajaran y mostraran sus papeles de identidad.

El hombre narra: “Presenté mi pasaporte. Un policía se lo llevó a verificar. Minutos después regresó con cuatro hojas en español. Las firmé. Mi custodia policial comenzó a las 10:30”. Él y los demás fueron llevados a la comisaría de Rouen, donde fueron interrogados hasta las 15:00 horas. Su mujer, Fanny, fue informada por teléfono del arresto de su marido. El conductor francés fue dejado en libertad.

“Hablé con una abogada de oficio que sólo me explicó lo que era una custodia policial. Le comenté que había una acción en curso contra un proceso de obligación para abandonar el territorio francés que ya había recibido antes. Un médico me revisó. Le avisé que estaba enfermo y era alérgico, por lo que él notificó a la policía que no me podían retener”.

Aún así, el detenido fue trasladado a un inmueble abandonado, luego de haber firmado el proceso verbal. Señala: “Me dieron de comer y me dijeron que bebiera agua del lavabo con la mano. Me metieron a una célula. Como a las 9 de la noche me dejaron solo. No dormí, me dolía mucho la cabeza. A medianoche llamé a alguien para pedir una aspirina, pero nadie me respondió”.

A las 8 de la mañana del siguiente día fue trasladado otra vez a la comisaría de Rouen. “Los policías estaban apurados –indica el colombiano–; a las 10:45 llegó una traductora y me leyó un papel que debía firmar. Era el documento de término de la custodia policial, que en la hoja se indicaba a las 10:30. Me negué a firmarlo porque eran las 11:00. Pregunté por qué me habían llevado en la noche a otro inmueble. Me respondieron que eso no me importaba. La policía insistió para que firmara y firmé”.

El inmigrante fue informado que quedaba en retención administrativa. Hasta ese momento le fue permitido comunicarse con su pareja por teléfono.

Fue llevado a la estación de policía de Havre, ya que no había lugar para él en el centro de retención que le correspondía. Solicitó medicamentos y una ducha, que le fueron negados. Una persona del servicio ecuménico de ayuda a los inmigrantes (Cimade, por sus siglas en francés) le anunció que al siguiente día, a las 10:30 de la mañana, tendría lugar una audiencia sobre su caso.

“En la tarde –prosigue su narración– hablé dos o tres veces con Fanny, que me dio el número de un abogado en París. Le llamé. Me dijo que él no estaría presente en la audiencia, sino otro abogado de Rouen. Me dijo que ese abogado me llamaría, pero jamás lo hizo”.

A las 6:30 de la mañana del día siguiente fue subido a un camión de la policía. Cuando él preguntó a dónde lo llevaban, uno de los uniformados le contestó: “ya verás”.

“Accedimos al aeropuerto de Roissy por una entrada trasera, relata. Había un pequeño puesto de policía. Había varias personas, en unas especies de cabinas telefónicas, que también iban a ser expulsadas.

“Dos policías vestidos de civil se ocuparon de mí. Me llevaron a un cuarto donde me explicaron que me regresaban a Colombia y, sobre todo, que no armara escándalo o me encerraban en la cárcel. Les dije que no me quería ir. Lloré. Les dije que me iban a separar de mi hijita y de mi mujer, que me negaba a tomar el avión”.

Expone: “Me amarraron las manos detrás de la espalda. Me amarraron los pies y las rodillas. Tres gendarmes entraron y me tiraron al piso. Me tomaron por los brazos y los pies. Me metieron al camión de la gendarmería y luego al avión. Dos policías me agarraron otra vez por los brazos y otros dos por los pies. Me subieron al avión por las escalerillas traseras; me llevaron como un animal: en Colombia así cargamos a los cerdos”.

Cuando el avión comenzó a moverse, el hombre, desconsolado, explicó a los policías que lo custodiaban que no había podido avisarle a su mujer que estaba en ese vuelo rumbo a Colombia. Lo dejaron que la llamara. Desde ese día, afirma el reporte, no ha vuelto a ver a su mujer ni a su hija, quienes siguen viviendo en Francia.

Indefensión

El documento de Migreurope incluye un apartado dedicado a testimonios de expulsados latinoamericanos.

“La mayoría de los países de Latinoamérica –afirma el reporte– ha concluido acuerdos de desarrollo con Europa, notablemente con España, los cuales disponen de cláusulas de readmisión. Los Estados latinoamericanos, que se congratulan de contar con más fondos para sus programas de desarrollo financiados por Europa, omiten divulgar el precio a pagar. Para citar un ejemplo: de acuerdo con datos de Frontex (la agencia de cooperación europea para la gestión de las fronteras exteriores), entre 2007 y 2009 fueron expulsados del continente europeo más de 600 ecuatorianos y colombianos”.

Así, se expone el caso de un colombiano que había residido en España durante dos años. Logró entrar al país con una visa de turista que había comprado a un intermediario en lugar de tramitarla normalmente en el consulado español.

Sin precisar fechas, la narración señala que un día el hombre salió de su trabajo alrededor de las 8 de la noche. Mientras caminaba, dos policías le pidieron que les mostrara su permiso de residencia. Reconoció que no tenía. Los policías le dijeron que debían llevarlo a la comisaría, pero que no se preocupara porque saldría en dos horas. Pero permaneció 24 horas.

Al siguiente día lo trasladaron a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Antes, se sintió mal de salud. Un doctor le dijo que tenía la presión arterial alta y debía tomar medicamentos durante 15 días.

Los policías que lo trasladaron se detuvieron en una farmacia, pero sólo preguntaron el precio del medicamento: le dijeron que pronto quedaría libre y él mismo podría comprarlos. Sin embargo, al ser ingresado en el CEI, un médico lo atendió y declaró que no padecía de nada.

“Pude ver un abogado de oficio pero fue peor”, relata el colombiano. Y agrega: “Parecía que él, más que nadie, tenía ganas de que me expulsaran.

Permanecí en el centro de internamiento 59 días. Yo le llamaba al abogado para saber cómo iba mi caso, pero siempre me respondía que no había hecho nada. Vino dos veces a verme: una fue para decirme que todo estaba bien, que me tranquilizara; me dijo que tenía prisa y mejor hablábamos de mi situación otro día. La segunda vez vino a decirme que saldría de vacaciones y que una abogada se iba a encargar de mi expediente”.

El día que recibió la orden de expulsión, él le dijo a su abogada que tenía la presión muy alta y que por ese motivo tenía miedo de subirse al avión; ella le respondió que lo mejor era que se regresara a Colombia. Tampoco el consulado colombiano, que fue informado de su caso, en ningún momento intervino.

El hombre cuenta los abusos que pudo observar mientras estuvo retenido en el CIE. “El día de mi cumpleaños una persona llegó al CIE con el rostro muy golpeado. Nos dijo que cuatro policías del aeropuerto la habían lastimado: no había querido subir al avión, por lo que la apalearon.

Otro policía del centro golpeó a un ecuatoriano tan fuerte que se fracturó una mano. Los otros policías insultaron al latinoamericano y lo amenazaron con romperle la cabeza. El ecuatoriano interpuso una demanda, pero lo expulsaron antes de que fallara el tribunal. El policía agresor regresó a trabajar tranquilamente”.

Asalto español

El reporte documenta el caso de un turista venezolano que fue detenido en septiembre de 2009 por policías españoles en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

De los 30 pasajeros, 22 fueron detenidos y llevados a una sala donde los interrogó un “jefe fronterizo”. Les preguntó qué iban a hacer a España, cuánto tiempo, por qué y de cuánto dinero disponían. El venezolano mostró sus tarjetas de crédito y 400 euros, el máximo que podía sacar en su país. El agente le dijo que ese monto no era suficiente y que tendría que probar que no se quería quedar en España ilegalmente.

Dos o tres horas después lo llevaron a él y a otros a una sala donde vio “muchos latinoamericanos” retenidos: “de Brasil, Argentina, Bolivia, pero bastantes venezolanos y mexicanos”.

El venezolano pudo hablar con un abogado cinco horas más tarde. Le explicó que tenía una tarjeta de crédito, 400 euros, una reservación de hotel y que sólo quería turistear nueve días.

Un policía presente le dijo que los pobres no podían entrar a su país y le ordenó que le enseñara el dinero que traía. Lo vio y aseguró que eran billetes falsos. Él le respondió que no era verdad, ya que los había obtenido a través de una agencia bancaria en Venezuela.

“Se puso colérico y comenzó a gritarme que yo no podía acusarlo de ser un mentiroso. Mi abogado comenzó a defender al policía, quien llamó a sus demás colegas que también me empezaron a gritar y a decir que yo no era turista, que para entrar a su país tenía que hacerlo en un viaje organizado con una agencia turística y que requería de al menos 600 euros para vivir nueve días en España”, comenta.

Los policías españoles le quitaron su dinero para, supuestamente, hacer verificaciones. Regresaron para decirle que, efectivamente, eran billetes falsificados. El venezolano les exigió entonces un certificado del procedimiento judicial entablado por ese delito. Le dijeron que él no tenía derecho a nada y no volvió a ver sus euros.

El abogado se le acercó para decirle que no tenía recursos suficientes para poder ingresar al país, pero que tenía derecho a entablar una demanda contra el Estado español por haberlo rechazado. Respondió que no lo haría porque él, como su abogado, no lo había defendido cuando tenía que haberlo hecho.

El abogado insistió para que lo hiciera, aunque fuera un proceso muy largo. Le dijo que el Estado pagaría sus honorarios. “Lo único que quieres es defraudar a tu Estado para que te pague y no moverás ni un dedo para que mi demanda tenga éxito”, contestó el venezolano, quien fue llevado a una sala más grande donde durmió en condiciones deplorables.

Al segundo día un estudiante mexicano de derecho internacional les recomendó demandar un procedimiento de habeas corpus, dado que no podían retenerlos más de 72 horas: o los dejaban salir del aeropuerto o los entregaban a la embajada de sus países. Solicitó el recurso, aunque los policías españoles se burlaron de él.

La demanda fue interpuesta. Horas después, y sin haberse podido defender, llegó el fallo del juez: como no tenía dinero suficiente ni carta de invitación al país, no podía ingresar, y conforme a los acuerdos firmados sería devuelto a Venezuela. El 23 de septiembre de 2009, atados de las manos y en fila india, él y otros venezolanos fueron subidos al avión de regreso a su país.