Las autoridades de Holanda están molestas con el gobierno de México. La razón: La Procuraduría General de la República y las autoridades judiciales de Chihuahua pretenden desconocer un acuerdo institucional que asumió Mireille Rocatti -quien hasta septiembre pasado fue fiscal especial para los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez- con diplomáticos de La Haya. El acuerdo incluía el compromiso de avanzar en las investigaciones del caso de Hester Van Nierop, ciudadana holandesa que fue asesinada en esa ciudad fronteriza en 1998.

LA HAYA.- Desde que en 1998 fue asesinada en Ciudad Juárez la ciudadana holandesa Hester Van Nierop, su familia se ha cansado de escuchar falsas promesas de las autoridades mexicanas. La última: elevar el número de investigadores en el caso.

(Artículo publicado en la edición del 25 de Diciembre de 2005 de la revista PROCESO)

El pasado 9 de septiembre diplomáticos holandeses se reunieron con Mireille Roccatti -quien en ese momento era fiscal especial para los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)- para abordar el tema del asesinato, aún sin resolver, de Hester Van Nierop, ocurrido en la ciudad fronteriza en septiembre de 1998. Su objetivo: solicitarle la puesta en marcha de medidas concretas que hicieran avanzar las pesquisas.

Roccatti llegó a un compromiso con la cancillería holandesa: ella gestionaría ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Chihuahua un aumento considerable del personal asignado al caso Van Nierop.

El embajador de Holanda en México, Jan-Jaap Van de Velde, trasmitió la noticia de dicho acuerdo al ministerio de Relaciones Exteriores en La Haya.

Para confirmarlo bajo protocolo diplomático, el pasado 22 de septiembre la mencionada embajada envió una carta a Roccatti en la que le recordaba el compromiso asumido. De paso, la felicitaba por su reciente nombramiento como secretaria de Medio Ambiente del Estado de México.

La carta -cuya existencia confirmó a Proceso el primer secretario de la representación holandesa, Bart Van Zwieten- fue recibida por Roccatti, quien respondió un correo electrónico en el que confirmó el acuerdo.

La realidad, sin embargo, fue que después de la renuncia de Roccatti, el pasado 14 de septiembre, tanto la Fiscalía Especial como la PGJ de Chihuahua desconocen tal acuerdo, pues ambas argumentan que en sus archivos no hay documentación que lo registre.

El gobierno holandés está convencido de la existencia y la vigencia de dicho acuerdo. Apenas el pasado 6 de diciembre, el subsecretario del Departamento para Occidente del Ministerio de Exteriores, Jos Schellaars, se refirió a la “carta” del acuerdo. Lo hizo frente a medios de comunicación internacionales, representantes de organizaciones no gubernamentales, diputados holandeses y la propia madre de Hester, Arsène Van Nierop.

Acuerdo perdido

La historia del acuerdo desaparecido es parte de una investigación que realiza el periodista holandés Edwin Koopman, corresponsal para América Latina del grupo estatal Radio Nederland.

Koopman viajó del 13 al 28 de julio pasado a la Ciudad de México y a Ciudad Juárez para elaborar una serie de reportajes sobre los asesinatos de mujeres. Desde entonces se enteró de las pláticas que sostenía su gobierno con las autoridades mexicanas, entre ellas con Roccatti.

Dos meses y medio después de que en medios políticos holandeses se anunciara el acuerdo con la entonces fiscal especial, Koopman quiso enterarse de los avances. Para ello se comunicó con un funcionario de la actual Fiscalía Especial, quien el 30 de noviembre le informó que no había encontrado huella alguna de ese acuerdo en los expedientes de la institución. El funcionario -que pidió guardar el anonimato- buscó de manera minuciosa durante casi una semana un documento que probara la solicitud de Rocatti, sin conseguirlo.

Días antes, Koopman se había llevado otra sorpresa: el vocero de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, René Medrano, le aseguró que esa dependencia tampoco tenía constancia por escrito de una supuesta solicitud de la exfiscal especial relativa al caso de la joven Hester, arquitecta de 28 años.

La razón era simple: todo se trataba de un “acuerdo verbal”. Así se lo hizo saber la propia Roccatti al periodista holandés a través de su portavoz en la secretaría mexiquense del Medio Ambiente, Víctor Manuel Azcoitia, quien había ocupado la misma responsabilidad en la Fiscalía Especial.

Como la promesa de Roccatti jamás llegó a concretarse en una comunicación oficial, la justicia federal y estatal mexicana ahora declaran que no saben nada del asunto.

“Este es un ejemplo de qué tan mal van las cosas. Con el agravante de que este es un engaño al más alto nivel: ¡Era un compromiso entre gobiernos! ¿Qué puede esperar Holanda si una máxima instancia mexicana no cumple su palabra?”, señala Koopman a Proceso.

La madre de Hester Van Nierop, Arsène, desde el principio se mostró escéptica cuando su gobierno le avisó del “acuerdo” con México. “Siempre hacen muchos planes, pero hasta no ver resultados ya no les creo”, comentó Arsène a Proceso durante un seminario en La Haya dedicado a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, celebrado el pasado 6 de diciembre.

Desde que el 19 de septiembre de 1998 el cuerpo de la arquitecta holandesa de 28 años fue hallado bajo la cama de un modesto cuarto de hotel en Ciudad Juárez, la justicia mexicana ha colmado de falsas expectativas a Arsène.

Cuando en septiembre de 2004 ella y su esposo Roland viajaron por primera vez a Ciudad Juárez para informarse de primera mano sobre el curso de las investigaciones, constataron que éstas habían estado totalmente paralizadas durante cinco años.

Sólo en vísperas de su llegada a México, un juez giró una orden de detención contra el presunto asesino, que hasta la fecha sigue prófugo, pese a que la policía conoce su nombre -se registró en el hotel como Roberto Flores-, sus rasgos físicos -tez blanca, cara cubierta de acné, ojos pequeños, nariz recta, 1.66 metros de estatura y complexión atlética-, el número de matrícula de su automóvil -752ZLD de Nuevo México, Texas- y dos supuestos domicilios : calle Perimetral Carlos Amaya sin número; y calle José Inés Salazar número 3333, ambos en Ciudad Juárez (Proceso 1494).

Una de tantas historias que la policía estatal le contó a los Van Nierop fue que el caso de su hija ya lo estaba analizando el FBI (Federal Bureau of Investigation) de Estados Unidos. Sin embargo, cuando Arsène acudió a esa corporación, le dijeron que no conocían el caso. Resulta que la fiscal especial de la época, María López Urbina, no había solicitado formalmente la colaboración de la agencia estadunidense.

Lo mismo pasó con Roccatti. El 2 de julio, dos días después de sustituir de manera oficial a López Urbina, se comprometió públicamente a pedir el apoyo del FBI, lo cual tampoco cumplió, según consultas que realizó al FBI Esther Chávez, directora de la organización Casa Amiga de Juárez.

A principios de este mes, la comisionada para Juárez, María Guadalupe Morfín Otero, convocó a Arsène a una reunión a la que también asistió la embajadora de México en Holanda, Sandra Fuentes-Beráin. El motivo: anunciarle que el gobierno federal mexicano pediría la participación del FBI.

Arsène guarda el optimismo, pero repite: “Los mexicanos siempre hacen muchos planes…”.

“Prohibida” para holandesas

Conforme pasa el tiempo, el crimen de Hester Van Nierop va ganando espacios en los medios de comunicación de Holanda. Por ejemplo, Radio Nederland le ha dedicado programas especiales y la televisión ha difundido en horario estelar un emotivo documental sobre el viaje de Arsène y su esposo a Juárez. Al mismo tiempo, la indignada opinión pública holandesa pide medidas más severas de su gobierno contra México.

En el citado seminario del 6 de diciembre en La Haya, organizaciones no gubernamentales internacionales, diputados y sindicatos holandeses delinearon un primer plan: presionar a la multinacional holandesa Philips, que opera seis plantas maquiladoras en Ciudad Juárez, para que fortalezcan sus políticas sociales y ofrezcan un mejor ambiente de trabajo a sus empleadas; y solicitar que se aplique al gobierno de Vicente Fox la cláusula democrática que contiene el tratado bilateral de México con la Unión Europea (UE), por la cual las partes se comprometen a respetar los derechos humanos.

Bajo este tratado, el gobierno federal mexicano debe garantizar el cumplimiento de tal cláusula y dar la cara ante los socios europeos si esta obligación es violada sistemáticamente en alguna parte de su territorio.

Las organizaciones y políticos que apoyan la causa de Arsène pretenden que el caso Van Nierop se afiance en las prioridades de la agenda de la UE, y en particular del Consejo de Ministros, que está facultado para pedir a la Comisión Europea que ejecute sanciones contra México. La mayor de éstas puede ser la suspensión de dicho tratado.

En este marco de movilización política europea contra los llamados feminicidios en Ciudad Juárez, el gobierno holandés de Jan Peter Balkenende presenta aun el acuerdo con la Fiscalía Especial de Roccatti como un progreso de su gestión diplomática.

La diputada socialista Gerdi Verbeet, usando un derecho ciudadano en Holanda, dirigió una lista de preguntas escritas al ministro de Relaciones Exteriores, Bernard Bot, sobre las acciones que está llevando a cabo su administración en el tema de dichos feminicidios.

La carta, fechada el 22 de septiembre, fue respondida el 18 de octubre.

Ambas comunicaciones, en poder de Proceso, ponen en evidencia el gran descontento de los holandeses contra la justicia mexicana. Incluso, en su misiva, el ministro Bot declara a Juárez una ciudad “prohibida” para sus connacionales, sobre todo mujeres, advirtiendo del riesgo que hay de sufrir “asaltos y violaciones”. Así mismo, ocupa un sitio importante la referencia al compromiso hecho por Roccatti.

En la primera de las preguntas a Bot se lee: “¿Qué acciones bajo su responsabilidad son llevadas a cabo para aplicar la justicia en el caso no resuelto del asesinato de la holandesa Hester Van Nierop en Ciudad Juárez hace siete años?”.

En su respuesta, el ministro hace un recuento de los contactos que desde 1998 ha establecido la cancillería holandesa con las autoridades de Chihuahua, los investigadores del caso y los embajadores de México en Holanda.

“Además -indica la misiva-, la embajada está en comunicación con el secretario de Relaciones Exteriores de México (Luis Ernesto Derbez), con la comisionada encargada de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y con la fiscal especial, cuyo despacho federal apoya a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en la resolución de los asesinatos”.

En su segundo cuestionamiento, la diputada Verbeet expresa también su opinión de la problemática: “¿Cómo se ha dirigido a las autoridades mexicanas, bilateralmente y en el contexto de la Unión Europea, sobre esta situación de injusticia, en la cual los criminales tienen la libertad de actuar, teniendo como consecuencia que en los últimos 10 años más de 400 mujeres hayan sido asesinadas -sólo en este año 16-, la mayoría víctimas de violaciones sexuales, cuyos responsables ni siquiera son perseguidos?”.

En la parte sustancial de la respuesta, Bot afirma que “en el marco de las reuniones de la Unión Europea con México, representantes federales y estatales regularmente son invitados a informar del problema”.

Una de las preguntas de la diputada Verbeet es directa: “¿Qué acciones en el ámbito bilateral y multilateral tomará usted para acelerar la justicia en el caso Van Nierop y para mejorar estructuralmente la situación en Juárez?”.

El ministro declara categórico:

“La embajada de Holanda llegó a un acuerdo con la Fiscalía Especial, que está vinculada con la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, para entregar la demanda de aumentar el personal asignado a la investigación del caso. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada de Holanda van a continuar solicitando información a las autoridades mexicanas.

“En el contexto de la Unión Europea -agrega por única vez en primera persona-, yo voy a seguir presentando la situación que prevalece en la región fronteriza del norte de México.”

Finalmente se le pide al jefe de la diplomacia holandesa que manifieste su juicio sobre el alto grado de inseguridad para las mujeres, y si ello es considerado por su ministerio a la hora de formular consejos para los turistas holandeses.

Su respuesta: “La mayoría de los incidentes en México se trata de saldos de cuentas entre cárteles del narcotráfico. Hay riesgos ligados a la portación de armas, lo que es muy común en esta zona. La región fronteriza de México con Estados Unidos sufre de una situación de inseguridad mayor para las mujeres que para los hombres. Por estas razones había ya un aviso general para las mujeres holandesas que viajan a esta región insegura de México”.

Bot lanza entonces una crítica: “Las medidas tomadas por las autoridades mexicanas para mejorar la situación de inseguridad no han logrado una mejora significativa. Tomando eso en cuenta -concluye-, nuestras advertencias fueron recientemente adaptadas, añadiendo el riesgo que hay para las mujeres de sufrir asaltos y violaciones en la zona mencionada”.

Más enfático fue Joe Schellars, subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del mismo ministerio holandés. En el citado seminario de diciembre, declaró: “Es cierto que la problemática (los asesinatos) es difícil de resolver, pero eso no significa que aceptemos la situación. Vamos a presionar al gobierno mexicano porque para Holanda lo que está pasando es intolerable”.