BRUSELAS (apro).- La Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) –que se reúne en el Senado mexicano del 21 al 23 de febrero– presentará un proyecto de propuesta de resolución que cuestiona la estrategia militar y represiva del gobierno de Felipe Calderón y favorece las políticas contra las drogas diseñadas desde “una perspectiva multidimensional y multidisciplinaria”, que incluya la despenalización de algunas de ellas.

(Artículo publicado el 17 de Febrero de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Dicha asamblea birregional, creada en 2006, la componen 75 diputados del Parlamento Europeo y 75 más provenientes del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y de los congresos de México y Chile.

Los ponentes del documento de ocho páginas, al que tuvo acceso Apro, son el eurodiputado polaco Boguslaw Sonik, del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) –aliado internacional del Partido Acción Nacional (PAN)–, y la senadora argentina Sonia Escudero, del Partido Justicialista de la presidenta Cristina Kirchner.

El texto, fechado el 13 de diciembre pasado, será discutido por los legisladores en el encuentro de México, y tendrán hasta el 2 de marzo para presentar sus enmiendas. Los legisladores de Eurolat volverán a reunirse en Berlín del 2 al 4 de mayo próximo, y podría votarse un texto definitivo en la reunión plenaria de la organización, cuya fecha tentativa será del 19 al 21 de diciembre.

Esa resolución, que representará la posición en la materia de los legisladores de ambas regiones, será presentada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y Latinoamérica que se realizará en enero de 2013 en Santiago de Chile.

Reducción de daños

El referido proyecto de resolución señala en la parte de los considerandos: “El problema de las drogas ilícitas constituye un tema complejo, que ha concernido a la humanidad en los últimos 50 años, en el que convergen aristas relacionadas con cuestiones de salud y seguridad pública –expresadas estas últimas en numerosos delitos y cuantiosas muertes vinculadas al narcotráfico y en el entrelazamiento con otros ilícitos–, por lo que todo abordaje político de la cuestión requiere una perspectiva multidimensional y multidisciplinaria”.

Prosigue: “Las políticas contra el narcotráfico, que han alternado los paradigmas de guerra y de reducción del daño, no siempre han dado los resultados deseados: no siempre se han reducido las hectáreas cultivadas de coca, no siempre ha disminuido la oferta y el consumo de drogas. Los países de producción o de paso de estupefacientes se están transformando en países de consumo de sustancias de baja calidad y residuales, y continúa creciendo un extenso mercado negro criminal financiado por las utilidades obtenidas por el abastecimiento de sustancias ilícitas”.

Por esa razón, el documento precisa que se “requieren nuevas vías imaginativas” para confrontar el tráfico de drogas.

“Los delitos ligados al narcotráfico y a la criminalidad organizada –indica el documento– constituyen un grave problema de orden público en el mundo. De hecho, el crimen organizado desafía abiertamente a las autoridades, infiltrándose a veces en las esferas del Estado y convirtiéndolas en aliadas de la empresa criminal”.

Añade: “Esto causa niveles de violencia desconocidos e implica el refuerzo de la seguridad, agrega costos a la producción, desanima proyectos que podrían generar empleos y riquezas para toda la sociedad y ahuyenta la inversión extranjera”.

En ese sentido, el texto manifiesta que “la pobreza y la exclusión social, junto con el fenómeno de la rápida obtención de beneficios, sigue estimulando la participación de muchas personas en el lucrativo negocio del narcotráfico”.

El proyecto de resolución exhibe de manera diplomática ciertas críticas a políticas represivas como la que aplica el gobierno del presidente Calderón. Refiere que la guerra contra el narcotráfico “ha tendido a concentrar la agenda de seguridad ciudadana en delitos de alto impacto como asesinatos, robos, hurtos o asaltos, cuando en realidad el narcotráfico está igualmente vinculado a delitos económicos o de ‘cuello blanco’”.

Asegura que “la política de criminalización de los productores, pequeños vendedores y consumidores de drogas ilegales, ha causado que ingentes recursos públicos sean dedicados a incrementar los niveles de estigmatización y fragmentación social, abarrotando las prisiones sin por ello reducir la disponibilidad de drogas ilícitas o el poder de las organizaciones del narcotráfico”.

El texto subraya que “los actores intermediarios (de los cárteles) pueden ser fácilmente reemplazados sin interrumpir el suministro de estupefacientes”, además de que “el estatus legal de la droga, el riesgo de detección y los mensajes preventivos no son factores que influyan prominentemente en la decisión individual de comenzar a usar drogas”.

Los ponentes expresan la necesidad de instrumentar políticas de “reducción de daños”, enfocadas a prevenir y atender los efectos sociales y sanitarios de los estupefacientes.

Remarcan: “El enfoque hacia los consumidores de drogas debe poner fin a su estigmatización social y, en ciertos casos, hasta criminal, priorizando la reducción de daños, el cuidado de la salud pública y el respeto de los derechos humanos. Los individuos vinculados a los niveles más bajos del cultivo, producción y distribución deben recibir un trato legal distinto al de los miembros de grupos violentos del crimen organizado”.

Continúan: “Una política represiva de los consumidores se puede convertir en una barrera que dificulte las medidas de salud pública orientadas a reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis y otras consecuencias negativas del uso de drogas como el fracaso escolar y la apatía social de muchos jóvenes”.

Y rematan con una mención directa a la liberalización de las drogas: “Sólo a partir de evidencia empírica y científica será posible estructurar políticas adecuadas, entendiendo a éstas como aquellas que logren exitosamente reducir los daños a la salud, la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La clasificación internacional vigente de sustancias ilegales fue concebida hace más de 50 años y, por tanto, exige una revisión y adaptación a los nuevos tiempos sobre la base de sólida evidencia científica, que tenga en cuenta las tradiciones culturales”.

Guerra interna

El proyecto de resolución eurolatinoamericano enumera 23 recomendaciones acordes con los planteamientos anteriores. En ninguna de ellas se promueve el uso del ejército o la preferencia por la fuerza represiva en el combate contra las drogas.

Una de esas recomendaciones “estima fundamental diagramar las políticas de drogas desde una perspectiva integral, involucrando a las familias, las escuelas, los especialistas de la salud pública, los legisladores, científicos, autoridades gubernamentales, jueces y policías, y los líderes y personalidades de la sociedad civil para que trabajen con las agencias gubernamentales relevantes en la materia”.

Asimismo, recomienda “destinar mayores recursos a la realización de programas preventivos y de contenido social, evitando los mensajes simplistas y alentando los esfuerzos educativos inclusivos basados en información fidedigna”, mientras que “insta a revisar la clasificación de sustancias ilícitas, equilibrando los niveles de fiscalización con los de daño, basándose en datos científicos”.

Por tanto, el punto 17 “propone focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, nacionales y trasnacionales, de manera tal que su poder y alcance sea socavado, dando prioridad a la reducción de la violencia”.

En el documento de trabajo que antecedió al proyecto de resolución, y el cual también preparó el eurodiputado Sonik, hay un breve apartado sobre México.

En ese escrito se analiza la situación de México: “Actualmente existen en el país dos guerras en pleno auge que, al combinarse, han dado lugar a una violencia sin precedentes en 2009. La primera enfrenta al gobierno de México con los cárteles de la droga. La segunda, que constituye una guerra paralela, es la lucha entre los distintos cárteles que compiten por el control de las rutas de suministro”.

Prosigue: “El presidente Felipe Calderón emprendió un esfuerzo supremo contra los cárteles, que consideraba una importante amenaza para la seguridad y la estabilidad del país. En los últimos tres años, los esfuerzos de la administración de Calderón han debilitado y fragmentado algunos de los principales cárteles, pero estos avances del gobierno han alterado el equilibrio de poder entre los cárteles, lo que, a su vez, ha desembocado en un incremento de la violencia”.

Y concluye: “La sociedad mexicana debería emprender un gran número de importantes medidas que ayuden a encarar la crisis de seguridad del país. No obstante, la falta de oportunidades económicas y la desconfianza a las autoridades contribuyen a fomentar el incumplimiento de la ley, la escasa cooperación con el gobierno y el limitado apoyo de sus esfuerzos”.