BRUSELAS.- La “militarización” de la guerra contra las drogas del gobierno de Felipe Calderón representa en sí misma “una problemática en términos de violaciones a los derechos humanos”, observa el reporte de la delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que visitó México entre el 18 y el 20 de mayo último.
El documento también señala que pese a que los altos funcionarios del gobierno calderonista con los que se entrevistaron “expresan un fuerte compromiso para alinear las leyes del país con las convenciones internacionales” en la materia, los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se quejaron de que las mismas autoridades “muy raramente” dan seguimiento a las violaciones de las garantías individuales que ellos documentan.
La delegación del Parlamento Europeo se reunió con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, y con el quinto visitador general, Fernando Batista Jiménez, encargado del área de migrantes, tráfico de seres humanos, periodistas y defensores de derechos humanos.

Dicha delegación la conformaron cinco eurodiputados: dos del grupo mayoritario, el Partido Popular Europeo (la lituana Laima Liucija Andrikiene y el rumano Marian-Jean Marinescu); dos de la segunda bancada más numerosa, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (la griega Maria Eleni Koppa y el inglés Richard Howitt), y una del grupo del Partido Verde Europeo (la finlandesa Heidi Hautala).

A pesar de que Hautala ocupaba en ese momento la presidencia del Subcomité de Derechos Humanos, por una cuestión de cuotas y peso político Howitt ocupó la presidencia de la delegación que viajó a México.

En junio, Hautala fue designada ministra de Desarrollo Internacional del gobierno de su país, y la sustituyó la alemana Barbara Lochbihler, también del Partido Verde Europeo (PVE) y antigua secretaria general de Amnistía Internacional en Alemania.

Lochbihler conoce la grave situación de violencia que prevalece en México: El pasado 29 de marzo ella se ocupó de moderar una audiencia en el Parlamento Europeo titulada “Derechos humanos en México: los defensores de derechos humanos demandan protección”.

Mal necesario

Durante su estancia en las ciudades de México y Oaxaca, los eurodiputados se encontraron con altos funcionarios del gobierno federal y estatal, diplomáticos europeos, líderes de organizaciones no gubernamentales, víctimas de la violencia gubernamental, periodistas y defensores de derechos humanos.

Se tenía programado que el reporte de esa visita se presentara oficialmente este 28 de septiembre en la reunión de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con México, pero tuvo que cancelarse debido a que Howitt tenía que ir a Londres para un congreso de su partido y no podía asistir al mencionado encuentro.

El reporte –al que Apro tuvo acceso por adelantado– está estructurado a manera de bitácora. Registra las conversaciones con sus interlocutores, así como los temas de discusión, y aunque evita emitir juicios de opinión, tampoco esconde las contradicciones en que incurren los funcionarios.

Reportan que el 18 de mayo se entrevistaron con Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En la charla estuvo presente la embajadora de México en la UE, Sandra Fuentes-Beráin.

“Los miembros de la delegación –expone– pusimos de relieve los casos específicos de Jyri Jaakkola, el activista finlandés asesinado en San Juan Copala el 27 de abril de 2010, y de Florence Cassez, la ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión por secuestro y quien insiste en clamar su inocencia”.

El pasado 14 de junio, Howitt intercambió impresiones sobre su visita a México en una reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Como lo reportó Apro, Howitt planteó que a él le parecía “desproporcionada” la sentencia contra Cassez y opinó que ella debía pugnar su condena en Francia y no en México; amenazó que si el gobierno mexicano no quería “una mayor intervención internacional” a raíz de ese caso, tenía que ofrecer entonces “una solución por la vía judicial”.

Respecto del caso Jaakkola, la jefa de la delegación de la UE en México, Marie-Anne Coninsx, comentó en esa misma ocasión que se había reunido con funcionarios de la Procuraduría General de la República para evaluar la posibilidad de aplicar por fin un mecanismo de protección a los testigos de la emboscada en que murió el joven finlandés. Sin ese mecanismo, sentenció Coninsx, “será muy difícil seguir adelante” con las pesquisas.

El reporte refiere la reunión que los eurodiputados sostuvieron el 20 de mayo con los senadores José Luis García Zalvidea, integrante del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Derechos Humanos, y con Juan Bueno Tenorio, miembro del Partido Acción Nacional y de la Comisión de Relaciones Exteriores con Europa.

Los eurodiputados externaron sus preocupaciones acerca del “excesivo poder de los militares”. Los senadores mexicanos, señala el reporte, “nos dijeron que ellos no tenían ningún interés en dejar a los militares romper la ley, pero que, de hecho, el ejército goza de una mayor confianza pública que cualquier otra organización pública, incluso por encima de la Iglesia y ciertamente que el Congreso”.

A ese respecto, García López-Guerrero reconoció ante los eurodiputados que “la debilidad institucional de la CNDH debe ser vista contra el hecho de que disfruta de tanta popularidad como el Ejército”.

Por otro lado, el visitador de la CNDH confió a la delegación del Parlamento Europeo que “la falta de investigaciones continuas del asesinato en Oaxaca de Jyri Jaakkola, a quien él conoció personalmente, era emblemática del clima de impunidad” que impera en el país.

Sensibilidad mexicana

El reporte asienta una reunión con Coninsx y su equipo, quienes explicaron la situación existente en México desde 2008 y la asociación estratégica entre México y la UE, y mencionó el Diálogo de Derechos Humanos entre ambos socios comerciales y los planes para abrir uno en temas de justicia y seguridad.

A partir de ese diálogo con los diplomáticos europeos, el reporte indica: “Las autoridades mexicanas son, naturalmente, sensibles a la imagen internacional del país y, por esta razón, adopta una posición muy activa en los foros internacionales. Las autoridades mexicanas, sin embargo, son dadas a sospechar de cualquier cosa que ellas ven como una interferencia externa a sus asuntos domésticos, y eso ocurre particularmente en el tema de los derechos humanos”.

El reporte pone como un ejemplo la audiencia dedicada a la problemática en San Juan Copala, en especial al asesinato de Jaakkola y la activista mexicana Bety Cariño, y que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el 8 de noviembre de 2010 en el marco del Subcomité de Derechos Humanos. A tal reunión asistieron los padres de Jyri y tuvieron la oportunidad de intervenir.

En esa ocasión el gobierno de Calderón envió en su representación a Alejandro Negrín, director general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue la primera vez que un funcionario de su nivel participó en un encuentro de esa naturaleza.

En la edición de Proceso del 13 de noviembre de 2010 se narra la posición defensiva que tomó Negrín. “Estamos aquí –dijo en su turno– porque México ha adoptado una política de plena integración al sistema internacional de derechos humanos, como una forma de impulsar y consolidar transformaciones internas en esta materia”.

El funcionario repasó los “esfuerzos” de las autoridades mexicanas en ese rubro, aseguró que el país “cuenta con instituciones capaces de prevenir las violaciones” a las garantías individuales y aseveró que “nadie puede sostener hoy que, en México, haya políticas de Estado o de gobierno orientadas a violar los derechos humanos”.

En Oaxaca sobresale la reunión que tuvo la delegación con el gobernador Gabino Cué, que, como en otras visitas de europarlamentarios, reiteró su compromiso para que los crímenes de Jaakkola y Cariño no queden impunes.

En esa cita estuvo presente el procurador estatal, Manuel de Jesús López López. El reporte menciona que el gobernador aseguró que “él confiaba en los servicios de un equipo de investigadores que habían estado siguiendo estos casos durante años”, en referencia a los actos de represión policíaca ocurridos desde 2006 en el mandato del anterior gobernador Ulises Ruiz.

Pero después el reporte advierte que el procurador general enfatizó a los eurodiputados que “los problemas fluían por la falta de recursos para llevar a cabo investigaciones de manera adecuada”, y que, a veces, “incluso ordenar a un doctor que haga una autopsia puede tomar días”.

El reporte recoge una muestra de incongruencia durante una charla con el titular de la Fiscalía Especial de Atención de delitos contra periodistas, Gustavo Salas.

“Él nos planteó –señala el documento– que en este momento 62% de los casos (que maneja la fiscalía) está listo para (abrir) procedimientos judiciales. El señor Salas también nos mencionó un mecanismo especial de protección para los periodistas. Él admitió que los resultados del trabajo de su oficina no son satisfactorios y no cumplen con las expectativas de la sociedad, pero que ellos continuaban su trabajo de prevenir crímenes contra los periodistas”.

Tras sus encuentros con las ONG en Oaxaca y en la Ciudad de México, la delegación europea subraya en su reporte que “notó la preocupación de éstas acerca de la cualidad y la intensidad de su cooperación con la delegación de la UE en México y sus limitadas posibilidades para hacer aportaciones al Diálogo de Derechos Humanos México-UE”.

“El Parlamento Europeo –remarca el reporte– respeta la inquietud de México sobre su imagen internacional, pero en un espíritu de solidaridad con las ONG, y las víctimas lo obligan a continuar pidiendo a México cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional de derechos humanos”.

(Artículo publicado el 23 de Septiembre de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)