El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llevó a su máximo organismo de inteligencia a Europa. Lo hizo para reproducir en el Viejo Continente el modelo que ya le funcionó dentro de sus fronteras: espiar a sus críticos –sobre todo defensores de los derechos humanos que viven en el exilio– para difamarlos e intimidarlos, como se desprende de documentos obtenidos por la fiscalía de ese país.

(Artículo publicado en la edición del 4 de Julio de 2010 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), máximo órgano de inteligencia de Colombia, ha llevado y lleva a cabo acciones ilegales de espionaje, intimidación, difamación y persecución contra sus adversarios políticos, hasta más allá de sus fronteras.

Periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos así como jueces de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia de Colombia han sido objeto de campañas de desprestigio orquestadas por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3), instaurado en el DAS en 2004.

En total 600 personas han sido víctimas de ese tipo de operaciones clandestinas, de acuerdo con una investigación de Radio Caracol de Colombia difundida el 17 de abril de 2009.

Los agentes del DAS no sólo actuaron contra ciudadanos de Colombia en su propio país; también ejecutaron tales acciones ilegales en Europa. El objetivo era “neutralizar” con operaciones de “desprestigio” el trabajo de activistas y organizaciones de derechos humanos, así como de instituciones y políticos de la Unión Europea (UE) simpatizantes de esas causas.

El 21 de febrero de 2009 la revista Semana reveló la existencia de tales actividades del DAS, organismo creado en 1953 y que en la actualidad tiene 6 mil 500 agentes.

La Fiscalía General de la Nación ordenó entonces allanar las instalaciones de ese organismo. Durante el operativo, la fiscalía confiscó 104 carpetas con miles de folios que contenían reportes de operaciones del G-3.

El escándalo que provocó ese hallazgo fue tal, que el 17 de septiembre de 2009 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció su intención de desaparecer el DAS y crear una nueva agencia de inteligencia.

Sin embargo, el 15 de abril último la televisora colombiana RCN-TV difundió que entre los documentos confiscados al DAS existía un expediente llamado “Europa”. En éste se informaba que el subdirector de la unidad de “fuentes humanas” del DAS, Germán Villalba, había recibido la orden de tejer redes de espionaje en Europa, encargadas de vigilar, filmar o grabar a los opositores al régimen de Uribe.

El documento del DAS, con código de archivo AZ 63-2005, incluye una ficha informativa titulada “Operación Europa”, a la que tuvo acceso este corresponsal.

Esa ficha –que incluye a su vez un expediente fechado en junio de 2005 por la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Inteligencia del DAS– indica que el “objetivo” de la Operación Europa es “neutralizar (la) influencia del Sistema Jurídico Europeo; (la Sub) Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo; (la) Oficina (de la) Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (y los) gobiernos nacionales (europeos)”.

Así, el DAS ordenó seguir como “estrategia” el “desprestigio” de los activistas de derechos humanos y de las mencionadas instancias europeas mediante “acciones” tales como la publicación de “comunicados y denuncias en páginas web” y la “guerra jurídica”.

Entre las organizaciones no gubernamentales sometidas al espionaje de los servicios de inteligencia colombianos hay varias establecidas en Bruselas, sede de las instituciones de la UE. Destacan Oxfam-Internacional, Oxfam-Bélgica, las Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia y Broederlijk Denle.

La acusación

El pasado día 22, la responsable de los programas de Broederlijk Denle para Colombia, Patricia Verbauwhede, denunció en una conferencia de prensa ante el Parlamento Europeo las acciones del gobierno de Álvaro Uribe contra la organización que ella dirige.

La activista belga proporcionó a Proceso la copia de un documento del DAS que involucra a su organización, que colabora con Colombia desde 1962 con el patrocinio de la Iglesia católica de Bélgica.

En dicho documento, fechado en Bogotá el 11 de marzo de 2005, se lee el título “SECRETO” y el subtítulo “INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA”.

Ese texto señala: “Datos obtenidos mediante labores de inteligencia técnica indican que Patricia Verbauwhede, de la ONG Broederlijk Denle de Bélgica, presentó a la Unión Europea el documento titulado Abriendo espacios para la construcción de una sociedad participativa, equitativa y no violenta en Colombia”.

Se añade que la referida ONG concursaba en ese momento para obtener una “donación” de la UE, a partir de 2006, que duraría entre tres y nueve años. Advertía que tales recursos servirían para financiar a varias ONG en Colombia, “entre ellas (la Corporación) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)”. Se puntualizaba que la UE tomaría una decisión sobre esa donación “entre julio y agosto” de 2005.

El texto expresa que “se conoció” que la organización belga tenía prevista una “donación” a la CCAJAR por un monto de 10 mil 80 euros en 2005 y que tales serían “gestionados cuando se entreguen los informes narrativo y financiero de lo ejecutado en 2004”.

Ese mismo documento fija una “misión de trabajo”:

“Investigar a la ONG Broederlijk Denle, estableciendo su sede, socios, directivos, países en los que trabaja y ONG colombianas a las que financia, entre otros datos de interés.

“Determinar si existe otro tipo de relación entre Patricia Verbauwhede y los directivos de CCAJAR y/o otras ONG nacionales, que no sea el estrictamente laboral.

“Obtener el documento titulado Abriendo espacios para la construcción de una sociedad participativa, equitativa y no violenta en Colombia, con el fin de elaborar y difundir un documento similar que neutralice la desinformación y manipulación estadística que muy seguramente se presenta en el mismo.

“Establecer cuáles son los directivos de la Unión Europea que definen sobre las donaciones a ONG de Colombia.

“Conducir acciones y generar actuaciones con el fin de evitar la consecución de recursos para la ONG mencionada (la CCAJAR).”

En la conferencia de prensa del 22 de junio participó también la eurodiputada belga Isabelle Durant. Anunció su intención de crear una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, como lo exigieron Verbauwhede y otras ONG afectadas, que igualmente solicitan al Consejo de Europa que haga un reporte del mismo tipo que elaboró en el caso de los vuelos ilegales de la CIA en Europa para transportar presuntos terroristas a Guantánamo. Esa investigación concluyó que hubo colaboración de algunos servicios de inteligencia europeos.

Hostigamientos y amenazas

El colombiano Luis Guillermo Pérez es secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, y secretario ejecutivo de la ONG Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA, por sus siglas en inglés), con oficina en Bruselas.

Él fue el abogado defensor de las víctimas de las matanzas de Mapiripán y de La Rochela, las que llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló contra el gobierno colombiano.

Ante el riesgo de que fuera asesinado por paramilitares –por órdenes militares–, en abril de 2002 Pérez tuvo que exiliarse en Bélgica. Desde 2003 trabaja para que la Corte Penal Internacional de La Haya procese a Uribe por crímenes contra la humanidad.

Luis Guillermo Pérez, quien también tiene la nacionalidad belga, es uno de los reiterados “blancos” consignados en los reportes del espionaje colombiano en Europa. En el informe de la Fiscalía General de la Nación número 498742/, el DAS se refiere a él como “el jefe del brazo jurídico de las FARC en Europa”. El DAS, además, acusa a la FIDH de formar parte de la “estructura diplomática de las FARC en Francia”.

“En esos documentos aparecen transcripciones de mis conversaciones telefónicas, copias de mis correos electrónicos, reportes de mis movimientos migratorios: a qué países fui, qué conferencia ofrecí, qué dije… todo lo sabían”, declaró el activista a Proceso.

Pérez cuenta una anécdota que ilustra los descarados métodos que utiliza el DAS:

“Una ocasión una colombiana me visitó en mi oficina de la CIFCA. Me dijo que trabajaba de manicurista en un club británico y me platicó una historia insólita: que el gobierno británico la quería asesinar porque se había expresado contra la guerra en Irak mientras le pintaba las uñas a la esposa del cónsul británico. Le pedí una copia de su documento de identidad para constituir un expediente, pero me contestó que lo había olvidado. Me dio un número de teléfono que resultó falso. Nunca la volví a ver.”

Uno de los documentos confiscados al DAS, que fue redactado poco después de esa visita, indica que, “por una fuente que ha tenido acceso al blanco”, se pudo establecer que él también trabajaba como secretario ejecutivo de la CIFCA. Ese documento proporciona la dirección y teléfono de tal organización, la cual, según el DAS, “se dedica a promover el terrorismo en el Viejo Continente”, añade el entrevistado.

“El DAS me ha desacreditado en las cancillerías europeas y en la Comisión Europea”, afirma Pérez. Da un ejemplo: “El año pasado solicité una cita a un diplomático de un importante gobierno europeo, cuyo nombre no puedo mencionar. No quería recibirme. Me pareció extraño y le pedí a una amiga que trabaja en el servicio diplomático de ese país que averigüara qué sucedía. Resulta que el diplomático no me quería recibir porque él había sido informado por el gobierno colombiano de que yo formaba parte de la estructura política de las FARC.”

El pasado 25 de marzo Pérez se reunió en Bruselas con el actual director del DAS, Felipe Muñoz. En la cita, que tuvo lugar en el Parlamento federal belga, estuvieron presentes el diputado local Bruno Tuybens y el embajador de Colombia ante la UE, Carlos Holmes Trujillo.

“Durante esa reunión –comenta Pérez– le solicité a Muñoz que desarchivara y me entregara la información de inteligencia que ha sido recaudada en mi contra y de mi familia. Él se molestó. Me contestó que esa información estaba reservada, que la ley no lo habilitaba para entregarla y que sólo podía hacerlo mediante una orden judicial.”

Días después de ese encuentro con el director del DAS, el 22 de abril, la madre de Pérez, quien también vive exiliada en Bélgica, recibió una llamada telefónica:

“Eran las dos de la tarde cuando la llamaron al número de teléfono de su casa, que ni siquiera aparece en el directorio telefónico. Muy amablemente una persona la saludó. Le dijo que estaba llamando desde Colombia, le deseó que nos estuviera yendo muy bien en el exilio y le recomendaron que leyera las noticias, puesto que el presidente Uribe se estaba yendo de la Presidencia.”

Prosiguió: “Esta persona entonces le dijo a mi madre que quería hablar con ‘el monito’, refiriéndose a mi hijo, a quien han utilizado para amenazarme desde que tenía ocho años. Preguntaron si mi hijo ya había terminado la universidad. Advirtieron que ‘pronto’ tendría yo noticias de ‘ellos’. Después de esta llamada, mi familia cayó en un estado de pánico. Inmediatamente levantamos una denuncia en la policía de la comuna de Uccle en Bruselas”.

–Eso hace suponer que las acciones del DAS prosiguen –se le comenta a Pérez.

–Entre 2003 y 2006 el trabajo de seguimiento de blancos y reclutamiento de informantes en Europa lo realizó Germán Villalba, quien ahora está preso. Pero esas acciones no han parado. El pasado día 21 la cancillería colombiana emitió un comunicado a propósito de la conferencia de prensa que convocamos para el día siguiente en el Parlamento Europeo. Ahí el gobierno indica que ese tipo de trabajo de inteligencia es necesario, ya que ha dado como resultado que simpatizantes de las FARC sean condenados en Dinamarca o España.

Pero algo más: el gobierno colombiano expone en ese comunicado que existen acuerdos de cooperación con los servicios secretos europeos en la lucha antiterrorista: el gobierno acepta que la Operación Europa continuará porque, desde su óptica, es totalmente legal.