BRUSELAS (apro).- A pesar de las medidas de rigor fiscal y de austeridad que están en vías de instrumentar los países de la Unión Europea (UE) en un nuevo tratado en la materia –el cual podrían firmar en marzo próximo–, la crisis no deja de agravarse en la región, principalmente entre los 17 Estados socios que comparten la moneda única, el euro.

(Artículo publicado el 20 de Enero de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El pasado viernes 13, la agencia estadunidense Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de las deudas soberanas de nueve países de la zona euro.

La firma no sólo recortó la nota de aquellos países al borde del colapso, como Italia, España o Portugal, sino también las de Austria, Chipre, Malta, Eslovenia y Eslovaquia, aunque la reducción con mayor impacto político fue la de Francia, la segunda economía europea tras la alemana: su deuda pasó de una calificación para los inversionistas de triple A, la máxima, a doble A plus, un grado menor.

La calificadora justificó su decisión bajo el argumento de que “un proceso de reformas, sustentado únicamente en un pilar de austeridad fiscal, puede resultar autodestructivo”.

Explicó que “la demanda doméstica está en línea con las crecientes preocupaciones de los consumidores acerca del empleo y con la disponibilidad de los ingresos”, por lo que una estrategia focalizada en políticas de austeridad puede terminar “socavando la recaudación de impuestos nacionales”.

Ewald Nowotny, el gobernador del banco central austriaco y miembro de la junta de gobierno del Banco Central Europeo, calificó ese recorte de “golpe arrollador” a las economías de la zona, cuyo efecto, alertó, perjudicará particularmente a Italia, cuya deuda, necesitada de refinanciación, cayó a una calificación de triple B plus, que comparten países como Kazajistán.

Pero la reacción de la mayor parte de los dirigentes europeos fue minimizar esa nota crediticia.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó que la degradación de las notas de riesgo “no cambia nada” en la eurozona, mientras que el presidente del Eurogrupo y primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, insistió en que los jefes de Estado y de gobierno de la UE habían tomado, el 9 de diciembre pasado, “decisiones audaces y ambiciosas para avanzar en una unión económica más fuerte a través de un nuevo pacto presupuestario, una coordinación económica fortalecida y la aceleración de reformas estructurales”, en referencia al nuevo tratado fiscal cuestionado por S&P.

Por su parte, el comisario para el mercado interior y servicios de la UE, el francés Michel Barnier, subestimó la calificación a la baja: la consideró “una opinión más” y subrayó que “lo importante (para la UE) es la evaluación económica, objetiva, que estamos haciendo de la situación actual”.

En consecuencia, el lunes 16 la misma calificadora recortó de “AAA” a “AA+” la notación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el fondo de rescate que cuenta con una capacidad de préstamo de 440 mil millones de euros. De ese monto, 190 mil millones ya fueron prestados a Grecia, Portugal e Irlanda.

Francia aporta al FEEF garantías por un valor de 158 mil millones de euros, sólo detrás de Alemania, que garantiza 211 mil millones.

Ese mismo día, el director del fondo, Klaus Regling, respondió en un comunicado que “la degradación a ‘AA+’ de sólo una agencia crediticia no reducirá la capacidad de préstamo del FEEF de 440 mil millones de euros”.

Las otras grandes calificadoras, Moody’s y Fitch, mantienen el nivel triple A del referido fondo; sin embargo, el lunes 16 la agencia de noticias Associated Press aseguró que los analistas advertían que pronto podrían venir nuevas degradaciones.

Otro dirigente que estalló contra S&P fue Olli Rehn, el comisario de asuntos económicos y monetarios de la UE, quien deploró lo que llamó “una decisión incoherente” de parte de tal agencia, puesto que, según él, la reducción de las notas se da en el momento en que la UE está tomando medidas decisivas en todos los terrenos para contener la crisis.

Regulación

La clase política europea ha criticado duramente la influencia de las tres grandes agencias calificadoras.

Un reporte publicado en octubre pasado por el reconocido instituto Bruegel, localizado en Bruselas, recuerda que S&P es una división de McGraw-Hill Companies, un grupo de medios con base en Estados Unidos y cuya propiedad está dispersa (el mayor accionista es Capital Group, con 12% de las acciones).

Moody’s Corporation es una firma autónoma enlistada en Estados Unidos y también de propiedad dispersa, el accionista mayor es Berkshire Hathaway, con 12.5% de las acciones.

Finalmente, Fitch Ratings es una división de Fitch Group en copropiedad con Fimalac, una firma de inversiones con sede en París y dueña de 60% de las acciones, y la empresa estadunidense Hearst Corporation, que detenta el 40% restante.

Dicho reporte critica el mercado oligopólico que conforman tales agencias. “En específico, de los beneficios de operación del último año fiscal registrado, 45% los acapara S&P, 38% Moody’s y 30% Fitch Ratings.

Por otro lado, el documento de Bruegel señala que a la UE le plantea un problema que tales agencias sean de origen estadunidense: sus oficinas centrales se localizan en Nueva York y el grueso de su negocio lo generan en aquel país: 54% de sus ingresos en el caso de Moody’s y 42% en el de Fitch, en tanto que 52 y 35% de su personal global, respectivamente, está ubicado en Estados Unidos.

La Comisión Europea instrumentó en 2009 una ley para reglamentar a las agencias de notación, que a partir de entonces tuvieron que registrarse como empresas también en Europa. Esta legislación fue reforzada en mayo pasado, con la intención de evitar conflictos de interés, asegurar la calidad y métodos de las calificaciones de tales agencias y elevar su nivel de transparencia.

En paralelo, en noviembre de 2010, desatada la crisis de las deudas soberanas, la Comisión Europea abrió una consulta pública mediante la cual puso a discusión temas como la dependencia de las economías europeas a las firmas de notación, la transparencia de las notaciones de deuda soberana, la competencia del mercado de las calificadoras o la responsabilidad jurídica de tales agencias para impedir conflictos de interés.

Calificadora europea

El 8 de junio de 2011, una resolución del Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que estudiara la posibilidad de crear con fondos públicos una fundación europea de notación. La idea fue rechazada: en esos términos, tal institución carecería de credibilidad en los mercados.

Pero esa iniciativa no ha sido abandonada. El pasado miércoles 18, el prestigiado Instituto de Estudios Económicos de Berlín propuso en un reporte que el banco central alemán, el Bundesbank, asuma las funciones de la que sería la primera agencia pública europea calificadora de riesgo.

Según la investigadora de ese instituto, Mechthild Schrooten, autora del reporte, sólo el Bundesbank dispone del personal y los conocimientos suficientes para poder rivalizar a corto plazo con las grandes agencias anglosajonas.

En todo caso, el 15 de noviembre último –cinco días después de que S&P publicó por error que había degradado la nota de Francia– la Comisión Europea anunció que habían sido aceptadas algunas propuestas encaminadas a controlar el sector, mismas que serán analizadas durante 2012.

Una de esas propuestas es demandar a las agencias calificadoras que divulguen las informaciones que justifiquen sus notaciones, para así permitir a los inversionistas privados elaborar su propio juicio.

Otra propuesta: obligar a los emisores (operadores de servicios financieros) a cambiar cada tres años de agencia calificadora, y exigir a éstas que consulten a los emisores y a los inversionistas en caso de tener la intención de cambiar su metodología de notación, además de obligarlas a comunicar esos cambios a la Autoridad Europea de Mercados Financieros (AEMF), que verificará que sean compatibles con las reglas en vigor.

Finalmente, se plantea aumentar la frecuencia con la que cada Estado es calificado (cada seis meses en lugar de cada año) y asegurarse que las notificaciones de las deudas soberanas sean publicadas después del cierre de los mercados y al menos una hora antes de la apertura de las bolsas en la UE.

Sin embargo, ese mismo día la Comisión Europea desechó otras iniciativas, como una eventual suspensión de las calificaciones de las deudas soberanas en “situaciones excepcionales”.

Bajo este proyecto, la AEMF gozaría de la facultad de suspender la notación de los países sujetos a programas de rescate, con el propósito de impedir sobresaltos adicionales en los mercados contra tales Estados en situaciones de fragilidad.

Otra propuesta que fue descartada fue la prohibición de que las grandes agencias adquieran a sus competidoras más pequeñas. La razón: tal medida violaría las propias leyes europeas de competencia.