El pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que denuncia la ineficacia del gobierno mexicano para solucionar y prevenir los feminicidios en el país y en la que pide a las instancias de la Unión Europea y a las naciones que la integran acciones directas para combatir estos crímenes. Sin embargo, la resolución –aprobada después de un debate donde el sistema judicial mexicano quedó mal parado– fue objeto de 101 enmiendas que suavizaron la condena al gobierno de México. Fue una condena light, pero condena al fin.

(Artículo publicado en la edición del 14 de Octubre de 2007 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Después de siete meses de arduas y tensas negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó la mañana del jueves 11 una resolución que cuestiona la “impunidad” que rodea los feminicidios en México.

La resolución, que desde el principio fue rechazada por el gobierno de Felipe Calderón, obtuvo 560 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, y marca un precedente en la relación dela Unión Europea (UE) con México. Aunque su carácter no es vinculante (obligatorio), denuncia la ineficacia del gobierno mexicano en la solución y prevención de los feminicidios. Además, demanda a la Comisión Europea (responsable de la relación con México), al Consejo (que representa a los gobiernos nacionales dela UE) y a los 27 Estados miembros, acciones directas respecto de esos crímenes.

Las resoluciones del Parlamento Europeo tienen un peso político que no pueden ignorar las otras instituciones de la UE.

En la anterior referente a México –emitida el 15 de enero de 1998–, el Parlamento se limitó a denunciar “con horror” la masacre de 45 campesinos indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

La resolución que se adoptó el 11 de octubre retoma partes de la que fue aprobada el pasado 11 de septiembre por la Comisión de Género. El texto, que presentó el eurodiputado del Grupo de los Verdes Raúl Romeva, recuerda al presidente Calderón que “la obligación de un estado de derecho es promover políticas adecuadas para que las mujeres en general, y sobre todo las mujeres pobres, sean protegidas adecuadamente contra la discriminación, la violencia y los feminicidios” (Proceso 1611).

También le demanda “respetar y facilitar las acciones de las organizaciones no gubernamentales” que dan apoyo a las víctimas de los feminicidios, “prestar ayuda” a los familiares, “facilitar” su acceso a la justicia, “crear un sistema de protección eficaz para los testigos” y “garantizar los derechos laborales de las mujeres”.

Además, el Parlamento Europeo insta a la UE para que apoye “con programas de cooperación y recursos financieros y técnicos las políticas de prevención y protección en materia de violencia contra las mujeres” en México. Más aún, solicita a la UE que el tema de los feminicidios esté siempre presente en la agenda de cualquier reunión con el gobierno y el Congreso de México, incluyendo los encuentros bilaterales en el marco de la Cumbre UE-Latinoamérica que se celebrará en Lima el próximo año.

Cabildeo

El pasado 19 de marzo Romeva presentó el borrador de resolución a la Comisión de Género del Parlamento Europeo (Proceso 1585). Desde entonces el gobierno mexicano desplegó una intensa campaña de cabildeo dentro del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza política mayoritaria, con la finalidad de suavizar o eliminar los cuestionamientos que más le incomodaban.

Incluso al finalizar la reunión del 19 de marzo, el entonces responsable jurídico de la embajada mexicana, Jorge Cícero, se despidió de Romeva de forma inusual: “A ver si la resolución llega al pleno del Parlamento Europeo”, lo retó.

Semanas más tarde, Romeva sostuvo una charla con la embajadora ante la UE, Sandra Fuentes-Beráin, la cual terminó en reproche:

–Oye Romeva, pero si en España tienen ustedes un problemón (de violencia contra las mujeres)…

–Sí, embajadora. Pero la diferencia es que en España sí se persigue, se enjuicia y se sanciona a los culpables –contestó el eurodiputado.

La resolución original, entregada a la Comisión de Género el 25 de junio, fue objeto de 101 enmiendas, 52 de ellas –las más significativas– presentadas por José Ignacio Salafranca y otros eurodiputados del grupo del PPE.

En esa ronda de negociaciones, Salafranca consiguió varios cambios: descartar el proyecto de crear el puesto de “coordinador europeo contra los feminicidios”, introducir párrafos que reconocían los “esfuerzos” del gobierno mexicano en la materia y suprimir el nombre de “México” en algunos enunciados para evitar acusaciones específicas. Con esas modificaciones, el 11 de septiembre pasado la resolución fue aprobada por la Comisión de Género.

En dos ocasiones Salafranca prometió a Romeva no presentar nuevas enmiendas. Sin embargo, una hora antes de vencer el plazo para presentarlas, lo llamó a negociar otras 10 antes de que se iniciara la reunión plenaria.

Esta vez, Salafranca logró añadir el matiz “algunos casos” de impunidad a lo que antes hacía mención como impunidad general. Por otro lado, negoció que no se mencionara a “agentes estatales” mexicanos en acusaciones de tortura, y que el Protocolo de Estambul (contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes) no sea considerado en el nuevo programa de derechos humanos que el documento pide establecer a la delegación dela Comisión Europea en México.

“Sabía que, para conseguir algo, tenía que ser muy ambicioso en el borrador de la resolución. Si quería que el Parlamento Europeo la aprobara, debía hacer concesiones a la derecha. Pero al final conseguí más de lo que esperaba. Hubo momentos en que pensé que no sacaríamos la resolución”, confesó a Proceso el eurodiputado Romeva.

Debate y cabildeo

El pasado miércoles 10, un día antes de que el pleno aprobara la resolución que había sido ya negociada, Fuentes-Beráin presenció un debate sobre el tema en el Parlamento Europeo.

–¿Cuál es su balance, embajadora? –le preguntó este corresponsal.

–Gracias a los europarlamentarios que conocen México y la situación real, pudo salir una resolución más equilibrada y más profunda que también muestra los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano (contra los feminicidios).

–¿Como el eurodiputado Salafranca?

–Como (la socialista alemana Erika) Mann (la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para México), o (la eslovaca Anna) Záborská (presidenta dela Comisión de Género de la misma instancia y miembro del PPE).

En dicho debate, que comenzó a las 21:30 horas, Salafranca insistió en que el problema de la violencia contra las mujeres es “planetario”, por lo que el Parlamento Europeo adoptaba una postura “paternalista” acusando a las autoridades mexicanas “como si fuera un tribunal”.

El resto de los expositores criticó la ineficiencia del gobierno mexicano al respecto. La eurodiputada del grupo del Partido Socialista, la portuguesa Edith Estrela, refutó que los homicidios de mujeres en México correspondan “a un clima de violencia generalizada”, como se sostiene en el discurso oficial.

El eurodiputado chipriota Marios Matsakis, del grupo del Partido de los Liberales, dijo en tono enérgico que el problema “adquirió proporciones dramáticas en los últimos años”. “El imperio de la ley (en México) deja mucho que desear. Hay carencias en el sistema de justicia y una rampante corrupción (…) El número de muertes es ya insoportable”, apuntó.

La austriaca Eva Lichtenberger, integrante del Partido Verde, señaló que “ante las cifras que asustan (6 mil asesinatos de niñas y mujeres entre 1999 y 2006, según la exposición de motivos de la resolución), la UE tiene la obligación de alzar la voz”.

En el mismo sentido se expresó la eurodiputada sueca de Izquierda Unitaria, Eva-Britt Svensson, quien exhortó a la UE a “ejercer una presión más fuerte sobre México”, al considerar que “no es aceptable firmar acuerdos con cláusulas democráticas” si éstas no se cumplen. “En lugar de mejorar las cosas, empeoran (…) La UE debe congelar el acuerdo con México hasta que no se respeten las exigencias de respeto a los derechos humanos que podemos demandar”, agregó.

La comisaria de asuntos Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, coincidió: “En países como México existe todavía el fenómeno de la corrupción y la interacción de mafias que actúan conjuntamente con figuras del sistema judicial. Sigue existiendo un porcentaje muy bajo en la resolución de casos”.