BRUSELAS (Proceso).- Con un discurso contra “la corrupción de las élites gobernantes” y la defensa de los ciudadanos de a pie, los partidos populistas de derecha están a punto de convertirse en la tercera –o incluso segunda– fuerza política más fuerte del Parlamento Europeo, si se cumplen los pronósticos más pesimistas para las elecciones que tienen lugar del jueves 23 a este domingo 26.

Sin embargo su letanía está lejos de ser realidad, como lo expone un reporte del Corporate Europe Observatory (CEO), una organización independiente, con sede en esta capital, cuyo objetivo es “exponer los efectos del cabildeo empresarial en la formulación de las políticas de la Unión Europea (UE)”.

Publicado el miércoles 15 con el título de Las dos caras de la derecha autoritaria: los partidos “antiélite” al servicio de los intereses de las grandes empresas, el reporte analiza el comportamiento de 14 partidos de extrema derecha, provenientes de 13 países, con presencia en el Parlamento Europeo. El resultado es un compendio de las discrepancias entre las causas sociales que dicen representar esos institutos políticos y los registros de sus votaciones en temas de interés público.

El reporte de 31 páginas expone igualmente los vínculos de los líderes ultraderechistas con grandes oligarcas e intereses comerciales, muchas veces extranjeros, y enumera varios escándalos financieros en que están envueltos.

El reporte apareció unos días antes de la renuncia del vicecanciller austriaco, Heinz-Christian Strache, del partido de extrema derecha en el poder, FPO, tras la publicación en la prensa alemana de una grabación de 2017 donde, en una reunión en Ibiza mientras consumían bebidas alcohólicas, Strache promete a una joven, que se hace pasar por hija de un oligarca ruso, el completo acceso a los mercados públicos de su país a cambio de apoyo financiero. En días posteriores renunciaron los cinco ministros del FPO, provocando una crisis del gobierno de coalición con los conservadores.

“Estos partidos autoritarios de derecha –se lee en el reporte obtenido por Proceso– aprovechan la desilusión del electorado con los partidos tradicionales al prometer que acabarán con la corrupción, que enfrentarán los intereses de las ‘élites’, que recuperarán la dignidad y la identidad ‘nacionales’, y que defenderán los derechos de la ‘gente común’”.

Sin embargo, prosigue el documento, “el contraste entre esta retórica y sus acciones reales es marcado. Desde leyes represivas hasta el financiamiento con dinero negro; desde los escándalos de corrupción hasta el enriquecimiento personal; desde la eliminación de regulaciones corporativas hasta la evasión fiscal, la defensa de los intereses de la ‘élite’, disfrazada de defensa de las clases descontentas, es una característica determinante de los partidos de derecha autoritarios en ascenso en Europa”.

CEO incluye en su diagnóstico a Jobbik y el partido de gobierno Fidesz, ambos de Hungría; el Partido de la Libertad de Austria (FPO); Alternativa para Alemania (AfD); el gobernante Ley y Justicia de Polonia; La Liga, que comparte gobierno en Italia; la Agrupación Nacional, de Francia (RN), antiguamente Frente Nacional.

Completan la lista el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP); Partido de la Libertad (PVV), de Holanda; Partido Popular Danés; Demócratas de Suecia; Partido de los Finlandeses; Interés Flamenco, de Bélgica, y Acción de Ciudadanos Insatisfechos, que gobierna la República Checa.

“Ya conocemos las opiniones abominables de estos partidos sobre la migración, el racismo y los derechos civiles. Pero su comportamiento de voto hipócrita y su historial cuando están en el poder son mucho menos conocidos, especialmente en temas como derechos laborales o la justicia fiscal”, comenta la investigadora Margarida Silva, quien coordinó el reporte.

Contra derechos laborales

Como una pequeña muestra, CEO cita un reporte de Transparencia Internacional publicado en 2018, el cual detectó que el grupo Europa de las Naciones y de las Libertades, que congrega en el Parlamento Europeo a las agrupaciones más significativas de extrema derecha –RN, La Liga, UKIP, PVV y Vlaams Belang–, tiene la más alta proporción de eurodiputados con fuentes de ingresos externos, 54%, muchos como “consultores” o “consejeros” de trasnacionales. Una auditoria de la firma EY (antes Ernst & Young), realizada en mayo de 2017, concluyó que el grupo utilizó incorrectamente casi medio millón de fondos europeos en la contratación de 10 “proveedores de servicios”, y no registró 54 mil euros de ingresos. El Parlamento Europeo exige la devolución de al menos 470 mil euros.

El primer caso tratado en el reporte es el del Fidesz, que gobierna en Hungría desde 2010. De ese partido es el primer ministro, Viktor Orban, quien, se recuerda, comenzó por limitar la libertad de prensa y la acción del tribunal constitucional. Posteriormente, como todos los dirigentes de la derecha populista europea, intensificó su retórica contra los inmigrantes y los refugiados, pero también criminalizó a las ONG opositoras a su gobierno, forzó el cierre de una universidad liberal financiada por el multimillonario judío George Soros y restringió los cursos de género en el país.

El documento precisa que Orban acusa regularmente a Bruselas, es decir a la UE, de no enfocarse lo suficiente en las políticas familiares, una acusación típica de los conservadores. No obstante, los eurodiputados del Fidesz –como los del resto de los partidos analizados– votaron contra propuestas y directivas destinadas a ampliar la licencia de paternidad, mejorar el equilibrio entre el trabajo y la crianza de los hijos, combatir las diferencias salariales entre los géneros y promover el “trabajo decente” para todos.

Además, Fidesz y sus colegas populistas rechazaron las propuestas de ley para luchar a escala continental contra la evasión fiscal corporativa y para aumentar a 25% el impuesto para las empresas. Tampoco aceptaron que el Parlamento Europeo aprobara un impuesto de 3% para los servicios digitales especiales, lo cual, subraya el reporte, desentona con las quejas de Fidesz contra los gigantes de la alta tecnología, como Apple, por los privilegios fiscales que reciben en Irlanda y por no contribuir con lo justo a la hacienda húngara.

El PVV holandés fue el que votó contra más propuestas para un mejor entorno laboral, incluyendo una para que los trabajadores que manejan químicos estén mejor protegidos.

Dinero turbio

La extrema derecha ofrece toda clase de privilegios al poder económico. Hungría, por citar un caso, es el país de Europa con la tasa de impuesto corporativo más baja, 9%, muy lejos del 20% promedio regional, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El impuesto efectivo, sin embargo, se reduce a 3.9% para las 30 multinacionales más grandes instaladas en ese país, actuando así como un paraíso fiscal, afirma el reporte de CEO. Por otro lado, el salario mínimo en Hungría es de apenas 464.20 euros al mes para los trabajadores no calificados.

El informe explica que esa fórmula tan ventajosa para las empresas ha atraído importantes­ inversiones extranjeras al país, la mayoría alemanas y, en particular, de su industria automotriz, que genera 21% de su riqueza en Hungría. Resulta que los eurodiputados de Fidesz rechazaron una propuesta para reducir más las emisiones de vehículos en 2018, a pesar del escándalo­ que provocó Volkswagen al revelarse que alteró ilegalmente los programas­ informáticos­ de millones de sus automóviles diésel para pasar los controles­ de contaminantes.

Algo similar sucede con el FPO en Austria, que extendió la semana laboral de 48 a 60 horas sin garantía de pago de horas extras –lo que condujo a muchos despidos– y derogó un plan que prohibía fumar en cafés y restaurantes, pues así lo recomendó una experta afín al partido que recibió fuertes donaciones de British American Tobacco en 2018.
Otro aspecto lodoso es el financiamiento. Jorg Meuthen es uno los dos grandes líderes de Alternativa por Alemania y el principal candidato a las elecciones europeas. En 2016 una empresa suiza que ha trabajado para otros partidos ultraderechistas y para el grupo Europa de las Naciones y de las Libertades, Goal AG, diseñó su campaña publicitaria para las elecciones en el estado de Baden-Wurtemberg en 2016. Sus servicios fueron facturados por AfD como si se tratara de donaciones anónimas.

Las autoridades obligaron al partido a entregar la lista de tales donadores, la cual resultó estar llena de prestanombres. El Parlamento alemán multó a AfD con 270 mil euros.

El mismo caso ocurrió en 2017 con una campaña de su copresidenta, Alice Weidel, llevada a cabo por otra empresa suiza, PWS, a un costo de 130 mil euros. Una investigación periodística suizo-alemana reveló que el dinero habría sido donado por el multimillonario alemán Henning Conle, quien vive en Suiza. Ese apoyo habría sido entregado a través de un intermediario belga porque Conle no quería que su nombre fuera relacionado con el AfD, para no manchar su imagen.

La organización LobbyControl estima que el partido ha recibido desde 2016 un apoyo de 10 millones de euros de una oscura fundación con el nombre de Asociación para la Preservación del Estado de Derecho y las Libertades Civiles, cuyo principal donante sería August von Finck Junior, un millonario alemán también con residencia en Suiza y conocido por sus simpatías de extrema derecha.

Apoyo ruso

El reporte dedica un buen espacio a La Liga italiana. Se refiere a su malsana cercanía con el mundo empresarial, la cual es tal, que el presidente de la poderosa organización patronal italiana, Vincenzo Boccia, de Confindustria, llegó a declarar que sus afiliados “creían fuertemente en el gobierno de La Liga”. El eurodiputado­ de ese partido, Angelo Ciocca, miembro del importante comité de Industria del Parlamento Europeo –quien ha estado implicado en acusaciones de fraude de bienes públicos y contratos inmobiliarios turbios–, se ha reunido al menos siete veces desde septiembre de 2017 con representantes de esa cúpula empresarial, pero ninguna con sindicalistas.

Como es común también en esa clase de partidos, La Liga acumula conflictos de interés de sus integrantes. CEO pone el ejemplo de Gianluca Savoini, cercano al vicepresidente del gobierno italiano, Matteo­ Salvini.

Savoini posee una compañía en Rusia junto con el consejero de asuntos extranjeros de La Liga, Claudio d’Amico, y es el dirigente de la Asociación Cultural Lombardía-Rusia, un opaco instituto cuyo presidente honorario es Alexey Komov, representante regional del ultraconservador Congreso Mundial de las Familias y próximo al oligarca ruso Konstantin Maloféyev.

La revista L’Espresso reveló en febrero pasado que Savoini habría negociado con el gobierno de Moscú un acuerdo para que la petrolera rusa Rosneft vendiera 3 millones de toneladas de combustible a la italiana ENI, con un descuento de 4% que iría a parar a La Liga para sufragar la campaña a las elecciones del Parlamento Europeo.

El partido –que firmó en 2017 un acuerdo de cooperación con el partido del presidente Vladimir Putin y presiona para que la UE levante las sanciones contra Rusia por la anexión ilegal de Crimea– habría recibido 3 millones de dólares en total.

Otro de los partidos con historial nebuloso es el Frente Nacional francés, de Marine Le Pen, rebautizado Reagrupamiento Nacional. Uno de los escándalos más sonados, que reveló la agencia antifraude de la UE, fue el pago de 20 empleados del partido en Francia como si fueran asistentes en el Parlamento Europeo, lo que es ilegal. En otra investigación de 2016, la misma agencia encontró que Le Pen podría ser culpable de malversación de fondos y fraude por la misma causa, igual que su padre, Jean-Marie, antiguo líder del partido.

Otro episodio polémico ocurrió cuando RN obtuvo en 2014 un préstamo de 9.4 millones de euros de un banco basado en Rusia, First Czech Russian Bank, con ayuda del oligarca, senador y consejero presidencial ruso Alexander Babakov, así como del mencionado Konstantin Maloféyev.

El eurodiputado de RN que operó el préstamo, Jean-Luc Schaffhauser –un exconsultor de grandes compañías francesas, como Dassault, del ramo de la defensa, o la petrolera Total–, recibió una comisión de 140 mil euros que omitió señalar en su declaración de intereses del Parlamento Europeo, por lo que está en investigación.

Schaffhauser reanudó su actividad como consultor de empresas privadas, entre ellas la filipina ICTS, que solicitó participar en la privatización del puerto griego de Tesalónica. Esa fue una condición de la UE para rescatar a Grecia, a lo cual se oponía RN argumentando que aumentaría la deuda de Francia.

*Este reportaje se publicó el 26 de mayo de 2019 en la edición 2221 de la revista Proceso. Aquí puedes leer el texto original.