BRUSELAS.- El pasado 15 de noviembre un radioescucha llamado Bill llamó al programa del presentador James O’Brain, en la cadena LBC. De los sollozos pasó al llanto mientras pedía “disculpas” por haber votado a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el referéndum del 23 de junio de 2016.

“Tenías razón y yo estaba equivocado. Por alguna razón pensé que estaríamos mejor, pero claramente estaba equivocado. ¡Siento mucho lo que le he hecho a mi país!”, decía Bill a O’Brien, quien defendió la permanencia británica en la UE.

Conmovido, el comentarista respondió que 17 millones y medio habían votado por separarse de la UE (52%) y que la culpa no la tenía el radioescucha, sino quienes lo habían persuadido para que actuara contra su propio interés. “¡No voy a dejar que te culpes, Bill! ¡Échales la culpa a ellos! ¡Cúlpalos a ellos y no te culpes a ti!”, clamó el presentador.

Ese arrepentido no es el único en el Reino Unido: 2.6 millones de votantes se retractan de su decisión, según una encuesta de la firma Focaldata publicada en septiembre pasado por el diario The Independent.

Tras el resultado del referéndum no han dejado de publicarse reportes oficiales o independientes que exhiben en toda su crudeza el considerable golpe económico que se han dado los británicos al haber elegido disociarse de la UE, a la que pertenecían desde 1973.

Un reporte del National Institute of Economic and Social Research (NIESR), un influyente centro de investigación con sede en Londres, lamenta que los británicos hayan votado en el referéndum de 2016 “sin tener ninguna claridad de la que sería la nueva relación comercial con la UE, o cuándo ésta sería puesta en marcha, lo que introdujo un periodo de intensa incertidumbre que no ha sido resuelto y que tampoco podría resolver el acuerdo propuesto”.

El pasado 25 de noviembre –después de 18 meses de duras negociaciones–, los Estados de la UE ratificaron un acuerdo de divorcio con el gobierno de Theresa May, que fue acompañado por una declaración política sobre la futura relación bilateral, cuyos detalles deberán negociarse luego del desprendimiento oficial de Reino Unido, el 29 de marzo de 2019.

Según el acuerdo negociado, entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2020 habrá un “periodo de transición” (que podría postergarse si así lo deciden ambas partes) para que los negociadores de Londres y Bruselas discutan una nueva relación. Durante ese tiempo, el Reino Unido seguirá pagando sus contribuciones a la UE y será tratado como cualquiera de sus miembros, pero sin tener voz ni voto en sus instituciones.

Votación incierta

Las proyecciones más optimistas del NIESR arrojan que, si todo sale bien, el PIB británico será 4% más bajo para 2030 en relación con el que hubiera alcanzado si continuara en la UE.

Pero para que eso suceda, el Parlamento británico tendría que aprobar este martes 11 el acuerdo de salida que propone May, y luego el Reino Unido tendría que salir del mercado único europeo en 2020 con un tratado comercial satisfactorio con la UE.

El problema es que actualmente las condiciones son adversas.

Para comenzar, la prensa europea coincidía hasta este jueves 6 en señalar las pocas posibilidades de que la Cámara de los Comunes avale el acuerdo de salida que propone May. Y menos después de que esta semana el gobierno fue obligado por los parlamentarios a revelar el análisis legal del acuerdo, que al conocerse generó indignación debido a que, según los legisladores, prolonga la dependencia de Londres respecto de las leyes de Bruselas.

Los parlamentarios incluso aprobaron una enmienda que les permitirá ampliar decisivamente su participación en el proceso del Brexit en caso de que la propuesta de May no los convenza.

Y es que, entre todos los factores de incertidumbre que hay, en este momento la atención mediática está puesta en la posible caída de May y el subsecuente llamado a nuevas elecciones, de no conseguir el apoyo parlamentario a su plan de Brexit.

Más allá de que eso pueda ocurrir, los expertos del NIESR adelantan que el comercio con la UE se frenará súbitamente 30% si Londres negocia un acuerdo que prevea una frontera abierta entre la República de Irlanda (parte de la UE) e Irlanda del Norte (parte del Reino Unido). Si se implementa un tratado de libre comercio, los intercambios con la UE se reducirán 46%.

Pero si logra su cometido la poderosa ala radical que presiona para que el Reino Unido se separe de la UE de manera unilateral –el llamado “Brexit duro”–, una de las consecuencias inmediatas será un derrumbe en el intercambio de bienes y servicios de hasta 56%. El Reino Unido sería la única potencia que comerciaría con la UE bajo los términos, menos beneficiosos, de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El jueves 6, durante uno de los debates sobre el Brexit que se llevaron a cabo en la Cámara de los Comunes, el ministro de Hacienda, Philip Hammond, aseveró que no existe un acuerdo de salida que evite costos y acatamiento a la UE en ciertas normas comerciales y aduaneras.

Hammond advirtió que si el país se salía de la mesa de negociaciones con la UE y prefería aplicar las reglas de la OMC, los productos británicos estarían sujetos a tarifas arancelarias que hoy no pagan: 12% para la ropa, 70% para la carne de res, 10% para los automóviles…

“No creo que podamos enfrentar los costos económicos de un Brexit sin acuerdo”, sentenció Hammond.

Escenarios negativos

El gobierno británico publicó el pasado 28 de noviembre un análisis sobre el impacto económico del Brexit, que delinea cuatro escenarios posibles de la situación vigente 15 años después de que el reino salga de la UE.

La economía seguirá creciendo; sin embargo, la ruptura con el mercado único europeo frenará su impulso.

Ninguno de los escenarios se construyó a partir del actual plan que May acordó con la UE. El mejor de los pronósticos concluye que el PIB del Reino Unido será 2.5% menor que si se hubiera mantenido en la UE.

Tal escenario se basa en el plan que presentó el gobierno británico el pasado julio en Chequers (la casa de campo de la premier), el cual la UE rechazó tajantemente porque “elige las mejores partes de la pertenencia a la unión y desecha las otras”, resumió entonces el negociador en jefe de Bruselas, el francés Michel Barnier.

El escenario de ese acuerdo, pero “con enmiendas” –que fue la base de la propuesta actual– es todavía más negativo, pues resultaría en una pérdida de PIB de 3.9% respecto a la situación anterior al referéndum.

De acuerdo con estudios independientes –como el del NIESR–, ese porcentaje equivaldría a una merma de 110 mil millones de euros anuales, es decir el doble de su presupuesto militar, que es el cuarto más grande del mundo.

El panorama empeoraría si el Reino Unido no obtiene una relación comercial profunda con la UE, sino un tratado de libre mercado como cualquier otro país. El efecto: su economía dejaría de generar 6.7% de PIB. Y en caso de un divorcio abrupto, sin negociación, dejaría de percibir 9.3%.

El exsecretario para el Brexit, David Davis, acusa que tal análisis gubernamental se sostiene en “conjeturas incorrectas”.

Otras críticas sorprenden porque suponen un alto nivel de desconocimiento en torno a los componentes más básicos del Brexit, por ejemplo, asumir que Reino Unido puede conservar sus representantes y eurodiputados en las instituciones de la UE. O, como lo expresó el veterano parlamentario conservador Bill Cash, que Londres puede beneficiarse inmediatamente negociando tratados de libre comercio, los cuales, sin embargo, sólo podrían entrar en vigor tras el periodo de transición.

Peor que la crisis financiera

El mismo pesimismo demuestran los escenarios diseñados por el Banco de Inglaterra, que presentó el 28 de noviembre.

El informe, de 88 páginas –y solicitado por el Comité de Hacienda de la Cámara de los Comunes–, precisa: “El Brexit es único (…) No existen precedentes de una economía avanzada que se retire de un acuerdo comercial tan profundo y complejo como la UE.

“En la medida en que cambie la relación comercial del Reino Unido con la UE, la reducción de la apertura disminuirá la capacidad productiva de la economía del Reino Unido y, en la mayoría de los escenarios, su tasa de crecimiento a corto plazo. Salir bruscamente de la UE sin un acuerdo de retiro y un periodo de implementación, amplificaría estos efectos.”

Las estimaciones del banco –con el horizonte puesto en 2023, cuando finaliza la actual legislatura de la Cámara de los Comunes– plantean que el Brexit costará al Reino Unido entre 1.2 y 3.8% del PIB en relación con el ritmo que sostenía la economía en 2016 antes del referéndum. Lo anterior solamente si el gobierno de Londres llega a un acuerdo de asociación, “cercano” o “menos cercano”, con Bruselas.

Se hace igualmente referencia a un elemento importante de la economía: la migración. El informe calcula que el número de inmigrantes que ingresan al país caería entre 50% y 60% para quedar en 100 mil a partir de 2021.

Sin embargo, la institución prende todas las alarmas, otra vez, frente al posible desenlace de que el Reino Unido abandone la UE de manera “desordenada” o “perturbadora” el próximo marzo. En ese supuesto, la economía nacional perdería en 2023 entre 7.8% y 10.5% del PIB, en comparación con lo que habría sucedido si no dejara la UE.

Ese porcentaje –que con poca diferencia comparten los estudios ya mencionados en escenarios parecidos– representa un impacto mayor que el provocado por la crisis financiera hace una década, cuando el bajón fue de 6.25%.

En ese indeseable escenario –que el documento ubica como el “peor”–, el restablecimiento de tarifas y severos controles aduaneros hundiría 15% el comercio británico y el desempleo se proyectaría a 7.5%. Además, la inflación se dispararía a 6.5%, los precios del mercado inmobiliario se desplomarían 30% y las inversiones extranjeras directas 20% por la pérdida de confianza del sector financiero en las instituciones británicas.

Como consecuencia del declive de la apertura comercial, la producción “por hora” caería 5%, y la libra se depreciaría entre 15% y 25%.

Hay que añadir que, con el deterioro de las condiciones económicas, dejarían de entrar al Reino Unido 250 mil inmigrantes por año y, por el contrario, saldrían 100 mil personas, lo que provocaría una carencia interna de fuerza laboral.

*Este reportaje se publicó el 9 de diciembre de 2018 en la edición 2197 de la revista Proceso. Aquí puedes leer el texto original.