BRUSELAS (apro).- El pasado 25 de noviembre, los 27 países socios de la Unión Europea (UE) y Reino Unido firmaron, tras 18 meses de negociaciones, un acuerdo de divorcio que debe aún ser aprobado por los parlamentos británico y europeo, dando paso, a partir del 30 de marzo de 2019, a las negociaciones a detalle de la que será la nueva relación entre ambas partes.

No obstante, hasta ahora tales discusiones para la salida de Reino Unido de la UE, proceso conocido como Brexit, han sido muy opacas para la opinión pública.

En particular, aquellos encuentros que han sostenido los cabilderos del sector financiero con los negociadores de la UE.

“Mientras que los cabilderos del sector financiero han gozado de enorme acceso a funcionarios claves, las solicitudes de información relativas a sus discusiones han sido obstruidas tanto por el Reino Unido como la UE”, acusa en un informe Corporate Europe Observatory, una ONG independiente que monitorea la actividad del lobby en las instituciones de Bruselas.

“Lo anterior –prosigue la ONG europea– refleja en parte la secrecía con que se manejaron previas negociaciones comerciales, lo cual fue causa de fuerte preocupación pública. Increíblemente, las pláticas del Brexit son incluso menos transparentes que aquellas entre la UE y Estados Unidos para acordar la Asociación Trasantlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés)”.

El documento recuerda que el secretario británico de comercio internacional, Liam Fox, prometió en noviembre de 2017 que el público sería consultado en las negociaciones, ya que no quería repetir la experiencia con el acuerdo UE-Estados Unidos, “donde se trabajó mucho y resultó que al final la gente no lo aceptó”.

La Comisión Europea, como negociador con el gobierno de Londres, igualmente anunció desde el principio “un máximo de transparencia en todo el proceso de negociación”.

No obstante, los negociadores británicos y sus contrapartes de la UE han argumentado desde entonces que la secrecía es “necesaria” para asegurar un espacio de confidencialidad que les permita reflexionar y preparar sus posiciones.

Diez años después de la crisis financiera, que fue avivada por la falta de regulaciones robustas –señala el informe–, “cualquier debilitamiento de las reglas, o la creación de mecanismos que privilegien a las corporaciones, estaría muy alejado del interés público”.

Para la ONG, “es imperativo que las negociaciones entre la UE y Reino Unido sean transparentes, de modo tal que el público pueda ver quién está influenciando las pláticas y qué está siendo propuesto”.

La ofensiva del lobby financiero

La ONG señala que, desde que los electores británicos votaron en junio de 2016 por separarse de la UE, “los cabilderos de las grandes empresas han trabajado duro para asegurarse que cualquier relación comercial futura entre la UE y Reino Unido aporte los máximos beneficios y la mínima perturbación posible”.

El sector financiero –una de las áreas estratégicas de negociación– ha sido “el más activo de todos”, afirma la ONG con base en la información recabada.

“El sector financiero basado en Reino Unido –conocido simplemente como ‘la City de Londres’— fue fundamental en el desarrollo de las reglas de la UE en materia de mercados financieros. Ahora que su propio acceso a ese mercado está en peligro, han sacado las armas más grandes de las que dispone el cabildeo”.

Según el reporte de CEO, la “ofensiva del lobby financiero” no únicamente pretende promover sus intereses en Londres dentro de la próxima relación con la UE, sino también en los otros 27 Estados miembros.

Denuncia que tal campaña de cabildeo incluye el plan para instaurar “tribunales especiales” (Sistema de Solución de Controversias en Inversión) que permitirían a los bancos demandar a los gobiernos si éstos adoptan leyes que el sector financiero considera injustas, como por ejemplo la tasa sobre las transacciones financieras, contra la que “la City” ha cabildeado ferozmente en los últimos años.

Entre octubre de 2016 y junio de 2017, los funcionarios británicos a cargo del Brexit se reunieron en 56 ocasiones con cabilderos financieros, es decir, más veces que con las organizaciones de la sociedad civil durante toda la negociación.

El grupo de lobby TheCityUK sostuvo alrededor de 25 reuniones con altos funcionarios del Departamento para la salida de la UE (DExEU, por su abreviatura en inglés), así como del Ministerio del Tesoro, cuyo titular, Phillip Hammond, incluso charló oficialmente, en dos cenas privadas, con representantes de la firma estadunidense Goldman Sachs.

Pese a que los ministros y altos funcionarios británicos deben hacer público cada cuatro meses el registro de sus reuniones con representantes de intereses externos, “raramente proveen cualquier información útil, y muchas de sus juntas son descritas simplemente como ‘discusión sobre servicios financieros’”, explica el informe.

Del lado de la UE ha ocurrido lo mismo. Entre enero de 2017 y marzo pasado, personal de su Taskforce Brexit contabilizó 67 reuniones con cabilderos tanto de instituciones financieras implantadas en la UE como en Londres, además de organizaciones agrupando a ambas, como la mencionada TheCityUK y la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME, por sus siglas en inglés).

En su informe, la ONG se queja de que no hay manera de conocer el contenido concreto de las reuniones, ni saber cómo se tomaron las decisiones.

“Entorno confidencial”

De acuerdo con UnEarthed, la unidad de investigación de Greenpeace-UK, DExEU sólo respondió completamente a 17% de las solicitudes de información en 2017 (el peor índice dentro del gobierno británico); el Departamento de Comercio Internacional contestó a 21%.

La propia CEO mantuvo una infructuosa disputa de un año con DExEU, la cual comenzó en noviembre de 2017 cuando la ONG introdujo una solicitud de información sobre las reuniones de funcionarios de ese departamento gubernamental con cabilderos de 13 corporativos, entre ellos HSBC, Barclays, PWC y KPMG.

El DExEU contestó en una carta que consideraba la solicitud de CEO una “expedición de tanteo” de “información notable o útil”, y no veía la razón por la que tenía que ser molestada por ese motivo, ya que no era de interés para el público y requeriría demasiado trabajo.

La ONG se quejó formalmente, a lo que siguieron negociaciones con el DExEU para determinar qué tipo de solicitud sería aceptable en términos de carga de trabajo.

CEO pidió las minutas de 39 reuniones pero DExEU sólo aceptó revisar las de seis, todas ellas con grupos de cabildeo financiero.

Tres meses después, la respuesta fue un rechazo total. El DExEU argumentó que no existían minutas en cinco de los casos, y que no podía entregar las del único donde sí existían porque “podría establecer un precedente no deseado y poner en peligro el entorno confidencial necesario para el desarrollo óptimo de las políticas”.

La oficina del gobierno británico expuso que publicar la información solicitada podía “perjudicar la promoción o la protección de los intereses del Reino Unido en el contexto de las negociaciones de salida”.

Ante esta explicación, CEO se pregunta en su informe si el gobierno de Londres está considerando los intereses del sector financiero como parte del interés público.

Con esos mismos obstáculos se topó CEO cuando en junio de 2017 quiso saber sobre los encuentros entre los negociadores de la UE y el sector financiero. Resulta que la Taskforce Brexit entregó las listas con las reuniones, pero sin revelar de qué hablaron, y se negó a dar las minutas.

La Comisión Europea señaló que en tales reuniones sus representantes sólo habían estado en “modo de escucha” y tomando notas de la información compartida por las partes interesadas, incluyendo sus opiniones.

La ONG quiso conocer esas “opiniones” en una nueva solicitud de abril del mismo año. Los activistas se entusiasmaron cuando la Comisión les entregó 186 páginas… que en realidad estaban llenas de frases de cortesía del tipo “Gracias por adelantado” o “Espero escucharlo”.

“No había escrito ningún contenido real”, lamenta el informe.

CEO metió una queja y redujo el material que solicitaba. Pero no sirvió de nada.

“Un acuerdo negociado bajo las presentes condiciones –afirma el informe– ayudaría a ambas partes a ocultar la suerte de proposiciones controvertidas y quizá presentarlas solamente cuando ha sido alcanzado un acuerdo final.

“En ese momento, lo más probable es que cualquier renegociación esté fuera de cuestión, y eso pondrá incómodos a los políticos que se sienten a la mesa frente a un menú servido con una opción desagradable: o lo rechazan y causan una gran crisis política, o se lo tragan. Tal escenario es irrazonable y antidemocrático”, concluye el análisis de CEO.

*Este artículo fue publicado el 2 de diciembre de 2018 en la sección Prisma Internacional de la agencia de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.