BRUSELAS, Bélgica.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha emitido dos informes sobre la terrible situación que atraviesa Venezuela en esa materia: uno en agosto de 2017 y el otro en junio pasado.

Ambos informes tuvieron que ser realizados “a distancia” por un equipo de expertos, debido a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro les denegó su acceso al país.

Uno de los miembros de dicho equipo de investigación es el mexicano Carlos de la Torre, funcionario de la sección para el continente americano de la OACDH, con sede en Ginebra, Suiza.

De la Torre, además, ha sido el experto designado para denunciar, frente a los medios de comunicación e instituciones internacionales, la grave crisis de derechos humanos en Venezuela que registraron sus informes.

Cumpliendo con esa función, el pasado 6 de septiembre el mexicano participó en el Parlamento Europeo en una reunión con eurodiputados del Subcomité de derechos Humanos, con el objetivo de hablar sobre la situación venezolana. Su asistencia como orador tuvo lugar en el marco de la presentación de un estudio del mismo tema que elaboró el doctor Par Engstrom, investigador de la University College London.

Los informes que dirigió De la Torre sobre “violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela” (el título formal), sostienen acusaciones muy comprometedoras contra el régimen de Maduro.

El primer informe constató “la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

Concluyó que “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”.

De las 124 muertes relacionadas con las protestas, y que investigaba el Ministerio Público hasta el 31 de julio de 2017, 46 eran atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los grupos armados progubernamentales conocidos como “colectivos”. Sobre los otros 51 fallecimientos todavía no se había podido determinar la responsabilidad de los autores.

El segundo informe ofreció más detalles sobre la dimensión de la aguda represión madurista contra sus opositores, y fue en consecuencia más severo en su análisis.

El documento responsabiliza a las fuerzas del orden de las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas, y, como en el informe previo, de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017.

La fiscalía había iniciado 373 investigaciones de ejecuciones sumarias, pero no había información sobre ninguna, y de las 54 órdenes de detención cursadas contra agentes de seguridad por los asesinatos de manifestantes, sólo se tenía conocimiento de un juicio formal.

El informe reportó que al menos 12 mil 320 opositores al gobierno habían sido detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril último, y que 280 aún permanecían en prisión. Documentó igualmente 90 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y acusó al régimen de “ignorar” la dimensión de la grave crisis alimentaria que azota al país, donde, recuerda el documento, 87% de la población vive en la miseria.

Por lo anterior, el informe estima que “existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI)” en el caso de Venezuela.

Anteriormente, en febrero pasado, la fiscalía de esa corte, ubicada en La Haya, Holanda, anunció la apertura de un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela entre abril y julio de 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales.

Durante la presentación del segundo informe de la OACDH, el 22 de junio en Ginebra, De la Torre argumentó en una entrevista con la agencia española EFE que el organismo internacional había observado “una falta de voluntad de las autoridades (venezolanas) para investigar casos de violaciones” a los derechos humanos, por lo que la CPI –dijo-, “es un órgano que puede actuar si las víctimas no acceden a la justicia del propio país”.

Ante el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo –institución que ha emitido 8 resoluciones contra el gobierno venezolano desde 2014, la última de ellas el 25 de octubre último–, el experto mexicano actualizó el diagnóstico que hace la OACDH sobre ese país. Eso ocurrió dos semanas antes de que –a raíz del éxodo de miles de venezolanos– el expresidente de Guatemala, Eduardo Stein, fuera designado representante especial para Venezuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El funcionario mexicano de la OACDH expuso: “Desde que se publicó el último informe, en junio de este año, las condiciones de vida en Venezuela se han deteriorado. Los venezolanos sufren la falta de disponibilidad de comida de manera creciente, y la población no puede comprarla a precios de mercado. Los médicos y enfermeras están pidiendo mejores condiciones de trabajo y denuncian la falta de medicamentos y equipamiento”.

Prosiguió: “No se sabe cómo las nuevas medidas económicas del gobierno van a influir. La mayor parte de los analistas son escépticos: no creen que puedan bastar para abordar la hiperinflación que a finales de 2018 se espera que alcance un millón por ciento. Otros piensan incluso que estas reformas podrían agravar la crisis económica”.

Señaló que el número de protestas este año ha sido más alto en 2017, pero fueron más pequeñas y espontáneas.

Acusó: “El gobierno sigue apuntando selectivamente a líderes políticos de la oposición y también a los líderes sociales, activistas de derechos humanos y periodistas que han expresado disensiones. Ejemplos recientes son la detención y procesamiento del miembro de la Asamblea Nacional, Juan Riquesens, por su supuesta participación en el atentado contra el señor Maduro (el pasado 4 de agosto), y la detención del periodista Jesús Medina en una cárcel militar acusado de incitar al odio, entre otras cosas”.

De la Torre pidió a la Unión Europea (UE) que siga manteniendo sus canales de comunicación con el gobierno de Maduro, y tratando con países terceros para facilitar el diálogo político, pero también que continúe denunciando “claramente” las violaciones a los derechos humanos que cometen las autoridades venezolanas.

Mencionó que sin el apoyo de la UE y el trabajo de los activistas de organizaciones de la sociedad civil –“quienes actúan en un entorno peligroso y de crisis económica que también los afecta”-, no podrían seguir actuando en Venezuela los mecanismos internos y regionales de derechos humanos.

Refirió que la crisis política en Venezuela “está en parálisis” y afirmó que los dos retos son, por un lado, la falta de unidad y representatividad de la oposición; por otro, la falta de incentivos políticos para que el gobierno reestablezca las negociaciones con ésta.

“La oposición política –manifestó De la Torre a los eurodiputados— debe asumir su responsabilidad en esta crisis; pero también es cierto que el gobierno y las instituciones se han dirigido contra los líderes políticos y los partidos y han debilitado sus posiciones. La mediación de la UE requeriría neutralidad, pero al mismo tiempo tiene que seguir presionando para conseguir un diálogo en que ambas partes puedan actuar en condiciones justas”.

El funcionario de la ONU advirtió que habría que evitar sanciones económicas a Venezuela y mejor aplicar sanciones a individuos vinculados “explícitamente” con las violaciones a los derechos humanos. Así lo ha hecho el Consejo de la UE contra 18 funcionarios venezolanos.

Habló sobre la intervención de la CPI en Venezuela: “Para ese tribunal, la decisión de abrir una investigación supondría una herramienta disuasoria para los que puedan participar en el futuro en graves violaciones de derechos humanos. Una de las principales preocupaciones es que el gobierno (venezolano) no muestra ninguna disposición para hacer responsables a los violadores de derechos humanos que se mencionan. Las familias de las víctimas no tienen ninguna esperanza de obtener justicia a nivel nacional”.

Los dos informes de la OACDH fueron entregados a la CPI junto con una carta sellada en la que los Jefes de Estado de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá le piden que dé un paso adelante y abra una investigación formal por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas desde febrero de 2014.

El diálogo con el anterior alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein -un duro crítico del régimen madurista-, había llegado a un punto muerto. El presidente venezolano llegó a acusar a Al Hussein de ser “una pieza del Departamento de Estado de Estados Unidos, enquistado como tumor en el sistema de derechos humanos”.

Un día antes de la participación de De la Torre en el Parlamento Europeo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet juró como nueva Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras lo cual el discurso de Venezuela cambió.

A finales de septiembre, el presidente Maduro declaró que aceptaría el ingreso de investigadores de la OACDH a Venezuela, y que su gobierno cooperaría con la nueva alta comisionada. Eso sucedió, en gran parte, por la aprobación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una histórica resolución que pidió a Caracas aceptar la ayuda humanitaria, y a Bachelet presentar un “informe completo” sobre la situación en Venezuela en la sesión del Consejo que se llevará a cabo en junio de 2019.

La OACDH, por lo pronto, está a la expectativa. No por nada la sede de esa institución en Ginebra denegó a este columnista, en dos ocasiones, una entrevista con De la Torre: la primera porque estaba cercana la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y la segunda, porque Maduro había aceptado cooperar y se quería evitar cualquier “ruido” en la prensa que lo llegara a molestar.

*Este reportaje fue publicado el 6 de noviembre de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.