La Comisión Europea ha propuesto nuevas regulaciones para el cabildeo que consultores privados realizan entre sus funcionarios y entre eurodiputados. Intenta frenar los casos escandalosos de tráfico de influencias en los que las grandes empresas trasnacionales europeas y estadunidenses –como Shell, ExxonMobil, Total, Coca-Cola, Microsoft, Wal-Mart, Pfizer o Suez-influyen abiertamente para moldear leyes y medidas en función de sus intereses.

El caso de Rolf Linkohr, quien fue eurodiputado, es ilustrativo: durante los últimos dos años, este socialdemócrata alemán pudo ejercer como “consultor” de la industria energética y nuclear, mientras se desempeñaba como “consejero especial” del titular de energía de la Comisión Europea, Andris Piebalgs.

Su contrato con la institución finalizó en febrero pasado, luego de que su caso fue dado a conocer por los medios de comunicación.

Linkohr perteneció a la Comisión de Energía del Parlamento Europeo desde 1979. En 1994 fue nombrado presidente del European Energy Forum (EEF) formado por eurodiputados y directivos de poderosas compañías, como Shell, ExxonMobil, Total, British Petroleum, E.On, British Nuclear Fuels y Areva.

Durante su presidencia en EEF organizó 20 viajes a diversas plantas nucleares, para explicarles a los eurodiputados los beneficios de ese cuestionado tipo de energía.

Apenas dejó el escaño, a comienzos de 2005, Linkohr fundó su propia consultoría, el Centre for European Energy Strategy, con sede en Bruselas. Poco después aceptó el cargo con Piebalgs, pero continuó abogando por los intereses de sus clientes.

El 16 de enero de 2006, en un debate público en Estrasburgo, Linkohr llegó incluso a representar los intereses de Electricité de France (EDF) junto con dos empleados de la firma. Ahí destacó los aspectos positivos de la construcción, en la región francesa de Normandía, del reactor nuclear de última generación, el European Pressurized Reactor.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este corresponsal, Linkohr cabildeó a favor del “desarrollo de la energía nuclear” en Latinoamérica, así como de la liberalización de los mercados de petróleo y gas en México, Venezuela y Bolivia.

Las principales asociaciones de cabil deo son la European Public Affairs Consultancies Association (EPACA) –que representa a 34 trasnacionales del sector, como APCO, Hill and Knowlton, Gplus, Burson Marsteller o Weber Shandwick– y la Society of European Affairs Proffesionals (SEAP) –que agrupa a 200 cabilderos de corporativos, como ING, Toyota, Procter & Gamble, o de plataformas como la cementera Cembureau, a la que pertenece Cemex.

Ambas asociaciones se oponen categóricamente a las regulaciones propuestas por la Comisión Europea. Aunque están todavía a debate, éstas establecen que las empresas de cabildeo deben registrarse –aunque de manera voluntaria– en una base de datos, así como divulgar quiénes son sus clientes y cuánto dinero reciben de ellos. Estas regulaciones podrían entrar en vigor en marzo de 2008.

En entrevista telefónica con Proceso, Eric Wasselius, investigador de Corporate Europe Observatory (CEO), renombrado grupo holandés dedicado a monitorear la industria del lobby, asegura:

“El cabildeo debe manejarse de forma transparente en una sociedad democrática. Los ciudadanos deben conocer qué individuos, de cuáles compañías, cabildean con qué funcionarios, sobre qué temas y cuánto dinero hay detrás.

“Actualmente es muy difícil saber lo que pasa en Bruselas. Los hechos escandalosos se descubren muchas veces por accidente. El registro voluntario no es suficiente, pero es un paso en la buena dirección. El comisario europeo de Administración, Auditoría y Lucha Antifraude, Siim Kallas, ha advertido que si en un año este sistema no está funcionando, porque los implicados no se registran, se aplicará un sistema obligatorio como en Estados Unidos.”

Por lo pronto, una de las costumbres más cuestionadas acaba de ser condenada por el ombudsman europeo, Nikiforis Diamandouros, quien el pasado 19 de julio determinó que no deben protegerse las identidades de los cabilderos y sus empresas en ningún documento oficial.

Escándalos

Un reporte de la organización Seattle to Brussels dio a conocer que 70% de los cabilderos de Bruselas defiende directa o indirectamente los intereses de los corporativos, y sólo 10% representa a ONG, sindicatos o grupos defensores del medio ambiente y la salud pública.

El documento explica cómo el intrincado funcionamiento de la UE favorece al sector privado: “Sus cabilderos y directivos tienen acceso a grupos exclusivos, como las ‘mesas europeas de trabajo’ con los industriales, con los minoristas y con el sector financiero, en las que se sientan cara a cara con los comisarios y los ministros”.

Prosigue: “También participan en los mil 800 comités especializados de la Comisión Europea, donde aconsejan a los funcionarios que ahí elaboran los primeros borradores legislativos. De los 80 mil expertos que constituyen tales comités, la mitad corresponde a oficiales de gobierno y la otra a representantes de asociaciones privadas, la gran mayoría de empresas”.

Algo similar ocurre con los llamados “foros industriales” del Parlamento Europeo, la otra institución expuesta al cabildeo. Uno de estos polémicos foros es el Transatlantic Policy Network, integrado por 70 eurodiputados y 41 trasnacionales estadunidenses y europeas de la talla de Coca-Cola, Microsoft, Wal-Mart o Pfizer. Lo preside la socialdemócrata alemana Erika Mann, también presidenta de la delegación europarlamentaria para México.

Pero tales ventajas parecen insuficientes y los escándalos se suceden.

En marzo pasado, la prensa europea difundió que el acaudalado empresario belga Etienne Davignon fungía como “consejero especial” del comisario de Desarrollo, el también belga Louis Michel. Su misión era aconsejar sobre “el papel de las inversiones privadas en el desarrollo económico de África subsahariana”.

Resulta que Davignon es vicepresidente y accionista de Suez, la poderosísima empresa eléctrica y de distribución de agua, cuyos planes comerciales apuntan a esa región del mundo.

Otro evidente caso de conflicto de intereses estalló en noviembre de 2006: David Earnshaw, un antiguo cabildero del organismo de comercio justo Oxfam, fue contratado para asesorar como “experto independiente” al Comité de Salud Pública del Parlamento Europeo. Elaboró un informe, por el que recibió 4 mil euros, en el que atacó la prohibición de la UE sobre ciertos medicamentos de terapia avanzada.

El problema consistió en que Earnshaw es director de la agencia Burson Marsteller, entre cuyos clientes se encuentran las farmacéuticas Novartis, Pfizer y GlaxoSmithKline. En el pasado, Earnshaw trabajó como jefe de Asuntos Políticos de esta última empresa.

El 19 de octubre de 2006 se presentó a los medios de comunicación de Bruselas la campaña Cancer United, supuestamente producto del esfuerzo de una coalición de médicos, enfermeras y pacientes deseosos de impulsar un mayor acceso a los tratamientos contra el cáncer. Esta campaña exigía que se elevara el gasto público para la compra de medicinas para combatir ese mal.

Una investigación del diario británico The Guardian reveló que, en realidad, el proyecto lo financiaba la compañía suiza Roche, la mayor productora de fármacos contra el cáncer, que había contratado a su vez a la consultoría Weber Shandwick. La campaña fracasó.

“Independencia”

Los centros de estudios o think tanks tampoco escapan a los tentáculos del lobby y sus prácticas poco transparentes. La mayoría no comunica su presupuesto y hasta guarda en secreto el origen de sus recursos, destaca la referida organización holandesa CEO, en un reporte en el que evalúa a 20 de estos organismos.

“Los centros de estudios establecen la agenda política de la UE e influyen en el contenido del debate político. Su influencia y autoridad es clara, considerando la amplia cobertura que reciben de los medios europeos y su creciente presencia en Bruselas”, consigna el documento.

Y advierte: “Hay evidencias de que en la UE muchos think tanks especializados son fuertemente financiados por corporativos, y eso levanta serias preocupaciones sobre el interés de su agenda y su independencia”.

La petrolera ExxonMobil, una de las más férreas opositoras al Tratado de Kyoto y a cualquier medida contra el cambio climático, distribuyó casi 3 millones de dólares entre 39 de dichos centros. En Europa giró 50 mil dólares en fondos al Centre for the New Europe, y 130 mil dólares al International Policy Network. También otorgó donaciones a The Lisbon Council y al Stockholm Network, y pagó cuotas de entre 5 mil 500 y 30 mil euros anuales al European Policy Centre, al Center for European Policy Studies y a Friends of Europe.

Ese apoyo económico del gigante petrolero –que este año ganó el premio “al cabildeo menos ético”, que entregan CEO y otras ONG–, como el de otros corporativos, “ha sostenido la expansión” de numerosos think tanks europeos que pregonan el neoliberalismo más radical: acabar con los sistemas de protección social, privatizar la salud pública o reducir al mínimo los impuestos.

El Centre for the New Europe fue en 1993 el primero en su tipo en abrir una oficina en Bruselas, detalla el reporte de CEO. Lo secundaron el European Enterprise Institute, el Institute Economique Molinari, el Institut Thomas More, y los afiliados europeos de establecimientos estadunidenses: el International Council for Capital Formation y el Tech Central Station Europe.

“Pero se vino una marejada en toda Europa cuando estos organismos decidieron establecer una clara estrategia para influir en los debates sobre la UE”, subraya el documento. “Eso pasó con el International Policy Network (IPN), con base en Londres, y el Institut Montaigne, asentado en París”.
En un reciente taller para think tanks organizado en Bruselas por el Stockholm Network, Gray Conchar, del IPN, “animó” a los asistentes a “ir por el dinero de los corporativos”, dada la dificultad que existe en Europa para conseguir donaciones personales, consigna el reporte de CEO.

Y agrega: “El IPN, conocido por su agresiva campaña contra el protocolo de Kyoto, acostumbra invitar a desayunar a grupos de 20 potenciales donadores, principalmente del mundo corporativo. También es financiado desde Estados Unidos, por lo que recomendó seguir el ejemplo de su organización y establecer una filial estadunidense con registro de organismo caritativo, lo cual otorga deducciones fiscales”.

En ese mismo evento se invitó a los think tanks para que acudieran al patronato del Atlas Economic Research Foundation, con base en Virginia, Estados Unidos.

El objetivo de dicho organismo es “exportar el pensamiento del libre mercado en todo el planeta”, para lo cual concede financiamiento, ofrece talleres, entrega premios y otorga asesoría técnica, con lo que ha constituido una red de 250 think tanks aliados en 70 naciones.

Entre sus patrocinadores están Exxon-Mobil, la tabacalera Phillip Morris y la fundación de John Templeton, quien amasó su fortuna con fondos de inversión.