BRUSELAS (apro).- El pasado 15 de marzo, el navío Open Arms de la organización española ProActiva respondió a un mensaje para acudir al rescate de inmigrantes en aguas internacionales del Mar Mediterráneo, a 135 kilómetros náuticos de las costas libias.

A ese llamado siguió otro del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma (MRCC Roma-ITMRCC) que asumió el control de la operación.

Marc Reig, el capitán de la embarcación, narra que posteriormente recibieron una comunicación informándoles que la gestión del rescate pasaría a manos de la Guardia Costera Libia, pero que en ese momento no había ningún barco a la vista.

La organización encontró un bote de caucho “en situación de extrema peligrosidad”: se estaba llenando de agua y algunas personas habían caído al mar.

“Intervenimos para socorrer a los náufragos”, explicó Reig, añadiendo que “tras una comunicación con el ITMRCC (las autoridades italianas), procedimos a embarcarles en el Open Arms”.

Con los náufragos a bordo, la tripulación tuvo que gestionar una segunda operación de rescate siempre en coordinación con ITMRCC. En total, el Open Arms rescató a 216 inmigrantes.

Fue entonces, una hora después, que una patrulla libia los alcanzó y los intimidó, amenazándolos con disparar sus armas. Les ordenó que les entregaran a las mujeres y a los niños que estaban a bordo de las lanchas de rescate.

No lo hicieron. “Estábamos en aguas internacionales y, por lo tanto, entregarlos habría supuesto una ‘devolución colectiva en caliente’ a un Estado no firmante de la Convención de Ginebra. Teníamos gente vulnerable a bordo y requeríamos una evacuación médica en el puerto más cercano”, relata Reig.

El Open Arms se dirigió a Malta, que los autorizó a transferir a una niña de tres meses “en peligro” y a su madre. Luego de tres horas de espera en aguas territoriales maltesas, las autoridades italianas indicaron que la nave podía dirigirse al “puerto seguro” de Pozzallo, en Sicilia.

Para su sorpresa, tres días más tarde el Open Arms quedó retenido en Pozzallo por orden de la fiscalía de Catania, debido a “la frágil situación de los migrantes a bordo”, y acusó a tres de sus líderes de “conspiración criminal para promover la inmigración ilegal”, delito que conlleva una pena de entre cuatro y 12 años de prisión.

El cofundador de ProActiva, Oscar Camps, expresó su enojo en una conferencia de prensa en Barcelona. Acusó que, “al parecer, la solidaridad se ha convertido hoy en un crimen”.

Lo que se está haciendo, dijo, “es bloquear la intervención de las organizaciones humanitarias en mar. Hay cada vez menos y menos organizaciones no gubernamentales haciendo este trabajo y el objetivo es que no quede ninguna”.

Desde que comenzó sus operaciones de búsqueda y rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, a principios de 2017, el Open Arms ha salvado a más de cinco mil personas.

Sin embargo, ONG como Migreurop, EuroMed Rights y la Federación Internacional de los Derechos Humanos acusan que, desde finales de 2016, Italia –apoyada por la Unión Europea (UE)–, adoptó una doble estrategia para frenar la migración de la ruta centro-mediterránea: “criminalizar el rescate por parte de ciudadanos europeos, y transformar a Libia, una vez más, en el policía de Europa”.

Esas dos dimensiones, señalaron el 20 de marzo pasado, “se pronunciaron durante el verano de 2017 con la imposición de un ‘código de conducta’ sobre las ONG y el secuestro de los navíos de las organizaciones recalcitrantes que no quisieron firmar dicho código”.

Al mismo tiempo, agregaron, barcos militares italianos fueron desplazados a aguas territoriales de Libia, que unilateralmente declaró su propia Área de Búsqueda y Rescate, prohibiendo el acceso a las embarcaciones extranjeras no autorizadas, particularmente aquellas de las ONG.

El acuerdo secreto de Roma

En abril de 2017, el gobierno de Roma llegó a un controvertido acuerdo secreto con líderes tribales libios –principalmente con los tuaregs, que controlan la frontera con Argelia, y los toubou, que controlan a su vez aquellas con Chad y Sudán– para detener la migración que entra por el sur de ese país.

“Si las ONG de rescate en el mar son tan problemáticas –manifiesta Migreurop y las otras dos ONG arriba mencionadas– es porque representan el último bloqueo que impide a la Guardia Costera libia interceptar a los migrantes con absoluta impunidad, y porque atestiguan el destino de aquellos que escapan del infierno de Libia”.

Las ONG añaden que “al financiar, equipar y coordinar las actividades de los guardacostas libios para devolver a las personas interceptadas a sufrir abusos que algunos líderes europeos, llenos de hipocresía, describen como ‘crímenes contra la humanidad’, éstos se convierten en cómplices”.

A partir de las polémicas alianzas que estableció Italia con las milicias libias y el frágil Gobierno de Acuerdo Nacional –con base en Trípoli, que goza de reconocimiento sólo en el oeste del país y que está auspiciado por la ONU desde 2015 en el contexto de la segunda guerra civil–, el desembarco de migrantes cayó 60% en relación con el verano pasado.

Aun así, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del año al menos 358 migrantes han muerto o han desaparecido cerca de las costas libias y seis mil 100 han logrado llegar; es decir que ha habido un fallecimiento por cada 17 llegadas, lo que representa una tasa más alta que la de 2017, que fue de un muerto por cada 33 migrantes que atracaron en suelo italiano por esa ruta.

El año pasado todavía patrullaban una docena de barcos de ONG que realizaban operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo. Casi la mitad de los rescates (46%) fueron llevados a cabo por tales embarcaciones, según las autoridades costeras italianas.

Actualmente, sólo navegaba el Open Arms y el Aquarius de SOS Méditerranée, operado por la organización gala Médicos Sin Fronteras.

Esa ONG precisa que las medidas contra ProActiva “son muy preocupantes para las actividades de salvamento en mar, y tendrán como una única consecuencia la multiplicación de los muertos en esa zona”.

“En los últimos meses –subraya un comunicado de esa asociación fechado el 21 de marzo–, el Aquarius ha presenciado cada vez más la intercepción de embarcaciones en peligro por parte de los guardacostas libios en aguas internacionales. Los sobrevivientes que ha rescatado el Aquarius han testificado en varias ocasiones que tales intercepciones han aumentado el riesgo de hundimiento y ahogamiento. Además, separan a las familias y llevan a los náufragos al ‘infierno libio’ del que intentaban escapar”.

El gobierno italiano se ha mostrado indiferente ante el drama.

Angelino Alfano, ministro de Exteriores del gobierno saliente, declaró en abril de 2017 que él apoyaba “al 100%” las declaraciones del fiscal siciliano Carmelo Zuccaro, quien consideró en una entrevista con el diario La Stampa que algunos grupos de ayuda a los migrantes podrían estar financiados por los traficantes y buscando “desestabilizar la economía italiana”.

El primer ministro Paolo Gentiloni, junto con otros miembros de su gabinete, como su ministro de Justicia, Andrea Orlando, o el del Interior, Marco Minniti, rehuyeron a los dichos del fiscal, pero aun así han apoyado disposiciones contra el rescate de migrantes en mar.

Y con la victoria de la derecha populista en las pasadas elecciones italianas sólo hay que esperar el empeoramiento de la situación. La Liga Norte, por ejemplo, no tardó en felicitar al fiscal Zuccaro por sus comentarios, y el Movimiento Cinco Estrellas ha acusado a las ONG humanitarias de ofrecerse como “taxis” a los refugiados que rescatan en el Mediterráneo.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 26 de marzo de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original➔