BRUSELAS (apro).- Alrededor de las cuatro de la tarde del pasado viernes 9, hombres vestidos de civil y con brazaletes irrumpieron junto con una veintena de policías federales en los locales del centro cultural Globe Aroma, donde algunas horas después se inauguraría una exposición de artistas indocumentados patrocinada por la alcaldía de Bruselas.

A esa hora había mucha gente tomando cursos, trabajando tranquilamente en sus computadoras o preparando los últimos detalles de la exposición.

Dos funcionarios del ministerio de Finanzas acompañaron a las responsables del lugar a sus oficinas para realizar un control administrativo.

Pero para gran sorpresa de los presentes, los policías federales les comenzaron a exigir a todos que mostraran sus documentos de identidad para probar que su estancia en Bélgica era legal.

“¡Las manos a la cabeza!”, ordenaron los gendarmes a unos mientras a otros les exigían entregar sus celulares, les cerraban bruscamente sus laptops y obligaban a parar el ensayo de un músico iraní.

Todo ocurrió muy rápido y en un ambiente de alta tensión. Quienes no pudieron acreditar un estatus legal fueron inmovilizados con toletes que los policías apretaban en sus cuellos o fueron de inmediato esposados y metidos a furgonetas.

Los afectados expresaron su enojo contra la redada y la fuerza desproporcionada desplegada en el operativo. En un momento dado, la directora del centro, Els Rochette, encaró a un policía federal en civil, quien la empujó violentamente haciéndola caer.

Siete indocumentados, en su mayoría artistas, fueron llevados a la comisaria: cuatro fueron liberados con orden de abandonar el territorio belga y dos más –Mounir Tahri, líder sindical marroquí que lleva trabajando en Bélgica 12 años, y Jiyed Cheikhe, artista mauritano que tenía que exponer ese día– trasladados a un centro cerrado para ser expulsados, el conocido como 127bis.

“El arresto de esas personas se anticipó: no te haces acompañar de policías cuando vas a realizar la inspección administrativa de una organización sin ánimos de lucro”, señala a Apro el fotoperiodista François Dvorak, quien sigue el caso y ofrece alojamiento a indocumentados a través de la Plataforma ciudadana de apoyo a los refugiados.

La redada fue la gota que derramó el vaso. No sólo se llevó a cabo con lujo de autoritarismo y en el corazón de la ciudad que aloja las instituciones de la Unión Europea (UE), sino que además la policía “invadió” uno de los lugares “santuario” que con subvenciones de los gobiernos regionales trabajan en proyectos artísticos, sociales o deportivos para integrar a los demandantes de asilo y nuevos inmigrantes, con o sin papeles, a la sociedad belga.

El operativo contra Globe Aroma desató el enojo del mundo de la cultura sin excepción, que protestó con cartas públicas contra la actuación del gobierno federal, calificada como una “intimidación política pura” digna de “un Estado policiaco” que pretende convertir a las asociaciones culturales en “trampas” antirefugiados.

En un comunicado a la opinión pública, Globe Aroma se pregunta: “¿Qué seguirá? Estos últimos años, varios proyectos se han concentrado específicamente sobre los inmigrantes recién llegados y los refugiados. ¿Esos proyectos figuran ahora en una lista negra? ¿Se puede esperar que pronto desembarque la policía bajo la cobertura de una verificación especial de la legislación sobre organizaciones sin ánimos de lucro?”.

Cacería de inmigrantes

El gobierno federal de Bélgica está conformado desde octubre de 2014 por una coalición de partidos de derecha. Parece broma, pero la cartera de asilo e inmigración quedó en manos de Theo Francken, militante del partido separatista y conservador Nueva Alianza Flamenca (NVA, por sus siglas en neerlandés) y simpatizante de la extrema derecha histórica de este país.

En su anterior cargo en el Parlamentario federal, entre 2010 y 2014, Francken se destacó por haber propuesto una ley para restringir la reunificación familiar y el derecho al trabajo de los inmigrantes, y provocó un escándalo cuando en un foro de Facebook afirmó que las diásporas de Marruecos, Congo o Argelia aportaban “menos” a los países de acogida que la judía, china o india.

Como secretario de Estado ha generado conflictos, sobre todo en los últimos meses, por su dura política antiinmigración, con la que el gobierno en su conjunto ha cerrado filas.

“Es una política que choca con el Estado de derecho, ya que viola la Convención Europea de Derechos Humanos o el debido proceso de los inmigrantes a una justicia igualitaria, ya que es muy difícil que puedan apelar una decisión en su contra de la Oficina de Extranjería por falta de tiempo o disponer de un abogado que los defienda porque una reforma reciente recortó sus salarios”, comenta Mikael Franssens, responsable de políticas migratorias de Coordinación e Iniciativas para los Refugiados y los Extranjeros (CIRE por sus siglas en francés), una plataforma que agrupa a 24 organizaciones como la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Médicos del mundo o Cáritas Internacional.

En entrevista con Apro, Franssens afirma que la actual política migratoria belga es “la más represiva” que ha observado en los 12 años que lleva trabajando en el sector. “Lo peor es que este gobierno, y sobre todo la figura de Francken, se muestra orgulloso de ejercer tales políticas; no causa vergüenza como en gobiernos anteriores”.

En septiembre pasado, el gobierno belga se lanzó en una cacería masiva contra los inmigrantes que se han instalado en el Parque Maximilien de Bruselas, y cuyo número ha crecido desde que en octubre de 2016 las autoridades de la vecina Francia desmantelaron el campamento de refugiados de Calais.

Francken escribió un tuit donde afirmó que hacía falta “limpiar” la zona.

Ordenados por el ministerio del Interior, que encabeza otro militante de la NVA, Jan Jambon, tales operativos policiacos –durante los cuales los inmigrantes son regularmente víctimas de violencia– son completamente ilegales puesto que se establecen de antemano cuotas de detenciones que están prohibidas por la ley belga, además de constituir una clara violación de la dignidad humana y la libertad de circulación.

Esa política del gobierno federal ha encontrado tal rechazo de la sociedad belga que incluso dentro de la policía han surgido informadores anónimos que alertan a los colectivos de apoyo a los sin papeles de las redadas programadas.

Tal fue el caso de una redada masiva planeada para el jueves 21 de septiembre a las 7 de la mañana en el parque Maximilien. La cuota de arrestos: 250 inmigrantes.

Fue el presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, Alexis Deswaef, quien recibió esa vez el mensaje de texto en su teléfono celular. Anteriormente, Deswaef había levantado una demanda a nombre de su asociación, y junto con la ONG Defensa de los Niñas y Niños Internacional, contra una serie de redadas policiacas consecutivas en el parque Maximilien y sus alrededores.

“Las redadas policiacas efectuadas estos últimos días son un deshonor para los poderes públicos”, señaló el activista en un desplegado público. “Es indigno que la capital de Europa sea incapaz de acoger algunos cientos de migrantes, la mayor parte proveniente de Eritrea, Sudán e Irak, países cuya tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado es muy elevada”.

Pero en lugar de revisar su política, el ministro del Interior abrió una investigación sobre las filtraciones de la policía, que consideró “inaceptables”, y amenazó con sancionar a los culpables.

Aun así, los departamentos de policía de Bruselas centro y del norte expresaron públicamente que no participarán en ninguna de esas redadas.

Cadena humana

En diciembre pasado el gobierno belga se lanzó en otra polémica decisión: pedir apoyo al gobierno de Sudán para identificar y expulsar del territorio a los migrantes del parque Maximilien originarios de ese país, que quieren llegar a Gran Bretaña y se rehúsan a pedir asilo político en Bélgica.

La invitación fue duramente criticada porque, al hacerlo, Bélgica infringía las leyes internacionales, pues casi con seguridad los sudaneses reenviados a esa nación gobernada por el dictador Omar el-Béchir –quien es acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio– serían detenidos y torturados.

Y fue lo que sucedió, según testimonios de los seis afectados que recogió el Instituto Tahrir para la política en Medio Oriente, una organización que defiende los principios democráticos en aquella región y cuya sede está en Washington.

La indignación creció más cuando se supo a través de la prensa local que el propio Francken había recibido una nota confidencial del comisariado general para los refugiados y los apátridas, un organismo federal independiente, en la que fue prevenido de que la mayoría de los inmigrantes sudaneses corría riesgo de persecución en su país y ameritaba la protección del gobierno belga.

Aunque las expulsiones de sudaneses fueron temporalmente suspendidas y Francken salió muy mal parado de ese episodio –si bien no dimitió como se lo exigió la oposición–, el ministro del Interior Jambon insiste en que Bélgica debe “poner un dique al flujo migratorio” y anunció el 17 de enero último que continuarán las detenciones en la zona del parque Maximilien o de lo contrario llegarán más refugiados al país.

Lo único que logró con esa nueva advertencia fue que 48 horas después 3 mil personas formaran una cadena humana alrededor del parque Maximilien para demostrar su respaldo a éstos.

El alcalde de la comuna de Schaerbeek, donde se ubica el parque, advirtió igualmente que no movilizará a su policía para las detenciones, a lo que el ministro respondió que los inmigrantes se están reguardando del frío en la colindante Estación del Norte, y que ahí dentro no rige su autoridad sino la federal, por lo que será esa policía la que actuará.

Mientras los operativos acechan a los inmigrantes del parque Maximilien, los legisladores analizan un proyecto de ley propuesto por Francken que permitiría a la policía entrar a la fuerza a un domicilio privado, incluso de una tercera persona, para detener a alguien sin papeles que haya sido expulsado del país y se oponga. Sus críticos señalan que está dirigida contra la población que está dando alojamiento a cientos de indocumentados.

La barra de abogados advierte que ese proyecto es anticonstitucional porque desconoce el principio de la inviolabilidad del domicilio, y también contraviene la Convención Europea de los Derechos Humanos que consagra el respeto a la vida privada. Incluso señala que el proyecto de ley sobre “visitas domiciliarias” no es otra cosa que el permiso de cometer “allanamientos de morada”.

Pero una vez más Francken defiende su cruzada anti-inmigrante y asevera que “la inviolabilidad del domicilio no es un derecho absoluto”, y que su proyecto “permite avanzar en una política de asilo firme y humana” y es necesario para conseguir “una política de retorno de indocumentados eficaz”.

Y una vez más la respuesta ha sido la resistencia: tres comunas o demarcaciones territoriales de Bruselas y de otras ciudades han adoptado mociones contra tal proyecto y, en el caso de una de ellas, la de Ixelles, se votará este 22 de febrero una más que la convertirá en una “comuna hospitalaria” para los refugiados.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 20 de febrero de 2018 en el portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original➔