BRUSELAS (apro).- A pesar de que la Comisión Europea propuso activar un procedimiento de sanción contra Polonia por implementar reformas que ponen en riesgo el Estado de derecho y la democracia, el gobierno ultraconservador de ese país y su partido, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), prosiguen con sus provocaciones y ahora intentan hacer prácticamente imposible el derecho al aborto en esa nación, lo que generó protestas masivas el miércoles 17 en Varsovia y otras ciudades polacas.

El 10 de enero pasado, el Parlamento polaco, dominado por el PiS, sometió a debate una propuesta ciudadana presentada por grupos radicales católicos liderados por la organización Stop Abortion, la cual pretende criminalizar el actual derecho que tienen las mujeres para interrumpir el embarazo si el feto presenta daños, casos que suman 96% de los mil abortos legales que se realizaron en 2016 en el país.

Teniendo ya una de las leyes más restrictivas de Europa en la materia –que data de 1993 y que sólo permite el aborto si el embarazo pone en peligro la vida de la madre, en caso de incesto o violación, y si el feto está severamente dañado–, la aprobación de tal propuesta de ley significaría una prohibición casi total del aborto, con lo que sólo el Vaticano y Malta tendrían en el continente una legislación tan dura como la de Polonia, donde cada año se llevan a cabo hasta 150 mil abortos ilegales de acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales.

Desde que gobierna, Ley y Justicia cortó el financiamiento a los tratamientos de fertilización in vitro y obstaculizó el acceso al método de contracepción de emergencia o la llamada píldora del día después.

Por otro lado, el recién designado ministro de salud, Lukasz Szumowski, es uno de los cuatro mil médicos que firmaron una “declaración de conciencia” para de ninguna manera participar en un aborto, eutanasia, contracepción, inseminación artificial o fertilización in vitro, ya que, a su parecer, tales actos “violan los mandamientos del creador”.

No es de extrañar que el presidente polaco, que milita en el PiS y es un hombre muy cercano a la iglesia católica, Andrzej Duda, haya confesado en noviembre pasado que, de ser adoptada dicha propuesta, él la firmaría de inmediato para evitar así “el asesinato de niños con Síndrome de Down”.

“Es un día negro para las mujeres polacas”, señaló al periódico británico The Guardian Krystyna Kacpura, directora ejecutiva de la Federación para las Mujeres y la Planificación Familiar, y más aún porque esa misma fecha el Parlamento nacional tomó la decisión de desechar una propuesta también ciudadana que permitía el aborto hasta el tercer mes de embarazo por motivos sociales o psicológicos, así como el acceso a la píldora del día siguiente sin necesitar prescripción médica.

El peso de la iglesia católica y del activismo anti-aborto es tal entre la clase gobernante y la comunidad médica de ese país europeo que, de acuerdo con la mencionada organización, únicamente 10% de los centros de salud que hay en Polonia (es decir sólo 47 establecimientos) se atreven a practicar interrupciones legales de embarazos.

No es la primera ocasión que las fuerzas gubernamentales favorecen y alientan una cruzada religiosa como la de los antiabortistas. En 2016, otra propuesta ciudadana todavía más radical, que abogaba además por sancionar con cinco años de prisión a los doctores que participaran en cualquier aborto, quizás hubiera sido aprobada por el Parlamento sin la protesta masiva en las calles de miles y miles de mujeres en una marcha que se conoció como el “Lunes Negro”.

A pesar de que la entonces primera ministra Beata Szydlo, su ministro de Justicia y los parlamentarios del PiS apoyaron a título personal esa iniciativa de ley, fue tal la indignación social que tanto el gobierno como la Iglesia católica se desmarcaron de la propuesta y finalmente no fue adoptada, aunque el hombre que mueve los hilos del poder oficial, Jaroslaw Kaczynski, el líder del PiS, advirtió que continuaría buscando cumplir un objetivo: garantizar que toda mujer que viva en Polonia, “incluso en embarazos que son muy difíciles, con un niño que muere de forma segura y muy deformado, termine dando a luz para que el niño pueda ser bautizado, sepultado y tener un nombre”.

Cambios falsos

Las fuertes tensiones que existen entre el gobierno polaco y las instituciones de la Unión Europea (UE) desde hace dos años –a causa principalmente de las reformas para controlar el poder judicial, pero también por su negativa a acoger inmigrantes– parecían haber aflojado a principios de diciembre pasado, cuando la primera ministra Beata Szydlo fue reemplazada en el cargo por el ministro de Finanzas, Mateusz Morawiecki, un político más moderado que ella.

Otro movimiento significativo de parte de Varsovia fue el cambio, el pasado 10 enero, de siete ministros del gobierno anterior, incluyendo el de Defensa, Antoni Macierewics, y el de Relaciones Exteriores, Witold Wasczykovsky, cuyos discursos beligerantes contra Bruselas habían terminado por reducir el margen para cualquier negociación.

Sin embargo, varios funcionarios de Bruselas expresaron en los medios europeos su escepticismo ante lo que consideraron un mero cambio de imagen, en todo caso derivado del reciente proceso sancionador que enfrenta Polonia y no de un genuino intento de apaciguamiento.

Y es que en una decisión sin precedente y después de varias advertencias, el pasado 20 de diciembre la Comisión Europea –la institución que vigila que los Estados socios cumplan las leyes comunes–, propuso activar en contra de Polonia el artículo 7, párrafo 1 del Tratado de la UE, debido a las reformas de corte autoritario que viene realizando el gobierno de Varsovia contra la independencia del poder judicial del país y que justifica en la necesidad de eliminar los rastros de la era comunista.

Considerada una “bomba atómica” política, tal medida tiene como finalidad “proteger el Estado de derecho en Europa”, y en teoría puede llevar a Polonia a perder su derecho de voto en la UE, pero únicamente si así lo deciden por unanimidad los Estados miembros.

Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, país que experimenta un alejamiento democrático parecido al polaco, ya advirtió que vetará lo que juzga como un “ataque” contra sus vecinos y aliados.

“En dos años –argumenta la Comisión Europea en su decisión– las autoridades polacas han adoptado más de 13 actos legislativos con incidencias sobre la estructura del sistema judicial polaco en su conjunto, con efectos sobre el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, las jurisdicciones de derechos común, el Consejo Nacional de la Judicatura, el ministerio público y la Escuela Nacional de la Judicatura”. Acusa que “esos actos tienen por característica común permitir sistemáticamente al poder ejecutivo y al legislativo interferir políticamente en la composición, competencias, gestión y funcionamiento del poder judicial” polaco.

Katarzyna Morton es la coordinadora internacional del Comité por la Defensa de la Democracia (KOD, por sus siglas en polaco), una organización sin vínculo con partidos políticos que fue fundada tras la victoria del PiS en las elecciones de 2015 y su rotunda negativa a reconocer a tres jueces sólo porque fueron electos por la legislatura anterior que no dominaba el PiS.

El KOD ha sido una de las principales organizaciones de la sociedad civil que ha coordinado las movilizaciones masivas en Varsovia, otras ciudades polacas e incluso en el extranjero donde cuenta con células, como Berlín, París, Londres o Bruselas, ciudad en la que establecieron una oficina permanente de representación internacional.

Morton señala a Apro: “las reformas del gobierno tienen como propósito volver a los jueces dependientes de los políticos. Esto, en la práctica, significa el fin de la independencia judicial. El partido de gobierno clama que esto era necesario para conducir mayores reformas. Pero los ciudadanos lo consideran un asalto a sus libertades”.

La activista asegura que su país “atraviesa una situación crítica”, por lo que estima que “es el momento necesario” para que la UE imponga sanciones, si bien reconoce que “es muy peligroso hacerlo”, ya que “puede empujar a Polonia fuera de la UE o alimentar su espíritu de venganza”.

“Pero queremos –dice– que se reconstituya la separación de poderes, que el judicial sea lo suficientemente independiente del ejecutivo y el legislativo”.

Guerra de discursos

La sociedad polaca está inmersa en un “enfrentamiento entre dos narrativas”, señala Katarzyna Morton. La de un sector de la población que ella define como “progresista” y que defiende los valores democráticos y la pertenencia armoniosa del país a la UE, contra la de otro segmento extremadamente conservador y autoritario que destila una retórica nacionalista y xenófoba y que está confrontado con Bruselas.

“Ese choque se siente directamente en las calles. A cada protesta hay una contramanifestación, las que muchas veces anima el gobierno manipulando fechas importantes y utilizando un discurso de vencer a un enemigo común, a los extranjeros. Incluso eso ha alentado manifestaciones de fascistas. El ambiente está muy polarizado”, comenta Morton, en referencia a la marcha de 60 mil neonazis el 13 de noviembre pasado en conmemoración del día de la independencia nacional.

Como otros líderes que gobiernan países de Europa Central y que se oponen a recibir migrantes musulmanes –República Checa, Hungría y Eslovaquia–, el primer ministro polaco sigue la línea dura de su antecesora y la del presidente de su partido, el citado Jaroslaw Kaczynski, quien ha dicho que hay que evitar la “islamización de Europa”, orquestada por la UE y en particular por Francia y Alemania, que con otros Estados socios han amenazado con forzarlos a aceptar refugiados con un voto mayoritario del Consejo Europeo si no hay un acuerdo positivo para junio entrante.

Sin embargo, el recurso más poderoso de la UE es económico: Polonia es el país que más fondos estructurales recibe del periodo 2014-2020 y el quinto con más subsidios agrícolas, además de los fondos de cohesión, lo que en total representa más de 100 mil millones de euros –equivalente al 2.7% de su producto interno bruto anual y al 54% de su inversión pública–, de los cuales casi 80% está pendiente de pago.

En un mensaje con doble sentido, Juncker ha dicho que prefiere dialogar que lanzar “amenazas salvajes” a Polonia, pero tanto la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron y otros jefes de Estado, así como las autoridades de las instituciones comunitarias, le han recordado al gobierno de Varsovia que el país no puede ser el gran beneficiario del presupuesto de la UE y al mismo tiempo violar sus principios fundamentales.

En una entrevista el 11 de enero pasado con el semanario Tygodnik Powszechny, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, opinó que, si la UE dejaba de proveer de fondos a Polonia, él podía “imaginar” su salida mediante un referéndum tipo Brexit.

“Para el PiS, el beneficio de estar en la UE se reduce a la balanza de pagos, con un completo desprecio por otros beneficios como el mercado común, el orden legal o la seguridad garantizada”, comentó el político polaco.

Y concluyó: “En Bruselas hay un amplio remanente de esperanza de que Polonia permanezca en la UE; no hablo de confianza, esa desafortunadamente ya desapareció”.

*Este reportaje fue publicado el 30 de enero de 2018 en la sección Prisma Internacional del portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer la nota original➔