BRUSELAS (apro).- Mediante un recurso que no es usual, es decir a través de una carta fechada el 22 de octubre de 2015, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya rechazó abrir un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en Baja California entre 2006 y 2012, durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Por primera vez se conoce públicamente que de manera oficial la fiscalía de la CPI se ha negado a avanzar en una solicitud para que intervenga en México. Pero, sobre todo, la importancia del hecho radica en que el argumento que usó esta ocasión el organismo internacional para desechar esa posibilidad puede aplicarse a otras solicitudes.

La Corte afirma que las graves violaciones a los derechos humanos que desde 2006 cometen las fuerzas de seguridad en México, en el marco de la guerra contra el tráfico de drogas, no pueden ser jurídicamente consideradas como crímenes de guerra ni de lesa humanidad, por lo que la CPI no cuenta con competencias para intervenir.

La carta, de dos páginas y número de referencia OTP-CR-325/12 –a la que tuvo acceso este columnista–, señala en sus partes sustanciales que, “sobre la base de la información recibida, la evaluación de la Fiscalía es que existen elementos de contexto más amplios, tales como la debilidad estructural de la administración de justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado que pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas a los derechos humanos reportadas durante los últimos años” en México.

Expone que ese conjunto de factores “no disminuye la gravedad de la situación de los derechos humanos en México”, pero, lejos de reforzar la necesidad de una intervención de la Corte, “crea obstáculos adicionales a la calificación jurídica preliminar de tales conductas como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, tal como están definidas en el Estatuto de Roma” sobre el que funciona la CPI.

“Cabe destacar –se precisa– que las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte. En particular, el Estatuto de Roma exige que la conducta alegada haya sido cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil para que constituya un crimen de lesa humanidad, o haber sido cometida en el contexto de, y en relación con un conflicto armado, para ser crimen de guerra”.

Por consiguiente –declara la carta–, luego de “analizar cuidadosamente” la información recibida, “la Fiscal ha concluido que las alegaciones descritas en su comunicación no parecen estar comprendidas en la competencia material de la Corte y, en consecuencia, ha determinado que no existe fundamento jurídico en este momento para avanzar en el análisis”.

Dicha carta fue destinada a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en Francia, que en conjunto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) –y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia–, presentó en noviembre de 2012 y septiembre de 2014 un par de “comunicaciones” en las que solicitó investigar posibles crímenes de lesa humanidad ocurridos en México, principalmente en Baja California, atribuibles a militares y policías federales, estatales y municipales.

Esas ONG aseguran que sí existen elementos suficientes para que la CPI abra un examen preliminar en México, que podría derivar en la identificación, procesamiento y enjuiciamiento de los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad a quienes el Estado mexicano no pueda o no quiera llevar ante la justicia.

En la “comunicación” de 2014, las ONG documentaron casos de presuntos “crímenes graves” contra los derechos humanos, en particular casos de tortura y desapariciones forzadas, que, aseguran, “podrían constituir crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y por el carácter organizado de su accionar”.

La información que presentaron ofrece, bajo su punto de vista, “una base razonable para creer que en Baja California, México, entre los años 2006 y 2012, se han cometido crímenes de asesinado, tortura y privación grave de la libertad como parte de un ataque sistemático, y muy probablemente generalizado, contra la población civil como parte de una estrategia de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado”.

“Por estos hechos –prosiguen– no se ha investigado ni juzgado penalmente a ningún alto mando militar o de policía implicados, por lo que un eventual caso podría ser admisible ante la CPI. Finalmente, los hechos cumplen con los criterios de gravedad establecidos por la Fiscalía en su política sobre exámenes preliminares”.

La respuesta negativa de la Fiscalía de la CPI ocurrió después de que el gobierno de Peña Nieto decidiera ejercer una fuerte presión sobre ella para proteger a su predecesor. Una nota del reportero Jorge Carrasco (Proceso No. 1996) relata que una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) viajó a finales de 2014 a La Haya, y luego una vez más a principios de 2015, para encontrarse con personal de la CPI con la finalidad de “evitar que ese tribunal siquiera analice las distintas peticiones contra el Estado mexicano”

El cabildeo del peñanietismo, agrega Carrasco, incluyó acercamientos con la fiscal Bensouda en el marco de la Asamblea General de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI, así como en reuniones privadas.

El 10 de diciembre de 2014, durante la decimotercera sesión de la mencionada asamblea en Nueva York, el entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores –y actualmente embajador en Francia–, Juan Manuel Gómez Robledo, advirtió que México no requiere del auxilio de ese tribunal porque tiene la capacidad de investigar y sancionar por sí mismo las violaciones de garantías individuales.

El caso es que en noviembre de 2016 representantes de la FIDH y de ONG mexicanas sostuvieron un encuentro con personal de la Fiscalía de la CPI, que confirmó su postura negativa.

En el documental belga titulado México: justicia para los desaparecidos, transmitido el pasado 27 de noviembre por la cadena franco-alemana Arte, Emeric Rogier, jefe de la Sección de Análisis de Situación de la oficina de la fiscal Bensouda, retomó la justificación de la carta enviada un año antes:

“Desde un plano jurídico, uno puede hablar de guerra o de guerra contra las drogas, (pero) cuando uno escucha guerra, uno piensa en conflicto armado, y conflicto armado es el recurso a la fuerza entre un Estado y al menos un grupo organizado, o eventualmente entre dos Estados. La noción de ‘guerra contra las drogas’, para la Oficina de la fiscal no significa nada; puede evocar un contexto o una situación, pero no corresponde a una calificación jurídica”.

Consultada por este columnista, Jimena Reyes, responsable de la oficina para América Latina de la FIDH, cuestionó ese razonamiento: “En derecho penal internacional no se necesita que haya un conflicto para que existan crímenes de lesa humanidad. Uno de los alcances importantes del Estatuto de Roma es, precisamente, que desvincula los crímenes de guerra de los de lesa humanidad”.

Y añade: “Es verdad que la CPI se ha preocupado mucho de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contexto de guerra, pero Rogier sabe que es inexacto lo que dice respecto a México y ya hemos tenido esa discusión con él. Y es que la CPI, por ejemplo, abrió un examen preliminar y una investigación en Kenia basado en un caso de represión contra unas manifestaciones en el contexto de unas elecciones; no tiene nada que ver con un conflicto”.

El 5 de julio pasado, la FIDH y las organizaciones mexicanas Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presentaron a la Fiscalía de la CPI una nueva solicitud o “comunicación” para que efectúe un examen preliminar sobre México a partir de casos específicos de presuntos crímenes de lesa humanidad –incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones– cometidos por policías y militares en el estado de Coahuila entre 2009 y 2016.

En la presentación las ONG señalaron que su investigación “aporta información clave y de primera fuente sobre más de 500 casos concretos, testimonios, e indagaciones concluyentes que permiten evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad. Esa comunicación incluye dos episodios particularmente violentos: la matanza por parte del cártel de Los Zetas de entre 60 y 300 pobladores en Allende, en marzo de 2011, y el control criminal de la prisión de Piedras Negras, donde al menos 150 personas habrían sido asesinadas y sus cuerpos quemados o disueltos en cubos con ácido.

La FIDH espera una respuesta de la fiscalía de la CPI a más tardar a finales de 2018.

Reyes opina que “sería absolutamente escandaloso que la CPI no abra a México un examen preliminar con el caso de Coahuila”, ya que, dice, “pondría en juego la legitimidad misma de la Fiscalía. Es tan obvio que están cometiéndose crímenes de lesa humanidad en México que no hay espacio para la duda”.

Cuestionada por este columnista, la Oficina de la fiscal Bensouda respondió que, “como lo hacemos con todas las comunicaciones, analizaremos los materiales entregados, según sea apropiado, de acuerdo con el Estatuto de Roma y con plena independencia e imparcialidad”.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 14 de diciembre de 2017 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original➔