BRUSELAS (apro).- El 30 de mayo de 2014, la policía española desarticuló una célula terrorista que actuaba en Melilla, bajo el liderazgo del clérigo musulmán Mustafá Al Lal Mohamed, alias Doberman.

En la llamada “Operación Javer” fueron detenidos seis individuos que entre 2012 y 2013 habían adoctrinado y reclutado a 26 jóvenes para enviarlos como yihadistas a Siria, Malí y Libia, con la intención de que más tarde cometieran atentados en Occidente y el norte de África.

Entre ellos había 10 ciudadanos alemanes, españoles y daneses.

Un aspecto captó la atención de los investigadores españoles: los viajes que había realizado a Dinamarca el jefe del grupo con otros detenidos, incluido Benisa Laghmouchi Bagdadi, considerado el primer español combatiente de la Yihad que había retornado a su país.

La sorpresa de los investigadores fue mayor al percatarse de que los acusados de captar yihadistas y financiar la Guerra Santa eran o habían sido administradores de numerosas empresas en aquel país nórdico.

La estructura que habían montado era tentacular y contaba con más involucrados.

La base estaba compuesta por tres ciudadanos españoles: el primero, Mustafa Zizaoui Mohand, había sido director de Sky, una compañía que comercializaba refrescos y que había quebrado antes de su arresto aquel 30 de mayo.

El segundo, otro de los arrestados en Melilla, era Rachid Abdelnahet, quien en 2011 había adquirido la compañía GM Entreprise, que quebró dos años más tarde y la cual vendía chocolate, equipos informáticos o muebles, lo mismo que ofrecía servicios de construcción y de alquiler de automóviles y taxis.

El tercer ciudadano español implicado, un entrenador militar yihadista, era Zakaria Said Mohamed, quien tenía el puesto de director de otro negocio de comercio de refrescos, ReyBev.

Este radical musulmán murió en 2015 en un bombardeo de las tropas francesas en Malí, siendo líder del Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental.

Otro acusado era el danés Abu Hemza o Abdessamad Fateh, quien había sido director, de octubre a noviembre de 2013 –mientras estaba en Siria–, de una importadora de carne de pollo de nombre Q Transport.

Sospechoso de conspirar contra el caricaturista del diario danés Jyllands-Posten, Kurt Westergaard, por sus dibujos satíricos de Mahoma, Hemza fue detenido y dejado en libertad en 2008.

Estados Unidos lo incluyó en 2014 en su lista de terroristas, por dos razones: por un lado, según confiaron testigos a sus espías, Hemza empezó a manejar grandes sumas de dinero. y por otro, figuraba como contacto con la red escandinava de Al Qaeda.

Hemza murió de causas naturales en 2015, afirmando que él era sólo el chofer de la compañía y que su identidad había sido usurpada.

La policía española también identificó a dos yihadistas daneses que se habían trasladado a Siria y que poseían seis empresas en Copenhague, así como a otros dos defraudadores daneses de origen paquistaní: Uno, Niaz Ahmed, había sido dueño de Q Transport antes de venderla a Abu Hamza, y fue director de UFC Denmark, que importaba grandes cantidades de pollo congelado.

El otro era Hasnat Siddique Ahmed, director de una empresa de comercio electrónico, EIT, también quebrada.

Ambos fueron condenados en Dinamarca por fraude crediticio y fraude fiscal, respectivamente, además de que Hasnat Siddique enfrentó acusaciones de robo y violación a la ley de armas del país nórdico.

Fraude

El caso no hubiera tomado tanta relevancia en Dinamarca si un equipo de periodistas de la radio pública de ese país (DR) no hubiera hurgado en los registros daneses de propiedad empresarial y de vigilancia alimentaria.

En enero de 2016, esa investigación periodística –encabezada por Bo Elkjaer, experto en el tema– reveló que las empresas establecidas por la célula de Melilla habían logrado defraudar al menos 30 millones de coronas (4.7 millones de dólares) al Estado danés.

Posteriormente, la prensa española divulgó que la cifra defraudada oscila entre ocho y 14 millones de dólares.

Con el título “Cómo engañar a Dinamarca”, la DR transmitió un documental que muestra cómo la célula yihadista explotó durante años el clásico esquema de fraude conocido como “carrusel fiscal”.

Sus integrantes constituyeron o adquirieron legalmente empresas destinadas a comprar mercancías en el extranjero que luego comercializaban en Dinamarca, agregando al precio de venta el impuesto al valor agregado (IVA), que retenían antes de disolver tales negocios.

Por ejemplo, los yihadistas tenían una compañía, Catering, que importaba carne de pollo congelada de Holanda, que revendían con IVA a otra empresa fraudulenta danesa con la que compartía oficinas, UFC. Esta última firma también sostenía negocios con Q Transport, un servicio de transporte que lo mismo compraba carne de pollo o queso tipo gouda holandés que teléfonos móviles alemanes que colocaba en el mercado danés ya con impuestos añadidos. Así se apoderó de 475 mil dólares que nunca transfirió a las autoridades danesas.

La investigación de DR ubicó al menos ocho compañías registradas en Copenhague que estaban involucradas en el fraude, si bien ahora se tiene conocimiento de 24.

Tales empresas cerraron sus operaciones sin entregar libros de contabilidad ni documentación financiera y, en algunos casos, dejando únicamente a nombre del negocio una vieja furgoneta o una cuenta bancaria con unos cuantos dólares.

Entrevistado por DR en esa ocasión, el profesor estadunidense Richard Ainsworth consideró tal caso “una forma de fraude extremadamente peligrosa para la sociedad”.

El servicio danés de seguridad e inteligencia confirmó que estaba al tanto del asunto. Señaló que seguía de cerca una investigación abierta por las autoridades correspondientes para saber si el dinero había ido a parar a las cajas de financiamiento de Al Qaeda o el Estado Islámico.

Para entonces ya habían transcurrido casi dos años desde que la policía española desmantelara a la célula terrorista.

Escándalo

A finales de mayo pasado, una nueva revelación periodística estalló: la Guardia civil española había mantenido informadas a las autoridades danesas durante 2014 y 2015 sobre las actividades financieras sospechosas.

Así lo constata el expediente español del caso al que tuvo acceso DR, su par sueca (SD) y el diario danés Jyllands-Posten.

En uno de esos documentos filtrados, el juez de instrucción Fernando Merelles escribió: “El verdadero propósito es, sin duda, recaudar capital y enviar individuos a zonas de conflicto”.

La justicia española incluso avisó a la policía financiera danesa que uno de los detenidos estaba ligado a una organización terrorista, y que dos ciudadanos daneses habían sido decisivos para que la célula de Melilla desarrollara conexiones en Dinamarca.

Se referían a Kenneth Sorensen, un yihadista que vivió un tiempo en Melilla y que habría organizado la célula. Sorensen, nacido en la capital danesa, murió en 2013, cuando tenía 30 años, combatiendo en una brigada afiliada a Al Qaeda en Siria.

Sobre el otro sujeto, que permanecía libre, sólo se dio a conocer que era un danés de origen marroquí. En sus comunicaciones telefónicas y de correo electrónico con el líder de la célula en Melilla –interceptadas por la policía española– discutían de los procesos de reclutamiento.

El 23 de junio pasado, el ministerio del Interior de España anunció que había capturado en Melilla a uno de los hombres implicados en el caso, un ciudadano danés de 40 años, pero no dio más información.

En todo caso, lo que más indignó a la sociedad danesa del reportaje de la DR fue enterarse que ninguna de sus autoridades –ni la oficina contra el fraude, ni el servicio de seguridad e inteligencia, ni el ministerio de justicia– había levantado cargos contra algún responsable de la presunta operación de financiamiento terrorista sobre suelo danés. No existía ni una sola acusación.

“Es incomprensible. No tengo idea que ha sucedido con las autoridades. Es uno de los casos de financiamiento terrorista más grande que he visto”, externó en el marco del reportaje uno de los más reconocidos asesores europeos en la materia, Magnus Ranstorp, director de investigación del Colegio Nacional de Defensa de Suecia. “La evidencia –agregó– parece estar ahí. La cuestión es saber si parte del dinero que ha servido para financiar al terrorismo proviene de estas empresas”.

El mismo reportaje también develó que un esquema semejante al danés había logrado defraudar al Estado sueco con 10 millones de dólares, a través de empresas que vendían teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos, carne de pollo y dulces.

Fue tal el escándalo que los partidos de oposición en el parlamento danés pidieron cuentas al ministro de justicia, Soren Pape Poulsen, y al de Hacienda, Karsten Lauritzen.

Mientras tanto, el juicio contra los seis detenidos de Melilla tuvo lugar el 10 de julio pasado en la Audiencia Nacional. Los acusados confesaron que pusieron en marcha un “aparato de propaganda” yihadista y que se dedicaban a captar combatientes para Al Qaeda, motivo por el que obtuvieron una condena de seis años de cárcel.

Sin embargo, en Dinamarca la dimensión exacta del fraude y el destino del monto embolsado sigue siendo un enigma.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 4 de octubre de 2017 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original►