BRUSELAS (apro).- El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) emitió el pasado 29 de abril una breve “declaración” en la que, con un lenguaje sutil, respalda las conclusiones del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 4 de mayo de 2016 en el portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original➪

En su parte sustancial, la declaración del SEAE reconoce “el trabajo riguroso llevado a cabo por el GIEI y la valiosa contribución que ha hecho a la investigación en cooperación con las autoridades mexicanas y las familias de las víctimas”. Y expresa: “Confiamos en que las recomendaciones del GIEI serán tomadas en cuenta por las autoridades mexicanas y que un mecanismo de seguimiento robusto se establecerá en consulta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El SEAE, creado en 2010, es el organismo que gestiona las relaciones diplomáticas de la Unión Europea (UE) con otros países. En la práctica, el SEAE es el cuerpo diplomático multinacional que coordina los servicios exteriores de los 28 Estados miembros que están adheridos a la unión regional, y de sus instituciones comunes. El organismo está dirigido por la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la italiana Federica Mogherini, quien fue nominada para ese puesto el 30 de agosto de 2014, poco antes de los hechos de Ayotzinapa. Tomó posesión del cargo el 1 de noviembre de aquel año.

Lo primero que evidencia la “declaración” del 29 de abril es que el tema Ayotzinapa ya escaló en importancia en la diplomacia europea, pues el documento proviene directamente de la sede del SEAE en Bruselas y no de su delegación en la Ciudad de México, como ocurrió con la anterior declaración sobre el tema de los normalistas, que fue de tipo “local” y se difundió el 12 de octubre de 2014. Esa vez, la mencionada delegación expresó su “profunda preocupación” por la suerte de los estudiantes y por los “acontecimientos” sucedidos en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, en donde militares habrían ejecutado a 22 presuntos delincuentes el 30 de junio de ese año.

Una declaración salida de Bruselas significó también un apoyo político más consistente y significativo de la UE al GIEI frente al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el posicionamiento del SEAE tampoco representa un viraje en la indulgente política exterior que ha sostenido la UE con México, a pesar de las críticas. Así, con todo y la podredumbre institucional mexicana que brotó a raíz del caso Ayotzinapa, las relaciones europeas con el gobierno peñanietista siguen su curso con aparente normalidad y lo mismo las negociaciones para la modernización del acuerdo bilateral.

Peor aún, todo indica que Mogherini persiste en su actitud de no asumir personalmente una posición oficial firme en torno al tema y la defensa de los derechos humanos en México. Y es que la “declaración” del 29 de abril la emite una “portavoz” del SEAE, y no la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en cuyo caso tendría que firmar con su propio nombre.

Es común que Mogherini se adjudique la autoría de las “declaraciones” y “statements”. Por citar algunos ejemplos recientes, así lo hizo el 11 de marzo tras un tenso episodio en el Mar del Sur de China; después, el 18 de marzo, condenó la anexión de Crimea por parte de Rusia al cumplirse dos años de que sucediera; el 18 de abril celebró un cese al fuego en Yemen, y el 30 de abril deploró unos atentados terroristas en Irak.

Desde la desaparición de los normalistas, la jefa de la diplomacia europea sólo se ha referido a ellos por escrito en una ocasión y fue para responder una pregunta que plantearon 17 eurodiputados el 17 de septiembre pasado, casi un año después de los acontecimientos de Ayotzinapa. En esa comunicación se le comentó a Mogherini que las conclusiones del GIEI en su primer reporte de octubre de 2015 habían significado una “fuerte reprimenda al gobierno (de Peña Nieto) y sus autoridades”, pues mostró “la extensión de la impunidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad del Estado en colusión con el crimen organizado”. Por eso los eurodiputados le preguntaron a la alta representante si compartía “las serias preocupaciones” que planteaba el GIEI en ese reporte y si estaba de acuerdo en que aquel exponía “problemas de carácter sistemático” en México.

Más de dos meses después, la diplomática italiana se limitó a responder con evasivas: dijo que el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, se había reunido con el GIEI en abril de 2015 durante una visita a México, además de que la delegación de la UE y los servicios diplomáticos de la misma mantienen “contactos frecuentes” con las autoridades mexicanas.

No hace mucho tiempo, este columnista se reunió con una persona del SEAE. Intrigado en conocer el techo de tolerancia al que está dispuesto a llegar ese organismo con México, le pregunté si no era ya bastante alarmante la actual situación de violaciones a los derechos humanos existente en el país:

–“No vamos a alzar la voz, a menos que ocurra algo muy grave”, me respondió.

Tal persona, cuyo nombre no puedo citar, afirmó que el SEAE cambiaría de actitud y podría intervenir más activamente en México solamente si en el país se rompiera abruptamente el orden constitucional, y salió como ejemplo un “golpe de Estado”.

En noviembre de 2007, durante una sesión en el Parlamento Europeo de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE, el entonces senador perredista Pablo Gómez cuestionó vivamente el hecho de que los bancos europeos enviaran a sus países de origen las enormes ganancias que obtenían de manera abusiva en México. El griego Petros Mavromichalis, quien era jefe de la unidad para las relaciones con México, contestó en un tono de regaño que los bancos “no son hermanitas de la caridad” y que si operan como lo describió Gómez era culpa de las leyes mexicanas y de los congresistas del país que no hacían nada para modificarlas.

Se puede o no estar de acuerdo con lo dicho por Mavromichalis, pero lo que dejó ver su razonamiento, y con transparencia cristalina, fue un problema de fondo que aflige a la política exterior europea en general, y que salta en particular en su relación con México: la falta de congruencia entre el discurso (la defensa de los valores democráticos en el mundo) y la realidad (la preponderancia de sus intereses geopolíticos y comerciales).

Hace tres lustros, los diplomáticos de la UE expresaban su confianza en el avance de las garantías individuales en México tras el triunfo de un partido distinto al PRI en el gobierno federal. Las violaciones a los derechos humanos persistieron durante la administración del panista Vicente Fox, pero para los europeos no eran sistemáticas o de plano no existía participación de las fuerzas del Estado en muchas denuncias. Cuando las organizaciones internacionales comenzaron a documentar que sí había responsabilidad de los cuerpos de seguridad en esos delitos, la UE señaló que era positivo que se identificaran y se reconocieran los problemas, ya que era un camino para poderlos corregir. Desde que el gobierno de Felipe Calderón metió al país en un dramático ciclo de violencia que incluyó una profunda crisis de derechos humanos que ha sido agravada durante este sexenio, la UE decidió depositar su entera confianza en la voluntad de las autoridades mexicanas para plantear soluciones y no salirse de esa línea de alianza casi incondicional.

Es cierto que la UE sostiene en México una agenda de promoción y de financiamiento de proyectos a favor del respeto a los derechos humanos, la cual, en un escenario tan crítico como el que atraviesa el país, es muy valorada. No obstante, el benevolente discurso con México está tan desgastado y los abusos de poder se han acrecentado tanto que el esfuerzo europeo en la materia parece estar quedándose corto o algo peor.

El pasado 21 de octubre, activistas mexicanos dieron por terminado en el Parlamento Europeo un proyecto que duró tres años y cuyo objetivo fue respaldar el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno peñanietista. Ese ambicioso y necesario proyecto –financiado por la UE con un millón de euros– no se dio abasto, según acusaron sus coordinadores, quienes incluso solicitaron una “urgente intervención de la comunidad internacional para ayudar al gobierno mexicano a superar la violencia.

En una reunión con defensores de derechos humanos mexicanos y europeos estaba presente Ana Almeida, integrante del SEAE. Una activista le preguntó:

–Las estadísticas y los hechos de violaciones a los derechos humanos documentados por organismos nacionales e internacionales indican que la situación ha ido empeorado en México a través de los años. ¿No se han planteado en la UE que sus programas y políticas en la materia en México han simplemente fracasado?

Almeida eludió el punto, pero contestó que la UE prefiere mantener una relación “constructiva” y no “crítica” con el gobierno mexicano, con el que se ha llegado a cimentar, dijo, una de las mejores relaciones en años.

Petit biscuit

El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también exhortó al gobierno de Peña Nieto a “tomar en cuenta” las recomendaciones del segundo informe del GIEI. “Es vital que todo el trabajo llevado a cabo por los expertos independientes y las autoridades mexicanas no termine aquí, sino que continúe hasta que queden totalmente esclarecidos los hechos”, escribió la presidenta de ese subcomité, la española socialista Elena Valenciano, el 29 de abril.