BRUSELAS (apro).- Carlos Beristáin y Claudia Paz y Paz, dos de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentaron el jueves 3 en la sesión ordinaria del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo sus hallazgos en torno al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 9 de marzo de 2016 del portal de la revista PROCESO.Lee aquí el texto original➠

Ambos expertos fueron extremadamente cuidadosos a la hora de escoger sus palabras. Abiertamente advirtieron a los eurodiputados asistentes que no podían emitir juicios de valor. Fue evidente que buscaron evitar cualquier mensaje susceptible de ser mal interpretado por el gobierno mexicano. No se posicionaron cuando se les preguntó si deberían ser procesados los policías y funcionarios mexicanos que elaboraron la famosa “verdad histórica” del caso, ni jamás implicaron a institución mexicana alguna en la actual campaña mediática de desprestigio en su contra.

Beristáin explicó a los eurodiputados y a la prensa internacional que el informe del GIEI “no es una crítica a México”, refiriéndose a sus autoridades, y reconoció “la apertura de (el gobierno de) México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Esa delicadeza discursiva imperó tanto en público como en sus pláticas con los periodistas presentes. Basta decir que fue imposible obtener la mínima apreciación de Paz y Paz acerca del informe publicado un día antes por la CIDH en donde se asegura que en México existen “niveles críticos de impunidad” y “una grave crisis de violencia y de inseguridad”.

En ese contexto, la reacción gubernamental frente a los integrantes del GIEI sonó desproporcionada en el acto europarlamentario. El único que reprochó públicamente su visita fue el representante de la embajada mexicana que habló en la audiencia del subcomité, el consejero jurídico Luis Elizondo.

El funcionario, en la lectura de un documento, exigió que el trabajo del GIEI se limitara a sus actividades “técnicas” y anticipó a los eurodiputados que el gobierno no extendería el mandato del grupo de expertos.

Beristáin denunció en Bruselas la encendida campaña de descalificación en contra de los miembros del GIEI, pero no mencionó culpables ni concentró su mensaje en ese punto. Fue un señalamiento muy discreto en el conjunto de su visita, que cobró fuerza cuando en México los medios destacaron esa información y, en algunos casos, se sirvieron de ella para acusar un supuesto activismo del GIEI, haciendo eco a la posición que exhibió el gobierno.

En un desayuno con la prensa –al que convocaron miembros del grupo del Partido Verde Europeo y del Confederal de la Izquierda Unitaria (IU)–, los integrantes del GIEI presentaron los elementos básicos de su informe y después respondieron preguntas de periodistas y eurodiputados. Uno de éstos, el español Ernest Urtasun, quiso saber lo que esperaba el GIEI del Parlamento Europeo.

Beristáin contestó: “Es importante mostrar apoyo al trabajo que hacemos. Los intentos de cuestionarnos personalmente o cuestionar sin ningún argumento concreto el trabajo que hemos hecho, son intentos de cerrar el espacio en la búsqueda de la verdad en el caso”.

Más tarde, en su intervención en el Subcomité de Derechos Humanos (el cual está disponible desde el mismo día en el sitio del GIEI), sólo al final los expertos dedicaron una brevísima mención al asunto: “Una preocupación del GIEI, que también hemos trasladado a las autoridades (mexicanas), es que varios miembros del grupo han sido objeto de intentos de descalificación personal y del propio grupo; ataques y acusaciones tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad”.

El malestar que expresó el gobierno mexicano en Bruselas puede entenderse mejor si analizamos el impacto que ha tenido el caso Ayotzinapa, y ahora la visita del GIEI, sobre su red de alianzas en el Parlamento Europeo, sustentada en eurodiputados (principalmente españoles) de los dos grupos mayoritarios: el del Partido Popular y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y en menor medida en los de la Alianza de los Liberales y Demócratas (el cuarto partido más grande en esa institución, muy cerca del tercero, el conservador).

Esos partidos impidieron que en la resolución de urgencia del Parlamento Europeo sobre el caso Ayotzinapa de octubre de 2014 se imputara al gobierno de Enrique Peña Nieto alguna responsabilidad en los hechos, como lo exigieron los verdes y la Izquierda Unitaria, que por ese motivo no suscribieron aquel documento.

Pero desde entonces la defensa del gobierno mexicano (incapaz de efectuar una investigación creíble) se ha vuelto cada vez más difícil para algunos eurodiputados de esos partidos, mientras que la presión crítica que mantienen los verdes desde hace años se ha robustecido con la entrada al Parlamento Europeo del partido español Podemos, tras las elecciones europeas de mayo de 2014, el que se integró al grupo Confederal de IU, que se había caracterizado por su escaso interés en la situación mexicana.

El reposicionamiento de los liberales es el más notorio. Ubicado como un partido “bisagra” entre aliados y opositores del gobierno mexicano en el Parlamento Europeo, en septiembre pasado sucedió un hecho inédito: 17 eurodiputados liberales consideraron que las conclusiones del GIEI, que acababan de ser publicadas, “eran una dura reprimenda al gobierno (mexicano) y sus autoridades” y preguntaron a la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, sobre las medidas que tomaría en consecuencia.

Beatriz Becerra, una eurodiputada española inscrita a los liberales desde su elección en 2014, se ha implicado de manera crítica en el seguimiento del caso Ayotzinapa y las violaciones a los derechos humanos en México. Durante la audiencia del 3 de marzo, eurodiputadas de esas fuerzas políticas manifestaron su respaldo al GIEI.

La presentación del informe del grupo de expertos se planteó oficialmente alrededor del 22 de septiembre pasado en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, es decir, dos semanas posteriores a la fecha en que ese documento se había hecho público como un trabajo final en sí, resultado de seis meses de coadyuvancia en las investigaciones (el segundo mandato fue renovado hasta el 28 de octubre).

El entonces embajador ante la UE, Juan José Gómez Camacho –desde enero pasado representante de México ante Naciones Unidas en Nueva York–, “aconsejó” a los eurodiputados populares y socialistas de que no invitaran al GIEI hasta que terminara su segundo mandato el 30 de abril, pues, según el diplomático, “no manejaban datos relevantes” en ese momento.

El cabildeo peñanietista logró imponerse durante meses a las presiones de la bancada verde y de la izquierda no socialista, así como a una campaña a favor de la visita del GIEI de ciudadanos mexicanos, la que acusó de intimidatoria la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, la española socialista Elena Valenciano, a quien estaba dirigida.

La visita de los expertos se postergó en dos ocasiones, la última el 1 de diciembre. Todavía pocos días antes de la presentación del GIEI del 3 de marzo, el nuevo embajador Eloy Cantú Segovia reiteró a algunos eurodiputados la posición gubernamental: la presencia de los expertos independientes en el Parlamento Europeo es “prematura”. Y eso mismo repitió el consejero jurídico Elizondo en su intervención pública en el subcomité.

Quizás las fisuras en el bloque de apoyo al gobierno peñanietista en el Parlamento Europeo no sean tan profundas y duraderas en el tiempo, pero son muy simbólicas de la pérdida de respaldos en esa institución clave de la UE.

Petit biscuit. El presidente Peña Nieto no se reunió, como se había previsto, con los miembros de la misión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que visitó el país el pasado 9 y 10 de febrero. Tampoco el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ni la canciller Claudia Ruiz Massieu. La eurodiputada Beatriz Becerra lamenta que sólo hayan podido entrevistarse con subalternos. Ella y sus colegas de misión sí fueron recibidos días después en Guatemala por el presidente Jimmy Morales.