BRUSELAS.- A pocas semanas de realizarse la VI Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y Latinoamérica –el 17 y 18 de mayo en Madrid–, la pésima situación de los derechos humanos en México se ha convertido en una fuente de tensiones en el Parlamento Europeo entre el grupo del Partido Verde y algunos eurodiputados españoles que intentan matizar o eliminar cualquier cuestionamiento al gobierno mexicano que aparezca en los documentos que publican.

(Artículo publicado el 1 de Mayo de 2010 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Un texto en preparación es el Informe sobre la estrategia de la UE en las relaciones con Latinoamérica, que elaboró por iniciativa propia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, miembro del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), de la misma familia ideológica que el Partido Acción Nacional (PAN).

Antes de cada cumbre entre la UE y Latinoamérica, Salafranca suele presentar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo esta clase de informe. Esta vez, también la Comisión de Desarrollo pidió dar una “opinión” y, en consecuencia, proponer enmiendas al texto de Salafranca.

Así, las eurodiputadas del grupo del Partido Verde, la austriaca Ulrike Lunacek, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y la francesa Catherine Grèze, miembro de la Comisión de Desarrollo, presentaron, entre otras, una enmienda relativa a México.

Ésta se refiere, en concreto, a “la reciente sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos sobre Campo Algodonero”, que, considera, “es un precedente para toda la región”. Por tanto, “pide a los gobiernos de la UE, América Latina y el Caribe respaldar” tal fallo y “acogerlo como guía para su futuro trabajo” en materia de género.

En dicho fallo, del 16 de noviembre pasado, la mencionada corte concluyó que el gobierno mexicano violó derechos humanos consagrados en el Pacto de San José y en la Convención de Belém do Pará, ya que no garantizó tales derechos ni adoptó disposiciones que evitaran los feminicidios de varias mujeres que fueron encontradas asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez en 2001.

La enmienda propuesta por las eurodiputadas verdes fue votada y aprobada por los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Salafranca se oponía a que fuera votada. Argumentó que la enmienda había llegado fuera de tiempo para poderla considerar y que, en todo caso, su informe “ya cubría todos los puntos”.

Durante el encuentro de esa comisión, el pasado 17 de abril, Lunacek confrontó a Salafranca. Le dijo que estaba equivocado: la entrega de la enmienda había cumplido con el calendario establecido por la institución, y su informe no abordaba temas tan importantes como el fallo de Campo Algodonero.

Los miembros del Comité de Asuntos Exteriores decidieron entonces votar. El resultado: la enmienda de los verdes fue aprobada por un solo voto de diferencia.

Este miércoles 5 de mayo está previsto que el pleno del Parlamento Europeo vote el informe de Salafranca. A más tardar a las 17:00 horas de este lunes 3, el reglamento interno le permite al eurodiputado español intentar eliminar o modificar la enmienda referente al Campo Algodonero, ya sea cambiando el contenido de ésta o pidiendo un “voto separado” por parte de la plenaria.

Por otro lado, el eurodiputado Raúl Romeva, también del Partido Verde, propuso la misma enmienda acerca del fallo de Campo Algodonero en el informe que prepara la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamérica (Eurolat), cuya reunión plenaria tendrá lugar del 13 al 15 de mayo en Sevilla.

Los ponentes de tal informe, titulado La Asociación Europea-América Latina en la perspectiva de la VI Cumbre de Madrid, de mayo de 2010, son el español Ramón Jáuregui, eurodiputado de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD) y presidente de la Delegación para las relaciones con México del Parlamento Europeo; la rumana Renate Weber, eurodiputada de la Alianza de los Demócratas y los Liberales, y la hondureña Vilma Reyes, legisladora del Parlamento Centroamericano.

El pasado martes 20, el eurodiputado Romeva, miembro de dicha Comisión Política de la Eurolat, presentó a Jáuregui tal enmienda durante una “reunión de compromiso”. Ese tipo de encuentro forma parte de los procedimientos de rutina del Parlamento Europeo, y su objetivo es que los “eurodiputados negociadores” de cada grupo político lleguen a acuerdos sobre los distintos documentos legislativos que elaboran.

Sin embargo, posterior a esa reunión Jáuregui y Weber modificaron la enmienda de Romeva de una manera en que, dijeron, ellos la aceptarían.

En esa nueva versión ambos eurodiputados eliminan la referencia al caso “de Campo Algodonero en México”, y borran igualmente la petición de que los gobiernos “acojan la sentencia como guía para su futuro trabajo”. Además, en lugar de exigirles “respaldar” en concreto el mencionado fallo, se limitan a solicitarles que “mantengan su firme condena” contra los feminicidios en general.

Mediante un correo electrónico, Romeva afirmó a Apro que no aceptaría los cambios. “Me mantengo en la redacción original de nuestra enmienda”, señaló.

Está programado que el contenido del informe sea sometido a la votación del Comité Político de la Eurolat el 14 de mayo y, al día siguiente, del pleno de la Eurolat, en presencia de la embajadora de México ante la UE, Sandra Fuentes-Berain.

Concesiones

Una confrontación anterior ocurrió el pasado 12 de marzo. Ese día, el Parlamento Europeo adoptó, con carácter de “urgente”, una resolución que criticó el incremento de las violaciones a los derechos humanos en México, como resultado de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.

En la versión original de dicha resolución el Ejército mexicano era acusado, junto con el narcotráfico, de cometer tales violaciones, pero esa referencia fue eliminada de la resolución final luego de un proceso de negociaciones entre los grupos políticos del Parlamento Europeo.

La mañana del pasado 11 de marzo, un reducido grupo de eurodiputados de distintas orientaciones políticas se encontró en una “reunión de compromiso”.

En tal reunión, los eurodiputados negociadores del grupo del PPE –los españoles Salafranca y Santiago Fisas– expresaron de entrada su rechazo a que la resolución cuestionara el desempeño de las autoridades mexicanas en el tema de los derechos humanos.

Por esa razón, el PPE –la fuerza mayoritaria del Parlamento Europeo– proponía incluir un párrafo en la resolución que “diera la bienvenida a la iniciativa de Calderón de involucrar al Ejército en el combate contra el crimen organizado”.

El eurodiputado Romeva, negociador del grupo del Partido Verde, contestó que la decisión de Calderón de militarizar el país había empeorado la situación de los derechos humanos en todo el país, y que casos suficientemente documentados de violaciones a éstos podían encontrarse en reportes de organizaciones internacionales y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A propuesta de los verdes, el punto ‘N’ de la resolución preliminar indicaba que el Parlamento Europeo tomaba en consideración que “las fuerzas de seguridad, del Ejército y de la policía han sido denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, por abusos de poder y de violaciones de derechos humanos”.

Romeva aceptó “suavizar” el enunciado pero no eliminarlo, como lo quería el grupo del PPE. El párrafo se reformuló entonces con matices, de modo tal que el Parlamento Europeo reconoció “que se han producido denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos en relación con violaciones de esos mismos derechos en determinados comportamientos de las fuerzas de seguridad”.

El inciso ‘M’, propuesto por los verdes en conjunto con los liberales, quedó en la resolución final por una concesión de los populares europeos. Éste afirma que “son frecuentes el acoso y las amenazas contra miembros de organizaciones” defensoras de los derechos humanos, y que “muchas de las investigaciones preliminares sobre las agresiones y asesinatos” de tales activistas “sufren retrasos injustificados a nivel estatal y federal”.

Los verdes también consiguieron eliminar el enunciado donde el Parlamento Europeo “se solidariza con las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico”, el cual habían propuesto populares, socialistas y liberales. En la versión final esa solidaridad es sólo “con el pueblo de México”.

A cambio de tales concesiones, el grupo del PPE logró conservar intactos los incisos ‘J’ y ‘K’, a los que se oponía Romeva. El primero considera “la importancia que reviste el plan lanzado por el gobierno (de Calderón) en el ámbito de la salud, la educación y la cohesión social, así como el refuerzo de la estrategia política dirigida a recuperar Ciudad Juárez”, que, agrega el texto, “contribuirá a suprimir las causas sociales de la violencia”.

En su parte central, el segundo inciso expone “que el gobierno mexicano ha mostrado su firme compromiso para mejorar la situación de seguridad en el país”.

Un punto más de debate fue el séptimo, que pedía al gobierno mexicano “seguir trabajando en el fortalecimiento del Estado de derecho”, por lo que subrayaba “la importancia de un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad”.

Romeva advirtió a Salafranca que los verdes no apoyarían la resolución si el texto final no hacía mención al problema de impunidad que hay en México. Finalmente consiguió agregar otra finalidad: “la lucha con determinación contra la impunidad”.