BRUSELAS (apro).- Hasta este 22 de agosto, en ninguna parte del sitio en internet de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Holanda, aparece información acerca del supuesto momento “histórico” que el pasado 9 de agosto anunció el diputado local de Monterrey Samuel García.

El anuncio, con bombo y platillo –que publicó un sinnúmero de medios mexicanos–, fue que aquel tribunal internacional había “admitido” la “denuncia”, que el mismo diputado había interpuesto el 4 de julio anterior por crímenes de lesa humanidad, en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El diputado de Movimiento Ciudadano aseguró, según citan medios impresos y portales digitales, que “la demanda (en contra de Duarte) se admite, (y) empiezan a correr los tratados oficiales”. García se jactó de estar escribiendo una página “sin precedentes”, al ser el del exgobernador Javier Duarte “el primer caso mexicano que se admite en la CPI y el primero de lesa humanidad en materia de salud pública”.

De acuerdo con la narración del diputado neoleonés, ese primer caso mexicano que “admite” la fiscalía de la CPI está relacionado con la aplicación, durante el gobierno de Duarte de Ochoa, de 70 mil pruebas de Sida falsas y quimioterapias efectuadas con simple agua destilada.

La supuesta noticia, sin embargo, salta por inverosímil.

Como menciona Jimena Reyes, la responsable en Europa para Latinoamérica de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “los procesos en la CPI suelen ser muy largos”.

Reyes conoce con precisión el sistema de la CPI. Ella ha entregado a la fiscalía, a nombre de la FIDH, información (llamadas “comunicaciones” en el lenguaje de la Corte) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia y México, y que recaen en la jurisdicción de la CPI.

De hecho, dos días después de que el diputado García entregó a la fiscalía de la CPI en La Haya su “comunicación”, Reyes presentó otra de la FIDH en la que se acusa a narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado mexicano de cometer crímenes de lesa humanidad, específicamente en Coahuila.

Reyes se refiere a procesos que duran años. Colombia, país en conflicto armado, se adhirió a la CPI (al Estatuto de Roma) en agosto de 2002. Fue a mediados de 2004, cuando había recibido 114 “comunicaciones”, que la Corte decidió emprender un “examen preliminar” de 94 de ellas, siendo el único país latinoamericano hasta la fecha donde ha intervenido.

Diez años después, en 2014, la fiscalía publicó un “informe intermedio” de tal examen preliminar, aún sin proceder a la fase de investigación.

Tramposamente, el anuncio del diputado García apunta a que, al haber sido “admitido”, el expediente del exgobernador de Veracruz obtuvo un avance dentro de los procedimientos de la Corte.

En su lógica, su petición de juicio habría logrado en un mes –desde que entregó tal “comunicación”– lo que a los colombianos les tomó años.

El documento en el que el diputado García se ampara para probar sus dichos es una carta, enviada por el jefe de la Unidad de Información y Evidencia de la Oficina de la fiscalía de la CPI, Mark P. Dillon.

Pero esa misiva, fechada el 31 de julio y con el número de referencia OTP-CR-233/17 –que publicó el sitio de noticias Sin Embargo– cumple la función de un simple acuse de recibo de las informaciones proporcionadas por García a la Corte el 4 de julio.

Dillon se limitó a informarle (en inglés) que su expediente fue “debidamente introducido en el registro de comunicaciones” de la fiscalía.

Y por si quedaba alguna duda, en su último párrafo advierte claramente que ese acuse de recibo protocolario “no significa que una investigación ha sido abierta, o que será abierta, por la oficina del fiscal”.

Ahora bien, por razones de seguridad para las víctimas o sus representantes legales, la fiscalía no anuncia jamás la entrega de esas informaciones ni su número total, y tampoco proporciona datos relativos a la identidad de las personas o a los hechos exhibidos en ellas. Es información confidencial que sólo los denunciantes son libres de divulgar.

En el caso mexicano, se han hecho públicas a través de la prensa unas cinco comunicaciones, la primera en 2011 entregada por el abogado Netzaí Sandoval.

Estas comunicaciones han sido presentadas por organizaciones de derechos humanos o por ciudadanos, e implican como posibles inculpados al expresidente Felipe Calderón y a su sucesor Enrique Peña Nieto, así como a exsecretarios como el de Defensa, Guillermo Galván Galván; el de Marina, Francisco Saynez Mendoza, o el de Seguridad Pública, Genaro García Luna, además de capos como Joaquín El Chapo Guzmán, o cárteles.

En las comunicaciones anteriores la fiscalía de La Haya envió a los depositarios el correspondiente acuse de recibo, como el que le llegó al diputado de Movimiento Ciudadano, quien, no obstante, presenta como extraordinario.

En todo caso, la CPI sí divulga cualquier progreso de una situación precisa, y lo hubiera hecho si eso ocurriera en nuestro país.

Medias verdades

Hay otro elemento que el diputado parece no haber tomado con suficiente consideración: la CPI únicamente puede funcionar bajo el principio de la “complementaridad”; es decir, sólo puede intervenir cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.

El propio diputado García descalifica su acusación al reconocer que los hechos que denuncia están bajo investigación en México, por lo que así parece injustificada una intervención de la Corte internacional en este momento.

Por último, en este episodio de medias verdades que protagoniza el diputado García, salta una pregunta: ¿por qué afirma que la “demanda contra Calderón en 2011 duró seis años y al final se desechó, nunca se admitió”?

Sólo se conoce cuáles serán las comunicaciones que analizará la fiscalía de la CPI cuando ésta decide proceder, previo y minucioso estudio de la información proporcionada, a la etapa de “examen preliminar”, como sucedió con Colombia, en cuyo caso se desecharon 20 comunicaciones.

Hay que tener en mente que la CPI es como una maquinaria muy pesada y compleja, que sólo se ha puesto en marcha en contadas ocasiones desde que hace 15 años entró en vigor: actualmente se encuentran en examen preliminar 11 situaciones en igual número de países, y en investigación hay otros 10 casos en nueve naciones.

En enero pasado, este columnista platicó con Mariana Peña, abogada del proyecto de justicia internacional de la Open Society Justice Iniciative y quien sigue el caso mexicano desde La Haya.

Contrario al entusiasmo que muestra el diputado García, la abogada Peña comentó que el funcionamiento de la CPI se encuentra entrampado en el caso mexicano:

En el estado actual de las cosas –explicó–, “la Corte no tiene facultades para realizar investigaciones en México. No puede enviar personal de investigación para analizar lo que sería una escena de crimen o hacer trabajo forense. Tampoco puede solicitar información al gobierno mexicano.

“En este momento la Corte únicamente puede consultar informaciones de acceso público: búsquedas en Google, informes de ONG, notas periodísticas… La CPI quizás no llegue a tener la información que necesita (mediante las comunicaciones), pero tampoco la puede obtener de aquella públicamente disponible. Está limitada en su acceso a la información, la cual es en definitiva un elemento esencial para poder llegar a una conclusión acerca de si debe o no abrir un análisis preliminar sobre México”.

Si lo que buscaba el diputado García era acaparar temporalmente los reflectores mediáticos, lo logró… aunque fuera con una falsa noticia, una fake news a la mexicana.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 23 de agosto de 2017 en el portal de la revista PROCESO. Lee aquí el texto original➠