BRUSELAS (apro).- El 27 de abril de 2010 fue asesinado por el grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Bety Cariño, ambos activistas, mientras se dirigían en una caravana humanitaria al pueblo de San Juan Copala, en Oaxaca.

Han pasado siete años y los culpables siguen sin castigo.

Desde un principio, la Unión Europea (UE) ejerció cierta presión en el caso, en particular el gobierno de Helsinki y tres diputadas del grupo de los verdes en el Parlamento Europeo: la alemana Ska Keller, y las finlandesas Heidi Hautala –quien fue ministra de Desarrollo Internacional de su país– y Satu Hassi, exministra de Medio Ambiente y desde 2014 diputada del parlamento finlandés, además de ser amiga desde muy joven de la madre de Jyri, Eeva-Leena.

Las diputadas han visitado México en 10 ocasiones para conocer directamente el estado de las investigaciones. Jamás quiso reunirse con ellas el entonces gobernador priista Ulises Ruiz, en cuyo mandato se cometieron los asesinatos. Sí pudieron encontrarse con sus sucesores Gabino Cué, quien ganó el cargo con una alianza PAN-PRD, y con el nuevo gobernador, el priista Alejandro Murat.

Las legisladoras europeas también han sido atendidas por muy altos funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Todos han prometido que los asesinos de Jaakkola y Cariño no escaparán a la justicia mexicana.

El 18 de mayo de 2010, en el marco de la VI Cumbre América Latina y el Caribe-UE celebrada en Madrid, España, el propio presidente Calderón se comprometió en una reunión con la presidenta finlandesa, Tarja Halonen, a esclarecer los hechos y castigar a los responsables con estricto apego a la ley.

Calderón no honró su palabra.

“Acuerdos políticos de impunidad”

Por eso la paciencia europea parece estar agotada. Este 30 de mayo, los abogados mexicanos de la familia Jaakkola, Karla Micheel Salas y David Peña, junto con la eurodiputada Keller, anunciaron en Bruselas que presentaron un análisis del caso al gobierno finlandés (Informe del proceso de acceso a la justicia).

El análisis fue elaborado por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, con el apoyo de la fundación finlandesa Siemenpuu y de la embajada del mismo país europeo en México.

El diagnóstico que se plantea en el documento es bastante desalentador: la causa de que las autoridades mexicanas de justicia no resuelvan el asesinato de Jaakkola y Cariño no es, en cualquier caso, una debilidad institucional, sino la existencia de “acuerdos políticos de impunidad”.

La estructura del Estado –resumen los abogados en una charla con varios periodistas–, no sólo protege a los integrantes del grupo paramilitar vinculado al PRI, sino que también impide su desmantelamiento.

A partir de esos elementos, los servicios jurídicos de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores del país nórdico se comprometieron a estudiar en los próximos meses la pertinencia de ir más allá en la defensa de su ciudadano, y acompañar legalmente una eventual petición de los abogados mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que juzgue el caso.

Hace seis años, el gobierno de Helsinki evaluó la posibilidad de atraer el caso y juzgar a los presuntos culpables en los tribunales finlandeses, incluyendo al entonces gobernador Ulises Ruiz por cometer crímenes contra la humanidad. Pero en ese momento (mayo de 2011) fue detenido el líder de la Ubisort, Rufino Juárez, y los finlandeses descartaron tal iniciativa y volvieron a confiar en la palabra empeñada de las autoridades mexicanas.

El resultado fue un fiasco: Juárez fue condenado en agosto de 2014 a más de 13 años de cárcel… pero por el asesinato de otra persona, Celestino Hernández Cruz, perpetrado nueve días antes que los de Jaakkola y Cariño.

En términos generales, de las 13 personas sobre las que se han librado órdenes de aprensión (otra más murió), ocho están prófugas y cinco han sido detenidas y esperan ser enjuiciadas.

Salas y Peña advirtieron en Bruselas que el cambio de estrategia jurídica a una más activa a nivel de presión internacional obedece a decisiones recientes dentro del proceso, las cuales apuntan a que los detenidos saldrán próximamente libres y quienes se han fugado nunca serán arrestados.

A todos los obstáculos que durante el proceso han debido enfrentar las familias agraviadas, se suma recientemente la decisión del poder judicial oaxaqueño –“extraña, sospechosa y política”, acusa el abogado Peña– de trasladar el juicio a un tribunal ubicado dentro de la zona de conflicto, a 70 kilómetros de San Juan Copala, donde fueron emboscados los activistas, y no llevarlo a cabo en la capital del estado como lo solicitaron Peña y Salas.

Como la autoridad se ha negado todos estos años a activar los mecanismos de protección a los testigos, éstos temen por su vida si se atreven a hundir con sus testimonios a los presuntos asesinos, que permanecen libres, fuertemente armados y con un territorio bajo su control.

Por falta de mínimas garantías de seguridad, Peña ya adelantó que ni él ni su colega Salas, pero tampoco los familiares de las víctimas ni los representantes de las embajadas europeas, y mucho menos los testigos, podrán participar en el juicio. Esa circunstancia facilitará la liberación de los detenidos, que da por hecho el abogado.

El proceso en el estado de Oaxaca es la última esperanza para obtener justicia, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) cerró la investigación con reservas, en espera de que aparezcan nuevos datos o testigos a pesar de que dispone de todos los elementos para castigar a los criminales que ya están identificados.

La indignación finlandesa se deja sentir. El 22 de mayo pasado el servicio público alemán Deutsche Welle retransmitió en español el emotivo documental sobre el caso Jaakkola, titulado Asesinato en México. Fue realizado por el periodista Simo Sipola para la televisión pública finlandesa YLE en 2016.

Fue comenzado a rodar en 2011 y contiene conversaciones con el padre de Jyri, Raimo Jaakkola, quien falleció en 2015 sin ver tras las rejas a los asesinos de su hijo. Conmueve y estremece el fragmento en el que narra el terrible momento en que recibió por teléfono en Finlandia la noticia de la muerte de Jyri.

Falta de apoyo de embajadas

Sin embargo, hay otros países europeos afectados que han preferido contenerse.

La eurodiputada Keller acusa la “ausencia” de apoyo oficial de la embajada de su país, Alemania, y las de Bélgica e Italia, a pesar de que ciudadanos de esos otros países viajaban igualmente en la caravana humanitaria que fue tiroteada el 27 de abril de 2010 y salvaron “de milagro” la vida, en palabras de la abogada Salas.

No es la primera vez que un país europeo se desinteresa de ciudadanos suyos, cuyos derechos humanos fueron violentados en México. Así ocurrió con el gobierno español, que rehuyó al menos en dos ocasiones la oportunidad de llevar al Consejo de la UE el caso de sus dos ciudadanas –María Sostres y Cristina Valls– agredidas sexualmente por policías durante la brutal represión contra los habitantes de Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.

El gobierno alemán tampoco elevó a esa esfera diplomática el caso de su ciudadana Samantha Dietmar, agredida en el mismo episodio de Atenco.

Sobre el asesinato de Jaakkola y Cariño, en mayo y junio de 2010, los eurodiputados verdes catalanes Raül Romeva y Oriol Junqueras, y el comunista Willy Meyer, respectivamente, cuestionaron a la Comisión Europea –que lleva las relaciones de la UE con México– y al Consejo de la UE –donde toman sus decisiones conjuntas los Estados miembros–, si habían discutido el caso Jaakkola y qué medidas tomarían al respecto.

Tal como ha sido su enfoque diplomático, las mencionadas instituciones europeas respondieron que confiaban en el diálogo con el gobierno mexicano en materia de derechos humanos. Bajo esa consideración abordaron el asunto en la primera reunión del Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos México-UE, que precisamente había tenido lugar dos semanas después del asesinato del activista finlandés, y en ese mismo tenor lo siguen tocando hasta la fecha.

Para los abogados Peña y Salas es importante “no dejar solo” a Finlandia ejerciendo presión internacional sobre México. “Hay otros ciudadanos europeos que también fueron atacados en esta emboscada”, reitera Keller.

Y es que, cualquiera se podría preguntar qué autoridad moral puede reclamar la UE en la defensa de los derechos humanos en el mundo si no se involucra, de forma decisiva, cuando pistoleros protegidos por políticos locales, en un país que considera su “socio estratégico”, acaban con la vida de uno de sus ciudadanos y en un contexto como en el que fue asesinado Jyri. Y peor: ¿qué cuentas dará a sus propios ciudadanos?

*Esta columna Europafocus fue publicada el 31 de mayo de 2017 en el portal de la revista PROCESO.Lee aquí el texto original➜