El gobierno de Luxemburgo no se resigna a que Antoine Deltour y Raphael Halet –ciudadanos franceses que filtraron a la prensa los documentos del caso LuxLeaks– hayan quedado en libertad luego de que un juez anuló sus condenas de prisión. La fiscalía de ese país apeló la decisión y solicita que la justicia les aplique una pena ejemplar de un año y medio de cárcel y una multa superior al millón de euros. El caso ejemplifica el doble discurso de los líderes europeos que, por un lado, reconocen la importancia de los denunciantes en los sistemas democráticos y, por otro, se niegan a brindarles protección legal que impida su persecución.

Bruselas.- El gobierno de Luxemburgo está empecinado en meter a la cárcel y arruinar económicamente a los dos ciudadanos franceses que revelaron sus acuerdos confidenciales de evasión fiscal con empresas trasnacionales, como Pepsi, Disney, Coca Cola, Amazon, Google o Starbucks.

Por separado, Antoine Deltour y Raphael Halet filtraron a un periodista de su país 548 contratos fiscales confidenciales extraídos de la consultoría PricewaterhouseCooper (PwC) de Luxemburgo, en la que ambos laboraban.

Los documentos, publicados en 2012 y con mayor amplitud en noviembre de 2014, dando lugar al llamado caso LuxLeaks, probaron que al menos 350 compañías habían sido casi exoneradas del pago de impuestos generados por sus operaciones europeas. Muchas de ellas contribuían con menos de 1% de sus ingresos, e incluso algunas llegaban apenas a 0.015%.

La decisión de llevar a juicio a los dos denunciantes tras una demanda de PwC escandalizó a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al gobierno francés, que manifestó solidaridad con sus ciudadanos, y a grupos políticos del Parlamento Europeo que empujaron para que Deltour recibiera en junio de 2015 el premio al ciudadano europeo del año y fuera nominado al prestigiado premio Sakharov de derechos humanos.

Mayor indignación causó el fallo que el 29 de junio pasado condenó a Deltour a un año de prisión y multa de 1667 euros, y a Halet a nueve meses y 1111 euros. Sus penas fueron condonadas porque ninguno de los dos contaba con antecedentes penales.

En la misma sentencia fue absuelto el periodista que recibió y publicó las revelaciones, Edouard Perrin, quien de manera incomprensible fue acusado de haber manipulado a Halet.

Los sentenciados apelaron de inmediato la decisión del juez. “No soy un delincuente, ¿por quién me toman? Uno encuentra cosas horribles y las denuncia por interés público para que éstas cambien. ¿Debo aceptar un año de cárcel por haberlo hecho? No”, declaró Deltour a la televisión francesa en una de sus pocas intervenciones públicas.

Lo que cayó como una tremenda sorpresa fue la decisión del fiscal luxemburgués, el pasado 2 de agosto, que apeló también el veredicto para que de esa forma los tres inculpados sean nuevamente juzgados, abriendo un proceso que podría durar cinco o seis años más.

Desde el principio, y con base en una investigación efectuada por PwC, la fiscalía solicita que la justicia aplique a cada uno una pena ejemplar de un año y medio de cárcel y una multa superior al millón de euros.

La Federación Internacional de Periodistas declaró estar “conmocionada” con la decisión tomada por Luxemburgo. La consideró un grave ataque contra el periodismo de investigación y una muy mala señal para quienes se atreven a denunciar abusos o malos manejos del poder público o privado, los llamados denunciantes (whistleblowers en inglés o lanzadores de alerta en francés).

El 8 de septiembre, 108 eurodiputados también se declararon “impactados y enfadados” con el proceso judicial que se sigue a Deltour y Halet, a quienes reiteraron en una carta abierta su “apoyo y solidaridad”, además de reconocer su “valentía” y “tenacidad” por haber apelado la resolución del juez. Pero además invitaron a quien fuera el jefe de la unidad encargada de tramitar los polémicos contratos, Marius Kohl, a “ofrecer las respuestas adecuadas” sobre tales prácticas fiscales, ya que durante el juicio entregó un certificado médico para no tener que presentarse a declarar.

Contradicción

El caso de Antoine Deltour, quien filtró casi la totalidad de los documentos del LuxLeaks, es una prueba del doble discurso de los líderes europeos que, por un lado, reconocen la importancia de los denunciantes en los sistemas democráticos y, por otro, se niegan a brindarles la suficiente protección legal que impida su persecución.

Con esa misma incongruencia actuó el juez que sentenció a Deltour y Halet al admitir el valor público de su proceder y reconocer su estatus legal de “denunciantes”, pero al mismo tiempo considerando que no ameritaban protección y, por tanto, eran culpables de los cargos imputados: robo, violación de secreto profesional y comercial, acceso fraudulento a un sistema informático y detención de documentos sustraídos.

Pese a que los países europeos están entre los más avanzados del mundo en materia de transparencia y democracia, los denunciantes no hallan en la región el amparo necesario. No es casual que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se viera obligado a refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permanece desde 2012, mientras que el consultor Edward Snowden, que reveló los programas de vigilancia masiva de Estados Unidos, viva exiliado en Rusia desde 2013 tras pedir el asilo a Ecuador e intentarlo en Islandia, en cuyo caso debía tramitar su petición presentándose en el país.

Desde hace una década –coincidiendo con la creación de Wikileaks en 2006—el Parlamento Europeo y organizaciones de la sociedad civil están solicitando a la Comisión Europea que proponga una directiva que de una vez por todas ponga fin al desamparo en que se encuentran los denunciantes en todos los países de la UE. Pero la institución ha ignorado los exhortos.

Después del escándalo Luxleaks, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó en febrero de 2015 los nombres de 100 mil clientes y entidades offshore de la sucursal suiza del banco HSBC que también eludían sus obligaciones tributarias a través de un esquema tentacular. Fue el caso conocido como Swissleaks, cuya información de base la filtró el franco-italiano Hervé Falciani, un exempleado del área de sistemas de HSBC en Suiza, quien había revelado la existencia de otras 130 mil cuentas bancarias del mismo tipo en 2009, por lo que fue acusado de “espionaje comercial” por la justicia helvética.

En 2013 fue absuelto por España, donde había sido detenido un año antes, ya que en ese país no existe la figura jurídica de secreto bancario, y se consideró que el secreto comercial no aplicaba si se usa para cometer actividades ilícitas.

De cualquier modo, en noviembre pasado una corte suiza lo sentenció en ausencia a cinco años de prisión por haber difundido “inteligencia económica” de entidades extranjeras en Líbano, Alemania, Francia y Reino Unido.

El hecho de que políticos y millonarios estuvieran aprovechándose de engranajes legales para ocultar sus riquezas en paraísos fiscales irritó mucho a los europeos, que están sufriendo aun los efectos de la crisis económica. Peor aún si se toma en cuenta que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fungía como primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo cuando se negociaron los acuerdos de evasión fiscal con las multinacionales.

Presionado, Juncker presentó en enero último un plan de acción con medidas para hacer “más justo y eficaz” el impuesto a las empresas. Propuso también una directiva sobre secretos empresariales que supuestamente protegería a los denunciantes y periodistas de investigación, pero que resultó en un mecanismo que hará más fácil emprender acciones judiciales contra filtraciones de información confidencial, según acusan organizaciones como Transparency International o Corporate Europe Observatory.

Directiva

Cuando a principios de abril último el ICIJ reveló una nueva y gigantesca estructura de operación en paraísos fiscales filtrado originalmente a un diario alemán por una persona que permanece en el anonimato –los llamados Panama Papers –, un equipo de abogados estaba finalizando una propuesta de directiva que verdaderamente protege a los denunciantes.

El documento, elaborado para el grupo del Partido Verde del Parlamento Europeo, fue presentado en mayo, cuando la exigencia de contar con una iniciativa de esa naturaleza se volvió más fuerte que nunca entre la opinión pública.

“Hasta hace pocos meses, la Comisión Europea decía que no existía la base legal necesaria para ofrecer esa protección”, señala a Proceso Pamela Bartlett, coordinadora del área de Transparencia y Democracia del Partido Verde e integrante del equipo que elaboró la Directiva que establece una protección europea para los lanzadores de alerta.

“Pero con el caso Deltour y la mediatización de los Panama Papers –explica la experta anglo-mexicana– se generó una fuerte presión sobre los políticos, que ahora se ven obligados a actuar o, al menos, a responder públicamente apoyando a los denunciantes”.

La directiva de los verdes pretende demostrar a la Comisión Europea que ésta sí cuenta con las facultades para proponer una propia que pueda aplicarse en todos los países de la UE. Por ahora cada uno actúa como mejor le parece, dejando incluso en el abandono legal a los ciudadanos que osen denunciar hechos que, aunque sean legales, atenten contra el interés público.

España, Grecia, Finlandia o Portugal, por ejemplo, no ofrecen ningún amparo.

Los verdes europeos sustentan su directiva en dos artículos del Tratado Fundacional de la UE (el 151 y 153) sobre sus competencias en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo. La directiva protege a los denunciantes que sean trabajadores del sector privado y público, e incluye a los exempleados, becarios o aprendices.

Si alguno de ellos revela cualquier tipo de información de interés público, sin importar que sean secretos empresariales o de seguridad nacional, no podrá ser objeto de represalias y estará exento de toda persecución penal, civil o disciplinaria.
Y algo muy importante: en la directiva se revierte la carga de la prueba, por lo que ésta recae sobre los denunciantes, que deben demostrar que la información revelada no es de interés público para defenderse.

En noviembre pasado, la comisión especial creada por el Parlamento Europeo tras el Luxleaks para luchar contra la evasión tributaria había pedido a la Comisión Europea que presentara una propuesta legislativa de protección a los denunciantes a más tardar en junio de este año. El llamado cayó, una vez más, en saco roto.

No obstante, Pamela Bartlett refiere que el enfoque del problema ha cambiado de manera favorable dentro de la Comisión Europea.
Expone: “Anteriormente la protección de los lanzadores de alerta se consideraba dentro de una concepción de lucha contra la corrupción y se hacía cargo la dirección general de Asuntos Interiores. En la actualidad existe una visión mucho más amplia e incluye la evasión fiscal, los daños al medio ambiente o los derechos humanos, y el tema ha pasado a la dirección de Justicia, que tiene competencias más amplias dentro de la UE”.

En este momento, dicha cartera está realizando un análisis sobre el estado de las legislaciones de los Estados miembros al respecto.

–Eva Joly, la exmagistrada francesa y eurodiputada verde, afirma que Juncker no quiere reconocer ni proteger a los lanzadores de alerta, se le comenta a Bartlett.

–En enero Juncker decía que no había base legal para protegerlos; en mayo presentamos nuestra propuesta y en julio la Comisión Europea presentó un paquete de transparencia fiscal, donde se menciona que está realizando un mapeo para sopesar la posibilidad de actuación a nivel europeo sobre lanzadores de alerta”.

Concluye: “Lo que sabemos es que están trabajando en el tema y hay muestras de voluntad política”.

*Este reportaje fue publicado en la edición del 17 de septiembre del semanario PROCESO.

**Actualización: el 15 de marzo de 2017 el juez confirmó la sentencia de Deltour y halet en el juicio de apelación y los condenó a penas reducidas. Perrin fue nuevamente absuelto.