BRUSELAS (Proceso).- Para no incomodar al gobierno de Enrique Peña Nieto, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) ha impedido en dos ocasiones que el Parlamento Europeo sostenga un debate público y emita una “resolución de urgencia” contra la impunidad que prevalece ante los casos de desaparición y asesinato de periodistas en México.

La bancada del PPE –de centroderecha y primera fuerza política al contar con 215 de los 751 escaños totales– impidió que tal resolución llegara a la sesión plenaria que tuvo lugar del 12 al 15 de junio pasado, y tampoco a la siguiente, que se celebró entre el 3 y el 6 de julio.

En teoría, la resolución puede formularse de nuevo para la plenaria de septiembre, pero, según diversas fuentes acreditadas a las que se les consultó al respecto, es “prácticamente imposible” que los populares cambien de postura.

La iniciativa para discutir el asunto surgió en el Parlamento Europeo tras el asesinato del periodista especializado en temas de narcotráfico Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, y que generó indignación y muestras de solidaridad internacionales.

Dos días después, el 17 de mayo, el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD) –el segundo grupo más numeroso con 190 escaños– anunció que promovería una “resolución de urgencia sobre los crímenes contra los periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en México”.

En ese mismo boletín, y a nombre de todos los socialistas, el eurodiputado español Ramón Jáuregui, quien igualmente copreside la Asamblea Eurolatinoamericana, pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto “que frene esta deriva criminal” y hacer “un esfuerzo mayor para extirpar de una vez por todas la lacra del narcotráfico”.

Como los socialistas, otros grupos también realizaron consultas internas y decidieron que México debía ser incluido entre los países con urgencias en derechos humanos para la sesión plenaria de junio: los Verdes/Alianza Libre Europea (con 51 curules) y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (con 52).

Pero las propuestas de resolución de esos partidos fueron paradas desde el inicio del procedimiento.

Como ordenan los reglamentos europarlamentarios, la semana anterior a la sesión plenaria de junio se reunieron los “coordinadores” de los grupos políticos para definir los tres casos de violaciones a los derechos humanos fuera de la UE sobre los cuales el Parlamento debía discutir y posicionarse “urgentemente”.

En esa reunión de coordinadores –que se llevó a cabo el 7 de junio– los representantes de los grupos socialista, verde y de Izquierda Unitaria “pelearon duro” para que se aceptara discutir la situación de los periodistas mexicanos, relata una fuente consultada por Proceso.

“Fue una discusión indigna que duró más de una hora”, precisó otra fuente favorable a la resolución.

Las narraciones de lo ocurrido coinciden en afirmar que el representante del grupo popular “defendió fuertemente” su negativa a incluir la violencia contra los periodistas de México entre los casos “urgentes”. Argumentó que “había demasiada carga de trabajo” para la plenaria de junio.

Tres fuentes familiarizadas con los hechos, entrevistadas por separado, aseguraron a este semanario que esa reunión terminó con la “promesa” del representante del PPE de que la resolución saldría para la plenaria de julio porque ellos la apoyarían.

Una semana antes, el 30 de mayo, la presidenta de la delegación para México del Parlamento Europeo, la eurodiputada española Teresa Jiménez-Becerril, del grupo del PPE, aseguró al corresponsal que, “por supuesto”, habría una resolución sobre México.

Finalmente, los grupos políticos eligieron como “urgencias” a tratar en junio las situaciones en Azerbaiyán, Pakistán e Indonesia.

Amenaza

Resoluciones como las reseñadas pueden ser instrumentos de presión diplomática del Parlamento Europeo, ya que abren un espacio de evaluación y crítica en materia de protección de los derechos humanos de terceros países.

Por eso el gobierno mexicano –a través de su embajada en Bruselas– suele movilizarse para “informar” personalmente la versión oficial a eurodiputados influyentes. Así es como en la última década ha operado para intentar frenar potenciales resoluciones o al menos dispersar o eludir la responsabilidad del Estado en sus contenidos.

Esta ocasión, la embajada mexicana parece haber actuado de forma más agresiva, según explican las fuentes contactadas.

Con el precedente de que el grupo del PPE prometió aceptar posteriormente la resolución bloqueada el mes anterior, la oposición volvió a presentar el caso de los periodistas mexicanos en las propuestas para la sesión plenaria del 3 al 6 de julio.

La semana previa, el 28 de junio, se reunió la junta de coordinadores para seleccionar tres nuevas “urgencias”. Para sorpresa de los grupos de oposición, el representante popular incumplió su palabra y rechazó otra vez someter a México a una resolución.

Explicó que “no era el momento conveniente” porque el gobierno peñanietista está en curso de renegociar la relación comercial de México con la Unión Europea (UE), y pronto comenzará la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

“Dijo que lo mejor era no meter ese elemento (la resolución) porque podría molestar al gobierno mexicano”, narró una fuente.

La eurodiputada española Estefanía Torres, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria, confirmó esa versión a este reportero: “Los populares lo dijeron literalmente: ‘no queremos interferir (con una resolución) en la próxima ronda de negociaciones’”.

Correlación de fuerzas

Los populares siempre contaron con el respaldo de Conservadores y Reformistas, el tercer grupo más fuerte (74 curules) al que pertenecen los tories británicos o los euroescépticos de países miembros del Este. Igualmente fueron apoyados por el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (46 asientos y séptima fuerza política de los nueve existentes), que aglutina a los euroescépticos radicales británicos e italianos.

Los socialistas habían anunciado que empujarían una resolución; sin embargo, entre los coordinadores circuló la versión de que el gobierno mexicano amenazaba con suspender la ronda de negociaciones sobre diálogo político y cooperación del acuerdo –programada para el 10 de julio en Bruselas– si el Parlamento Europeo admitía discutir la resolución.

Frente a ese escenario, los socialistas se dividieron y voltearon la espalda a su iniciativa. El cuarto grupo más votado, el de la Alianza de Liberales y Demócratas (70 diputaciones), decidió retirar “de último momento” su apoyo a la resolución al ver que no había un acuerdo con las fuerzas mayoritarias. De hecho, los liberales llegaron a la junta de coordinadores del 28 de junio con una lista de “urgencias” en la que ya no aparecía México.

“En todo caso –menciona una de las personas entrevistadas–, la amenaza del gobierno mexicano fue el detonante para que la mayoría de los grupos políticos rechazara incluir a México.”

*Este texto se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.Aquí el texto original➜