BRUSELAS (apro).- Las autoridades mexicanas “no han sido capaces de contener la crisis de confianza en el gobierno a todos los niveles: municipal, estatal y federal”, señala un reporte publicado hoy del prestigiado centro de estudios sobre conflictos International Crisis Group (ICG).
Ese organismo con sede en la capital belga relaciona la profundización de tal crisis con el secuestro y “aparente asesinato” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “por parte de una banda criminal con el supuesto apoyo de policías corruptos”, que desencadenó protestas violentas en Guerrero y marchas masivas en la Ciudad de México.
Sin embargo, el ICG señala que un ejemplo de que el gobierno mexicano puede ser capaz de revertir la actual situación en el país es “la vuelta a la normalidad” que ha logrado establecer en Juárez, Chihuahua, “tras una explosión de violencia sangrienta sin precedentes” entre 2007 y 2011.
El reporte de 39 páginas, cuya copia obtuvo Apro, muestra un tono elogioso hacia las autoridades mexicanas, si bien se exponen algunas críticas. Su título, Ciudad Juárez: ¿transitando del abismo a la redención?, se presenta como una afirmación en su contenido al asegurar que Juárez “está en vías de recuperación” y “normalización” gracias a la inversión pública en programas sociales y reformas institucionales, así como a un “modelo de participación ciudadana sin precedentes”.
Bajo el punto de vista del ICG, esas políticas gubernamentales las comenzó el presidente Felipe Calderón en 2010 con el programa Todos Somos Juárez, y luego las ha continuado Enrique Peña Nieto a través del Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia y la Violencia, cuyo enfoque “de acupuntura sociourbana” le parece “prometedor” al organismo de Bruselas.
Esos esfuerzos gubernamentales, menciona el reporte, habrían contribuido “a alejar del abismo a la ciudad que llegó a ser conocida como ‘la capital mundial del asesinato’”, aunque matiza que “hace falta más para evitar que Juárez sea víctima de un rebrote de la violencia”.
En el documento se reconoce que “aún persisten gravísimos problemas” en Juárez, que sigue siendo una “indómita ciudad fronteriza con enormes desigualdades, en la que los traficantes y otros criminales no tienen dificultad para encontrar reclutas entre la población mayoritariamente joven, que no cuentan con buenos empleos ni educación”.
Sin embargo, el think tank internacional insiste en que “hay motivos para un moderado optimismo”. Esa conjetura está sustentada en el hecho de que los líderes de la sociedad civil “demandan explicaciones al gobierno ante cualquier aumento del delito”, y se reúnen periódicamente con funcionarios municipales, estatales y federales en la Mesa de Seguridad y Justicia, que el ICG califica como “un singular organismo independiente integrado por ciudadanos y autoridades”.
Para el renombrado centro de análisis de conflictos, las autoridades locales “se enorgullecen, con razón, de los avances logrados en la reducción de los homicidios y otros delitos de alto impacto como el secuestro”. Y enfatiza que “los logros de Juárez y del estado de Chihuahua ofrecen esperanzas para otras ciudades y regiones que aún sufren de violencia endémica”.
Elaborado con base al trabajo de campo realizado en Juárez por expertos del ICG, el reporte, precisa ese organismo, se sustenta en “docenas” de entrevistas con expertos, funcionarios locales, empresarios y activistas.