BRUSELAS (apro).- A casi dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero –hecho que generó la condena de diversos organismos internacionales–, el Consejo de Europa –cuya razón de ser es la promoción de los derechos humanos y el respeto al estado de derecho– no había discutido el asunto en sus reuniones internas, no obstante que México es observador permanente y que, para serlo, se comprometió a velar por el respeto de los principios democráticos.

Consultado por Apro el jueves 13, el vocero de esa institución regional, el español Jaime Rodríguez, confirmó que el Consejo de Europa no se había pronunciado sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa, y que tampoco los había abordado o debatido en los órganos de cooperación mutua que lo integran.

[signoff]Artículo publicado el 21 de noviembre de 2014 en el suplemento Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/signoff]

Lo anterior contrasta con las expresiones de condena efectuadas por otros organismos europeos, principalmente el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Parlamento Europeo, que discutieron intensamente la posición institucional que emitirían y que resultó en dos resoluciones, una de apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto y otra que lo cuestiona.

Aunque no es una institución de la Unión Europea, el Consejo de Europa acoge a todos sus Estados asociados (28 actualmente) y está vinculada a él la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la principal autoridad judicial para la protección de los derechos humanos en esa región y que están reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos, suscrita a su vez por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.

El Consejo de Europa –fundado en 1949 y con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, donde también se halla la Corte Europea de Derechos Humanos–, decidió invitar a México a incorporarse con el estatus de país observador el 1 de diciembre de 1999, durante el gobierno priista del presidente Ernesto Zedillo.

En la Resolución 99 (32) emitida en esa fecha, el Comité de Ministros del Consejo de Europa (conformado por los ministros de Exteriores de los Estados miembros) explica que tomó esa decisión “considerando las perspectivas de diálogo y cooperación” con México “en numerosos campos, particularmente en el de la estabilidad democrática, con miras al reforzamiento de las instituciones democráticas, el funcionamiento del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.

Se hace referencia a que la invitación del Consejo de Europa se fundamentó en las solicitudes efectuadas en diciembre de 1998 por el gobierno de Zedillo –a través de la entonces canciller Rosario Green– para ingresar a la organización como observador. Y lo hizo, se precisa, en acuerdo con la Resolución Estatutaria 93 (26), mediante la cual el Estado mexicano declaró “aceptar los principios de democracia, el imperio de la ley y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas sujetas a su jurisdicción”.

Aunque parece lejana, en términos estatutarios queda abierta la posibilidad de que México pudiera ser expulsado del organismo. El apartado VIII de su mencionada resolución 93 (26) estipula que el Comité de Ministros puede “suspender” y, tras consultar con la Asamblea Parlamentaria (compuesta por legisladores de los países miembros), “retirar el estatus de observador” a un país, si bien no están definidos los motivos específicos que lo permitan.

Cabildeo priista

El representante permanente de México ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa es el connotado priista Santiago Oñate Laborde, quien llegó a ser presidente de su partido tras haber sido el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y, posteriormente, secretario del Trabajo y Previsión Social con el presidente Zedillo.

En 1997 Zedillo Ponce de León designó a Oñate como embajador en Reino Unido e Irlanda. El panista Vicente Fox lo envió a Holanda en 2001 y fue retirado dos años más tarde en el momento en que tenía lugar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pleito entre México y Estados Unidos por el caso de los mexicanos condenados a muerte en ese país y a quienes no se respetaron sus derechos consulares (el famoso caso Avena).

Oñate pasó a ser en 2004 consejero legal en la Organización para la Prohibición de Armas Químicas de La Haya, hasta que en julio de 2013 el presidente Peña Nieto lo sacó de ahí y lo nombró representante permanente de México en el Consejo de Europa.

México cuenta con seis legisladores en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: los panistas Juan Bueno Torio y Héctor Larios Córdova; el perredista Luis Miguel Barbosa Huerta, y los priistas Eloy Cantú Segovia, Miguel Romo Medina y Ernesto Gándara Camou, que funge como presidente de la bancada mexicana.

El portavoz del Consejo de Europa consultado refirió que “en octubre la misión permanente de México en Estrasburgo” había informado al Comité de Ministros “sobre los sucesos de Iguala”. Oñate siguió así la misma estrategia que utilizó el embajador ante la Unión Europea, Juan José Gómez Camacho, para influenciar el sentido favorable a Peña Nieto de la resolución conjunta que emitió sobre Ayotzinapa el pleno del Parlamento Europeo el 23 de octubre (Proceso 1982).

Gómez Camacho atiborró con información oficial de los hechos y las medidas gubernamentales tanto a eurodiputados como a funcionarios de la Comisión Europea que llevan las relaciones con México, y aplicó marcaje personal sobre los más influyentes, la mayoría españoles pertenecientes a los grupos del Partido Popular Europeo y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos.

El 23 de octubre, Oñate acompañó y asistió a Gómez Camacho en su comparecencia ante la Delegación para México del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo (la principal está en Bruselas), previo al debate que se sostuvo ahí sobre la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero y el voto de una resolución conjunta a modo para el gobierno peñanietista.

La cobertura que desplegó en esa ocasión la agencia de noticias Notimex para resaltar que el Parlamento Europeo “desechó la pretensión” de los eurodiputados verdes y de izquierda de condenar al gobierno mexicano por los hechos de Guerrero –y que, de acuerdo con una fuente interna que pidió el anonimato, se realizó por encargo directo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)— incluyó una entrevista a Gómez Camacho y otra a Oñate.

“Yo diría que hoy se ha reforzado la relación (con la Unión Europea) porque en los momentos difíciles es cuando se conoce a los amigos”, declaró Oñate en esa entrevista, agregando que a partir de ese día “se puede decir que la mayoría de parlamentarios europeos, como es el caso (también) de los gobiernos europeos, han decidido marchar con México en esto, con su gobierno y con su pueblo”.

Declaró igualmente a Notimex que esa resolución fue resultado “de una deliberación motivada, por un lado, en la gravedad de los hechos ocurridos en México, y, por otro, en la consideración de México como socio estratégico de la UE, que sólo tienen 10 países en el mundo”. En el Consejo de Europa sólo Estados Unidos, Japón, Canadá y el Vaticano gozan del mismo estatus que México.

Credibilidad cuestionada

Manuel Rodríguez Arriaga, quien fuera embajador en Bélgica entre 1998 y 2001 y primer representante de México ante el Consejo de Europa, escribió en la Revista Mexicana de Política Exterior que la diplomacia nacional cabildeó intensamente su entrada a la organización europea. Entre enero y abril de 1999, recuerda, los representantes de los Estados miembros realizaron su análisis y concluyeron que México cumplía los méritos democráticos suficientes para convertirse en país observador.

El 4 de noviembre siguiente la Asamblea Parlamentaria llegó a la misma conclusión, luego de la aprobación de un reporte positivo elaborado por un relator de Andorra.

Su Comisión Permanente consideró en una resolución que México “había emprendido con éxito, en el transcurso de los últimos años, reformas democráticas sustanciales a fin de consolidar una democracia pluralista”. Se precisa que el país forma parte de 42 convenciones internacionales de derechos humanos, con lo que estima “que las autoridades mexicanas dan testimonio de una real voluntad de asegurar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos (sus) ciudadanos”.

Por eso, hace 15 años concluyó que México compartía “los valores del Consejo de Europa”, y que podía “hacer una contribución positiva a sus trabajos”.

Desde entonces el Consejo de Europa, a través de las comisiones temáticas en las que hay cooperación, ha pronunciado recomendaciones a México para la mejora de su sistema judicial en materia electoral o para combatir los feminicidios, además de respaldar puntualmente al gobierno mexicano contra la ejecución inminente en Estados Unidos de sus connacionales.

Sin embargo, hasta ahora no se ha manifestado en torno a las violaciones a los derechos humanos derivadas de la guerra contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón y que ha continuado Peña Nieto.

En julio de 2011, cuando las víctimas de la estrategia calderonista contra las drogas se contaban por miles, este corresponsal preguntó al vocero Rodríguez si alguno de los órganos del Consejo de Europa estaba realizando un análisis de la situación de violencia en México. La respuesta fue el envío de una nota de prensa, emitida el 6 de julio de ese año, en la que una diputada de Liechtenstein y ponente en materia de pena de muerte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Renate Wohlwend, hacía un llamado a las autoridades de Texas para detener la ejecución del mexicano Humberto Leal García, quien finalmente cumplió con su sentencia el día siguiente.

Defensores europeos de los derechos humanos en México explican que sus organizaciones no mantienen contactos con el Consejo de Europa, o que el mandato de sus agremiados limita sus actividades a las instituciones de la Unión Europea. Tal es el caso de uno de los más activos e influyentes organismos en su tipo: Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (Cifca), comenta a esta agencia su secretaria ejecutiva Susanna Daag. Entre las organizaciones que la integran, y que provienen de 11 países europeos, se encuentran la Federación Internacional de Derechos Humanos –que ha presentado dos comunicaciones en la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en México–, Oxfam o Brigadas Internacionales de Paz-México.

En todo caso, el compromiso del Consejo de Europa ha sido cuestionado recientemente por organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que el 29 de septiembre pasado insistió sobre el hecho de que un régimen como el de Azerbaiyán, que obtuvo en mayo anterior la presidencia rotativa del Consejo de Europa –que pasó a Bélgica el jueves 13– persistiera en su política represiva contra sus opositores, mostrando así “su fracaso en el cumplimiento de los compromisos que asumió cuando se unió a la organización”.

“En lugar de limpiar su historial y enfrentar las preocupaciones de siempre –señaló HRW–, el gobierno intensificó su ofensiva, atacando a los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de redes sociales con falsos cargos y condenas penales”.

European Stability Iniciative (ESI) –un instituto de investigación de la región del sureste europeo y con oficinas en Bruselas, Berlín y Estambul–, también puso en entredicho la credibilidad del Consejo de Europa, luego de que el 23 de enero de 2013 su Asamblea Parlamentaria votara a favor de una resolución sobre los presos políticos en Azerbaiyán que, contradictoriamente, resultó cómoda al régimen autoritario del presidente Ilhanm Aliyev.

De acuerdo con ESI, en defensa del gobierno de Azerbaiyán salieron los legisladores rusos, italianos, turcos y… españoles, a quienes encabezó el senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, ponente de un reporte cuyo contenido gustó tanto al gobierno de Azerbaiyán que recomendó a sus críticos que lo leyeran.