Bruselas (apro).- Interesados en conocer lo que pasa en México tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y hacerlo desde un punto de vista independiente al gobierno de Enrique Peña Nieto, representantes del Consejo de la Unión Europea –el máximo órgano de deliberación común de los gobiernos asociados a ese bloque europeo– se reunieron con la abogada mexicana Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y ganadora este año del Premio Martin Ennals, considerado el Nobel de los derechos humanos.

[signoff]Artículo publicado el 14 de noviembre de 2014 en el suplemento Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/signoff]

En tal encuentro, poco común y celebrado la mañana del pasado martes 11 en la sede del Consejo en la capital belga –donde igualmente se llevan a cabo las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE)–, Ancheita realizó una presentación sobre la situación del país en el rubro de los derechos humanos.

Ello ocurrió durante la junta de representantes permanentes del Grupo de Trabajo sobre Latinoamérica y el Caribe, y del de Derechos Humanos del Consejo de la UE.

El pasado 12 de octubre, los Estados asociados a la UE, a través de sus embajadores en México, emitieron un comunicado de condena por la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y por los asesinatos de presuntos delincuentes perpetrados en Tlatlaya, Estado de México, por parte de integrantes del Ejército.

En su breve comunicado –emitido por la Delegación de la UE en México, que representa al Servicio Europeo de Acción Exterior–, los gobiernos comunitarios tomaron “buena nota de las detenciones que se han llevado a cabo” y expresaron “su preocupación por la aparente infiltración del crimen organizado en entidades locales”.

Sin embargo, el impacto diplomático de ese pronunciamiento, que fue a nivel “local”, es menor a los que emite la jerarquía superior de Bruselas. Por esa razón, al día siguiente de tal comunicado, organizaciones europeas no gubernamentales –Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), Coordinadora Alemana para los Derechos Humanos en México, Just Associates, Mexiko Forum Schweiz, Organización Mundial contra la Tortura y Brigadas Internacionales de Paz-México– entregaron una carta a la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, en la que le piden que ella misma emita una “declaración pública”, dada la gravedad de los hechos de Ayotzinapa.

Hasta este viernes 14, Mogherini no se había expresado públicamente sobre el asunto.

Preocupaciones europeas

Ancheita narró a Apro que su participación ante el Consejo de la UE duró 45 minutos, incluyendo el tiempo de la ronda de preguntas y respuestas. Comenta que se enfocó en exponer casos de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales cometidos por empresas trasnacionales en México, en particular de capital europeo, pero también abordó asuntos relacionados con los sucesos de Ayotzinapa a petición de los representantes del gobierno de Alemania.

Un representante de ese país preguntó a la abogada mexicana su opinión respecto de un eventual apoyo técnico europeo a las investigaciones policiacas sobre la desaparición de los 43 estudiantes, a lo que ella contestó que sí era necesario, pero sólo en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que representan a los padres de familia y con el equipo de los médicos forenses argentinos que realizan peritajes independientes sobre los restos humanos hallados en las fosas encontradas.

El mismo funcionario quiso conocer su análisis en relación al acuerdo de seguridad que negocia actualmente Alemania con México. A raíz de los hechos en el estado de Guerrero, en los que quedó al descubierto la complicidad de la policía de Iguala con el crimen organizado, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y legisladores alemanes están exigiendo al gobierno de Angela Merkel que lo detenga de inmediato.

Ancheita respondió que Alemania tendría que efectuar “un análisis muy importante del acuerdo” con las autoridades mexicanas, pues capacitar a una policía infiltrada “de una manera tan clara” por los cárteles del narcotráfico, como probó el caso de Ayotzinapa a la opinión pública nacional e internacional, puntualizó, “implica un reto” que el gobierno de Berlín debe tomar en consideración.

En todo caso, mencionó al funcionario alemán, el acuerdo tendría que poner mucha atención en proteger los derechos humanos y no desarrollarlo únicamente desde una perspectiva de asistencia técnica.

El representante del gobierno de Finlandia comentó que su país conocía por experiencia propia las “enormes dificultades” que existen en México para acceder a la justicia. Explicó que el gobierno finlandés apoya desde hace años a los padres de su connacional Jyri Jaakkola para que su crimen no quede impune. El joven activista finlandés fue asesinado el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, Oaxaca, junto con la mexicana Bety Cariño, en una emboscada de un grupo paramilitar ligado al PRI contra la caravana humanitaria en la que viajaban.

Ese funcionario, detalla Ancheita, “hizo tal comentario para respaldar lo que yo estaba planteando en la reunión, al asentar que ellos, el gobierno finlandés, es testigo de lo que implica la impunidad y los obstáculos a la justicia en México”.

El representante español fue uno de los más activos en la reunión, pero para defender los intereses empresariales de su país en México. La activista mexicana dedicó la parte central de su intervención a describir los abusos en que incurren las empresas eólicas extranjeras, algunas de ellas de origen español, en el desarrollo de sus proyectos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

“Los (representantes nacionales) españoles plantearon que quien tiene la principal obligación de proteger los derechos de las comunidades indígenas (donde se construyen los parques eólicos) es el gobierno mexicano, y que esperan que sea el gobierno el que implemente de mejor manera una legislación para proteger la consulta libre, previa e informada (a la población afectada sobre los proyectos)”, relató la abogada.

Ella contestó que es verdad, aunque también recordó que las empresas eólicas extranjeras están sujetas a directrices específicas de Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –y las que ellas mismas se han impuesto–, que las obliga a conducirse bajo la “debida diligencia”. Eso implica que sus casas matrices deben realizar una investigación sobre las condiciones en las que se encuentran las comunidades donde se implantarán (si son indígenas y cuáles son las mejores maneras de aproximarse a ellas) e identificar la naturaleza de los terrenos que les interesan (si son comunales o ejidales).

Y más allá de esas obligaciones internacionales, agregó Ancheita, las trasnacionales tienen que cumplir con las leyes mexicanas, incluso si el gobierno no las hace respetar, ya que no pueden gozar de un estado de excepción tolerado.

Bajo su lectura, la invitación del Consejo de la UE corresponde a la necesidad que tienen los gobiernos europeos de conocer de otras fuentes, que no sean las oficiales, el panorama mexicano de los derechos humanos, lo cual, afirma, “es un avance” en la búsqueda de espacios institucionales europeos donde la voz de la sociedad civil de México sea escuchada.

 

 

 

 

Lobby mexicano

Invitada a Bruselas por la asociación Pan para el Mundo –el organismo de cooperación al desarrollo de las iglesias evangélicas alemanas y la ONG más grande de Europa–, Ancheita se entrevistó con la vicepresidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana del grupo de los verdes, Barbara Lochbihler, el día posterior a su presencia en el Consejo de la UE.

Tanto a ella como a la presidenta de la Delegación para México de la misma institución, la española Teresa Jiménez-Becerril –con quien también tenía planeado encontrarse–, Ancheita les ofreció información sobre el alto riesgo en que trabajan los defensores de derechos humanos en México y la crisis humanitaria que se vive, solicitándoles que el Parlamento Europeo ponga mayor atención y se involucre más en lo que sucede en el país, especialmente en lo que respecta a evitar los atropellos de las multinacionales europeas.

A ese respecto, Lochbihler reconoció las limitantes del Parlamento Europeo, que sólo puede vigilar a la Comisión Europea, un brazo ejecutivo del bloque comunitario, que basa sus políticas empresariales y su rendición de cuentas en las que implementan los Estados miembros.

No obstante, advirtió que continuará el seguimiento de los derechos humanos en el país y en particular del caso Ayotzinapa, luego de la resolución conjunta mayoritaria –de socialdemócratas, conservadores y liberales– y otra alternativa –del partido verde y la izquierda– que sobre la desaparición de los 43 normalistas fueron emitidas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre último.

Más aún, ella recomendó al Subcomité de Derechos Humanos que la próxima resolución se negocie abiertamente, además de que un funcionario de la Comisión Europea –institución encargada de las relaciones de la UE con México– se presente en el Parlamento Europeo y, en un acto público, informe qué se ha hecho desde que se adoptó la resolución y el resultado de las investigaciones mexicanas.

La eurodiputada afirma que “no basta con la captura del alcalde de Iguala. El gobierno mexicano siempre anuncia investigaciones y, una vez que se disipa la atención, no pasa nada”, apunta.

En un encuentro con Lochbihler, este corresponsal le pregunta su opinión sobre la resolución conjunta emitida el 23 de octubre, que no cuestiona al gobierno de Peña Nieto sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y, por el contrario, se le apoya, a diferencia de lo que proponía su partido: cancelar las negociaciones para renovar el Acuerdo Global UE-México, suspender la venta de armas y el acuerdo de seguridad con Alemania, y solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional de La Haya para crímenes de lesa humanidad.

Responde: “Durante muchos años no fue posible sacar una resolución sobre las violaciones a los derechos humanos en México, incluso cuando había casos muy graves. En el Parlamento Europeo no es fácil atraer la atención de los europarlamentarios sobre esas violaciones en México”.

–¿Por qué dice que no es fácil? –se le pregunta.

Antes de responder, suspira.

–Para empezar, en las urgencias que discutimos (en cada sesión plenaria mensual), siempre hay situaciones más dramáticas (que la mexicana), y sólo podemos seleccionar tres. Pero también hay que mencionar que el gobierno mexicano está muy bien representado en el Parlamento Europeo. Siempre intenta enfrentar los problemas comunicando el trabajo que está realizando en materia de derechos humanos. Eso genera que algunos colegas crean que quizás el gobierno tiene la solución. Pero si vemos más a profundidad, yo creo que debemos apoyar al gobierno mexicano, sí, pero con más presión exterior para que combata realmente tales violaciones.

La eurodiputada Dita Charanzová también refiere que la resolución planteó una oportunidad extraordinaria para debatir la situación mexicana. Ella coordinó las negociaciones de la resolución conjunta que suscribió su grupo, el de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.

Sobre las críticas a ese pronunciamiento por no haber tocado la responsabilidad del gobierno mexicano, Charanzová responde a este corresponsal que “lo más importante era dar respuesta (a la desaparición de los normalistas)”. No obstante, señala, “creemos que la democracia mexicana es frágil. Hay un esfuerzo del gobierno (en materia de derechos humanos), pero no tenemos resultados. No se trasladan las palabras escritas en una realidad. En la resolución conjunta decimos sí, felicitamos lo que se ha hecho a nivel gubernamental, pero al mismo tiempo decimos que hay que hacer más”.

Y añade: “Hay que continuar la investigación del caso hasta el final. Ya se detuvo a algunos (el alcalde de Iguala y su esposa y varios policías), pero para mí esto no es el final. Lo que queremos saber es quién es el culpable”.

–El gobierno mexicano señala que los autores intelectuales son el alcalde y su cónyuge. No hay inculpaciones a más alto nivel –se le señala.

–Lo que importa es el resultado de la justicia. Luego el presidente puede tener una opinión, los periodistas otra. Yo quiero ver el resultado judicial; que sea un proceso transparente e independiente. Son las palabras claves en este proceso. Nosotros en el Parlamento Europeo vamos a seguir vigilando lo que pase.

Agrega: “La resolución era sobre Iguala, pero es verdad que ahora vemos este movimiento (social). Veo que el asunto se amplía. Tenemos que estudiar qué respuesta va a dar el Parlamento Europeo en el futuro”.

La eurodiputada checa, integrante de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y ponente del informe sobre las negociaciones de modernización del Acuerdo Global, advierte que este proceso plantea la oportunidad para la UE de proteger a los defensores de derechos humanos en México.

“Cuando vayamos a discutir la actualización del acuerdo hay que hacerlo en su totalidad: no se trata sólo de libre comercio, sino también de otros valores. Los derechos humanos serán un tema importante en las negociaciones”, concluye.