BRUSELAS.- Eran las nueve de la noche del jueves 15 y el hemiciclo del Parlamento Europeo, donde se reúnen 766 diputados para discutir o votar leyes y dictámenes políticos que conciernen a la Unión Europea (UE), se transformó en un gigantesco estudio de televisión.
En cinco podios estaban listos para debatir los candidatos a ocupar la presidencia de la Comisión Europea, la columna institucional de la UE que vigila el cumplimiento de las normas comunes a los 28 Estados asociados, entre ellas las del mercado único, el comercio internacional o las leyes de privacidad en internet.
[pullquote]Versión larga del artículo publicado en la edición del 24 de mayo de 2014 de la revista PROCESO[/pullquote]El Tratado de Lisboa de 2009 estableció que por primera vez desde que en 1979 los miembros del Parlamento Europeo son electos cada cinco años por los ciudadanos, los partidos políticos podrían nominar a sus candidatos a la presidencia; ahora su suerte depende de los 400 millones de votantes que pudieron sufragar en las elecciones europarlamentarias entre el jueves 22 y este domingo 25.
De los 13 partidos políticos en competencia, cinco registraron a sus aspirantes. El Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario actualmente, nominó a Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo y hasta enero de 2013 presidente del Eurogrupo, el organismo informal donde se coordinan los ministros de Economía y Finanzas de los 18 países en los cuales circula el euro. Juncker estuvo implicado en la gestión de la crisis financiera europea y en los planes de salvamento de los bancos.
La segunda fuerza política más relevante de la legislatura saliente, el Partido Socialista Europeo (PSE), designó al alemán Martin Schulz, presidente en funciones del Parlamento Europeo. En Alemania, su partido, el Socialdemócrata, tiene una coalición de gobierno con el demócrata-cristiano de la canciller Angela Merkel, quien suscita el repudio de los países más golpeados por la crisis, como Portugal, Grecia o España, donde la consideran autora de las políticas de austeridad implantadas por sus gobiernos.
La Alianza de los Liberales y Demócratas nominó a su líder Guy Verhofstadt, eurodiputado y exprimer ministro de Bélgica, en tanto que el Partido Verde Europeo –el único que organizó elecciones internas– propuso a sus eurodiputados José Bové, de Francia (quien no participó en el debate), y Franziska Keller, de Alemania.
La Izquierda Unitaria Europea eligió a Alexis Tsipras, líder de los diputados de la Coalición de Izquierda Radical del Parlamento griego. A diferencia de sus rivales, Tsipras es un duro crítico de la integración europea y en especial de la ineficiencia de la UE en la prevención y resolución de la profunda crisis que aún afecta su país.
El debate transcurrió en inglés, aunque previamente Tsipras pidió hablar en griego y Juncker en francés. La presentadora de la televisión pública italiana, Monica Maggioni, fue la moderadora de ese acontecimiento sin precedente en Europa: el primer debate político a escala regional traducido a 23 idiomas y transmitido en vivo por Internet y 18 televisoras públicas asociadas a la European Broadcasting Union (EBU).
Verhofstadt abrió el debate, que duró hora y media: “Los políticos siempre dicen que cada elección será crucial. Pero esta vez de verdad lo será. Toda la UE, el continente entero, se halla en una encrucijada y debe tomar una decisión muy importante: ir hacia atrás a los Estados nación, como varios proponen, o ir adelante y desarrollar una Europa más integrada”.
El público, 500 personas, aplaudió entusiasta.
Polarizados
Con una crisis económica que no acaba de resolverse, con 26 millones de desempleados y una población trabajadora pobre al alza, con programas de austeridad en marcha que no hacen más que aumentar las desigualdades y con una clase política y financiera sumida en el desprestigio y enfrentada al rechazo social, cada vez más ciudadanos europeos no sólo se preguntan para qué existe la UE, sino, peor, la culpan de la situación.
La paz que ayudó a construir en un continente arrasado por las guerras debe traducirse en prosperidad social, es el razonamiento que se deja ver detrás del enojo de los ciudadanos.
Una encuesta de Vote Watch Europe apunta que el vencedor de las elecciones será el PPE, con 217 de las 751 curules que formarán el nuevo Parlamento Europeo. Después vendrá el PSE, con 201 escaños.
No obstante ese resultado significa la pérdida de 58 diputaciones para el primero respecto a la actual legislatura y únicamente siete más para el segundo. Liberales, verdes y conservadores y reformistas perderán 26, 14 y 14, respectivamente.
Las grandes vencedoras serían las agrupaciones de extrema derecha no inscritas en el debate –que de 32 pasarían a 95 eurodiputados– y el grupo de Europa de la Libertad y la Democracia, liderado por los euroescépticos del Partido de la Independencia del Reino Unido, quienes en lugar de 31 tendrán 40 curules. Si se suman ambos grupos, la extrema derecha alcanzaría 135 representantes, alzándose como la tercera fuerza europarlamentaria.
Hasta ahora los ultraderechistas no han podido superar sus divisiones, lo que les ha impedido integrarse como una gran bancada partidista. El Frente Nacional de Francia, que podría ganar él solo 23 eurodiputados, ha tenido conversaciones con otras formaciones de parecida ideología para constituir el grupo Alianza Europea por la Libertad.
Bastaría que Marine Le Pen reuniera al menos 25 miembros de siete Estados socios para que el grupo se registrara como tal y accediera a la totalidad de los recursos financieros que ofrece el Parlamento Europeo, además de ganar una influencia de la que jamás ha gozado en esa institución la extrema derecha, la cual tendría derecho a presidir comités parlamentarios, que es donde se discuten y estructuran las políticas europeas.
Simon Hix, profesor de la London School of Economics, afirma que el escenario anterior “podría significar una sacudida radical en el trabajo del próximo Parlamento Europeo”, pues podría modificar las políticas de gestión de inmigración, como la libre circulación entre países, el sistema de vigilancia fronteriza o los derechos de los solicitantes de asilo.
Asuntos pendientes
Más allá del resultado de los esfuerzos de la extrema derecha, Hix –igual que otros analistas europeos– observa con preocupación el crecimiento de los partidos euroescépticos y al mismo tiempo el colapso del Partido Liberal Demócrata, que había jugado el papel de fiel de la balanza en las dos anteriores legislaturas.
Frente a esa realidad, señala, “ninguno de los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea podrá declarar su victoria sin antes haber negociado una gran coalición que lo respalde y que se comprometa a trabajar unida en los temas más importantes del nuevo Parlamento Europeo”.
Con el nuevo tratado los eurodiputados deciden en conjunto con el Consejo de la UE (los gobiernos nacionales) en casi todos los ámbitos comunitarios. Destacan los ligados a la seguridad y las libertades públicas, como la protección de datos y la privacidad, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo o la creación de una fiscalía europea. Los eurodiputados salientes rechazaron el Acuerdo Comercial contra la Falsificación, que defendía el PPE, y se negaron a permitir la transferencia de datos bancarios a Estados Unidos a través de la red Swift.
La nueva legislatura deberá igualmente aprobar el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, continuar con la reforma del sector bancario y revisar las remuneraciones para altos directivos de empresas o la directiva sobre baja de maternidad y paternidad. El Parlamento Europeo también se ha opuesto a la comercialización de maíz transgénico, la última vez en enero de este año
Pero quizá uno de los asuntos en curso más sensibles es la negociación del acuerdo comercial y de inversión con Estados Unidos, el cual apoyan Juncker y su partido, y cuya quinta ronda de pláticas se celebró en Washington la semana antepasada. Según una nota publicada el viernes 16 en el portal EUobserver, los negociadores se comprometieron a llegar a un acuerdo “antes de que termine 2015”.
Por lo pronto los estadunidenses dejaron fuera del tratado el rubro de los servicios financieros, luego de que la UE hiciera lo mismo con los sectores cultural y audiovisual, por presiones del gobierno francés.
El comisario de Comercio, Karel De Gucht, quien afirma que el tratado generará 100 mil millones de euros suplementarios a la UE, se ha quejado del rechazo de un ala europarlamentaria: “El debate se ha enredado con la campaña electoral. Una parte de la izquierda, los verdes y la izquierda radical ven el acuerdo con Estados Unidos como algo que debe golpearse”.
A ello se añade que Angela Merkel y Herman van Rompuy, presidente del Consejo de la UE, precisaron la semana previa a las elecciones que el Tratado de Lisboa no fija claramente que el candidato de la fuerza política ganadora deberá ser designado de manera automática presidente de la Comisión Europea.
El texto establece que corresponde a los jefes de gobierno de la UE “proponer” al Parlamento Europeo un candidato, tomando en cuenta los resultados de las elecciones. Juncker ya advirtió que espera que “los gobiernos nacionales de la UE respeten la voluntad de los votantes”, y Schulz ha declarado que “no proponer al aspirante de la fuerza más votada sería poco democrático”.
El factor México
Desde que Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de México, este país ha sido el tema de 21 preguntas escritas del Parlamento Europeo dirigidas a la Comisión Europea y a su servicio exterior.
La primera está fechada el 12 de diciembre de 2012 y en ella el eurodiputado español Willy Meyer, de Izquierda Unitaria Europea, se refiere a las “irregularidades” en las elecciones presidenciales mexicanas. En la última, del 23 de abril pasado, las eurodiputadas verdes Satu Hassi y Franziska Keller preguntan sobre el posicionamiento de la UE respecto al “fracasado” mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el país.
Seis preguntas abordan específicamente problemas de derechos humanos. Además de la de Hassi y Keller, el 11 de abril formularon su preocupación en ese campo los eurodiputados socialistas Marc Tarabella, Franco Frigo y Jean Louis Cottigni; el 17 de marzo presentó un planteamiento semejante Michal Tomasz Kaminski, del grupo de los Conservadores y Reformistas, y el 3 de octubre de 2013 Meyer planteó una pregunta sobre “la peligrosa situación de los defensores de derechos humanos en México”.
El 1 de octubre de ese año la socialista Joanna Senyszyn habló de la situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, y el 23 de mayo de 2013 el eurodiputado del partido de Europa de la Libertad y la Democracia, Lorenzo Fontana, hizo una pregunta parlamentaria relacionada con la “desaparición de personas en México”. Otras siete preguntas tuvieron que ver con comercio, y todas fueron presentadas por José Ignacio Salafranca, David Casa y Santiago Fisas, del grupo del PPE.
En la próxima legislatura estarán ausentes dos de los eurodiputados más críticos de la situación de los derechos humanos en el país: el español Raúl Romeva y la finlandesa Satu Hassi, ambos del Partido Verde Europeo, quienes decidieron no competir en una nueva reelección.
Romeva ganó un escaño por primera vez en las elecciones europarlamentarias de 2004, que conservó en 2009, cuando también fue nombrado uno de los seis vicepresidentes del grupo verde en el Parlamento Europeo.
El eurodiputado de origen catalán se convirtió en el Parlamento Europeo en un referente de la lucha contra los feminicidios, luego de que en octubre de 2007 fue aprobada por la institución una resolución que cuestionaba la impunidad que rodeaban los casos de asesinatos de mujeres y niñas en México, propuesta por él en marzo del mismo año.
El proceso de negociación del documento fue objeto de un cabildeo sin precedentes por parte del gobierno mexicano y su embajada en Bruselas, que contaron con la ayuda del eurodiputado Salafranca y de su grupo partidista, e incluso también de la presidenta socialista de la delegación para México del Parlamento Europeo, la alemana Erika Mann. Romeva igualmente promovió en 2010 una resolución que expresaba la preocupación de los legisladores europeos por la escalada de la violencia en México, y fue de los pocos eurodiputados en cuestionar el papel de la misión de observación electoral de la UE, a cargo de Salafranca, en las elecciones mexicanas de 2006 que ganó Felipe Calderón.
La eurodiputada Satu Hassi también llegó al Parlamento Europeo en 2004. Anteriormente había sido ministra de Medio Ambiente y Desarrollo de Finlandia y diputada. Ella se interesó en la problemática de los derechos humanos en México a raíz del asesinato del activista finlandés Jyri Jaakkola, ocurrido en Oaxaca el 27 de abril de 2010 en una emboscada perpetrada por un grupo paramilitar ligado al exgobernador Ulises Ruiz.
La madre de Jyri había sido compañera de escuela de Hassi, que desde el homicidio viajó a México al menos cuatro ocasiones en las que se encontró con autoridades federales y estatales, pero también con víctimas de violaciones a los derechos humanos. Su firmeza en el caso fue tal que consiguió volverse miembro de la delegación para México. Después de cada visita al país, ella y su colega alemana Franziska Keller presentaron en el Parlamento Europeo un informe, donde se acusa la ausencia de Estado de derecho en México, además de que ha manejado la posibilidad de juzgar a Ruiz en Finlandia.
Keller busca su reelección, pero también está haciendo campaña como candidata de su partido para presidir la Comisión Europea. Cercanos a Keller aseguran a este corresponsal que ella proseguirá con su interés en la situación mexicana de los derechos humanos.