BRUSELAS (apro).- Un reporte de la Comisión Europea estimó que la corrupción hace perder en conjunto a los 28 países que conforman la Unión Europea (UE) un monto de 120 mil millones de euros cada año, aunque la comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmström, reconoció durante la presentación del documento, el pasado lunes 3, que dicha cifra seguramente es mucho más alta.

Sin embargo, el reporte no incluyó el estudio de la corrupción en los presupuestos que manejan las instituciones de la UE, lo cual había sido anunciado en un principio.

[pullquote align=”right”]Artículo publicado el 7 de febrero de 2014 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO[/pullquote]

El dato del reporte oficial europeo se basó, entre otras, en estadísticas de 2009 del Pacto Mundial, un foro anticorrupción de empresarios auspiciado por Naciones Unidas, y de la Cámara Internacional de Comercio, un organismo con sede en París que se presenta como “la organización del mundo de los negocios” y cuyo presidente es Harold McGraw III, propietario del grupo McGraw Hill Financial, que a su vez es dueño de la calificadora Standard & Poor’s y de la compañía especializada en índices financieros Dow Jones, así como de otras agencias de “inteligencia económica”.

El reporte, el primero en su tipo y que será publicado de ahora en adelante cada dos años, apunta principalmente dos áreas donde la corrupción está más expandida: el financiamiento de los partidos políticos y las contrataciones o licitaciones públicas, en donde se mueve 20% de la economía total de la UE. En este último apartado, señala el reporte, 32% de las empresas participantes en ofertas públicas afirma que perdieron el concurso a causa de prácticas de corrupción, siendo las más afectadas aquellas del ramo de la construcción y de la ingeniería.

El reporte menciona los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado: “En los Estados miembros donde el crimen organizado plantea problemas considerables, la corrupción sirve para facilitarle las cosas. En uno de los Estados miembros, numerosos casos de presunto financiamiento ilegal de partidos, a nivel central o regional, estaban ligados a grupos criminales. Los vínculos entre éstos últimos, las empresas y políticos continúan generando problemas en aquellos Estados, particularmente a escala regional y local, así como en los mercados públicos, la construcción, los servicios de mantenimiento, la gestión de desperdicios y otros sectores”.

Los 28 capítulos nacionales que acompañan el reporte “no contienen una descripción exhaustiva de la situación ligada a la corrupción”, se advierte, ya que, se explica, el objetivo de ellos es simplemente “poner en evidencia elementos claves”.

En el capítulo sobre Bélgica, el país que acoge a las instituciones de la UE, los expertos de la Comisión Europea indican que el gobierno federal ha lanzado iniciativas de prevención y detección de la corrupción, incluyendo auditorías internas más estrictas, pero, lamentan, no ha sido aún puesta en marcha una política integral preventiva.

Precisan que la Oficina de Ética Administrativa y Deontología, que a nivel federal coordina una política de esa naturaleza, sólo cuenta con cinco empleados.

Otra observación al gobierno de Bélgica refiere la falta de reglas específicas para el registro de los cabilderos y la poca atención que presta a las prácticas de soborno provenientes desde el extranjero, que casi no son detectadas.

“A pesar de que existen seis casos cuyas investigaciones están en curso, y otro en el que se ejerció una acción judicial, ningún ciudadano o compañía belga ha sido hasta la fecha procesado en un caso de este tipo”, acusa el reporte.

“Focos de atención”

España es uno de los países que más preocupaciones despierta en varios aspectos, casi todos conectados con la corrupción del mundo político, como es la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos o la gestión de los recursos a nivel regional y local, cuyos gobiernos ejercen 13% del presupuesto público español.

Otras prácticas de corrupción ligadas a los fondos de desarrollo urbano y las licitaciones públicas son identificadas dentro de los “focos de atención”, además de remarcar la preocupación en materia de transparencia y acceso a la información, pues aunque después de muchos esfuerzos se adoptó en diciembre pasado una ley al respecto, su entrada en vigor fue pospuesta dos años por algunas administraciones regionales y locales, matiza el reporte.

El reporte incluye también los resultados de dos sondeos sobre las percepciones y la experiencia de los europeos en materia de corrupción, que se realizaron a principios de 2013 y que, subraya la Comisión Europea, coinciden con los del índice de Transparencia Internacional (TI).

“Pese a que la pequeña corrupción no es tan rampante como en otras partes del mundo, se conserva como un gran problema para muchos países de la UE”, señala un comunicado de TI publicado el mismo 3 de febrero, añadiendo que ciudadanos de Grecia, Lituania y Rumania todavía tienen que pagar una mordida para poder acceder a servicios básicos como la salud, lo que, expone, “es quizá el impacto más directo y tangible sobre la vida de la gente”.

De acuerdo con el reporte, en Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suecia, menos de 1% de los encuestados declararon haber vivido una situación donde tuvieron que dar un soborno, y donde menos personas consideraron que la corrupción está muy extendida en su país (20, 29, 42 y 44%, respectivamente), muy por debajo del promedio de la UE, que es de 76%.

Reino Unido es un caso peculiar: sólo cinco personas sobre mil 115 habían dado una mordida (el mejor resultado del sondeo), pero 64% pensaban que la corrupción era muy grande en su país

En el grupo opuesto están Portugal, Eslovenia, España e Italia. En esos países pocas personas, entre uno y 3%, han estado involucradas en un soborno, pero su percepción de que la corrupción está gangrenando el país es muy alta: 90%, 91%, 95% y 97%, respectivamente, lo cual el reporte atribuye a la influencia de los recientes escándalos políticos y la crisis financiera y económica.

Pero los peores clasificados son Croacia, República Checa, Lituania, Bulgaria, Rumania y Grecia, donde entre 6% y 29% de los encuestados respondieron que, explícita o implícitamente, fueron invitados a pagar una mordida en los últimos 12 meses, mientras que 84% y 99% de ellos consideran que su país está atrapado por la corrupción.

A nivel europeo, refiere el reporte, más de cuatro empresas sobre 10 consideran a la corrupción, el clientelismo y el nepotismo un problema en sus negocios, y lo estima muy grave 50% de las empresas en el sector de la construcción y 33% de las del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, sobre todo en República Checa, Portugal, Grecia y Eslovaquia.

La “pequeña corrupción” no es el mayor problema, expone TI, y afirma: “Lo que es más dañino y común es la corrupción política. Un tema de importancia que emerge del reporte es el fracaso de los políticos para auto-regularse, en particular en lo que concierne a los conflictos de interés, que son una consecuencia de sus acuerdos con los negocios. Esto ha dado lugar a recurrentes escándalos de corrupción en el financiamiento de partidos políticos, la adquisición de contratos públicos y la rotación de altos cargos públicos a la iniciativa privada y viceversa (revolving doors en inglés)”.

Esos problemas no tienen únicamente impacto nacional en los casos de España y Luxemburgo, enfatiza TI, sino que, añade, tienen efectos secundarios en el resto de la UE en términos de estabilidad bancaria y evasión fiscal.

Advierte que el fenómeno de revolving doors representa “un riesgo insidioso de corrupción, pues la recompensa por favorecer desde la función pública una empresa o un sector económico se da en forma de una posición en la junta de directores u otra de la misma prominencia y no con sobornos en efectivo”. El reporte detalla que existen este tipo de conflictos en el sector de la salud en España, en el de la construcción en Portugal y en el del transporte en Alemania, observa TI.

Capítulo faltante

Al momento en que se anunció la elaboración del primer reporte sobre corrupción, en 2011, la Comisión Europea aseguró que se incluiría un capítulo de evaluación de las instituciones de la UE. Todavía en marzo de 2013, la comisaria Malmström dijo públicamente que la corrupción en tales instituciones tenía que ser combatida seriamente, pero en una conferencia sobre el estado del reporte que se celebró en diciembre siguiente, el asunto ya no fue mencionado.

En declaraciones al sitio de Internet Euobserver, el vocero de Malmström, Michael Cercone, explicó que la Comisión Europea se dio cuenta de que no podría efectuar una evaluación “satisfactoria y objetiva” sobre el impacto de la corrupción en las instituciones de la UE, ya que, aseguró, a diferencia de los Estados miembros, la Comisión Europea no era capaz de evaluar sus propias instituciones con una visión independiente y externa.

Además, subrayó, no existe la experiencia necesaria en investigación académica anticorrupción respecto de los organismos de la UE.

Cercone apuntó que se está trabajando para que la UE firme la convención del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (abreviado GRECO), establecido en 1999 y actualmente compuesto por 49 países. Esa sería una manera, manifestó el vocero, de conseguir evaluaciones externas sobre las cuales podría basarse la Comisión Europea para realizar las suyas en sus futuros reportes bianuales.

El año pasado, sin embargo, un reporte realizado por las consultorías PwC EU Services y Ecorys para la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF por sus siglas en francés) arrojó que tan sólo en 2010 se habían perdido dos mil 200 millones de euros debido a actos de corrupción relacionados con contratos para fondos públicos y de la UE.

El pasado martes 4, al día siguiente de la presentación del reporte de la Comisión Europea, la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, se congratuló de la iniciativa, pero “invitó” a la institución “a agregar un capítulo acerca del desempeño de la administración de la UE en el siguiente reporte”.

“La administración de la UE –señaló la defensora en una comunicación pública– tiene que cumplir con los estándares más altos, especialmente cuando se trata de la transparencia, normas estrictas sobre conflictos de interés y altos estándares de integridad en el ámbito de la contratación pública”.

O’Reilly recuerda a la Comisión Europea que su oficina ha recibido varias quejas de las propias instituciones “en asuntos, por ejemplo, de falta de transparencia, presuntos conflictos de interés, revolving doors y otros temas éticos”, algunos de los cuales están actualmente bajo investigación.