Los gobernantes de los países de la Unión Europea exhiben sus desacuerdos sobre cómo salvar al euro de la insolvencia. Ante los afanes de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés Nicolas Sarkozy de imponer un plan con severas medidas fiscales y presupuestales –que implicarán incluso “sanciones automáticas”–, líderes de otros países europeos se rebelan y lanzan críticas al autoritarismo del eje “franco-alemán”, aunque en los hechos tienen poco margen de maniobra: o se alinean o pueden quedar marginados.

(Artículo publicado en la edición del 11 de Diciembre de 2011 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, no quiso ceder competencias económicas nacionales y se negó a participar en una reforma del Tratado de la Unión Europea (UE) que Alemania y Francia propusieron a los 27 Estados socios.

Ante el veto británico el viernes 9 los 17 países de la UE que usan el euro como moneda, más otros seis donde no circula pero que tienen membresía en ese bloque, acordaron una unión fiscal que prevé un estricto plan de control de los presupuestos nacionales.

Tal plan lo determinaron el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, en un cónclave bilateral el lunes 5 en París.

Entre sus disposiciones centrales está la aplicación de sanciones “automáticas” contra los Estados miembros cuyo déficit supere 3% de su Producto Interno Bruto (PIB) y la introducción de una “regla de oro” en las constituciones nacionales que fije el límite deficitario de los presupuestos en 0.5% del PIB.

El líder británico no es el único que ha cuestionado al eje franco-alemán: hace dos años, cuando estalló la crisis de las deudas europeas, una parte importante de la clase política del continente se rebeló contra la manera en que París y Berlín ejercen el liderazgo de la región.

“Angela Merkel y Nicolas Sarkozy no pueden venir cada vez a Bruselas y decir a los demás Estados: ‘Adoptas este plan y no hay nada que puedas decir’. Esa no es la manera de actuar de la UE”, acusó el eurodiputado Daniel Cohn-Bendit en una conferencia de prensa el jueves 8.

Cohn-Bendit y otros integrantes del Grupo Spinelli denunciaron “el golpe de Estado franco-alemán” contra la UE, en referencia a los encuentros exclusivos que sostienen el presidente francés y la canciller alemana para decidir las medidas económicas que luego pretenden imponer al conjunto de los 27 socios de ese bloque comercial.

Junto a Cohn-Bendit intervinieron los exprimeros ministros de Grecia, Costas Simitis; Italia, Giuliano Amato, y Bélgica, Guy Verhofstadt, así como varios miembros del Parlamento Europeo, quienes forman el Grupo Spinelli. Otros integrantes son el antiguo presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors; el exministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Joshka Fischer, y el actual presidente del Consejo Italiano, Mario Monti, entre otras personalidades de considerable peso político.

Las disputas también han surgido con los líderes de los 10 países de la UE que están fuera de la unión monetaria, no sólo con Gran Bretaña, cuyo dirigente acusa a Merkel y Sarkozy de aprovechar la emergencia económica para implantar reformas sin consultar a su país.

En las conclusiones de la cumbre del pasado viernes 9 se anunció que Suecia, la República Checa y Hungría, que tampoco pertenecen a la zona euro, se reservan su participación en el acuerdo franco-alemán de unión fiscal, ya que primero deben consultar a sus parlamentos.

Pero las negativas más rotundas al liderazgo franco-alemán se dieron en torno a reformas concretas que pretenden instaurar desde hace un año.

Yves Leterme, primer ministro de Bélgica hasta el lunes 5, se rehusó a aceptar la propuesta de Merkel y Sarkozy de suprimir la política de indexación de los salarios a los precios para acrecentar la convergencia económica en la zona euro. Y la misma posición han tenido los gobiernos de Luxemburgo, España y Portugal.

El proyecto de regular la edad de retiro ha sido impugnado por países con fuertes agrupaciones sindicales como Austria, cuyo canciller, Werner Faymann, se manifestó opuesto a intervenir en esos asuntos.

Por otro lado Irlanda se opone a que haya un impuesto mínimo corporativo, que afectaría la clave de su competitividad. Irlanda retiene 12.5% en impuestos a las empresas, mientras que en el resto de países europeos ese impuesto supera 20%.

Advertencias

El miércoles 7, un día antes de la cumbre, Merkel y Sarkozy transmitieron una carta a los demás jefes de Estado y de gobierno de la UE. Advirtieron: “Necesitamos reglas y tomar compromisos más vinculantes y ambiciosos para los Estados miembros de la zona euro”.

Para hacer frente a la imparable crisis del euro, decían, había que establecer un marco de reglas de política fiscal que debería quedar estampado en un nuevo tratado europeo para que, de esta forma, fuera obligatorio en las constituciones de cada país.

Sin haber consultado a sus pares europeos, Merkel y Sarkozy manifestaron en su carta que ellos preferían que tal dispositivo económico fuera aplicable a los 27 Estados asociados a la UE, pero que, en caso de que algunos países se opusieran, deberían adoptarlo al menos “los Estados que comparten el euro como moneda”.

No sólo eso: expusieron que sus respectivos Estados asumirían esos compromisos junto con “los países que tengan la voluntad y la capacidad de ir adelante”, y que trabajarían “para garantizar que un nuevo tratado fuera incorporado a la legislación de la UE lo antes posible”.

Ese mensaje amenazante causó enojo entre muchos de los destinatarios, pero también un temor fundado.

Como lo reconoció el Grupo Spinelli en un informe publicado por el sitio Euractiv el jueves 8, muchos países no tienen opción: “Los mercados financieros –indica el documento– atacarían a aquellos que no se alinearan con París y Berlín, con consecuencias dramáticas para ellos, la zona euro y la UE entera”.

El cuestionamiento de varios países a los planes conjuntos de Francia y Alemania, cuyo contenido es casi el mismo desde hace un año, se ha vuelto recurrente.

El pasado 4 de febrero, en ocasión de la cumbre donde se discutió uno de tales planes, algunos jefes de Estado se disgustaron porque Merkel y Sarkozy no los habían consultado y sólo les habían presentado “hechos consumados”.

Un diplomático reveló a la agencia Reuters, la cual no citó su nombre, que en dicho encuentro las discusiones “se habían puesto muy acaloradas”.

“Un primer ministro –narró esa fuente– preguntó a Merkel y Sarkozy si de verdad ellos pensaban que era correcto tratar a todos sus colegas de esa manera. Él se había sentido insultado”.

Esa actitud ha despertado críticas en los círculos políticos del continente. El pasado 19 de julio el expresidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, cuestionó el accionar del eje franco-alemán.

“Yo no veo en ninguna parte de la UE talento de liderazgo –declaró a la revista austriaca Profil–: los países más grandes están preocupados por salvaguardar sus propios intereses; Francia y Alemania ya no son los motores de la integración. ¿Quién se responsabiliza de defender los intereses de toda Europa? Nadie”.

Prodi acusó a los alemanes de presentarse como “mártires” de la crisis actual y, por otro lado, “olvidar” que la economía de su país ha sido una de las más beneficiadas con la introducción de la moneda única en la UE. Francia, opinó, no impulsa los intereses del conjunto de los europeos sino los suyos. 

Dominación

En un anterior cónclave franco-alemán, el 16 de agosto de 2010 en París, Merkel y Sarkozy presentaron el proyecto de crear una nueva institución de gobierno de la zona euro que estaría dirigida por Herman van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, órgano de decisión de los gobiernos nacionales.

El hecho causó la protesta de gran parte de los gobernantes de la UE, sobre todo de los Estados pequeños. Hay una explicación: su participación en la toma de decisiones es más equitativa cuando se efectúan dentro de las instituciones comunitarias, donde hay reglas de distribución de poder y procedimientos de consulta establecidos.

En cambio el llamado “método intergubernamental” (la cooperación entre Estados) que impulsan Francia y Alemania como principio de solución de la crisis actual, suele desfavorecerlos puesto que no tienen tanto peso político y se ven forzados a alinearse con ellos o quedar todavía más marginados.

Uno de los primeros en expresar su oposición a tal iniciativa fue Jean-Claude Juncker, jefe de gobierno y ministro de Finanzas de Luxemburgo. Opinó que la gestión económica de la zona euro debía permanecer en manos de los ministros de finanzas de los países que comparten esa moneda (el llamado Eurogrupo, que él preside) y no entregarla a una nueva instancia inútil, controlada por los jefes de Estado y de gobierno.

El pasado 23 de octubre Rompuy fue designado presidente de las cumbres de mandatarios de la zona euro, medida que aprobaron los Estados miembros con el objetivo de infundir confianza en los mercados.

Juncker volvió a protestar durante la cumbre especial de los países de la zona euro del 15 de marzo pasado, en la que se adoptó, bajo presión nuevamente del dúo franco-alemán, el Pacto por el Euro.

Por ese acuerdo los países con esa divisa se comprometieron a cumplir con una estricta disciplina presupuestal, cuyo cumplimiento condicionaría cualquier ayuda financiera a los Estados en dificultades económicas.

Juncker descalificó el pacto debido a que, dijo, “no aportará nada nuevo” puesto que las leyes vigentes de la UE ya prevén esa disciplina en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 1997 y que, aun así, éstas no habían sido respetadas. Adelantó que tal propuesta franco-alemana estaba condenada al “fracaso”.

El pasado 28 de septiembre, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso secundó el rechazo de Juncker. Como en otras ocasiones, manifestó que si los Estados querían salir de la crisis tenían que comenzar a ceder el gobierno monetario a su institución, como ya sucede con el mercado único.

El pasado 29 de noviembre Radoslav Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia –uno de los países fuera de la zona euro–, admitió la necesidad del liderazgo alemán en la conducción de la crisis pero advirtió: “No se trata de dominar, sino de guiar las reformas”. Eso lo dijo durante una visita oficial a Berlín.

Más aún: Sikorski apoyó la idea de que todos los países europeos garanticen a través de la emisión de eurobonos las deudas de todos ellos como si fuera una sola, así como otorgar mayores facultades al Banco Central Europeo para que pueda otorgar préstamos y compre deudas soberanas de manera ilimitada. Alemania sigue oponiéndose a ambas medidas, con el respaldo de Francia.