No obstante reconocer que las obras de los museos del cacao se construyeron sin permiso junto a las zonas arqueológicas de Chichén-Itzá y Uxmal, el dueño de la empresa chocolatera de Bélgica afirma haber actuado de buena fe. Según su versión, el conflicto se originó, “aparentemente”, a partir de un malentendido entre arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Éste, finalmente, ordenó destruir el museo en Chichén, pero no el de Uxmal, denuncian especialistas en Yucatán.
Artículo publicado en la edición del 24 de noviembre de 2013 de la revista PROCESO. Posteriormente, leer el reportaje de Judith Amador Tello Expertos del INAH-Yucatán: El “batidero” alcanza a Uxmal, aparecido en la misma edición.
[/pullquote]BRUSELAS.- Eddy van Belle, el propietario de la empresa belga Choco-Story, niega que pretenda construir su cuarto Museo del Cacao en el mundo entre el Templo de las Mil Columnas y un juego de pelota de la zona arqueológica de Chichén Itzá, causa, entre otras, por la cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenó la suspensión y la demolición de las obras que la cadena privada inició sin la autorización reglamentaria.
“Sería una locura construir ahí”, comenta Van Belle, quien lo compara con intentar edificar un museo sobre la plancha de la Gran Plaza de Bruselas, que en 1998 –una década después que el sitio arqueológico de Chichén Itzá– entró en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En entrevista con Proceso, Van Belle asegura que en el terreno donde se proyectó el museo no hay ruinas ni vestigios prehispánicos dañados. Aunque reconoce que cometió el “error” de comenzar a construir sin la licencia correspondiente, afirma haber actuado “de buena fe” y estima que el conflicto se originó, “aparentemente”, a partir de un malentendido entre arqueólogos del INAH, dos de los cuales autorizaron verbalmente el avance de las obras: el arqueólogo José Guadalupe Huchim Herrera y el delegado del INAH en Yucatán, Eduardo López Calzada.
Van Belle narra que, a mediados de 2012, la familia Barbachano, propietaria del hotel Mayaland, vendió a la empresa Choco-Story un terreno de seis hectáreas que “colinda” con la zona arqueológica de Chichén Itzá. Meses después, en noviembre, el consorcio belga, que opera otros museos similares en Brujas (Bélgica), París (Francia) y Praga (República Checa), contactó a las autoridades del INAH, que enviaron a inspeccionar el terreno al arqueólogo José Guadalupe Huchim Herrera, también integrante del Consejo de Arqueología de la misma institución.
Dos meses después, continúa Van Belle, Huchim regresó al terreno acompañado de López Calzada:
“Les mostramos con marcas de cal sobre el suelo los lugares donde estarían ubicadas las casitas mayas del museo, y los dos funcionarios dijeron que podíamos seguir adelante”, afirma el empresario belga, que, según notas de la prensa yucateca, había comenzado las obras en enero de 2013.
Acuerdo
Van Belle sostiene que les pareció suficiente esa autorización verbal para continuar con los trabajos, ya que acababan de tener “una experiencia muy positiva de colaboración con el INAH” en el caso del Ecomuseo del Cacao de Tikul, ubicado sobre la Ruta Puuc, cuya realización pudo “avanzar progresivamente y finalizar con un convenio escrito”. Además, explica, hace cinco años el arqueólogo Tomás Gallareta Negrón, del instituto, autorizó a Belcolade (una compañía belga productora de chocolate cuyo fundador es el mismo Van Belle) a plantar cacao blanco en un área de 120 hectáreas, de un total de 300 que compró el grupo entre las zonas arqueológicas de Labná y Xlampac, a 85 kilómetros de Mérida.
A Van Belle se le comenta que según el INAH, el apoderado legal de Choco-Story Chichén, Mathieu Michel Claude Brees, recibió dos notificaciones de la representación del instituto en Yucatán para detener la construcción, las cuales no acató.
El empresario muestra al corresponsal una carta de Choco-Story México del 13 de febrero de 2013, dirigida al arqueólogo López Calzada –con copia al entonces director general del INAH, Sergio Raúl Arroyo García–, la cual, indica, iba acompañada de la documentación del proyecto del Museo del Cacao en Chichén Itzá: “antecedentes”, “descripción”, “proyecto de la obra y planos detallados”, y una “propuesta de convenio de colaboración”.
Dicha carta muestra un sello de “recibido” del Centro INAH-Yucatán con fecha del 21 de febrero siguiente. Van Belle acepta que “quizá hubo contactos” con Brees para advertirle sobre algunos aspectos de la construcción, pero que, al no haber respuesta oficial a su proyecto, tales notificaciones no fueron tomadas como oficiales.
El 3 de julio, el INAH ordenó a Choco-Story Chichén suspender la construcción del museo por no contar con el permiso para realizar la obra –cuyo avance era de 50%, dice Van Bell– y por causar daños a la zona arqueológica, en particular el Templo de las Mil Columnas y un juego de pelota, según especificó el propio López Calzada.
“No entendíamos qué pasaba”, declara el entrevistado. Entonces la empresa interpuso un amparo contra la decisión del INAH.
Van Belle relata que el 18 de julio sostuvo una reunión en las instalaciones del instituto en la Ciudad de México, a la cual asistieron María del Perpetuo Socorro, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos; Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología; el citado Eduardo López Calzada, delegado en Yucatán; Manuel Eduardo Pérez Rivas, director de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología, así como “otras seis o siete personas más” del INAH, precisó.
En ese momento, acota, la prensa mexicana estaba acusando a López Calzada y Huchim de haber sido corrompidos por los inversionistas belgas –lo cual niega Van Belle–, y en Bélgica esas y otras informaciones habían sido recogidas por los periódicos y la agencia nacional de noticias.
“El INAH tenía un problema, y nosotros teníamos otro”, dice Van Belle. Afirma que en dicho encuentro los funcionarios del INAH “aceptaron la utilidad del museo como proyecto cultural”, así como “un aparente problema interno con los arqueólogos”, por lo que se comprometieron a implicar a los arqueólogos destacados en Chichén Itzá en el estudio del proyecto”, ya que, explica, Huchim sólo tenía competencias en la zona de Uxmal y en el juego de pelota de Chichén Itzá.
Ese encuentro concluyó con un acuerdo, revela Van Belle: ambas partes dejarían de hacer declaraciones a la prensa, Choco-Story retiraría el amparo que había interpuesto, y el INAH prometió a cambio “arreglar el problema, modificando la ubicación de una o varias” de las seis palapas que componen el museo, además de una sala de demostración de consumo de cacao.
En la construcción del museo, Choco-Story y sus socios mexicanos (la familia Barbachano y el empresario Agustín Otegui) habían ya invertido 150 mil dólares; el costo total del proyecto, incluyendo la compra del terreno, Van Belle lo calcula en más de un millón de dólares.
Daños inexistentes
El 7 de agosto un comunicado del INAH anunció que, ese mismo día, había notificado a Choco-Story Chichén que su proyecto de museo era “improcedente”, y por tanto ordenó la demolición de las obras que la empresa había construido “sin la autorización del INAH”.
Con base en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INAH “determinó no autorizar la construcción del museo en el tablaje catastral 7856”, en virtud, subraya, “de que donde se pretendían edificar las obras se localizan elementos arqueológicos que forman parte de edificaciones prehispánicas”.
El comunicado cierra diciendo que, con base en el Dictamen del Consejo de Arqueología, el instituto “decidió que la demolición de todas las construcciones realizadas a la fecha se efectúen bajo la supervisión de personal calificado del INAH y se restituyan los elementos arqueológicos que se encontraban en el sitio”.
Días después, el 12 de agosto, el delegado en Yucatán de la Procuraduría General de la República, Juan Manuel León León, informó que se había interpuesto una demanda “contra quien resulte responsable de diversos daños causados al patrimonio nacional”, pues, puntualizó, la obra había afectado cuatro sacbés (caminos sagrados mayas), aunque sólo se había podido verificar el daño en uno de ellos, además de que se halló material cerámico con una antigüedad de mil 200 años en una de las perforaciones realizadas para la colocación del cimiento de una de las palapas del museo.
El 14 de septiembre pasado, el coordinador nacional de arqueología, el citado Pedro Francisco Sánchez Nava, enfatizó que “no había marcha atrás” en la demolición del museo que, aseveró, “se resolverá por instancias jurídicas”, aunque también matizó que el INAH había constatado una “afectación –y no daños– al contexto arqueológico de la zona”.
Van Belle comenta que un periodista belga le informó del comunicado del INAH del 7 de agosto, luego de negarse a hablar varias veces con él, relata, para cumplir con el acuerdo con el INAH. “No entendíamos nada, porque pensamos que estábamos en negociación” con el instituto, platica, y añade que también habían acordado una nueva reunión.
“Si, efectivamente, el INAH decide que algunas casas están muy cerca del juego de pelota, las podemos desplazar. No es un problema. Pero decir que hay que demoler todo porque hay vestigios, es ilógico”, sostiene el entrevistado, y muestra al corresponsal el fragmento de un plano, con clave DRPMZA-BI-ESP-MXT-F16C6531010-09-2006, efectuado por la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH en febrero de 2006, y avalado por Miguel Medina Jaen, entonces director del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos; el mencionado Manuel Eduardo Pérez Rivas, y el director del proyecto Chichén Itzá, el doctor Peter Schmidt.
Van Belle expone:
“Sobre este plano no se observa nada en el terreno, no hay ruinas. Colinda con el sitio arqueológico de Chichén Itzá, pero no es una zona protegida porque no forma parte de esa zona, es un terreno privado.”
Agrega que en el mismo plano no hay indicada la presencia de vestigios y que sobre el terreno atraviesan sólo dos sacbés, pero que uno está fuera del circuito del museo y el otro, dañado por el tiempo, apostilla, no sería afectado porque en su proyecto –el que entregaron a la autoridad– la empresa belga propone construir un puente de madera sobre el que pasarían los visitantes, e incluso ofrece colaborar con el INAH en su restauración.
Muestra igualmente la fotografía de un metate que aparece roto en varios pedazos y que se encuentra dentro del terreno. El empresario refiere que el INAH puede recuperar cuando quiera esa pieza y otros pedacitos de cerámica que ahí se hallen, y que a su juicio carecen de valor histórico. Menciona que el 3 de julio pasado, a través de una carta, la empresa solicitó al instituto que recogiera “las miles de piedras” que provienen del mercado de la zona arqueológica de Chichen Itzá y que, indica, el INAH ha numerado y depositado en su terreno.
Van Belle recapitula:
“Esperamos que los arqueólogos del INAH que están delegados en Chichén Itzá vayan al sitio del museo y confirmen que en el terreno no hay nada; que nos permitan mantener una parte de lo que está construido, y nosotros cambiaremos lo que ellos estimen que hay que cambiar.”
Subraya que el interés que lo mueve a invertir en museos del cacao en México es el cultural, y que por ello proseguirá con la construcción de otro en Uxmal, en el cual invertirá medio millón de euros, y uno más que estará en un edificio que acaba de adquirir detrás de la Catedral en la Ciudad de México y cuyo costo ascenderá a 3 o 4 millones de euros.
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Expertos del INAH-Yucatán: el “batidero” alcanza a Uxmal
Por Judith Amador Tello
Abuso de autoridad, manejo discrecional en el procedimiento, daño al patrimonio arqueológico, violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y hasta corrupción, son algunos de los señalamientos que se han hecho a los proyectos de la empresa belga Belcolade para construir sendos museos del cacao en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y de Uxmal, en Yucatán.
Pero sólo en el primer caso las obras fueron canceladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a principios de agosto pasado, por no contar con su autorización y por haber causado “daño al patrimonio cultural de la nación”. En cambio en Uxmal el titular del Centro-INAH Yucatán, Eduardo López Calzada, “aceleró” los permisos, pese a que la empresa –representada legalmente por Mathieu Michel Claude Brees– también inició sin licencias y hubo afectación al patrimonio arqueológico, según el informe de un grupo de expertos del cual Proceso tiene copia.
El día posterior al aval del INAH en Uxmal, los investigadores de dicho centro Alfredo Barrera Rubio, Fernando Robles Castellanos, Ángel Góngora Salas, Víctor Castillo Borges e Iván Franco Cáceres realizaron una visita al sitio, un paraje ubicado “en el sector noreste de la pirámide del Adivino”, para constatar las afectaciones.
En su informe coinciden en que la aprobación se dio de manera discrecional, pues hay evidencia de que la construcción inició desde el pasado mes de mayo (cuando la liberación del predio se dio oficialmente hasta el 16 de julio), luego de un dictamen presentado apenas tres días antes por el arqueólogo José Huchim Herrera:
“Un dictamen al parecer bastante tardío, sin que hubiera mediado suspensión alguna, ya que la obra está bastante adelantada y es evidente que se inició antes de la autorización mencionada.”
El proyecto del museo –señalan también los investigadores– no pasó por la evaluación de la Sección de Arqueología del Centro Yucatán, ni tampoco por el Consejo Nacional de Arqueología del propio INAH.
En un texto entregado a este semanario, Franco Cáceres explica que ambos museos se inscriben en los proyectos de explotación turística y comercial de las zonas arqueológicas emprendidos por los últimos gobiernos de corte neoliberal, pero que alcanzaron su cúspide en la gestión de Alfonso de Maria y Campos, al punto de modificarse la conformación del Consejo Nacional de Arqueología:
“La discrecionalidad y falta de transparencia se hicieron carta común en la aprobación de proyectos polémicos, como se observa con el batidero de chocolate belga que sobre todo salpica al delegado estatal Eduardo López Calzada y al arqueólogo de origen maya José Huchim Herrera.”
Fue en ese contexto que la empresa Belcolade pudo edificar en tan importantes zonas arqueológicas, las de mayor afluencia de visitantes en Yucatán, con cerca de dos millones de personas en forma conjunta al año. Se pregunta el investigador:
“¿Cómo es posible que dos proyectos que implican un movimiento importante de recursos materiales y fuerza de trabajo pasaran desapercibidos por un lapso de cuando menos seis meses sin que custodios, investigadores o autoridades los detectasen?”
Para él la respuesta es que hubo una confabulación de personas o grupos interesados en ocultarlo. Y cuestiona directamente a López Calzada y Huchim Herrera el que no estuvieran enterados.
Pregunta si hubo quienes impidieron que el anterior titular del INAH, Sergio Raúl Arroyo –quien ordenó la clausura de las obras en Chichén Itzá y a ello se atribuye su destitución–, se enterara de lo que ocurría en Uxmal, donde “se sabe, por testimonios aportados por los mismos dueños de los museos, que aunque sus obras fueron suspendidas mediante oficios legales, en realidad de forma verbal” se les siguió asesorando y conminando a continuar.
Según el informe de los investigadores, los terrenos donde se erige el Museo del Cacao fueron desmontados y allanados con maquinaria pesada “alterando contextos cerámicos prehispánicos”. Reportan evidencia de restos arqueológicos, como un complejo cerámico Cehpech del clásico tardío, y construcciones que formaron parte de una zona residencial de Uxmal.
En suma, el museo “está enclavado en un contexto arqueológico de actividad doméstica prehispánica”. Y agregan que no hay huellas de que, antes del ingreso de la maquinaria pesada, se realizara una exploración arqueológica, “lo cual hubiera sido recomendable”.
Para Franco Cáceres es clara la violación a la ley sobre Monumentos, pues “se está construyendo un museo carente de interés social (artículo 1º) y utilidad pública (artículo 2º) y porque la obra está afectando las características de los monumentos históricos (artículo 6º) que conformaron el desarrollo de la zona arqueológica. Y como se hizo evidente en el caso de Chichén Itzá, agrega, la empresa “tiene fines de lucro y sus actividades serán para beneficio de particulares”.
Señala también daños al entorno ecológico, pues se permitió desmontar una extensión de entre cuatro y cinco hectáreas.
Hay evidencias “que podrían dar lugar a una denuncia de carácter judicial contra las autoridades involucradas en un procedimiento a todas luces irregular… pero aprobado por instancias y personas que deben evitarlo”.
Las evidencias
Entrevistado vía telefónica, el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio relata que cuando la comisión visitó el sitio, el museo tenía un avance del 70%. Explica que el museo consiste en diferentes módulos tipo palapa que desembocarán en un área de cultivo de cacao.
El proyecto, como en Chichén Itzá, planteaba casas estilo “maya”, pero el investigador da cuenta de la presencia de una máquina revolvedora de concreto, material como polvo de piedra, grava y viguetas de concreto, entre otros, para una construcción con cimentación de mampostería.
Las obras se iniciaron en mayo, y la autorización se dio hasta mediados de julio, pero “no hay evidencia de que se hubiera suspendido por la falta de autorización”. Agrega que la solicitud de la empresa belga no ingresó a la sección de Arqueología, sino que se manejó todo a través del arqueólogo Huchim Herrera y el titular del Centro INAH-Yucatán.
Por la importancia de Uxmal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el proyecto tendría que haber sido evaluado por el Consejo Nacional de Arqueología, y la autorización dada por las oficinas centrales del INAH. Y en el dictamen hecho por Huchim, agrega, debió intervenir una comisión de arqueólogos especializados en el sitio, pues un museo con fines turísticos y comerciales como éste impactará a la larga a la zona arqueológica.
Se le pregunta por qué si se presentaron las mismas condiciones en Chichén Itzá y Uxmal, y se supone que el INAH aplica los mismos criterios y en esencia la misma ley de Monumentos, se negó la licencia en el primer caso, pero se sigue construyendo en Uxmal.
“En el caso Chichen Itzá hay más restricciones porque existe una declaratoria presidencial, que no tiene la zona arqueológica de Uxmal. En el polígono de la declaratoria hay más restricciones al uso del área. Sin embargo, no significa por ello que no tengan importancia todos los aspectos ya señalados.”
Comenta además que la autorización dada por el Centro-INAH, con base en el dictamen de Huchim, señala que se da la liberación del terreno pero habrá posteriormente un proyecto de salvamento, cuando el salvamento es siempre un paso anterior a la liberación de cualquier sitio, “es una contradicción”.
Aunque Uxmal no tiene declaratoria presidencial, Barrera Rubio indica que hay ya un expediente técnico con las zonas establecidas, pues está en proceso dicha declaratoria. Aunque el no tenerla aún no le resta importancia.
–Se supone que la ley de Monumentos vigente desde 1972 protege por igual los monumentos arqueológicos, tengan o no esa declaratoria, ¿es así?
–Claro que sí, evidentemente, aun sin declaratoria están protegidos por la ley federal del 72.
El terreno liberado, describe, es una especie de cuenca, con montículos alrededor, pequeñas elevaciones donde hay estructuras prehispánicas. Se liberó la parte central donde no hay vestigios visibles en la superficie, pero sí hay cerámica, lo cual habla de que era un espacio para actividades, “como nosotros usamos ahora los patios”. Para poder determinar con mayor exactitud qué actividades se realizaban ahí era necesaria la excavación.
–Usted señala que el proyecto se sobrepone a la investigación arqueológica, y colegas suyos han señalado que así ha sucedido en los últimos años: se da prioridad a la explotación turística y comercial.
–Sí, la mayoría de los recursos proporcionados para la investigación son exiguos y casi siempre son para restauración más que propiamente para investigación. Aunque la restauración implica algo de investigación, pero la prioridad es la restauración para fines turísticos.
–¿Este proyecto debería ser cancelado como lo fue el de Chichén Itzá?
–Yo sí estaría en ese sentido: Del rechazo a implementar este tipo de instalaciones, sobre todo por los propósitos básicamente comerciales y que impactan a los sitios arqueológicos.
Y en todo caso, redondea, debió hacerse en una zona más retirada de lo que es el núcleo principal del asentamiento arqueológico de Uxmal.
No se cancelará
Entrevistado al término de la inauguración de la muestra To’on, maayáa’onil le k´iino’oba (“To’on, mayas contemporáneos”), en el Palacio Cantón de Mérida, Yucatán, el antropólogo López Calzada argumenta que mientras las obras en Chichén Itzá se cancelaron por haber iniciado sin autorización del INAH y por estar dentro del polígono de protección, en cambio en Uxmal “aun habiendo eventualmente la presencia de algunos vestigios, se encuentra fuera del polígono de protección”. El procedimiento fue entonces desarrollar un proyecto de salvamento arqueológico, investigar para obtener información y liberar.
Sin embargo, se le comenta que la ley sobre monumentos protege todos los vestigios arqueológicos, no sólo los de una poligonal, y que los investigadores del propio INAH-Yucatán reportan la existencia de vestigios tanto cerámicos como de edificios. Pero López Calzada no se sale del renglón, y dice que la liberación se hizo con base en el peritaje “técnico-científico” de Huchim Herrera.
Y en respuesta a los investigadores respecto de que el museo no aporta nada al conocimiento de la cultura maya, el antropólogo las desdeña como “opiniones”, para él lo importante es el procedimiento administrativo y conforme a la ley que dio la pauta para determinar la viabilidad del proyecto, que –asegura– fue aprobado por el Consejo Nacional de Arqueología.
Al señalársele que el propietario belga aduce que recibió autorización verbal y por ello él confió, el funcionario niega: “No sé con quién”.
De cualquier forma, el proyecto en Uxmal continúa.