BRUSELAS.- En buena parte del mundo, las empresas productoras de refrescos y comida chatarra destinan enormes recursos para conservar las ganancias de sus negocios, aunque éstos afecten la salud pública.

El 16 de marzo de 2010, esas poderosas compañías consiguieron, tras una largo e intenso cabildeo, que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo finalmente rechazara la propuesta de aplicar en todos los países de la región un sistema de etiquetas que, aun cuando destacarían el verdadero valor nutricional de los productos, podrían ocasionar una fuerte caída de las ventas.

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Artículo de apoyo publicado en la edición del 20 de octubre de 2013 de la revista PROCESO

[/pullquote]Dicho sistema de etiquetas “tipo semáforo”, que ya se utiliza en Inglaterra, hubiera permitido al resto de los consumidores europeos identificar de manera sencilla las cantidades de azúcar, grasas y sal que contienen los productos que compran, correspondiendo el color rojo a “alta”, el ámbar a “regular” y el verde a “poca o nada”.

“La industria agroalimentaria lanzó en esa ocasión una de las campañas de lobby más agresivas que han existido en el Parlamento Europeo para impedir tal reglamentación. La Unión de Industrias de Alimentos y Bebidas (CIAA, por sus siglas en inglés, que en 2011 cambió su nombre al de FoodDrinkEurope), gastó mil millones de euros para lograrlo”, refiere a Proceso Ivan Mammana, activista de Corporate Europe Observatory (CEO), una organización no gubernamental dedicada a destapar los excesos del cabildeo y casos de conflictos de interés.

La opinión favorable al sistema de semáforo que defendían las organizaciones de consumidores y las orientadas a la protección de la salud pública fue aplastada con los recursos económicos desembolsados por la CIAA, a la cual pertenecen Coca-Cola, Pepsico y marcas como Nestlé, Kraft Foods y Unilever, denunció la CEO en un reporte publicado en junio de 2010. Esa operación de cabildeo incluyó la transmisión de publicidad por televisión, desayunos con eurodiputados y una enorme cantidad de recomendaciones de voto que enviaron a éstos.

En vez de la iniciativa original, la CIAA favoreció un etiquetado que indica las proporciones de calorías diarias recomendadas para un adulto. Pero esto, observaron sus detractores, es más difícil de entender, menos eficiente, menos visible y poco relevante para el público infantil, que es el mercado al que se dirigen principalmente los productos azucarados.

La industria empezó su cabildeo desde que en 2006 recibieron de la Comisión Europea el primer borrador de la propuesta de reglamentación. La CIAA señaló en uno de los “grupos de trabajo” a los que consulta la Comisión Europea –y en los que domina la representación de las empresas– que “mucha información en la etiqueta es inútil”. Tras la presentación de la propuesta oficial de reglamentación, en enero de 2008, la industria logró rápidamente doblar a las autoridades, las que aceptaron que las bebidas alcohólicas fueran excluidas de la normativa.

En el Parlamento Europeo, los correos electrónicos de los diputados fueron inundados de mensajes de los cabilderos. Una hora después de haber sido designada ponente del reporte sobre el asunto, la eurodiputada Kartika Liotard, del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, había recibido 50 de esos mensajes y en ocasiones le enviaban hasta 150 en un día.

Con el objetivo de extender su esfera de presión, en 2008 la CIAA pagó 670 mil euros a la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard para que efectuara una campaña de comunicación y lobby en Europa.

Por otro lado, para darle credibilidad a su propio etiquetado de proporción diaria de calorías recomendadas (o sistema GDA), la CIAA encomendó la realización de estudios científicos al Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC, por sus siglas en inglés), un centro manejado por las refresqueras y las gigantes de la alimentación (Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y McDonald’s son algunos de sus miembros). Su presidente, Josephine Wills, trabajo durante 18 años para la empresa estadunidense de chocolates y dulces Mars.

Uno de esos estudios, publicado en diciembre de 2008, tenía que ver con lo que pensaban los consumidores de seis países europeos sobre el sistema de etiquetado GDA de la CIAA. La conclusión, nada sorprendente y ampliamente divulgada por la contratante, señaló que “los consumidores entienden el etiquetado GDA y son capaces, usándolo, de hacer las correctas elecciones de salud de los productos”.

El director general de la Dirección General para la Salud y los Consumidores de la Comisión Europea, Robert Madelin, recibió con beneplácito el estudio y declaró que “sus resultados ayudarán a los tomadores de decisiones a comprender lo que resulta un asunto altamente complejo”, destacó el reporte de CEO.

La eurodiputada inglesa Glenis Willmott contó al programa francés Cash Investigation que no había tenido precedente la presión por parte de los cabilderos. Manifestó que, el día de la votación del reglamento, de plano recibieron “guías de cómo votar” a favor o en contra de cada enmienda.

Willmott agregó: “Cuando entramos a la sesión, antes de la votación, encontramos sobre nuestras mesas del hemiciclo estos papeles que nos decían cómo votar. Algunos diputados lo vieron y pensaron que era un documento oficial, hasta que lo leyeron y se dieron cuenta de que, en realidad, provenía de la industria”.

En la emisión de la televisión pública francesa titulado Azúcar: cómo la industria lo vuelve adicto, transmitido en junio de 2012, se mostró la estrategia que la industria de alimentos chatarra utiliza en Francia para frenar cualquier legislación que atente contra sus intereses comerciales.

Expuso en detalle la forma en que empresas como Orangina (la segunda refresquera en Francia), Ferrero (chocolates) o Kellog’s (cereales) han logrado asociarse con las autoridades de salud para participar en programas escolares “de equilibrio alimentario” o “semanas de degustación”, que sirven en cambio para posicionar sus productos desde la infancia.

El reportaje también describió el financiamiento que la industria ofrece a institutos “serios” de investigación para que elaboren “estudios” a modo, y abordó el caso de una publicación del Centro para la Investigación y el Estudio de la Observación de las Condiciones de Vida (Credoc, por su acrónimo en francés), un organismo subvencionado con dinero público. Ese supuesto “documento científico”, que concluye que no hay correlación entre el consumo de refrescos y el aumento de peso, resultó haber sido pagado por Coca-Cola.

El trabajo periodístico presentó un caso más de los cuestionables métodos con que opera el lobby de la comida chatarra. El expositor dijo a la audiencia que los alimentos azucarados no están asociados a la obesidad, de acuerdo con un estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), la máxima autoridad en la materia.

Resulta que las investigaciones citadas por el estudio de la EFSA, publicado en 2010, fueron realizadas por las propias empresas y sus centros, además de que 13 de los 21 expertos en nutrición con que cuenta la EFSA prestan sus servicios o hacen recomendaciones a empresas como Coca-Cola, Danone, Ferrero, Nestlé o Kraft Foods.