BRUSELAS (apro).- La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, defendió la exportación de armas alemanas de la empresa Heckler & Koch a entidades mexicanas donde se violan los derechos humanos, hecho que ha sido denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales de ese país.

(Leer posteriormente “EN MÉXICO SE SIGUEN USANDO ARMAS ALEMANAS PROHIBIDAS”, del corresponsal de la revista PROCESO en BERLÍN, Francisco Olaso)

La fiscalía de Stuttgart abrió una investigación del caso, pues sospecha que Heckler & Koch envió armas de grueso calibre a cuatro estados de México “con violentos conflictos internos”, a pesar de una prohibición expresa del código de ética europeo sobre exportación de armas.

La fiscalía no ha detallado a qué entidades mexicanas fue a parar el armamento. Sin embargo, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México detectó ventas importantes a las policías locales de Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Jalisco.

En enero, las autoridades alemanas suspendieron las exportaciones de la empresa a México, y dejó de tramitar las solicitudes para exportar armas a este país.

El 10 de noviembre pasado, la fiscalía de Stuttgart llevó a cabo una redada en las oficinas centrales de Heckler & Koch, localizadas en el poblado de Oberndorf, con el objetivo de buscar indicios que probaran que los empleados de la empresa pagaron sobornos durante años a funcionarios mexicanos y alemanes para poder obtener contratos de venta de armas.

En respuesta escrita a una pregunta del eurodiputado Raúl Romeva, Ashton asegura que “la estricta reglamentación alemana sobre exportación de armas no prohíbe las entregas de armas a México”, aunque después expone que las exportaciones “sólo las permite fuera de los cuatro estados mexicanos en los que está amenazado el respeto a los derechos humanos”.

Además, deslinda a la empresa y a las autoridades alemanas de cualquier sanción de parte de la UE, ya que, declara, “es de la entera responsabilidad de las autoridades alemanas investigar esta cuestión y adoptar eventuales medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la Posición común” de la UE.

Esa decisión aceptada por los 27 países miembros de la UE establece que “denegarán una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vaya a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna”, la cual define, “entre otras cosas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, y toda violación grave de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

A la petición de Romeva de “aplicar medidas diplomáticas necesarias para que México garantice los derechos humanos”, Ashton subraya que la UE coopera “estrechamente” con México en esa materia y que “apoya a las autoridades mexicanas en su lucha contra la delincuencia organizada”.

(Nota publicada el 7 de Diciembre de 2011 por la Agencia PROCESO)

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EN MÉXICO SE SIGUEN USANDO ARMAS ALEMANAS PROHIBIDAS

Francisco Olaso

BERLÍN.- Las imágenes captadas en septiembre de 2010 por un equipo de la televisión alemana muestran un operativo policiaco en Ciudad Juárez: Una patrulla avanza a gran velocidad, con la sirena encendida, entre las calles de tierra de un barrio marginal. Lo sigue una pick-up de la policía, en cuya caja van (además del camarógrafo) cuatro uniformados, dos de los cuales usan pasamontañas. Todos empuñan fusiles de asalto G36, fabricados por el consorcio alemán Heckler & Koch (H&K).

El reportero a cargo del informe emitido el lunes 13 por ARD, el primer canal estatal de la televisión alemana, resume así la situación que reina en la ciudad: “Tortura, secuestros, asesinatos por encargo, incluso la policía se cuenta entre los autores”.

Prosigue: “Y sin embargo la policía ha obtenido armas de Alemania. Así lo prueban estas imágenes actuales de Chihuahua. Fusiles de asalto G36 de H&K, justamente en una región en conflicto. Estas imágenes no deberían existir, ya que el gobierno alemán prohibió expresamente en 2007 la exportación de armas a estos cuatro estados.”

El reportero se refiere a Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero. El gobierno alemán –que en 2005 había aprobado la venta de esos fusiles para las policías estatales de México– prohibió en 2007 el suministro a estos cuatro estados, “debido a las graves violaciones a los derechos humanos” que ocurren en ellos.

Sobornos

Las imágenes transmitidas por la televisión alemana son un indicio de que H&K habría hecho llegar ilegalmente los fusiles a una región en la que reina un estado de “guerra”, según el Barómetro de Conflictos publicado este mes por la Universidad de Heidelberg.

Otro indicio que apunta en esa dirección es una carta que la policía de Jalisco le envió a H&K en el otoño de 2008 y a la que este semanario tuvo acceso. En el texto se agradece la presentación –de tres días de duración– del fusil G36, a cargo de expertos del consorcio.

A esto se suman los dichos de un exempleado de alto rango de H&K, quien siguió de cerca la venta de armas a México. Consternado por los actos de su empresa y de la policía mexicana, decidió confiar lo que ocurría a Jürgen Grässlin, vocero de la Sociedad Alemana para la Paz –la más grande de las organizaciones pacifistas del país– y presidente de la Oficina de Información sobre Armamentismo.

Este informante sostiene que H&K abasteció de manera ilegal a los cuatro estados en cuestión, tanto de fusiles G36 como de sus repuestos. Al gobierno se le brindó una declaración falsa, agrega, para no poner en peligro las exportaciones pendientes y enmascarar los envíos prohibidos. Además, se le pagaron sobornos al responsable de la operación dentro de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa (DCAM).

“De acuerdo con mi informante, el general Aguilar fue el que cobró el soborno: 25 dólares por cada fusil G36 y 20 dólares por cada arma corta de H&K”, dice a Proceso Jürgen Grässlin. Y agrega: “La DCAM recibió la entrega y repartió las armas. Aguilar cobró para realizar el reparto.”

–¿El dinero era para el propio Aguilar o iba incluso más arriba? –se le pregunta.

–Heckler & Koch necesitaba a alguien que repartiera el cargamento en el lugar –contesta Grässlin. Aguilar tenía poder de decisión dentro de la DCAM. El informante nunca habló de la Secretaría de la Defensa, sólo de Aguilar.

De acuerdo con informaciones recabadas por Proceso, el encargado de pagar estas comisiones habría sido Markus Bantle, representante de H&K en México, a través de la empresa Lamar. El primer encuentro entre Aguilar y Bantle se habría producido en febrero o marzo de 2006. El pago se habría hecho en efectivo con los billetes metidos en sobres enviados con un mensajero.

Desmentidos

El consorcio H&K sostiene que las armas se entregaron en un lugar centralizado y se deslinda de toda influencia en su posterior distribución en México. También rechaza haber pagado sobornos.

En un principio había negado también la participación de sus expertos en la presentación del G36 en Jalisco, pero tras las investigaciones de la televisión alemana admitió haber realizado dicha presentación en 2008 “con miras a posibles envíos futuros”. Especificó, sin embargo, que no fue un curso de instrucción en el uso del arma.

Grässlin considera que esta aseveración es falsa. “No se trató de un evento de dos horas, sino que duró tres días”, sostiene. “Mi informante dice que H&K no sólo presentó las armas. Cuando uno se reúne durante tres días con miembros de la policía no puede decir más tarde que sólo se mostró lo bonito que es el fusil”.

Además, cree que se hicieron pruebas de tiro y se instruyó a los policías en el uso del arma. “H&K se evidencia al decir que se trató de una presentación ‘con vistas a posibles envíos futuros’, porque aquí no se trata de embarques a regiones autorizadas sino a un estado, Chihuahua, al que el gobierno alemán prohíbe la venta de armas. Eso muestra qué cerca está H&K de quebrantar la ley y qué desvergonzada y desenfrenadamente presenta armas y forma policías de regiones en conflicto”.

En abril de 2010 Grässlin presentó una denuncia contra el consorcio de armas Heckler & Koch. El caso es investigado desde entonces por la fiscalía de Stuttgart y la Oficina Federal de Delitos Aduaneros.

–¿Qué espera usted de estas investigaciones? –se le pregunta.

–La fiscalía tendría que elevar una denuncia contra H&K, sobre todo contra la dirección de la empresa. Eso es lo que yo espero en función de la información ahora disponible y de las pruebas. Es sorprendente que estas investigaciones no se hayan traducido ya en un proceso judicial.

Negligencia

En Alemania, toda exportación de armas debe ser autorizada por la Oficina Federal de Economía y Control Exportador (BAFA, por sus siglas en alemán). Sólo reciben el permiso los encargos que no ponen en peligro los intereses de seguridad “esenciales” de la República Federal de Alemania y no perturban “considerablemente” la convivencia pacífica entre los pueblos o las relaciones exteriores del país.

La exportación de armas en áreas conflictivas debe ser decidida por el Consejo Federal de Seguridad, presidido por la canciller Angela Merkel. En 2007 éste aprobó la venta de fusiles G36 a México. La autorización contenía una salvedad importante: los estados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Jalisco quedaban expresamente excluidos, ya que en ellos ocurren “graves violaciones a los derechos humanos”.

Durante el programa emitido el pasado lunes 13, el encargado de Derechos Humanos del gobierno federal, Markus Löning, criticó a H&K y sostuvo que las infracciones contra la Ley de Control de Armas de Guerra prevé penas de hasta cinco años de prisión. “Estos son delitos graves y deben ser consecuentemente castigados”, dijo.

–¿Usted cree que H&K será castigado por el gobierno alemán? –se le pregunta a Grässlin.

–Las autoridades de investigación y el gobierno son muy negligentes con las investigaciones. En 2009 fueron reportados fusiles G36 en la guerra entre Georgia y Rusia. El gobierno alemán dijo que no había aprobado ningún envío. H&K aseguró que no había enviado ningún fusil. Hasta hoy no ha pasado nada. Tenemos un gobierno federal que al menos hasta ahora cierra los ojos cuando se hace pública una exportación ilegal de armas.

Otro problema central, dice, es el destino final de los armamentos exportados. “Tenemos un sistema por el cual se le dice a la población que enviamos armas a Arabia Saudita, a México o a Colombia y que las armas allí se quedan”, sostiene Grässlin. “Pero no hay un solo funcionario en Alemania que constate eso”, agrega.

El gobierno alemán no parece poner mucho empeño para remediar estos males. Alemania es el tercer exportador y el quinto productor de armas en el mundo.

El pasado lunes 13, como cada año, la organización ecuménica alemana Conferencia Común Iglesia y Desarrollo (GKKE, por sus siglas en alemán) elevó su voz de queja por el aumento de las ventas alemanas de armamento.

Durante la presentación de su informe en Berlín se acusó al gobierno de Merkel de falta de transparencia, calificando de escandaloso el hecho de que la coalición de conservadores y liberales aún no les haya entregado los datos totales de 2009 sobre venta de armas.

Para su informe han utilizado datos de distintas organizaciones, entre ellas el instituto SIPRI de Suecia, que estima que las exportaciones de armas alemanas, a un total de 55 países, crecieron en el periodo 2005-2009 un 100% respecto de 2000-2004.

Se criticó también el aumento en la concesión de créditos de ayuda a las exportaciones alemanas con garantía del Estado, que pasó de 21 millones de euros en 2008 a mil 920 millones en 2009, ya que de este modo “se reducen los riesgos comerciales para las exportaciones de armas y se recortan las cargas fiscales; son subvenciones indirectas para este negocio.”

 (Artículo publicado en la edición del 26 de Diciembre de 2010 de la revista PROCESO)