BRUSELAS (apro).- “Los cambios no se dan de la noche a la mañana, y un nuevo partido llegó al poder en Oaxaca después de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, la desarticulación entre el nivel federal y el estatal, la coexistencia de sistemas judiciales distintos y los pobres estándares existentes en materia de investigación continúan obstaculizando que haya progresos significativos, a pesar de los esfuerzos del gobierno” de Gabino Cué, para esclarecer el asesinato de los activistas Jyri Jaakkola y Bety Cariño, ocurridos el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala.

En esos términos expresan sus conclusiones las eurodiputadas Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, tras un viaje oficial que realizaron a la Ciudad de México y Oaxaca del 1 al 7 de septiembre pasados, con la finalidad de conocer el estado de las averiguaciones en torno al homicidio del ciudadano finlandés Jaakkola.

“Hemos escuchado repetidamente a las autoridades explicar que su falta de avances en la investigación del caso se debe a problemas de organización y administrativos. No obstante, esas mismas explicaciones ya las escuchamos hace un año y varias veces nos han prometido que resolverían esos problemas”, señalan las eurodiputadas.

Y añaden: “Tememos que sin voluntad política para deslindar responsabilidades, prevalecerá la impunidad. Una y otra vez, la gente siente que la credibilidad del Estado mexicano está en juego”.

Tales afirmaciones están contenidas en un reporte que debían presentar Hassi y Keller este jueves 8 ante el Parlamento Europeo, lo cual no será posible, debido a que su presentación fue pospuesta para el año entrante.
Ese reporte –del cual Apro tiene copia– explica que ellas decidieron visitar nuevamente el país motivadas por la falta de resultados en las pesquisas que lleven ante la justicia a los asesinos de Jaakkola y Cariño, quienes fueron acribillados en una emboscada perpetrada por presuntos paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

Ambas eurodiputadas viajaron a los mismos destinos de México del 30 de junio al 4 de julio de 2010. En aquella ocasión ningún funcionario del gobierno de Ulises Ruiz quiso recibirlas alegando que no tenían tiempo porque las elecciones locales celebradas el 4 de julio los absorbían.

En agosto y septiembre de 2010 también viajaron a México los padres de Jyri, Eeva-Leena y Raimo Jaakkola, quienes regresaron más recientemente en febrero de 2011. La eurodiputada Hassi viajó sola a México en diciembre de 2010, y en mayo pasado una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también realizó una vista, que incluía en su agenda el caso de Jaakkola.

Como lo informó esta agencia en su momento, el 12 de julio Keller presentó en el Parlamento Europeo el reporte de ese primer viaje con Hassi.

Reportó que la situación en San Juan Copala era “terriblemente mala” en materia de derechos humanos, aunque los representantes del gobierno federal con los que se reunieron les aseguraron, dice, que no existía ninguna situación de emergencia.

En su conclusión final, la eurodiputada alemana sostiene:

“Aunque el gobierno mexicano se presenta sensible y comprometido con los derechos humanos, y ha firmado todos los acuerdos pertinentes más importantes de la Organización de las Naciones Unidas, falta que los implemente”.

Pesimismo

Las eurodiputadas se reunieron en México con autoridades federales y del estado de Oaxaca; sostuvieron un encuentro “de alto nivel” con Jon Izaguirre, oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, y se entrevistaron con testigos de la emboscada en que murieron Jaakkola y Cariño, con víctimas de la violencia en la zona y representantes de organizaciones de derechos humanos.

Las eurodiputadas afirman en su reporte que “muchos de sus interlocutores” consideran que la resolución de ese doble asesinato representa una prueba para terminar con la impunidad en el estado. A este respecto, agregan, “la identificación y castigo de los homicidas son puntos fundamentales para restaurar la normalidad en Oaxaca”.

El escrito denuncia que en México “existe una confusa división de competencias entre el poder federal y el estatal”. Expone que el caso de Jaakkola fue atraído nuevamente al ámbito estatal, aunque señala, en tono incrédulo, que la cuestión de la protección de las víctimas es una responsabilidad federal.

Refiere que “Rufino Juárez, el líder de Ubisort, un grupo paramilitar activo en la región de San Juan Copala, y presuntamente detrás del cerco a esa comunidad en el momento del ataque a la caravana de paz donde viajaba Jyri, fue arrestado en mayo último”.

Las eurodiputadas precisan que la detención de Juárez se dio justo unos días antes de la llegada de la misión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

“Es importante notar –señalan—que Juárez no fue acusado por el asesinato de Jyri y Bety, sino de otros dos crímenes por los cuales se amparó. Uno de esos amparos fue concedido. Muchos nos expresaron sus temores sobre el futuro de ese proceso”.

Pretextos

El reporte, de 14 páginas, describe a manera de bitácora sus encuentros más significativos. El 3 de septiembre se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué.

“Muchos funcionarios y empleados del antiguo gobierno (de Ulises Ruiz) han sobrevivido en el nuevo de Gabino Cué y tienden a obstruir mejoras en materia de transparencia y derechos humanos o medidas anticorrupción”, expone.

“Gabino Cué admitió que no había suficientes progresos en las investigaciones. Él calificó el asesinato como ‘un crimen premeditado’, cuyos autores materiales e intelectuales deben ser encontrados”.

Un día antes, el 2 de septiembre, las eurodiputadas se encontraron con un grupo de funcionarios estatales de alto nivel, entre ellos algunos involucrados con los derechos humanos.

Reseña que “el mediador gubernamental de las negociaciones con los triquis, Arturo Peimbert, explicó las raíces del actual conflicto.

Defendió el éxito del gobierno de Oaxaca en llevarles educación y salud a los triquis. Explicó que los responsables del conflicto son los grupos armados y quienes les pagan, y no ve ninguna motivación política en el asesinato de tres triques a comienzos de agosto pasado, que motivó la suspensión del último intento de la comunidad por regresar a San Juan Copala. Para él se trató de una pelea entre borrachos”.

Ese mismo día, pero más tarde, se reunieron con el procurador general de Justicia del estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López. El funcionario les dijo que había “un número de problemas significativos” respecto al caso de Jaakkola y Cariño, ocasionados, en primer lugar, por la falta de protección de los testigos de la emboscada donde murieron, que no permite la obtención de testimonios.

Detalla el reporte: “Discutimos los problemas legales vinculados a la consiguiente implementación de la reforma al sistema mexicano de justicia, que implica la aplicación de diferentes métodos de investigación en diferentes estados”.

El procurador, continúa el reporte, “admitió que los procedimientos de investigación son muy pobres en general en México. El país no tiene especialistas en realizar autopsias, las cuales en general no son efectuadas. Insistentemente los miembros de la oficina del procurador presentes en la junta expresaron el temor de cometer cualquier error en la preparación de un expediente para emitir una orden de arresto, porque eso llevaría a un rechazo del juez para otorgarla”.

Las eurodiputadas concluyen que en el actual escenario mexicano de deterioro del respeto a los derechos humanos, el esclarecimiento de los asesinatos de Jaakkola y Cariño tendría “un impacto más amplio y contribuiría llevar justicia a los pueblos indígenas de Oaxaca”.

(Artículo publicado el 2 de Diciembre de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)