BRUSELAS (apro).- Después de la queja que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpuso contra el gobierno mexicano, por la violación de los convenios 87 y 98 relativos a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emprenderá una investigación que puede derivar en la inclusión de México en la lista de países donde menos se respetan las garantías laborales.

(Artículo publicado el 25 de enero de 2010 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

(EL 18 DE JUNIO DE 2011 EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT ESTIMó QUE LA QUEJA DEL SME NO ERA ADMISIBLE)

Durante tal investigación, el gobierno de Felipe Calderón –incluso sin haber aún ratificado el Convenio 98– tendrá que responder ante el organismo internacional por las acusaciones del SME y, más aún, enfrentar la posible recomendación de “reinsertar” a los trabajadores a sus fuentes de empleo.

Así lo informó Beatriz Vacotto, experta de la OIT en asuntos laborales, en una entrevista telefónica con Apro desde Ginebra, Suiza, sede de la organización.

El pasado 26 de noviembre, los secretarios del Interior y de Fomento a la Salud del SME, Humberto Montes de Oca y Pipino Cuevas, respectivamente, ingresaron la mencionada demanda, la cual fue dirigida al Consejo de Administración y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, y de modo personal a Karen Curtis, la directora adjunta del Departamento de Normas Internacionales del mismo organismo.

La queja, que consta de 12 páginas –y cuya copia obtuvo este reportero–, la promueven Eduardo Bobadilla Zarza y José Antonio Miranda Sánchez, como representantes legales del SME.

El documento expone, en 29 puntos, la evolución histórica y jurídica del sector eléctrico en México desde 1902, el proceso de conformación del SME y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como su versión de los hechos en torno al decreto de extinción de esta empresa la noche del pasado 11 de octubre, que dejó de un día a otro sin empleo a 44 mil trabajadores.

Entre los seis razonamientos con los que a continuación argumentan las violaciones a los convenios 87 y 98, el SME destaca que “la forma, auténticamente intimidatoria y subrepticia en que se llevó a cabo el proceso de emisión y ejecución sumaria del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, no guarda congruencia alguna con los principios angulares (…) que deben regir cualquier actuación en materia laboral”.

El “encadenamiento de los sucesos acontecidos”, prosigue el documento, “transmite la impresión de que en el decreto subyace un propósito ajeno y distinto a la determinación gubernamental de desaparecer al organismo descentralizado, y que éste consiste específicamente en eliminar de raíz a una organización sindical que se ha significado por su capacidad de oposición y de articulación de diferentes movimientos sociales contrarios al modelo neoliberal”.

Lo anterior, y “el hecho público y notorio”, menciona el documento, del “vínculo de subordinación o dependencia política y organizacional” de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), constituyen, según el SME, un “desvío de poder”, “de carácter faccioso”, cuyo objetivo es “aplastar a toda costa al cuerpo gremial de los electricistas”.

Así, el SME solicita a la OIT que abra una investigación del caso y, “una vez agotados los procedimientos correspondientes, instar (al gobierno de Calderón) a que dé cumplimiento estricto a las obligaciones y principios laborales”, que “proceda a la inmediata revocación del decreto de extinción” y que “facilite el regreso a la brevedad de los trabajadores a su fuente de trabajo”.

Como dictan sus normas, la OIT ya solicitó al gobierno calderonista una respuesta a la queja de los electricistas.

De acuerdo con Vacotto, los gobiernos se toman “por lo menos” dos o tres meses para enviar una respuesta, que debe estudiar el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

El procedimiento para desahogar la queja podría durar 11 meses, explica la funcionaria, aunque podría tratarse como un “caso urgente”, pues existe el riesgo de disolución del sindicato.

No está previsto el envío de una misión de contactos preliminares, como se llegó a publicar en la prensa mexicana, pues se trata de una medida “excepcional” que se aplica únicamente cuando un gobierno niega de forma totalmente contradictoria los hechos por los que se le acusa y, por tanto, la OIT necesita recabar información in situ.

“El Comité de Libertad Sindical se reúne tres veces al año –refiere Vacotto. La próxima reunión es en marzo–. Es probable que ahí se examine el caso mexicano, siempre y cuando el gobierno haya respondido; si no, entonces habría que esperar a la reunión de junio”.

Agrega: “En muchos casos nuestras recomendaciones llegan tarde. Pero eventualmente el Comité de Libertad Sindical puede pedir la recontratación de los trabajadores; y si la institución ya ha sido disuelta, es problema del gobierno encontrar la manera en que lo puede hacer. Seguramente lo que también decidirá el comité en este caso es pedirle al gobierno que en el futuro evite este tipo de medidas sin haber consultado a los trabajadores. Este es el elemento más grave en el expediente”.

La experta subraya que la OIT no se puede pronunciar sobre la “disolución administrativa” de LFC, ya que es una prerrogativa del gobierno mexicano, “pero sí puede hacerlo sobre la forma en que se llevó a cabo: el sindicato tuvo que haber sido informado, implicado y consultado a tiempo”.

–¿Y así fue?

–No, para nada, según la información que tenemos. La respuesta del gobierno puede ser distinta, pero tendrá que aportar elementos para demostrar que informó y consultó al sindicato sobre el decreto.

Refiere que “es muy probable” que la OIT solicite al gobierno de México que le mantenga informado cada tres meses sobre la situación y la implementación de las recomendaciones.

De no haber progresos, la OIT puede emitir recordatorios trimestralmente. Además, la Conferencia Internacional de Trabajo, que se lleva a cabo anualmente en Ginebra, presenta una lista de los 25 países donde existen las violaciones más severas a los convenios laborales.

–¿México ameritaría estar en esa lista negra de probarse las violaciones de las que se le acusa?

–Es toda una posibilidad, pero no en la de 2010. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones está reunida actualmente, pero el SME no sometió informaciones a esta instancia, por lo que no pudo examinar su caso ahora. Sería hasta noviembre y, eventualmente, dar lugar a una inclusión en la lista en junio de 2011.

–En su experiencia, ¿cómo responde el gobierno mexicano a las observaciones de la OIT?

–Un poco menos que otros países latinoamericanos. México no ha ratificado varios convenios fundamentales de la OIT. Cada año realizamos una campaña de ratificación de esa clase de convenios básicos, en la que giramos invitaciones a los Estados miembros para que lo hagan. Muchos países contestan: ‘No los hemos ratificado, pero estamos haciendo esfuerzos para ratificarlos’. México de plano responde: ‘No los hemos ratificado y no los vamos a ratificar’.