Por considerar que la reforma laboral promovida por el gobierno foxista viola los compromisos de México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la materia, organizaciones civiles impulsan la adición de un capítulo al acuerdo de asociación con la Unión Europea, a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores.

(Artículo publicado en la edición del 15 de mayo de 2005 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Preocupados por el deterioro de los derechos laborales en México, organismos civiles y políticos de Europa están reforzando las iniciativas para evitar que al menos las empresas de sus países que operan en territorio mexicano se aprovechen de la laxitud de las leyes locales.

German Watch es una organización independiente con representaciones en Berlín y Bonn; desde hace años vigila que las trasnacionales alemanas cumplan los lineamientos éticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

México y Alemania –más otros 28 países “ricos”–son miembros de ese organismo internacional y en 2000 reafirmaron su compromiso de promover una conducta responsable de sus empresariados en cualquier lugar donde desarrollen sus actividades.

Entre otros aspectos, el capítulo sobre empleo y relaciones laborales de German Watch condena las políticas discriminatorias y da seguimiento a la libertad de asociación, así como a los contratos colectivos de trabajo.

“Sí, estamos preocupados por lo que pasa en México”, señala a Proceso Cornelia Heydenreich, de German Watch Berlín, para quien “ya de por sí la implantación de las leyes vigentes es problemática” en el país.

La activista se refiere a la inquietud causada por la llamada ley Abascal, reforma promovida por el gobierno foxista que, se percibe, amenaza derechos laborales y viola los compromisos que México asumió con la OCDE.

Ojo alemán

En México funcionan casi 900 empresas de capital alemán, que emplean a 100 mil trabajadores; 10% de éstos laboran en Volkswagen. Esas compañías producen 5% del Producto Interno Bruto nacional.

Una de ellas, Continental Tire, ya se vio forzada a rectificar una decisión suya. En 2002 German Watch interpuso, a través de la Secretaría de Economía de México y su similar de Alemania, una queja contra el fabricante de llantas por el “cierre ilegal” de su planta Euzkadi en Guadalajara.

El poder de presión de ésta y otras asociaciones, como FIAN (Food First Information and Action Network, organización que defiende el derecho de toda persona a alimentarse en dignidad) y la Coordinadora Alemana de Derechos Humanos en México, alcanzó un logro histórico: en febrero de 2004 la Junta de Conciliación y Arbitraje mexicana reconoció como legal la huelga de Euzkadi, lo que dio pie a que en enero Continental aceptara la reapertura de la planta que daba trabajo a más de mil personas y les cediera a éstas la copropiedad del establecimiento, estimada en 80 millones de dólares.

La Fundación Böll del Partido Verde Alemán, que forma parte del gobierno de Gerhard Schröeder, aportó el dinero y su influencia para que los huelguistas pudieran exponer directamente su caso.

Por lo menos en dos ocasiones los empleados inconformes se presentaron ante la junta de accionistas de Continental en Hannover, en la Cámara Baja (Berlín) y ante las instituciones de la Unión Europea (UE) en Bruselas, donde recibieron asesoría de la Iniciativa de Copenhague para México y América Central (CIFCA), una red de organizaciones no gubernamentales europeas que cabildea para la sociedad civil mexicana.

Animadas por esta victoria, esas ONG han denunciado un segundo caso: el de la fábrica General Tire de San Luis Potosí, que también pertenece a Continental. En ella trabajan mil 300 obreros que se quejan de una abusiva “flexibilización” de las condiciones de trabajo. El grupo alemán inició ya un proceso contra la matriz de la empresa por el “despido injustificado” de cuatro sindicalistas que dirigían las protestas.

Debido a la enorme inversión alemana y al incumplimiento de las leyes, estima Cornelia Heydenreich, México es un campo de “potenciales” violaciones a las garantías laborales. La semana entrante, la integrante de German Watch acompañará a una delegación de obreros mexicanos de General Tire a Hannover para que se defiendan frente a la asamblea anual de Continental.

Tal experiencia ha impulsado el trabajo de otros observatorios similares, que comparten la inquietud sobre México.

A finales de diciembre, cuando ya se vislumbraba el desenlace del caso Euzkadi, se organizó en el Parlamento Europeo una cumbre de organismos continentales enfocados hacia América Latina. Con el particular interés de dar seguimiento a la situación en México, ahí se propuso estrechar la colaboración entre organismos de monitoreo y formar una especie de Big Brother de corporativos europeos.

En esa ocasión se plantearon un primer acercamiento las trasnacionales alemanas, francesas y españolas, que equivalen casi a la mitad de las 6 mil 500 empresas de la UE que hay en México y dan trabajo directo a casi 300 mil mexicanos.

Cláusula democrática

Al gobierno de México se le acusa de haber firmado acuerdos para la promoción y la protección para las inversiones (APPRI) que supuestamente constituirían violaciones a la Ley Federal del Trabajo, al dar prioridad al rendimiento de las empresas extranjeras por encima del bienestar de los trabajadores nacionales.

“Protegidas por estos acuerdos, compañías europeas como Continental Tire (Alemania), Michelin (Francia), Techint (Italia), la agencia de noticias AFP (Francia) y el grupo hotelero RIU (España) han atropellado derechos de trabajadores mexicanos”, manifiesta Manuel Rocha, de Oxfam Internacional, una organización que se dedica a encontrar soluciones viables a la pobreza y la injusticia.

Denuncias públicas contienen testimonios de despidos arbitrarios, retiros de contratos colectivos de trabajo, prohibición del derecho a la sindicalización, salarios bajos sin protección social, cierre ilegal de plantas, simulaciones de quiebra y posteriores reaperturas, deslinde de la responsabilidad en accidentes de trabajo, coerción y violencia física, entre otras argucias en las que han incurrido esos corporativos europeos en México.

Para las ONG defensoras de los derechos de los trabajadores, es un hecho palpable que la cláusula democrática que contiene en su artículo primero el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México/Unión Europea, no es más que papel mojado.

Por ello, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), con 60 millones de agremiados, solicitó en febrero pasado que el gobierno foxista y la Comisión Europea –como gestora del tratado– incorporaran a éste un protocolo o capítulo laboral.

Tal añadido tendría que proteger a los trabajadores mexicanos sobre la base de cinco convenciones de la Organización Internacional del Trabajo: libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva, prohibición del trabajo forzado, prohibición del trabajo infantil y la no discriminación.

Aunque tales prerrogativas están ya a resguardo de las leyes de México y de los 25 países de la Comunidad Europea, así como en su Constitución Común, no aparecen garantizadas en el acuerdo de asociación mencionado.

El sindicalista español Juan Moreno, promotor del protocolo, justifica su necesidad en virtud de una “ausencia de dimensión social y laboral del acuerdo”. “Hasta ahora no se han tomado medidas para la inclusión formal de estos derechos, pese a las recomendaciones del Primer Foro de Diálogo con la sociedad civil de 2002”, explica a Proceso.

El capítulo laboral propuesto agregaría un mecanismo más preciso de seguimiento y vigilancia de la conducta empresarial en el marco de la relación bilateral y, por lo tanto, ofrecería a la Comisión Europea y a las autoridades mexicanas la posibilidad de aplicar llamadas de atención o incluso sanciones.

Esa iniciativa europea obtuvo la firma de respaldo de varias organizaciones sindicales mexicanas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así mismo manifestaron su apoyo a la propuesta, la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios (FSTSGEM).

El 26 de mayo, cuando se realice en Luxemburgo la cita anual del Consejo Conjunto –máximo órgano de decisión del acuerdo de asociación–, funcionarios mexicanos y representantes de la Comisión Europea evaluarán el borrador del protocolo laboral que ya tienen en sus manos.