BRUSELAS, (apro).- Los 27 gobiernos nacionales que integran la Unión Europea (UE) acordaron apoyar un plan de ahorro de energía cuyo cumplimiento no es obligatorio y que, además, resulta insuficiente para alcanzar las metas pactadas hace dos años en ese rubro por las mismas autoridades, denuncian organizaciones medioambientales europeas.

(Artículo publicado el 19 de agosto de 2011 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Para 2020, la UE se comprometió a reducir 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), incrementar a 20% el porcentaje que representan las energías renovables en su producción total de energía, y recortar 20% su consumo energético; en todos los casos con relación a sus niveles de 1990.

En este último apartado, el objetivo concreto de la UE es lograr para ese año un ahorro anual de 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep); pero a diferencia del sistema de normas que se han aprobado para alcanzar las primeras dos metas (reducción de GEI y crecimiento de las “energías verdes”), las concernientes a frenar el derroche energético siguen siendo muy flexibles.

De esa forma, el plan de directiva de los 27 Estados socios de la UE propone que las empresas de la región apliquen medidas de eficiencia que resulten en ahorros anuales de energía de 1.5% reflejados en los consumidores finales.

Sin embargo, la organización Friends of the Earth señala que lo anterior apenas reducirá 12 Mtep anuales, y únicamente en caso de que ésta fuera obligatoria.

Peor aún, dicho plan prevé amplias excepciones: los Estados miembros incluyeron cláusulas que les permite “optar por otras medidas para lograr ahorros de energía entre los consumidores finales”, en lugar de forzarlos a aplicar políticas más estrictas para bajar su consumo a largo plazo.

Según la prensa europea, tales derogaciones fueron consecuencia del cabildeo empresarial, y particularmente de las presiones ejercidas por los gobiernos de Alemania y Suecia.

Así, quedan exentos del plan de directiva los edificios de interés social y aquellos con una superficie inferior a 250 metros cuadrados, mientras que las compañías que necesiten realizar obras de renovación en sus edificios tendrán que efectuarlas cumpliendo los “mínimos requisitos de consumo de energía”, y no bajo “los mejores estándares” de mayor calidad, que refería el proyecto de directiva original.

Y no solo eso, los gobiernos europeos también rechazaron insertar un artículo que los forzaba a realizar adecuaciones a 3% de los edificios públicos, de modo tal que éstos no continúen desperdiciando energía. Esa porción representa 12% de todos los edificios de Europa.

Fracaso

Expertos en la materia como Randall Bowie –quien ha participado en la elaboración de antiguas directivas sobre eficacia energética y que trabaja actualmente para la consultoría Rockwool– juzgan el plan aprobado por los 27 socios en el Consejo de Ministros de la UE como “una oportunidad perdida”.

Bowie declaró al sitio de noticias de Internet Euractiv que con ese plan existe el riesgo de que los Estados miembros apliquen medidas insignificantes a corto plazo para poder cumplir con sus obligaciones, y se olviden de realizar renovaciones de fondo a largo plazo, solo mediante las cuales pueden generarse los verdaderos ahorros.

La propuesta original fue elaborada por la Comisión Europea y discutida por los 27 países de la UE el pasado 23 de junio en el marco del Consejo.

Bowie explica que lo habitual en el proceso legislativo es presentar propuestas de directiva con un contenido “fuerte y ambicioso”, el cual se busca mantener en el texto final; “nunca te rindes por anticipado”, señala.

Pero en este caso, precisa, el texto que se propuso en el Consejo era uno “débil” en compromisos, debido a que, según el consultor, éste fue previamente ajustado por la Comisión Europea con la intención de adelantarse a las objeciones que, preveía, podían plantear los oficiales gubernamentales. Resultado: el texto acordado fue todavía más débil de lo que ya era el original.

Dicho documento ni siquiera estipula los niveles de ahorro de energía que debe alcanzar cada país, lo cual se pospuso hasta 2014.

Erica Hope, especialista de la organización World Wildlife Fund, asegura que tal texto de directiva echa abajo la esperanza de que haya “una acción concertada de los gobiernos europeos” con la finalidad de transformar el actual modelo de negocios y la cultura empresarial en Europa, que sufren un retraso en la aplicación de tecnologías y prácticas de ahorro de energía.

En ese sentido, agrega la ONG, el plan europeo no vislumbra ningún avance.

De acuerdo con datos de Friends of the Earth, una legislación estricta de la UE, que garantice el cumplimiento de 20% de reducción de consumo energético, traería como consecuencia automática el fin de la dependencia de la energía nuclear y una baja de 50% del carbón que se utiliza en Europa.

Los propios reportes internos de la Comisión Europea, indica la ONG, arrojan que únicamente una directiva con fuerza vinculante podría garantizar el objetivo de 20% en ahorros energéticos, por lo que, pronostica, el plan actual “está condenado al fracaso”.

No obstante, las 10 mil instalaciones industriales europeas incorporadas en el esquema regional de comercio de emisiones de carbono ya han sacado ventaja: tras un acuerdo de compromiso con las autoridades de Bruselas, éstas aceptaron integrarse a la nueva directiva a cambio de que la Comisión Europea garantice que ésta no provoque desequilibrios que quiten interés al precio de las toneladas de carbono que las industrias más eficientes dejan de producir y que venden en un mercado especial.

Friends of the Earth asegura que el plan de la UE tendrá tan pocas repercusiones que no puede afectar de ninguna manera los precios del CO2 ni amenazar el esquema europeo de comercio de emisiones, como lo considera la industria.

Crisis favorable

El pasado 27 de julio la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó su reporte anual sobre emisión de contaminantes, correspondiente a datos de 2009.

Éste reveló que la recesión económica contribuyó a que tales emisiones cayeran, principalmente, a causa de la baja en la demanda de las plantas eléctricas públicas de España, Bulgaria, Polonia y Rumania.

El reporte destaca el caso de la aviación: las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) provenientes de ese sector no habían parado de aumentar desde 1990 (subieron 79%); pero en 2009 la emisión de este contaminante cayó 6% en relación a 2008 como reflejo, expone el reporte, de la baja actividad en el sector de la aviación provocada por la crisis económica y financiera.

Las emisiones que más significativamente bajaron fueron las de sulfuro de óxido (SOx): 21% respecto a 2008, así como las de NOx y las de partículas de materia primaria (PM), que descendieron 10% en relación con el mismo año.

Desde 1990 las emisiones de SOx se han reducido 80%, las de dióxido de carbono 62% y las de NOx 44%; tales datos de la AEMA –que reporta por obligación a la Organización de Naciones Unidas debido a que la UE forma parte de la Convención sobre contaminación trasfronteriza del aire a largo alcance— constatan la tendencia a la baja de los contaminantes aéreos.

Sin embargo, la misma agencia advierte que, a pesar del declive en las cifras de 2009, la baja calidad del aire persiste en Europa, sobre todo en las ciudades.

Un caso ilustrativo de esta situación recae en el sector automotriz: la introducción de modernos convertidores catalíticos en los vehículos de pasajeros, y de una estricta regulación de las emisiones que producen los camiones pesados, ayudó a reducir 42% la generación de NOx en el transporte carretero.

Sin embargo, en 2009 el sector del transporte generó 42% de las emisiones totales de NOx de la UE, así como 34% en el caso de CO2.

Por otro lado, el reporte de la AEMA acusa a los Estados miembros de no proporcionar información completa sobre sus emisiones, lo que dificulta su tarea de análisis en la materia.