BRUSELAS (apro).- Los desacuerdos internos entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en torno de la solución de la crisis económica que agobia a la región se corresponden con sus divisiones en el Consejo de Ministros en relación con otros temas: Alemania y Gran Bretaña, por ejemplo, son los países integrantes de la UE que más votaron uno contra otro a la hora de aprobar leyes comunes en ese organismo de representación de los 27 gobiernos nacionales del bloque europeo. Así ocurrió en 15% de todos los votos.

(Artículo publicado el 3 de agosto de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Por otro lado, Gran Bretaña es el país que con más frecuencia vota contra las posiciones mayoritarias en el Consejo, en tanto que Francia y Lituania son los que más votan junto con la mayoría, indica un interesante e inédito reporte del organismo Vote Watch titulado Acordando el desacuerdo: los archivos de votación de los Estados miembros de la UE en el Consejo desde 2009.

“Gran Bretaña tuvo una posición minoritaria en uno de cada diez procesos de votación. Le siguen Alemania, Austria, Dinamarca y Holanda. En el otro sentido, Francia y Lituania siempre votan con la mayoría, seguidos por Chipre, Grecia, Finlandia y Letonia”, expone el documento de 18 páginas.

Vote Watch es una organización independiente de origen británico que dispone de una oficina en Bruselas. Su objetivo es “promover mejores debates y una mayor transparencia en los procesos de decisión de las instituciones de la UE, ofreciendo fácil acceso a las actividades y trabajo político del Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros”

La organización fue creada en 2009, en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar ese año. Es financiada por la Open Society Foundations y la Joseph Rowntree Charitable Trust, y cuenta con el apoyo del think tank Centre for European Policy Studies y la firma global de publirrelaciones Burson-Marsteller.

Desde hace tres años, Vote Watch reporta cada seis meses las tendencias de voto en el Parlamento Europeo: cómo vota cada eurodiputado, su grupo político nacional, y qué alianzas se forman entre grupos políticos ideológicos, información que puede ser consultada por ciudadanos, académicos, organizaciones no gubernamentales y periodistas a través del sitio de Internet de la Vote Watch. Ahí mismo cualquier persona puede utilizar el programa Vote Match, una herramienta informática que le ayuda a descubrir cuál es el eurodiputado con el historial de voto que más se acerca a sus propias preferencias políticas.

El seguimiento del proceso de voto en el Consejo de Ministros representa una primicia:

“Por primera vez –señala el presidente de Vote Watch Europa, Simon Hix– el público europeo puede monitorear los votos de los eurodiputados y ministros en la pieza de legislación en ambas instituciones encargadas del poder legislativo en la UE: el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros”.

“Unanimidad”

Los registros de Vote Watch se alimentan con la información que proporciona el Consejo de Ministros: la base de datos con los “votos finales” (no de aquellos expresados durante procesos previos de decisión), sólo aquellos a nivel ministerial y relativos a temas de elaboración de leyes y de presupuesto. Así, entre julio de 2009 y junio de 2012 fueron adoptadas 343 piezas de legislación mediante un voto formal. Los temas de votación cubren 17 áreas.

La mayor parte de los votos se dieron en las áreas de economía y asuntos monetarios, medio ambiente y salud pública, transporte y turismo, y presupuesto, en ese orden.

La mayoría de las decisiones en el Consejo son adoptadas por unanimidad, incluso cuando se aplica el procedimiento de mayoría cualificada, ya que así los gobiernos pueden mostrar un acuerdo con el resultado final o, al menos, aparentarlo, lo que políticamente es más redituable.

De las 343 propuestas legislativas que se votaron en el período citado, 309 fueron votadas por la regla de la mayoría cualificada, que estipula que una decisión es aceptada si así lo aprueba, al menos, una mayoría de Estados miembros, 14, que sumen en conjunto 255 votos, de 345 totales, los cuales están repartidos de acuerdo al peso demográfico de cada país. Sin embargo, 65% de ellas fueron adoptadas por unanimidad. En el restante 35%, uno o varios Estados miembros se abstuvieron o se opusieron a la propuesta.

En 108 piezas legislativas –casi un tercio de las registradas– al menos un Estado se abstuvo o se opuso a su adopción.

¿En qué temas hay mayor controversia entre los Estados miembros? Hay dos: medio ambiente y salud pública y agricultura. Donde hay más consenso es en los asuntos relacionados con el comercio internacional; la industria, la investigación y la energía, y la economía.

Sin embargo, el reporte constata un hecho: los gobiernos nacionales recurren cada vez más a las declaraciones que clarifican el sentido de su voto.

“Hemos encontrado que esas declaraciones escritas sirven para mandar una señal a los electores nacionales y como un registro formal de los detalles de la negociación con vistas a utilizarlas en próximas negociaciones o procesos de implementación”, explica el texto.

De esa forma, prácticamente en todos los actos legislativos aparecen esas “declaraciones de clarificación”, sobre todo en materias de medio ambiente, desarrollo regional, agricultura y mercado interno, en donde los Estados refieren su desacuerdo con la propuesta que aceptaron, por lo que Vote Watch deduce que muchas leyes reportadas oficialmente como un “acuerdo unánime”, en realidad son cuestionadas por los mismos gobiernos.

Los países que más clarificaciones emiten son Gran Bretaña, Alemania y Holanda; los que menos, Eslovaquia, Rumania y Luxemburgo. En general, con excepción de Polonia, los nuevos miembros de la UE –del este y centro– usan menos este tipo de declaración política.

Resulta curioso que muchos países, como Francia, Holanda, Italia, Suecia, Irlanda, España o Finlandia, que se abstuvieron o se opusieron rara vez (Francia nunca), fueron al mismo tiempo aquellos que emiten más de aquellas declaraciones.

Controversias

El reporte proporciona algunos ejemplos típicos de desacuerdo en el Consejo.

El tema relacionado con la Política Agrícola Común –que absorbe 40% del presupuesto de la UE– es el más problemático, remarca. Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Estonia, Holanda y Polonia votaron contra la mayoría en este terreno.

En diciembre pasado, el Consejo votó una propuesta de la Comisión Europea para enmendar la ley por medio de la cual se financia la distribución de comida para las personas más necesitadas de la Comunidad Europea. A través de ese mecanismo, muchos ciudadanos pobres de la UE reciben alimentos provenientes de los excedentes agrícolas subsidiados por esa política. Ese mecanismo finaliza el 31 de diciembre de 2013 y el próximo marco de financiamiento corresponde al período 2014-2020.

Los gobiernos de Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia votaron en contra, mientras que la República Checa se abstuvo.

En una declaración oficial, el gobierno sueco explicó que la propuesta de la Comisión Europea “no presentaba las suficientes garantías” para pensar que ese programa de distribución de alimentos “sería enmendado correctamente”.

Alemania y Francia votaron a favor de la propuesta de la Comisión Europea, pero en una declaración conjunta “aclararon” su posición: reconocieron el trabajo de las organizaciones caritativas con el actual programa de distribución de alimentos, abogaron por continuar “un periodo de transición” –tras su posterior termino en 2013– con el propósito de dejar a tales organizaciones un tiempo de adaptación a la nueva situación, y expresaron a la Comisión Europea que no había condiciones para que el Consejo votara el nuevo programa propuesto, por lo que ellos no estaban de acuerdo.

En otra declaración conjunta, los gobiernos de Bélgica, Bulgaria, Grecia, España, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Portugal, Rumania y Eslovenia expresaron su total apoyo a la decisión del Consejo de no aceptar la enmienda propuesta por la Comisión Europea, dado que “en los últimos 25 años el programa de alimentos para las personas más necesitadas de la UE ha permitido hacer visible la solidaridad europea entre más de 18 millones de personas en 20 Estados miembros”. Ese grupo de países apoyó la continuidad del programa en 2012 y 2013.

Otra área de discusión frecuente es la referente al presupuesto. Austria, Suecia y Gran Bretaña se destacan por votar más seguido contra la mayoría. En marzo de 2011, el Consejo votó una proposición de la Comisión Europea para usar 183 millones de euros del Fondo de solidaridad de la UE para aliviar las necesidades de Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Rumania, e incluso del país candidato, Croacia, que habían enfrentado fuertes inundaciones un año antes.

La propuesta fue adoptada por un pequeño margen: 257 votos (el mínimo solicitado en mayoría calificada es de 255). Austria, Bélgica, Finlandia, Letonia y Suecia votaron en contra, en tanto que Portugal, Gran Bretaña y Eslovenia se abstuvieron. Un hecho interesante, subraya el reporte, es que durante el voto sobre el mismo tema en el Parlamento Europeo, casi todos los eurodiputados de los partidos gobernantes en los Estados socios que rechazaron la propuesta o se abstuvieron o la apoyaron.

En el caso de los temas medioambientales, Dinamarca aparece en los registros de voto en el Consejo como el país con una posición irreconciliable.

De un total de 36 votos, el gobierno danés votó tres ocasiones en contra y se abstuvo otras cuatro.

En septiembre de 2011, Dinamarca fue el único miembro de la UE que votó contra la propuesta para una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que enmendó otra directiva, la 97/68/EC, relacionada con los motores introducidos al mercado bajo un esquema de flexibilidad de emisiones contaminantes.

En una declaración oficial, el gobierno danés explicó que “no podía aceptar un acuerdo para incrementar el esquema de flexibilidad del presente 20% a 37.5%”. Ese incremento, explicó Dinamarca, significaría que los motores que cumplen con los límites de emisiones se encontrarían en el mercado con nuevos motores con límites relajados.

“Los Estados miembros se las están viendo difícil para cumplir con los límites de calidad de aire, y esta propuesta incrementaría la descarga de NOx y partículas”, concluye el gobierno danés.