BRUSELAS (apro).- La Unión Europea (UE) está en curso de implementar enormes estructuras de vigilancia fronteriza contra la migración ilegal que pretenden convertir a la región en una “fortaleza tecnológica”.

Sin embargo, las autoridades europeas no tomaron en cuenta “las dificultades insuperables a las que Estados Unidos se ha confrontado para introducir sistemas comparables, como el US VISIT, que es incapaz de registrar la salida de los viajeros de Estados Unidos, y el SBINET, el sistema de vigilancia de la frontera con México que fue abandonado tras la aparición de problemas tecnológicos y la explosión de los costos”.

(Artículo publicado el 27 de julio de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Así lo indica un extenso y detallado reporte elaborado para la fundación alemana Heinrich Böll por Ben Hayes y Mathias Vermeulen. El primero de ellos, es experto en temas de justicia y asuntos internos de la UE dentro de la organización civil Statewatch, con sede en Londres, y el segundo es investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia.

El documento –de 82 páginas y publicado en junio pasado– también fue financiado por el grupo de los Verdes del Parlamento Europeo. Su título es Al límite: Las nuevas iniciativas de la UE en vigilancia fronteriza.

Con base en el análisis de Hayes y Vermeulen, la eurodiputada alemana Franziska Keller advierte que los 27 Estados miembros de la UE buscan poner “rápidamente en marcha el Sistema de Vigilancia de las Fronteras Externas Europeas (Eurosur) para mejorar la cooperación entre las agencias de control fronterizo de Europa y la Agencia para la Protección de las Fronteras Externas de la UE (Frontex) con ayuda de tecnología de punta.

Además, explica la eurodiputada, la UE está por presentar la legislación que gestione las llamadas “fronteras inteligentes”, cuya misión será “lograr el control total sobre todos los movimientos de cruce fronterizo, siguiendo el modelo estadunidense. El plan contempla la introducción de una base masiva de datos que almacene información, incluyendo las huellas dactilares de todos los ciudadanos no europeos que entren o salgan del territorio de la UE”.

Afirma que uno de los propósitos de tal estructura “es identificar a los ciudadanos de terceros países que rebasan su permiso de estancia. En Estados Unidos un sistema parecido fracasó y nunca fueron introducidos los registros de salida del país”.

Desproporción

A manera de contexto el reporte indica que la UE cuenta con 500 millones de habitantes y que su territorio está delineado por 7 mil 400 kilómetros de fronteras terrestres y 57 mil 800 kilómetros de franja costera o fronteras marítimas.

Cifras oficiales estiman que cada año entran y salen de la UE 300 millones de personas; menos de la mitad son ciudadanos no europeos. Sólo una pequeñísima fracción de ellos ingresa ilegalmente.

A principios de 2011 llegaron a las costas italianas unos 25 mil tunecinos que huían del caos provocado por el alzamiento popular contra el régimen de su país. La mayoría de los desplazados por esa clase de rebeliones que estallaron en los países árabes (la llamada Primavera Árabe) fueron acogidos por las naciones vecinas como Túnez, Chad, Nigeria, Egipto o Argelia, según un reporte del 15 de junio de 2011 de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, que estimó ese número en un millón de personas.

Aun así, la UE tomó tres medidas para prevenir la migración y la residencia no autorizadas. En las reuniones del Consejo de la UE del 11 y 12 de abril de 2011, y del 9 y 10 de junio del mismo año, se decidió crear el Sistema de Vigilancia de las Fronteras Externas Europeas (Eurosur), así como establecer el Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés) mediante el cual se podrá registrar el movimiento de las personas que ingresen al Espacio Schengen de libres fronteras de la UE y ayudará a identificar a aquellas cuya visa de estancia haya expirado.

Además, la UE propuso la puesta en marcha de un Programa de Viajeros Registrados (RTP, por sus siglas en inglés), bajo el cual los viajeros de terceros países que se hayan previamente inscrito y probado que no representan un riesgo a la UE podrían ser beneficiados de una entrada más rápida al Espacio Schengen.

De acuerdo con la Comisión Europea, los migrantes que entran legalmente a la UE y luego se quedan, a pesar de haber vencido su permiso de estancia, conforman la mayor parte de la migración ilegal.

El plan es que el EES almacene en una sola base de datos los datos biométricos de todos los ciudadanos no europeos que entren al área Schengen de la UE, y que emita una alerta a la autoridad del país donde ingresó cualquier infractor a su fecha de salida. Ese almacenamiento de información sólo es legal actualmente en casos ligados al orden y la seguridad pública.

De esa forma, un ciudadano mexicano que, por ejemplo, haya entrado como turista a la UE a través de España, tiene derecho a permanecer 3 meses legalmente. Una vez que rebase ese tiempo, las autoridades migratorias españolas recibirían una alerta en relación con la situación ilegal de ese ciudadano mexicano. Actualmente sólo un control azaroso y desafortunado de sus documentos podría descubrir su infracción.

El RTP, por su parte, está concebido como un programa voluntario que permitiría a los viajeros de países que, a juicio de la UE, no representan un peligro migratorio (países de una “lista blanca”) beneficiarse de una entrada bajo un control “simplificado y automatizado”, siempre y cuando aporten previamente sus datos biométricos. El tiempo de control se reduciría de 1 o 2 minutos que dura actualmente a 30 segundos.

No obstante, remarca el reporte, un ejercicio de monitoreo realizado en 2009 arrojó que, cada año, las autoridades tendrían que tomar 57 millones de huellas dactilares adicionales de ciudadanos de países de la lista blanca.

En Estados Unidos, una evaluación del programa US VISIT reveló que, cuando fueron introducidos los controles biométricos, el procedimiento de entrada al país se alargó en 15 segundos. Si la UE pudiera registrar 57 millones de personas, eso agregaría un tiempo de fila de 27 años en sus fronteras, expone el texto de la fundación Böll.

La Comisión Europea contesta que el RTP permitirá acelerar los trámites, pero también reconoce que sólo 4 o 5 millones de ciudadanos de terceros países lo podrán usar por año. Se estima que en ese período entran 100 millones de personas provenientes de esos países.

Tales medidas, asegura el reporte, representan una respuesta desproporcionada al número relativamente pequeño de refugiados provenientes del norte de África que prefirieron marcharse a Europa durante las crisis políticas de esos países.

En ese sentido, hay un hecho que destacan los autores: esas propuestas fueron concebidas hace mucho tiempo y han sido consideradas activamente durante más de cuatro años, a pesar de que las instituciones de la UE comenzaron hasta recientemente a trabajar en una legislación formal.

Objetivo dudoso

El concepto de “fronteras inteligentes” lo impulsó decisivamente la Comisión Europea en una comunicación que lanzó el 15 de febrero de 2008, la cual proponía la utilización de controles de identidad automatizados, de nuevos archivos y sistemas de captura de datos y de mayores dispositivos tecnológicos, así como la creación del Eurosur con radares costeros, sistemas satelitales de rastreo, aeronaves no tripuladas (drones) y sistemas autónomos de localización para detectar pequeños transportes en el espacio de la UE.

La legislación que establece Eurosur fue publicada en diciembre último. Las del EES y el RTP, cuya presentación estaba programada para antes de las vacaciones de verano, fueron pospuestas para fin de este año con el propósito de examinar con más tiempo los estudios de viabilidad y llevar a cabo las deliberaciones entre las instituciones europeas.

El principal objetivo de Eurosur es mejorar la “percepción situacional” y la capacidad de reacción de los Estados miembros y de Frontex para prevenir la migración ilegal y el crimen trasfronterizo en territorio y aguas de la UE.

En la práctica, indica el reporte, la regulación propuesta extendería a todos los miembros del Espacio Schengen la obligación de realizar una vigilancia integral –“24 horas, los 7 días de la semana”– de las fronteras terrestres y marítimas designadas como “de alto riesgo” de migración clandestina; al mismo tiempo, permitiría a Frontex llevar a cabo una vigilancia en mares abiertos más allá de las aguas europeas hasta llegar a las costas y puertos del norte de África.

Esa presencia europea en aguas profundas, prosigue el texto, forzaría a los países de la UE a tomar acciones para localizar y rescatar embarcaciones en peligro, ya que así lo dicta la ley marítima internacional.

La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que el papel futuro de Eurosur es “proteger y salvar vidas de migrantes”, pero, observan Hayes y Vermeulen, ni la regulación misma ni en numerosas evaluaciones o estudios vinculados a la misma está definido qué es lo que exactamente será hecho para ello y cuáles serán los procedimientos para saber qué hay que hacer con los migrantes rescatados.

Analiza el texto: “En ese contexto, y a pesar de la crisis humanitaria en el Mediterráneo de migrantes y refugiados que buscan alcanzar las costas europeas, Eurosur parece que formará parte de la política europea cuyo propósito es evitar que esas personas lleguen al territorio europeo en lugar de que sean un genuino mecanismo de salvamento”.

El sistema incluiría las llamadas “operaciones para empujar el regreso”, en las que las embarcaciones de migrantes son llevadas al país de salida, u otro no europeo, impidiendo a éstos ejercer su derecho a solicitar asilo a un Estado miembro de la UE.

El sistema se basa en una plataforma que relaciona un conjunto de nuevas tecnologías de vigilancia con 24 diferentes sistemas nacionales de vigilancia y centros de coordinación a nivel bilateral y a través de Frontex.

El reporte critica que el sistema de Eurosur no fue sujeto apropiadamente a una evaluación de riesgos, por lo que presenta “potenciales fallas técnicas y sobrecostos”.

“El desarrollo de nuevas tecnologías y el proceso de interrelación con 24 centros nacionales es extremadamente complejo y costoso”, precisa.

Y agrega: “A pesar de eso, las únicas personas a las que se les consultó si tal sistema funcionaría fueron las que trabajan para Frontex y las compañías que venderán el equipo informático necesario”.

Dos estudios de viabilidad fueron encargados a Frontex. Uno –el de la Red de Patrullas Costeras Mediterráneas– fue publicado en julio de 2006, pero el segundo –sobre el sistema de vigilancia fronterizo—fue clasificado secreto. Ambos documentos no fueron sometidos al escrutinio de los parlamentos nacionales europeos.

El Estudio Técnico para Eurosur fue producido en enero de 2010 por las compañías europeas ESG (contratista del Ejército alemán), EADS, Selex-Finmeccanica y Thales, que cotizaron 11 tipos de “sensores de vigilancia” y 18 tipos de “sistemas de vigilancia marítima”. En septiembre de 2011, con tres años de retraso, la Comisión Europea ordenó un estudio de los potenciales costos a las consultorías GHK, Unysis y Euroconsult.

La Comisión Europea estima que Eurosur costará 338 millones de euros, pero los métodos de cálculo “no soportan el escrutinio”, señala el reporte. Basado en los gastos recientes reportados por el Fondo de Fronteras Exteriores de la UE, el programa marco de investigación y los presupuestos del planeado Fondo de Seguridad Interior, los autores del reporte indican que su costo real será dos o tres veces mayor: aproximadamente 874 millones de euros.

Ese monto no podrá ser controlado por el Parlamento Europeo, ya que no hay manera de saber la cantidad que será usada en la financiación de Eurosur y aquella otra destinada al Fondo de Seguridad Interior, que corresponde a otra legislación. Sólo dispondrá de la información que contengan los reportes periódicos de la Comisión Europea y de Frontex, y dado que el sistema será financiado por varias líneas presupuestales, ya es desde ahora difícil para los eurodiputados conocer la suma que se ha gastado.