BRUSELAS (apro).- Los opositores al Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) asestaron un duro golpe a la derecha europarlamentaria, que no logró que uno solo de los cuatro comités que discutían sobre el asunto aprobara la ratificación de tan polémico acuerdo internacional, del que formó parte negociadora el gobierno de Felipe Calderón.

(Artículo publicado el 8 de junio de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Esa múltiple derrota fortalece la posibilidad de que el Comité de Comercio Internacional (INTA en el argot administrativo) repita el voto contrario a ACTA el próximo 21 de junio y, posteriormente, que el Parlamento Europeo decida de manera definitiva rechazar la ratificación del Acuerdo en su sesión plenaria del 3 de julio.

El 31 de mayo pasado votaron en contra los comités de Industria (ITRE), de Asuntos Legales (JURI) y de Libertades Civiles (LIBE), y el 4 de junio hizo lo mismo el de Desarrollo (DEVE).

Jurídicamente la decisión de esos comités tiene un valor de “opinión”, aunque puede ser tomada en cuenta por el Comité INTA, que redactará el único reporte sobre el que votarán todos los eurodiputados en julio y que definirá la posición de la institución respecto del ACTA.

El ponente del reporte de opinión del Comité LIBE fue el eurodiputado griego Dimitrios Droutsas, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD).

Tal documento subraya los daños que causaría ACTA a las libertades ciudadanas en Internet y solicita al Comité INTA y al Parlamento Europeo que lo rechacen en sus respectivas sesiones de voto.

Un extracto vertebral del reporte indica que “tomando en consideración el papel del Parlamento Europeo en la protección y la promoción de los derechos fundamentales, la conclusión es que la propuesta de ACTA que se presentó para su consentimiento es incompatible con los derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

Además, señaló que las empresas proveedoras de Internet no deben convertirse en policías de la red hurgando en las comunicaciones de internautas –como sucedería si se aplica ACTA–, y pidió a la UE que diseñe una estrategia propia para combatir la piratería que respete los derechos individuales en Europa.

Este reporte fue adoptado por 36 votos a favor contra sólo uno en contra y 21 abstenciones.

La ponente del reporte de opinión del Comité ITRE fue la eurodiputada Amelia Andersdötter, integrante del grupo de los Verdes Europeos y del Partido Pirata sueco.

Su texto considera que ACTA no garantiza un equilibrio entre los derechos de protección intelectual, la libertad de empresa, la protección de los datos personales y la libertad para recibir y proveer información en Internet.

Más aún, acusa que en el tratamiento que hace de los derechos de propiedad intelectual ACTA ignora particularidades en varios sectores industriales, además de que la falta de definiciones claras crea en las compañías europeas incertidumbres legales.

En ese comité la votación fue menos holgada: 31 votos contra 25 a favor de rechazar ACTA, como lo planteaba el reporte de Andersdötter.

Apoyos

A diferencia de los anteriores reportes, el que se presentó en el Comité DEVE contenía planteamientos favorables a ACTA, de manera relevante en el apoyo a los intentos de la industria farmacéutica para dificultar el comercio de medicamentos genéricos. Su ponente fue el eurodiputado del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, el checo Jan Zahradil.

Antes de la ronda de votaciones, el reporte de Zahradil, que recomendaba aprobar el ACTA, fue enmendado de tal modo que terminó rechazando su aprobación y pidiendo al Parlamento Europeo hacer lo mismo en julio. Al final, el nuevo reporte recibió 19 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

El proceso más complicado y polarizado se dio en el Comité JURI, cuyo reporte de opinión fue elaborado por una eurodiputada muy combativa a favor de ACTA, la francesa Marielle Gallo, del grupo mayoritario del hemiciclo europarlamentario, el del Partido Popular Europeo (PPE).

Ese grupo político ha defendido en el Parlamento Europeo la ratificación de ACTA, que favorece los intereses de las trasnacionales de la industria audiovisual y del entretenimiento, así como de los corporativos farmacéuticos y de marcas globales.

El apoyo del grupo del PPE se ha dado pese a las advertencias de expertos europeos relacionadas con el peligro que éste significa para los derechos fundamentales y el libre acceso a la red, y de las numerosas y enérgicas protestas ciudadanas que han incluido ataques del colectivo de cibernautas Anonymous contra páginas de Internet de gobiernos y compañías que apoyan a ACTA.

La eurodiputada Gallo reclamaba en su reporte un tratamiento más severo de represión contra la piratería y ninguna concesión en la red que afectara el negocio de las trasnacionales, por lo que proponía un voto favorable para el acuerdo.

En abril pasado, Gallo intentó empujar un voto rápido y sin enmiendas para su reporte. Luego pretendió posponer el voto del mismo con la finalidad de retrasar en el Parlamento Europeo la decisión final de ACTA hasta después de las vacaciones de verano, con la idea de ganar tiempo y que posiblemente la hostilidad contra el acuerdo se cayera. En aquella ocasión, la eurodiputada consiguió el respaldo mayoritario de su comisión.

Con esos antecedentes, la votación en el Comité JURI despertaba preocupación entre los opositores de ACTA. El resultado fue muy cerrado: 12 eurodiputados votaron contra el reporte de opinión de Gallo, 10 a favor y dos se abstuvieron, con lo que fue rechazado ACTA. La legisladora francesa se “disoció” del resultado, por lo que se retiró: un nuevo reporte, que refleje el rechazo del comité, será redactado por otra ponente, la eurodiputada austriaca Evelyn Regner, del grupo APSD.

Otro eurodiputado del mismo grupo político, el alemán Daniel Caspary, también se destacó por intentar en vano introducir enmiendas tendientes a la ratificación de ACTA en el Comité ITRE.

Pero no sólo el grupo del PPE y el de los conservadores pugnaron a favor de ACTA en ese comité.

Por ejemplo, Caspary y el eurodiputado danés de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) introdujeron una enmienda en el reporte de la ponente Andersdötter en el que añaden en el párrafo 1 de la justificación del reporte la afirmación de que ese texto “es favorable a los acuerdos internacionales que refuerzan el respeto a los derechos de propiedad intelectual, considerando la importancia del presente para la economía de la UE y el mercado laboral”.

La posición oficial de ALDE era categórica: su rechazo de ACTA, y así lo informó a los periodistas, a través de comunicados firmados por su presidente, el eurodiputado y exprimer ministro belga Guy Verhofstadt, quien incluso organizó una rueda de prensa para comunicarlo públicamente el 24 de abril.

El 31 de mayo, luego de que los tres primeros comités rechazaran ACTA en rondas de votaciones, ALDE emitió un comunicado en que daba “la bienvenida a los resultados”. Y añadía: “ALDE jugó el papel decisivo en el establecimiento de la posición europarlamentaria, ya que no era posible alcanzar una mayoría en una u otra dirección sin el apoyo de los miembros de ALDE (…) En el futuro apoyaremos cualquier propuesta nueva y mejorada de la Comisión Europea que trate diferente la protección de la propiedad intelectual de bienes y los derechos de autor sobre los servicios de Internet”.

No obstante, como lo remarca el sitio galo de Internet La Quadrature du Net, algunos de los miembros de ALDE ignoraron el posicionamiento de su grupo y apoyaron el ACTA en el Comité ITRE.

Por ejemplo, respaldaron la enmienda 39 del conservador británico Giles Chichester, que pedía a la Comisión INTA “suspender sus trabajos” hasta que la Corte Europea de Justicia evaluara la compatibilidad de ACTA con las leyes europeas, lo que puede tomar meses o incluso años. Las enmiendas 40 y 41 del mismo reporte –ésta última propuesta por el eurodiputado Caspary– van en el mismo sentido: suspender el proceso de aprobación de ACTA.

El reporte principal, el del Comité INTA, recomienda al Parlamento Europeo no aprobar ACTA. Su ponente, el eurodiputado británico de APSD, David Martin, presentó esa conclusión desde el 17 de abril pasado.