BRUSELAS (apro).- El Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) contraviene los derechos fundamentales y no contribuye al debate democrático de una nueva política en la Unión Europea (UE) en materia de propiedad intelectual, sostiene el eurodiputado Dimitrios Droutsas en el reporte de opinión que presentó, el martes 8, al Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo (conocido bajo la abreviación LIBE).

(Artículo publicado el 18 de mayo de 2012 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

Dicho reporte –que complica todavía más la ratificación de ACTA por parte de la UE– prosigue a otro que, el 24 de abril último, publicó la Oficina del Supervisor Europeo para la Protección de Datos, un órgano independiente de la UE establecido en 2004.

En aquel reporte –como en otros anteriores de expertos europeos– se critica que muchas de las medidas de cooperación judicial que preconiza ACTA supondrían que las compañías proveedoras de servicios de Internet podrán manejar información personal fuera del cuadro permitido por la legislación europea, en referencia a la obligación que éstas tendrían para suspender cualquier cuenta sospechosa de piratería sin orden judicial.

“Esas medidas –detalla el documento– permiten un monitoreo extenso e indiscriminado de la conducta de los usuarios de Internet y/o contra las comunicaciones electrónicas de intercambios de archivos no comerciales, que serían desproporcionadas y violatorias del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, de los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, y de la Directiva Europea para la Protección de Datos”.

En 2007, el ACTA comenzó a negociarse en secreto entre varios gobiernos. Sólo las presiones de la opinión pública europea consiguieron revelar gradualmente su contenido. El acuerdo fue firmado el 26 de enero pasado por la UE y 22 de sus 27 Estados miembros. Antes, el 1 de octubre de 2011 lo habían hecho Marruecos, Singapur, Australia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y los promotores del texto, Japón y Estados Unidos.

México y Suiza, los otros Estados negociadores, no se han adherido al acuerdo internacional y, oficialmente, prosiguen con sus procesos internos de consulta.

Para que la UE ratifique el ACTA es necesaria, entre otros procedimientos, la aprobación del Parlamento Europeo. Dada su importancia en el asunto, el Comité LIBE está facultado para emitir su opinión al respecto.

Así, en el punto número 13 del citado reporte presentado en la comisión LIBE este 8 de mayo, se señala que “la falta de especificidad en las previsiones, la falta de suficientes limitaciones y la ausencia de salvaguardas, arroja dudas sobre el nivel de certeza legal requerido del acuerdo, como por ejemplo la ausencia de garantías contra el mal uso de la información personal o en la protección del derecho a la defensa”.

Más aún, el punto número 15 “considera que cuando los derechos fundamentales están en juego, la ambigüedad debe ser evitada o al menos reducida al mínimo”. El documento señala que, sin afirmar que ACTA tenga malas intenciones, hay que tomar precauciones respecto a un adecuado balance entre los acuerdos relativos a los derechos de propiedad intelectual y los derechos fundamentales.

El documento –que será votado por los miembros de ese comité el 31 de mayo– hace alusión al enorme poder de control que obtendría ACTA.

Advierte: “Artistas, junto con activistas, disidentes políticos y ciudadanos deseosos de comprometerse en el debate público, de ninguna manera pueden ser inhibidos en su capacidad para comunicarse, crear, protestar y tomar acción”.

En otra parte menciona: “La cultura del intercambio de archivos, posible gracias al remarcable avance tecnológico de las últimas décadas, plantea desafíos directos a la forma en que hemos gestionado la compensación de artistas y aplicado la ley para cumplir con los derechos de propiedad intelectual en las últimas décadas”.

Con ese conjunto de elementos, el eurodiputado concluye que el ACTA no soluciona los desafíos presentes en la materia y, “esencialmente, congela la posibilidad de tener una deliberación pública” acorde con el espíritu democrático europeo.

Fracaso

Desde que la UE firmó el ACTA en enero pasado, se desataron movilizaciones ciudadanas de protesta en diversos países. El colectivo de cyberactivistas Anonymous lanzó ataques contra sitios de Internet oficiales y algunos gobiernos decidieron suspender los procesos de ratificación nacionales.

Ante ese escenario desfavorable, la Comisión Europea –que negoció el ACTA y promueve su ratificación— anunció el 26 de febrero, a través de su comisario de Comercio, Karel de Gucht, que la institución recurriría a la Corte Europea de Justicia para solicitarle que evaluara si l ACTA planteaba contradicciones a los derechos fundamentales y las leyes europeas.

Pero no lo ha hecho hasta ahora.

La estrategia para intentar ganar tiempo en búsqueda de una coyuntura más favorable fue otra: intentar que el Parlamento Europeo fuera la institución que pidiera dicha evaluación a la Corte, con lo que el procedimiento de ratificación se mantendría en suspenso al menos hasta 2013.

Y casi lo logra cuando en marzo los eurodiputados quedaron enredados en la complejidad de las discusiones. Finalmente decidieron no acudir a la CEJ y votar lo antes posible el ACTA.

Para que eso suceda primero tienen que votar sus respectivos reportes de opinión los comités europarlamentarios de Asuntos Legales, de Desarrollo, de Libertades Civiles, y de Industria.

El Comité de Comercio Internacional presentará el reporte final que será entonces sometido a la votación del pleno de los eurodiputados (el llamado voto de consentimiento).

El ponente del reporte del Comité de Comercio Internacional, el eurodiputado británico David Martin, de la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos (segunda fuerza política del Parlamento Europeo), recomendó no aprobar el ACTA en el borrador que entregó el 17 de abril pasado y que deberá ser votado el 20 de junio.

El eurodiputado llegó a la conclusión de que “los supuestos beneficios del acuerdo internacional están muy lejos de compensar las potenciales amenazas a las libertades civiles”.

El Comité de Industria también discutirá un reporte crítico de ACTA, que será sometido a voto el 31 de mayo. Su ponente es la eurodiputada sueca Amelia Andersdötten, del Grupo de los Verdes, una de las fuerzas políticas, junto con la Alianza de los Liberales (tercera bancada más grande), que ya han expresado su rechazo al acuerdo.

En su reporte afirma que ACTA “parece ser lo contrario a la ambición de hacer de Europa el escenario de la innovación de punta de Internet, la promotora de la neutralidad de la red y del acceso al mercado digital en línea de las pequeñas y medianas empresas”.

No es el caso de la ponente del Comité de Asuntos Legales, la eurodiputada francesa Marielle Gallo, del Grupo del Partido Popular Europeo (el grupo mayoritario), quien es conocida por su firme apoyo a la aprobación del ACTA. Otro eurodiputado del mismo grupo político, el alemán Daniel Caspary, está también luchando por introducir en el reporte del Comité de Industria varias enmiendas a favor del acuerdo.

El pasado 26 de abril, Gallo consiguió que una mayoría de su comité la apoyara en su petición de posponer el voto de su reporte, que tendría lugar ese día, hasta después de publicarse otros reportes y de que Karel de Gucht respondiera a una solicitud que le mandó por escrito para que le clarificara el marco legal de ACTA, lo que no es necesario. De esa forma logró recorrer el voto de su comité al miércoles 30 de mayo.

Antes, Gallo había intentado que se aprobara su reporte mediante un voto rápido y sin haber permitido enmiendas al texto.

El ponente en el Comité de Desarrollo es el eurodiputado checo Jan Zahradil, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Su reporte –que será sujeto a votación el 4 de junio– ha sido muy criticado por los defensores del libre acceso a Internet y por las organizaciones que defienden el libre tránsito de medicamentos genéricos, como Oxfam o Médicos Sin Fronteras.

El viernes 4, la comisaría europea para la Agenda Digital, la holandesa Neelie Kroes, dijo en un congreso de ciberactivistas en Berlín que ya no tenían que preocuparse por ACTA, ya que no creía que algún día entre en vigor.