BRUSELAS.- El asesinato de la corresponsal de Proceso en el estado mexicano de Veracruz, Regina Martínez Pérez, el sábado 28 de abril, tuvo una amplia cobertura en medios extranjeros y generó reacciones de indignación de organismos internacionales defensores de la libertad de prensa y de los derechos humanos.
La prensa mundial coincidió en explicar el asesinato de la periodista en el contexto de la extrema violencia que vive México como resultado de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Periódicos como Le Figaro o Le Monde de Francia, Le Soir de Bélgica, La Republica de Italia y El País de España dieron cuenta del homicidio de la corresponsal de Proceso.
(Artículo publicado en la edición del 6 de Mayo de 2012 de la revista PROCESO)
El 29 de abril, el estadunidense The Washington Post publicó un despacho de la agencia de noticias Associated Press que destacó que en Veracruz ninguno de los crímenes contra periodistas ha sido aclarado. El mismo día el británico The Guardian divulgó la noticia en su sitio en internet. Y el viernes 4 –luego del hallazgo en Veracruz de los cadáveres de tres fotorreporteros– el rotativo publicó un texto más extenso firmado por Jo Tuckman, su corresponsal en México.
El artículo menciona que Veracruz se ha convertido en el estado mexicano más peligroso para ejercer el periodismo, como consecuencia de la guerra que lanzó Felipe Calderón contra el narcotráfico y que provocó “una extrema violencia en todo el país”. Ese mismo día, viernes 4, el periódico alemán Frankfurter Allgemeine reprodujo una nota de la agencia DPA en la que se explica que la situación de violencia en México “se agravó después de la declaración de guerra del presidente Calderón contra los cárteles de la droga” en 2006.
Condena unánime
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio y se manifestó “por una investigación pronta e imparcial” del crimen a fin de “esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.
En un comunicado de prensa el organismo celebró la aprobación en el Congreso de la Ley General de Víctimas y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero insistió en que sigue siendo prioritaria “la imperiosa necesidad de redoblar la alerta y exigir medidas eficaces, más aun cuando se repiten hechos execrables como el asesinato de la periodista Regina Martínez”.
En los mismos términos se manifestó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exhortó a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación diligente y oportuna que permita identificar y condenar a los responsables” del asesinato.
El organismo con sede en Washington insistió en la urgencia de identificar a los asesinos para evitar que el caso quede en la impunidad, pues recordó que el homicidio de la corresponsal de Proceso es el undécimo en México en los últimos 12 meses y el quinto hasta ese momento en Veracruz, sin que se haya localizado a los culpables.
En un hecho inusitado, el gobierno de Francia emitió un contundente comunicado en el que condenó “con la más grande firmeza” el homicidio de la periodista mexicana.
La comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores francés pide a las autoridades de México que sean identificados y juzgados los responsables del asesinato de Regina Martínez –que califica de “crimen odioso”– y reitera la “solidaridad” de Francia con los periodistas mexicanos, cuya función califica como “esencial para la difusión de una información libre y plural”.
Varias organizaciones no gubernamentales con presencia internacional también expresaron su indignación por el asesinato de la corresponsal de Proceso. Reporteros Sin Fronteras (RSF), organismo con base en París, lamentó que el nombre de Regina Martínez se sume “a la espantosa lista de los 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en una década en México”; advirtió que tal es “un balance agravado en cinco años por la calamitosa ofensiva federal contra el narcotráfico.
“Hasta el momento –señaló la organización en su comunicado– no hay elementos que permitan empezar a definir el móvil de este asesinato. Sin embargo no olvidamos que Regina Martínez dedicó sus investigaciones más recientes a los crímenes cometidos contra otros colegas en el estado de Veracruz.”
RSF remarcó que “la víspera de su muerte la periodista publicó una nota sobre la detención de nueve policías sospechosos de estar coludidos con el narcotráfico”, por lo que “la pista profesional debe considerarse de forma prioritaria”.
A su vez, el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés) recalcó en un comunicado que la semana anterior a su asesinato la reportera de Proceso “cubrió el arresto de un supuesto líder de Los Zetas, los arrestos de nueve policías acusados de trabajar para un cártel de la droga y una nota sobre un alcalde local que fue detenido junto con otros pistoleros de un cártel después de una balacera con el Ejército mexicano.
“Las autoridades deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los crímenes de periodistas, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables”, exige en el comunicado Carlos Lauría, coordinador del programa para las Américas del CPJ.
La fundación estadunidense Freedom House –dedicada a la defensa de los derechos humanos y las libertades políticas– declaró por su parte que la impunidad de los crímenes contra los periodistas es una “constante en México”, por lo que exigió a las autoridades esclarecer el caso de Martínez Pérez.
En un comunicado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, puntualizó que reinará la impunidad en México “mientras se sigan acumulando estadísticas de crímenes contra periodistas sin que se resuelvan”.
Destacó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no puede convertirse en “un simple instrumento burocrático que sólo conviva con la impunidad”.
También la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores (WEF) –que representan a 18 mil publicaciones y 15 mil sitios en internet de 120 países– manifestaron su consternación “ante el clima de impunidad que ampara a quienes matan y amenazan a los profesionales de los medios” en México, ya que en “muy pocos casos los responsables son llevados ante la justicia”.
En una carta enviada a Felipe Calderón por Jacob Mathew y Erik Bjerager, presidentes de WAN-IFRA y WEF, respectivamente, se subraya que desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2006 “al menos 40 periodistas han sido asesinados y muchos más han desaparecido”, lo que convierte a México en uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo.
Mathew y Bjerager le recuerdan al mandatario que “las autoridades federales y estatales tienen la obligación de garantizar un entorno en el que la prensa pueda trabajar sin temor a la violencia”.