Desde que Estados Unidos y Europa establecieron leyes para restringir la publicidad y el consumo de tabaco, las multinacionales Philip Morris y British American Tobacco diseñaron una estrategia para expandirse al que consideran su más prometedor mercado: América Latina. Y lo están logrando: sus poderosos grupos de cabildeo han logrado limitar leyes y campañas contra el tabaquismo en Argentina, Costa Rica, Venezuela y ahora, al parecer, México.

(Artículo publicado en la edición del 6 de noviembre de 2005 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Después de que en 1991 las legislaciones de Estados Unidos y de los países de la actual Unión Europea (UE) prohibieron el consumo del tabaco en lugares públicos, las trasnacionales Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) –que controlan más de 90% del mercado latinoamericano– iniciaron el llamado Latin Project.

Su objetivo: “anticiparse” al debate sobre los efectos del tabaquismo pasivo en los países de América Latina y bloquear cualquier eventual medida restrictiva del consumo del tabaco.

Un informe publicado en la revista Tobacco Control en diciembre de 2002 revela cómo ambas tabacaleras “reclutaron” a conocidos científicos y consultores médicos y financiaron la publicación de investigaciones, en las que se desvinculaba al tabaquismo pasivo de sus efectos nocivos en la salud. También financiaron la organización de foros regionales para la prensa y la comunidad científica y el cabildeo político en las altas esferas del poder regional.

El informe asegura que “tal estrategia fue exitosa, ya que las regulaciones tendentes a combatir el consumo de tabaco son débiles y raramente reforzadas en la región”, y advierte que “no hay evidencia de que el proyecto haya terminado”, por lo que “puede seguir activo”.

El cabildeo

El prsupuesto del proyecto fue de 680 mil dólares en 1994, 60% aportado por BAT y 40% por PMI, señalan los autores del informe, Joaquín Barnoya y Stanton A. Glantz, dos reconocidos especialistas de la Universidad de California que tuvieron acceso a documentos confidenciales, incluyendo comunicaciones internas de las compañías involucradas.

Al frente del proyecto estaba el abogado John Rupp, uno de los hombres importantes del despacho Covington & Burling (C&B), con sede en Washington.

Los especialistas relatan que en una reunión en Miami en 1993, las tabacaleras y C&B decidieron que “la industria desarrollaría acciones en aquellos mercados donde la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos –que identificó como cancerígenos los efectos de aspirar humo de tabaco (SHS en la jerga científica)– hubiera recibido una amplia cobertura mediática”.

Rupp contrató entonces a 13 expertos en bioquímica, oncología, epidemiología y medicina cardiovascular y pulmonar de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela. Un año después, en 1994, el grupo ya lo conformaban 26 “consultores”. Entre ellos, el doctor Carlos B. Álvarez, director del Instituto de la Clínica Cardiovascular de Argentina, a quien se le asignó, entre otras cosas, la siguiente misión: “cabildear” con el entonces presidente Carlos Menem para favorecer a las tabacaleras. Su pago: 50 mil dólares.

Además, los consultores tenían como tarea “realizar presentaciones científicas formales o informales con funcionarios de gobiernos que estuvieran considerando la elaboración de legislaciones restrictivas” en diversas áreas: etiquetas de advertencia en cajetillas de cigarrillos, nivel de alquitrán o nicotina, publicidad en medios de comunicación masiva, patrocinio deportivo y limitaciones de consumo en espacios públicos.

El primer objetivo estratégico de PMI: “asistir a las oficinas regionales en América Latina en prevención de un cambio de legislación que prohibiera o restringiera el consumo de tabaco en lugares públicos/privados”.

El caso ilustrativo es Argentina. El reporte comenta cómo el citado doctor Álvarez, quien fungía como consejero científico de Menem, tuvo reuniones frecuentes con destacadas autoridades y periodistas del país, así como con miembros del Congreso estadunidense, a quienes comentaba que controlar el tabaquismo no valía la pena cuando Argentina tenía problemas más serios qué resolver.

El 30 de septiembre de 1992, el Senado argentino aprobó la Ley Neri, que prohibía la publicidad y la promoción del tabaco, y limitaba su consumo en lugares públicos. Como señaló el propio Rupp en una de las cartas personales que obtuvieron los autores del informe, “el importante rol de Álvarez en la defensa de la industria” se reflejó cuando Menem vetó dicha ley apenas dos semanas después de aprobada por los senadores.

En Venezuela ocurrió lo mismo ese año. Un decreto municipal que se preparaba en Caracas planteaba la prohibición de la publicidad exterior, el establecimiento de espacios para no fumadores en restaurantes, y la ilegalización de la venta de cigarrillos a menores de 18 años, lo cual amenazaba los intereses de la Compañía Tabacalera Nacional (Catana), una filial de Philip Morris.

El decreto no entró en vigor, tras una campaña de cabildeo del corporativo estadunidense. Años más tarde, cuando el Congreso venezolano volvió a discutir una ley antitabaco, los representantes de la industria consideraron un proceso tan sencillo su bloqueo que comunicaron a los “consultores” por medio de Rupp que no necesitarían su “asistencia”. Y tuvieron razón: no sólo detuvieron la ley, sino que además –señala el informe– ese y otros países de América Latina, como Argentina, le sirvieron a C&B, PMI y BAT para “monitorear” e “infiltrar” las actividades antitabaco en la región de la Organización Panamericana de la Salud, que hasta 2001 incorporó la problemática del SHS a su listado de prioridades regionales.

El informe apunta: “El hecho de que las medidas para el control del tabaco se hayan retrasado y hayan sido socavadas es el resultado de muchos factores, incluyendo la falta de voluntad política, la desinformación entre los profesionales de la salud y la falta de conciencia para prevenir enfermedades crónicas”.

Agrega: “El éxito de la industria para desarrollar y poner en práctica un proyecto que contribuye a alimentar cada uno de ellos (de esos factores) no puede ser subestimado y debe llamar la atención”.

Golpes europeos

En Europa las mismas tabacaleras implementaron un plan similar al latinoamericano bajo el cínico nombre de El Correcto Programa Epidemiológico. Sin embargo, los resultados han sido distintos: Europa es una de las regiones donde más han sido combatidas las tabacaleras, dando como resultado que el tabaquismo entre hombres haya caído de 50% a 15%, lo que no evita que todavía 650 mil europeos fallezcan cada año por esa causa, que es el problema más grave de salud pública de la región y el más costoso: 130 mil millones de dólares anuales, equivalente al presupuesto de la UE.

Irlanda doptó en marzo de 2004 una ley que prohíbe fumar en lugares de trabajo y bares, sentando un precedente que más tarde siguieron Italia, Noruega y Suecia, los cuatro socios que en la actualidad cuentan con las legislaciones más restrictivas de la UE, además de Malta, Holanda (donde está prohibido furmar en trenes y estaciones), Hungría y Polonia.

En 2007 se unirán al club Irlanda del Norte, Bélgica y posiblemente Reino Unido, que hace dos semanas inició un debate parlamentario para definir los términos de la medida.

Pero es de las políticas antitabaco de la Comisión Europea de donde provienen “los golpes que más le duelen a la industria cigarrera”, según declaró David Byrne, excomisionado de Salud, cuyas acciones en la materia movilizaron intensamente al poderoso lobby tabacalero.

El 30 de septiembre de 2004 entró en vigor una directriz de la Comisión Europea que obliga a las compañías tabacaleras a imprimir en grandes caracteres negros sobre fondo blanco, y cubriendo 30% del frente de la cajetilla y 40% del reverso, 14 distintos tipos de advertencias, tales como “fumar provoca cáncer mortal de pulmón” o “fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia”.

Desde octubre de 2004, las autoridades están facultadas para exigir el añadido de impresionantes, horrorosas fotografías mostrando los daños más severos del tabaquismo.

La misma directriz –la 2001/37/CE, relativa a la fabricación, presentación y venta del tabaco– exige reducir las cantidades por cigarrillo de alquitrán y de nicotina con el fin de bajar el potencial adictivo. Además, como punto final a la utilización de las denominaciones light, ya que dan la falsa impresión al consumidor de ser menos dañinos, promoviendo así un alza del consumo, justifica el texto legislativo.

La segunda gran directriz fue más lejos y prohibió, a partir del pasado 1 de agosto, la publicidad en periódicos y revistas, radio e internet, complementando la prohibición que ya existía en televisión desde 1990. Tal directriz –la 2003/33/CE– no permite que continúe el patrocinio de los eventos deportivos , como Fórmula 1, que involucren a más de un país de la UE.

Esa política, que en un principio abogaba por “la prohibición total”, dejó sin embargo fuera la publicidad en cines, ropa, ceniceros o sombrillas, y finalmente eliminó el patrocinio de acontecimientos “nacionales” de un solo país miembro, pues esto abría una enorme gama de posicibilidades para darle vuelta a la ley.

Una investigación publicada en la revista Lancet –que reproduce una decena de mensajes internos de la Philip Morris– señala que los cabilderos de esta compañía trabajaron durante años para conseguir que los gobiernos de Reino Unido, Holanda y Alemania bloquearan la citada propuesta original en las votaciones del Consejo de Ministros (que representa a los gobiernos de la actual UE) desde 1989 hasta 1992, cuando Tony Blair llegó al gobierno británico y retiró el decisivo apoyo de su país a la tabacalera PMI.

La compañía concentró entonces su estrategia en probar que los ahora miembros de la UE violaban el principio de “subsidiaridad” que impide a Bruselas legislar si el Estado integrante puede cumplir mejor con dicha tarea.

En 1998 las nuevas directrices fueron aprobadas. Pero Alemania apeló a la Corte de Justicia de la UE, que le dio la razón en 2001 en el sentido de que la Comisión “excedía sus atribuciones”.

El artículo de Lancet, también elaborados por expertos de la Universidad de California, muestra el gran apoyo que tuvo la causa de PMI por parte de los más influye,tes grupos empresariales europeos (como UNICE) y de personajes de alto rango político de Berlín, Ámsterdam y Londres. Destacan el del excanciller alemán Helmut Kohl, y el de la exprimera ministra Margaret Thatcher, quien incluso, después del término de su mandato en 1992, fue contratada por la compañía como asesora, con un salario de 250 mil dólares anuales para ella y una cantidad idéntica para la fundación que lleva su nombre.