Tras fracasar en su intento de que la Constitución Europea diera reconocimiento al catolicismo, el Vaticano pretende ahora concretar un acuerdo bilateral –en la jerga eclesiástica ‘concordato’– con Eslovaquia, cuyo contenido ha generado enorme preocupación entre los expertos en derecho internacional y los defensores de derechos humanos.

(Artículo publicado el 12 de Junio de 2006 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO)

El motivo: tal concordato incluye una amplia “cláusula de objeción de conciencia religiosa”, que amenaza con legalizar graves violaciones a las garantías individuales de los eslovacos, al colocar la “ley de Dios” por encima de las leyes nacionales de ese país con 70% de población católica.

La pretensión del Vaticano no tiene precedente.

De hecho, la negativa del primer ministro, Mikulas Dzurinda, del partido Unión Cristiana y Democrática, a firmar tal acuerdo, fue el detonante para que el ultraconservador Movimiento Cristiano Demócrata abandonara el gobierno de coalición el pasado 6 de febrero.

Las elecciones anticipadas que tuvo que convocar Dzurinda tendrán lugar el próximo 17 de junio. La nueva configuración ideológica del gobierno definirá el destino del polémico concordato.

Abuso

Las leyes nacionales de los países de la UE reconocen el derecho de sus ciudadanos a no realizar actos contrarios a sus creencias religiosas. También la Carta europea de derechos humanos. Sin embargo, de ninguna manera ese derecho es jurídicamente válido si conlleva la violación de los derechos de otros, como el Vaticano pretende imponerlo en Eslovaquia.

En el caso de los acuerdos suscritos por el Vaticano con Portugal, Italia y Letonia, la “objeción de conciencia religiosa” se limita a ciertos miembros del clero en cuanto a la obligación del servicio militar, abolido recientemente en los dos primeros países. Su aplicación en Letonia, por ejemplo, sólo contempla a los estudiantes del Seminario Mayor de Riga y novicios de otras congregaciones.

Los concordatos con Austria, Lituania, Malta, Luxemburgo, Eslovenia y España, no contemplan la figura del “objetor de conciencia”. Países como Francia, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Grecia, han rechazo definitivamente pactar concordatos con la Santa Sede.

Pero el borrador del concordato eslovaco, fechado en marzo de 2003, es tan breve como explosivo. Consta de 10 artículos que no alcanzan a llenar las tres páginas.

El artículo sexto declara en su apartado 2 que “el mal uso del derecho de conciencia no debe acarrear protección de la responsabilidad legal”.

No obstante, ese mismo artículo señala en el apartado uno que el ejercicio de tal derecho “no debe estar sujeto a responsabilidad legal para la persona que lo ejerce”. La pregunta obvia, y que no responde el documento, es: ¿quién juzgará lo que es un ‘buen’ o ‘mal uso’?

El artículo cuarto es el más cuestionado. Su primer inciso delimita los casos susceptibles de ampararse bajo el derecho de conciencia.

Además del “servicio en las fuerzas y cuerpos armados, incluyendo el reclutamiento”, menciona: “realizar ciertos actos en el área del cuidado médico, en particular actos relacionados con el aborto artificial, fertilización asistida o artificial, experimentos con órganos humanos, embriones humanos y células sexuales humanas, eutanasia, clonación, esterilización o contracepción”.

Otras áreas son las “actividades en el campo de la educación”, la “provisión de servicios legales” y las “leyes laborales y otras relaciones de trabajo que caigan bajo las consideraciones del tratado”.

Más aún: el siguiente inciso compromete a la República eslovaca a “no imponer obligaciones”, dentro de las citadas, “a hospitales y lugares de salud fundados por la Iglesia Católica”, ni a organizaciones bajo su tutela.

Todo lo anterior sin tomar la mínima consideración del hecho que la constitución nacional otorga a la población femenina el derecho al aborto, la reproducción in vitro o la contracepción.

De ratificarse, el acuerdo engendrará situaciones inéditas y antidemocráticas: “Si un católico decide ejercer su ‘objeción de conciencia’ y no ir a trabajar un domingo que debe, su jefe lo despedirá. Pero esta persona podrá ir a los tribunales y, bajo la ley del trabajo, demandar su reinstalación, con muchas probabilidades de lograrlo”, ejemplifica un despacho de Radio Eslovaquia Internacional.

Muriel Fraser es investigadora en el National Secular Society, un conocido organismo británico dedicado a la “defensa de los derechos de los no creyentes”. Fraser, una autoridad en materia de concordatos, dice a Apro que el “punto crucial” es que el acuerdo autoriza legalmente que “la ‘conciencia’ de un católico intervenga con los derechos de otros ciudadanos”.

Explica: “Afectará el derecho de las mujeres eslovacas a demandar servicios médicos legalmente establecidos, como la interrupción del embarazo o la contracepción. También quebrantará el derecho a la información médica fidedigna, pues basta recordar la penosa declaración del anterior Papa Juan Pablo II afirmando que la presencia de orificios en los preservativos los hacían ineficientes contra el virus del sida, lo que nunca se llegó a probar científicamente”.

Los problemas no son nuevos. La prensa eslovaca, por ejemplo, ha documentado extensamente la existencia de numerosos hospitales a lo largo y ancho del país que no practican abortos ni promueven métodos modernos de planificación familiar.

Un artículo de Katarina Richterová, publicado el pasado 21 de junio, se refiere incluso a “uno de los nosocomios más conocidos de Bratislava”. El director de esa institución declaró a la periodista: “Llevamos años trabajando así; si una chica quiere abortar, le decimos que hay otros hospitales a donde ir”.

El concordato, lo que hará, será legalizar una violación al estado de derecho.

Fuera de la ley

La indignación ha dado la vuelta al mundo. El 20 de abril del año pasado, 129 organizaciones –conformadas por médicos, activistas católicos y académicos de Estados Unidos, Europa, Oceanía y América Latina–, enviaron una carta al primer ministro eslovaco, Mikulás Dzurinda, en la que le solicitaron que no ratificara el tratado, lo que finalmente ocurrió.

Entre las firmantes había algunas mexicanas: María Eugenia Romero, directora ejecutiva de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C.; María Consuelo y Gillian García, directora y coordinadora, respectivamente, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Guadalupe López García, coordinadora de la Organización Ciudadana Lésbica.

En la misiva advertían que el concordato viola el principio de separación entre Iglesia y Estado consagrado por el artículo 1 de la Constitución eslovaca, así como la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Exponían algo más inquietante. El derecho internacional considera que el Vaticano es un Estado como cualquier otro. Los acuerdos con ella adquieren estatus de “tratado internacional”.

De esa manera, las disposiciones de un concordato gozan de prioridad o “precedencia” sobre las leyes eslovacas y los procedimientos judiciales internos.

Resultado: “las creencias católicas podrían inmiscuirse en toda la legislación nacional, violando la imparcialidad de la justicia al crear, de facto, dos sistemas legales: uno para los fieles del Vaticano y, otro, para los demás’, señala Fraser.

Las alarmas se han prendido en la Unión Europea (UE). En una comunicación fechada el 21 de abril de 2005, 52 diputados del Parlamento Europeo –entre ellos el excomisario de ciencia y tecnología de la UE, el belga Philippe Busquin–, expresaron su “profunda preocupación” y también pidieron a Dzurinda “reconsiderar” sus planes de ratificar el concordato.

El tono era duro. Por un lado, denunciaron que un eventual acuerdo con el Vaticano “dañará y socavará” el proceso de construcción de la UE, ya que ignora tanto la Carta como la Convención europea de derechos fundamentales, vistas como el “alma” de la integración europea. Lo mismo pasaría con el artículo 2 del primer capítulo de la Constitución Europea, cuyo proceso de ratificación está detenido por el momento.

Agregan a ese rosario la violación de las normas de no discriminación que estipula el Tratado de Ámsterdam en su artículo 13. No pasan tampoco por alto el hecho de que un “objeto de conciencia” seria exclusivamente alguien de credo católico, lo que consideran “inapropiado e injustificable”.

Concluyen: el concordato “contradice claramente las actuales obligaciones legales de Eslovaquia como miembro de la UE”, y agregaron: “El artículo décimo de la carta europea de derechos humanos ya garantiza la libertad y la objeción de conciencia en un marco compatible con una sociedad democrática”.

Por esa razón el Parlamento Europeo demandó la intervención de la Red de expertos independientes en materia de derechos fundamentales, un grupo de análisis creado en 2002 por la Comisión Europea, uno de los brazos ejecutivos de la UE.

El pasado 14 de diciembre emitieron finalmente una opinión. En el documento –de 41 páginas, repletas de detalles legales y comparaciones entre las legislaciones de los Estados miembros–, los juristas confirman que Eslovaquia “se encontraría a sí misma” en flagrante violación de sus compromisos con la UE y con la comunidad internacional.

Tal tratado, abundan, “entra en conflicto” con los derechos humanos de terceros, “incluyendo el de las mujeres a recibir ciertos servicios médicos o consejo sin ninguna discriminación”.

Y remata: “Hay un riesgo de que la objeción de conciencia en el campo de la salud reproductiva, haga en la práctica imposible o muy difícil para las mujeres recibir consulta o tratamiento, especialmente en las áreas rurales”.

No obstante, una minoría poco representativa del Parlamento Europeo defiende la tesis de que Bruselas no debe entrometerse en una decisión que es facultad exclusiva del país.

La batalla

Muriel Fraser explica que el Vaticano se ha planteado un objetivo: “Reevangelizar” a los países de Europa Occidental –donde la feligresía sigue cayendo–, utilizando de plataforma Europa del Este.

La energía para conseguirlo, primero el Papa Juan Pablo II y ahora su sucesor Benedicto XVI, ha sido tan notable y abundante en recursos políticos que ya se habla de una verdadera “guerra por las almas de Europa”.

Fraser subraya que es más fácil recuperar Europa influyendo primero sobre los países excomunistas. La explicación: por un lado, son tradicionalmente católicos –95% de la población en Polonia, 70% en Hungría y Eslovenia, y 88% en Lituania–; por otro lado, sus gobiernos no tienen experiencia en negociaciones con la diplomacia vaticana, y finalmente, son menos críticos que Europa Occidental de los pronunciamientos de la Iglesia, como por ejemplo en lo relativo a su separación tajante con el Estado.

En esa estrategia, Eslovaquia sería el “Caballo de Troya” y los concordatos su “arma de ataque”.

De acuerdo con estudiosos del tema, los concordatos ofrecen al Vaticano tres importantes beneficios: por un lado, colocan un “candado” jurídico que afianza en la legislación interna los privilegios de culto, fiscales u otros. Por otro lado, es una manera de que tales privilegios, incluso si se trata de enormes subsidios de Estado, escapen al control democrático, ya que no pueden ser fiscalizadas por los diputados.

Así mismo, crean un “feudo teológico” donde no tienen cabida ciertas garantías individuales, dice Fraser. Y más grave aun: esas garantías no pueden ser reincorporadas sin el consentimiento de la iglesia, ya que los concordatos sólo pueden actualizarse por voluntad de las partes signantes.

El primer viaje de Juan Pablo II a la entonces República Checoslovaca fue poco después de la “Revolución de Terciopelo” de noviembre de 1989, que acabó pacíficamente con el yugo soviético.

Tras visitar Praga, la capital checa, el Papa se dirigió a Bratislava, del lado eslovaco. Ante la sorpresa de todos, al bajar del avión, besó la tierra, como si se tratara de un Estado distinto. El gesto, de enorme simbolismo, quedó grabado para siempre en la clase dirigente eslovaca.

Cuando en 1993 se dio la separación de Checoslovaquia, no causó ninguna sorpresa que el primer gobierno independiente eslovaco le haya agradecido públicamente al “Santo padre” su apoyo diplomático. De hecho, los obispos de la conferencia checoslovaca jugaron para ello un protagonismo determinante en la propagación de los sentimientos de auto-determinación durante esa época. Y cuando la organización de un referéndum puso en riesgo la independencia, los obispos no movieron un dedo a favor de la convocatoria.

Esa es una razón por la que la República Checa es hostil a cualquier acuerdo con la Santa Sede, además de que su población “no creyente” se eleva al 40%, 1% más que el porcentaje de fieles de Benedicto XVI.

Hay algo mas perverso que acusan ciertas organizaciones laicas: el pontificado de Juan Pablo II, con la ayuda de los partidos políticos de derecha y de un grupo de historiadores “revisionistas”, han alimentado durante mucho tiempo el supuesto vínculo histórico que hay entre el catolicismo y la ‘nación eslovaca’, con el fin de acrecentar su influencia sobre la población.

Así, indican, el Vaticano popularizo la idea según la cual la época dorada del país tuvo lugar cuando la doctrina de la Iglesia católica era la dominante; es decir durante la era fascista entre 1939 y 1945, acusa Fraser, cuando Eslovaquia era prácticamente un protectorado nazi.

Dicho “pasado glorioso” bajo el manto del Vaticano –el presidente era monseñor Tiso–, se saldó con la vida de 70,000 eslovacos judíos deportados a la Alemania de Adolfo Hitler, denuncian organismos como al que pertenece Fraser. Tras la caída del nacionalsocialismo, Tiso fue ejecutado, acusado de traidor y criminal de guerra.

El papa viajó a Eslovaquia por segunda vez en 1995. Esa ocasión, comenta el conocido académico humanista Ladislav Hubenak, Juan Pablo II le dijo al primer ministro eslovaco, Vladimer Mecier, que en ese país “un nuevo modelo se instituiría con el establecimiento de una sociedad respetuosa de los valores cristianos, influenciando el futuro del mundo”.

Dos años más tarde, en periodo electoral, el Vaticano envió al país a su ministro de Exteriores y experto en concordatos, el cardenal Jean-Louis Tauran. Su misión: instruir a los obispos eslovacos en las negociaciones con el gobierno. Desde entonces, el Vaticano ha firmado tres concordatos con Eslovaquia.

El cuarto está en la incertidumbre, aunque su sola existencia, como advierte Fraser, sienta un peligroso precedente en la defensa de los valores democráticos en países con mayorías católicas como México, apunta.