Después de casi ocho años de presencia militar extranjera, Afganistán se encuentra en la ruina y está en vías de convertirse en un narcoestado. Más aún, los talibanes, oficialmente derrotados en diciembre de 2001, controlan más de la mitad del territorio del país y diariamente lanzan ataques contra las fuerzas de la OTAN y del Ejército afgano.

(Artículo publicado en la edición del 23 de agosto de 2009 de la revista PROCESO)

BRUSELAS.- Ausencia de instituciones sólidas, más de la mitad del territorio nacional con presencia de los rebeldes talibanes, aumento de los ataques terroristas, al menos 150 mil desplazados internos, incremento de las detenciones arbitrarias y los asesinatos de la población civil, corrupción e impunidad rampante, una economía en ruinas y cada vez más dependiente de la producción de opio…

Casi ocho años después de la intervención estadounidense en Afganistán, emprendida en octubre de 2001, semanas después de los atentados terroristas contra Nueva York y Washington, este país asiático enfrenta un panorama desolador, según describen informes de centros de investigación y de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

Las elecciones realizadas el jueves 20 reflejaron esta situación de inestabilidad y violencia: de acuerdo con agencias de prensa, ese día se registraron 135 ataques de los talibanes que causaron la muerte de 26 personas.

“Ninguna de las soluciones que se han implementado para detener la guerra contra los extremistas, y para desarrollar instituciones fuertes, ha funcionado. La situación de seguridad en Afganistán se ha deteriorado significativamente en los últimos años y, de acuerdo con estimaciones de la ONU, en 2008 fueron asesinados unos 2 mil 100 civiles; es decir, 40 por ciento más que el año precedente”, apunta el International Crisis Group en una ficha informativa difundida en abril pasado.

Mark L. Schneider, vicepresidente de ese instituto, con sede en Bruselas, señaló el 2 de abril de 2008,en una audiencia en la Cámara de Representantes estadounidense, que, de continuar ese proceso de degradación, los costos potenciales serían “inaceptablemente altos” para Estados Unidos y la comunidad internacional.

Señaló cuatro consecuencias de esa descomposición: “El retorno de la guerra civil, con facciones enfrentadas en función de sus orígenes regionales o étnicos; la creación de un narcoestado bajo control de bandas del crimen organizado y con una extendida influencia de los grupos terroristas; el dominio por parte de los talibanes de la región sur, poblada mayoritariamente por la etnia Pashtun, y el incremento de la intervención de los poderes regionales”.

Schneider ofreció datos oficiales preocupantes: Los atentados suicidas se elevaron 27 por ciento en 2007 respecto a 2006, y 600 por ciento respecto a 2005, mientras que el número total de ataques terroristas creció en 400 por ciento entre 2005 y 2007.

Indicó que en 2007 murieron 8 mil personas a causa del conflicto, de las cuales mil 500 eran civiles; además, fueron saqueados 40 camiones que distribuían comida del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 40 trabajadores humanitarios fueron asesinados y 89 más secuestrados.

El crecimiento de la violencia no parece detenerse. De acuerdo con un informe elaborado por la Misión de Asistencia para Afganistán y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, publicado el 1 de agosto, durante los primeros seis meses de 2009 murieron mil 13 civiles, un incrementó de 24 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Impunidad

Hasta el pasado 23 de julio, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán, ISAF, al mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, contaba con 64 mil 500 soldados de 42 países, indica la página Internet de esa organización.

Las mayores aportaciones de tropas corresponden a Estados Unidos, 29 mil 950 efectivos; Gran Bretaña, 9 mil; Alemania, 4 mil 50; y Francia, 3 mil 160. El Ejército Nacional Afgano,ANA, además, cuenta con 91 mil 900 elementos, según la misma fuente.

El pasado 17 de febrero el Presidente estadounidense Barack Obama aprobó el envío a Afganistán de 17 mil soldados adicionales, que serán desplegados al sur del país, en la frontera con Paquistán, un área con fuerte presencia talibán. El 27 de marzo, Obama anunció el desplazamiento de otros 4 mil efectivos para entrenar a las fuerzas de seguridad nacional afganas. Por otro lado, la OTAN trasladó a ese país a otros 5 mil militares y funcionarios civiles con el propósito de reforzar la seguridad en el marco de las elecciones de la semana pasada.

En su informe 2009 sobre la situación en Afganistán, la propia OTAN admite la dificultad para cumplir con su misión.

“La violencia, plantea el documento, aumentó bruscamente en partes del sur, sureste y suroeste del país, lo que ha llevado a un significativo incremento general de bajas desde 2007. No obstante, amplias zonas del norte, centro y oeste se mantienen relativamente estables”.

Más adelante se afirma que “la capacidad del Gobierno afgano a nivel nacional, provincial y distrital es limitada y padece de corrupción”. Afganistán ocupa el lugar 176 en corrupción de 180 países analizados, según publicó la organización Transparencia Internacional en su más reciente sondeo, difundido el 23 de septiembre de 2008.

“La continua inseguridad, criminalidad y, en ciertos lugares, la influencia del comercio de narcóticos impiden los esfuerzos para mejorar la buena gobernabilidad”, lamenta la OTAN.

Y no sólo eso: Afganistán es uno de los países que más preocupa a los organismos internacionales de derechos humanos. En sus más recientes informes, Human Rights Watch, HRW, Amnistía Internacional y Freedom House, por ejemplo, coinciden en que existe un creciente clima de impunidad ante los abusos cometidos por el Gobierno de Hamid Karzai, las tropas de la OTAN y los “hombres fuertes locales”.

En su reporte 2009, HRW consigna un par de episodios:

“En julio de 2008, Estados Unidos bombardeó por equivocación una fiesta de bodas en Deh Bala, en la provincia de Nangahar, y mató a 47 civiles. La negación del hecho y la falta de transparencia empeoraron la situación.

“En agosto del mismo año, el ejército estadounidense bombardeó el poblado de Azizabad. La ONU, el gobierno de Karzai y la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos dijeron que habían sido asesinados 90 civiles. El Pentágono señaló al principio que no más de siete civiles fallecieron, pero semanas después elevó la cifra a 33”.

Por otro lado, en enero pasado, la Misión de Asistencia para Afganistán y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, presentaron un informe, que realizaron entre noviembre de 2006 y julio de 2008, en el que constatan, con entrevistas a detenidos y presos, que los afganos son objeto de “frecuentes detenciones arbitrarias sin base legal”, incluyendo las que derivan de los llamados “crímenes morales”.

Los casos abundan. Por ejemplo, se menciona el caso de una chica de 20 años que, en enero de 2007, fue violada en el distrito de Surkroad, provincia de Nangahar. La muchacha fue a la comisaría a denunciar al violador, pero en lugar de que la policía detuviera al victimario, el procurador la acusó de “adulterio”.

Otro caso típico: En octubre de 2006, un hombre fue detenido y sentenciado a seis años de prisión. Su culpa: ser el padre del joven que había secuestrado a una mujer de 18 años.

De las 931 personas detenidas que funcionarios de la ONU entrevistaron, más de 82 por ciento no tuvo acceso a un abogado porque no había uno disponible en ese momento, no conocía ese derecho, o no podía pagar ese servicio.

Territorio perdido

El Consejo Internacional en Seguridad y Desarrollo, ICOS, organismo independiente con sede en Londres y una oficina en Kabul, analizó en 2008 el número de ataques talibanes en Afganistán, así como su distribución geográfica. Concluyó que en 72 por ciento del territorio afgano hay una “presencia permanente” de los talibanes; en 21 por ciento una “presencia substancial”, y en 7 por ciento una “presencia ligera”. Un estudio realizado un año antes por el mismo organismo señaló que la presencia permanente era de 54 por ciento.

Lo anterior explica los resultados de un reporte titulado Monitoreo conjunto sobre derechos políticos en Afganistán que elaboró la ONU con miras a los comicios del pasado jueves 20: tan solo entre el 25 de abril y el 12 de junio de este año, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y las agencias de la ONU recibieron 100 denuncias por violaciones a tales derechos. Muchas de éstas se trataban de amenazas de muerte u hostigamiento provenientes de milicias talibanes contra los candidatos a consejos provinciales.

En algunos casos las amenazas de muerte se cumplieron. El 2 de mayo un hombre mató a balazos al candidato Mawlawi Gul Pacha, un conocido religioso del distrito de Tagab de la provincia de Kapisa. Dos días antes había anunciado su candidatura.

El 26 de mayo, un grupo rebelde secuestró a Ghulam Yahya Mawlawi Athar, un importante candidato de la provincia de Ghazni, mientras éste viajaba de regreso a su región desde Kabul. Algunos respetados ancianos del distrito de Khwaja Moari se encontraron con los secuestradores el 1 de junio. Como dictan las costumbres locales, les ofrecieron una oveja a cambio de la liberación de Ghulam. Dos días después encontraron su cadáver en la provincia de Wardak.

El 28 de mayo, el candidato Sha Mohammed conducía su automóvil en la carretera Khost-Gardez. Lo acompañaba su hijo. Un artefacto explosivo adosado al vehículo estalló. Sha falleció y su hijo resultó herido.

El documento de ICOS atribuye el “resurgimiento talibán” a las supuestas “pláticas de reconciliación” que estarían sosteniendo funcionarios del Gobierno de Karzai y los talibanes más moderados, pero también a la habilidad política de los fundamentalistas para llenar los enormes vacíos de poder que existen a nivel local.

Al respecto, la semana pasada el Pentágono incluyó a 50 presuntos traficantes de drogas afganos, que estarían vinculados con la insurgencia talibán, en una lista de 367 “objetivos a matar o capturar”. El propósito: cortar las fuentes de financiamiento de los rebeldes, según informó el domingo 9 el diario The New York Times.

De acuerdo con un reporte de la Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU, publicado en febrero de 2008, 93 por ciento de la producción mundial de opio proviene de Afganistán. En ese país se siembran 193 mil hectáreas de amapola, suficientes para producir 8 mil 200 toneladas métricas de esa droga.

Más grave aún es que 78 por ciento de la producción nacional de ese cultivo ilícito se concentra en las provincias del sur y el oeste del país, donde han ocurrido los más fuertes enfrentamientos entre fuerzas de la OTAN y extremistas. El porcentaje no deja de elevarse.

Los investigadores de Naciones Unidas señalan que 100 por ciento de los cultivadores de amapola en el sur, y 72 por ciento en el oeste, declararon que son forzados a pagar impuestos por esa actividad a los mandos talibanes, a las autoridades religiosas (mullahs) y a los señores de la guerra locales.

Así, el pasado 27 de julio, el Canciller británico, David Miliband, planteó, en un discurso en la sede de la OTAN en Bruselas, un diagnóstico de la situación muy apegado a la realidad: “Los afganos, dijo, caen en la insurgencia por razones más pragmáticas que ideológicas”.

Y precisó: “Hay soldados de a pie a los que el talibán les paga 10 dólares al día, más de lo que recibe un policía local. Hay sembradores de amapola que apoyan a la insurgencia porque ésta les brinda protección ante los esfuerzos de erradicación de la OTAN. Hay narcotraficantes que cuentan con esa protección para el paso seguro de las drogas.

“Hay señores de la guerra que creen que los talibanes ganarán, y por lo tanto se están posicionando para obtener ventajas políticas en el futuro. Y están los afganos comunes y corrientes, que a pesar de estar aterrorizados de un regreso talibán, les inquieta la incapacidad del Estado para protegerlos y entonces buscan la manera de quedar bien con ambos bandos”.