La emergencia sanitaria obliga a varias naciones a ceder libertades y derechos básicos, algo que sería impensable en circunstancias normales. Los cierres de fronteras y escuelas, así como la prohibición de circular y reunirse libremente, son algunos ejemplos. Organismos defensores de derechos humanos llaman a estar atentos para evitar que la democracia y las libertades individuales sean víctimas de la actual crisis.

BRUSELAS (Proceso).- Casi un tercio de la humanidad está sujeto a algún tipo de confinamiento domiciliario para intentar contener la pandemia del coronavirus, que hasta este viernes 27 había provocado más de 21 mil fallecimientos y el contagio de casi medio millón de personas.

Según la agencia francesa AFP, la decisión del gobierno de India (el segundo país más poblado del planeta) de restringir el movimiento de sus mil 300 millones de habitantes a partir del martes 24 elevó el número de personas recluidas en sus domicilios a dos mil 600 millones.

Conforme el aislamiento y el control social se expanden, cada vez son más los pensadores, políticos o activistas que se preguntan si la democracia y los derechos humanos terminarán siendo víctimas de la actual crisis.

Y es que a causa de la emergencia sanitaria, incluso las sociedades más democráticas, como las europeas, han tenido que ceder libertades y derechos básicos que no hubieran cedido en circunstancias normales.

De un día para otro se cerraron las fronteras, las escuelas y los lugares de esparcimiento y ciudadanos de todo el mundo fueron privados de su derecho de circular y reunirse libremente; y quedaron prohibidas las actividades recreativas en el exterior.

El cumplimiento de las nuevas reglas quedó bajo control de la policía y se amenaza con fuertes multas y hasta penas de prisión a los infractores. Los militares han sido llamados a reforzar la sobrecarga de tareas de logística y abastecimiento durante la crisis. En Italia también obtuvieron poderes de seguridad pública para que hagan cumplir el confinamiento, en vigor desde el miércoles 11.

Gracias a facultades legales extraordinarias que les han sido otorgadas por los parlamentos nacionales –“estado de emergencia” en Francia o Italia, “estado de alarma” en España–, los gobiernos han adquirido poderes excepcionales sólo utilizados en tiempos de guerra.

“Esta situación debe ser temporal. Es impensable que nuestras democracias se transformen en seudodemocracias donde los poderes especiales o los estados de urgencia deriven en regímenes de excepción o dictaduras”, declaró a la televisión belga Olivia Venet, presidenta de la Liga de los Derechos Humanos.

El jueves 26 el Parlamento de Bélgica aprobó una ley que le confiere “poderes especiales” al gobierno federal para que pueda tomar disposiciones de urgencia durante seis meses, sin pasar por procesos legislativos.

En el contexto de la pandemia del coronavirus, los Estados han adquirido un poder inusitado que preocupa a la sociedad civil global. Amnistía Internacional (AI) reiteró el pasado viernes 20, cuando muchos países estaban endureciendo sus normas de reclusión social, que “la manera en que los gobiernos decidan responder a la crisis sanitaria impactará en los derechos humanos de millones de personas”.

Aunque “son tiempos extraordinarios”, manifestó AI, “es importante recordar que las leyes de protección de los derechos humanos son aplicables”.

La estadunidense Human Rights Watch, a su vez, estima que el coronavirus “abre nuevas oportunidades para movilizarse por los derechos fundamentales, la dignidad y la igualdad para todos”.

Autoritarismo

Byung Chul-Han, profesor de la Universidad de Artes de Berlín, afirma que los países asiáticos han salido mejor librados de la crisis gracias a su “mentalidad autoritaria”, proveniente de su “tradición cultural” enraizada en las enseñanzas del confucianismo que profesa el respeto a las jerarquías sociales, a la familia y al Estado.

En un muy leído y extenso artículo publicado por el diario español El País el domingo 22, el surcoreano Chul-Han plantea que los habitantes de Japón, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur son más “obedientes” que en Europa y forman sociedades estrictamente organizadas, además de que, a diferencia de los europeos, no cuentan con la misma conciencia crítica frente a la extrema vigilancia digital del Estado, que jugó a favor de la contención de los contagios (con millones de cámaras, drones y servicios de telefonía móvil para identificar y rastrear pacientes a través de los datos personales).

El surcoreano responde a un colega suyo, el esloveno Slavoj Zizek, quien sostiene que la epidemia podría generar tanto la caída del régimen chino como del sistema capitalista, al que le seguiría la instauración de un “oscuro comunismo”. 

Byung pronostica que no será así. “El capitalismo —escribe— continuará aún con más pujanza” porque la epidemia “aísla e individualiza” a la sociedad en lugar de generar un sentimiento colectivo fuerte que promueva un cambio de sistema. Lo mismo, dice, sucederá con el régimen chino, “que podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia”, que incluso podría ser replicado en Occidente.

“Si llegara a suceder eso, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal”, previene Byung citando al filósofo italiano Giorgio Agamben, estudioso y acérrimo crítico de esa figura de gobierno. “Entonces —concluye—, el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió”.

El historiador israelí Yuval Noah Harari refirió en un ensayo publicado el viernes 20 en The Financial Times que el mundo deberá elegir entre dos opciones particularmente importantes. La primera, expone, es “entre la vigilancia totalitaria o el empoderamiento ciudadano”, y la segunda es “entre el aislamiento nacionalista o la solidaridad global”.

Más poder

El portal estadunidense Politico reveló el viernes 20 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado al Congreso la promulgación de una ley que autorizara, durante la emergencia sanitaria, la suspensión del derecho constitucional que tienen los detenidos en ese país de comparecer de inmediato delante de un juez para que evalúe la legalidad de su arresto. Pidió igualmente que se le permitiera al gobierno negarle el asilo a los inmigrantes que resultaran positivos al covid-19.

Esa petición, adelanta Politico, no pasará con un Congreso de mayoría demócrata.

Al otro lado del Atlántico se han prendido las alertas del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y de grupos defensores de derechos humanos por la pretensión del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, de mantener en vigor por tiempo indefinido los decretos que haya emitido en virtud del estado de emergencia. 

El proyecto de ley que debe examinar el Parlamento, donde el partido de Orbán tiene mayoría, prohibiría las elecciones intermedias y los referendos, además de que aumentaría las penas (entre uno y 5 años de prisión) por difundir “hechos falsos o verdaderos distorsionados” de una manera que pueda “impedir o frustrar” la eficacia de las medidas contra el coronavirus, lo que pondría en riesgo de cárcel a los periodistas que publiquen información distinta a la oficial.

Otros gobiernos han logrado implantar medidas contra la propagación del covid-19 que podrían considerarse desproporcionadas o de uso político. 

El gobierno de Israel, uno de los primeros en tomar medidas drásticas que han contenido la expansión del virus, también ha sido acusado de actuar a favor de intereses políticos en medio de la urgencia. 

Aprovechando la coyuntura, el ministro de Justicia ordenó el cierre de los tribunales para postergar el inicio del juicio contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien está imputado por actos de corrupción. 

Los servicios de seguridad, además, estaban utilizando sin el consentimiento parlamentario una tecnología digital altamente invasora —y reservada a combatir terroristas— para rastrear a las personas infectadas de coronavirus y ordenar a quienes hubieran estado cerca, ponerse en cuarentena. Los grupos defensores de las libertades civiles llevaron el caso a la Suprema Corte, que decidió detener el programa hasta que los parlamentarios lo autorizaran. 

Como escribió la historiadora Catherine Vincent en la edición del 20 de marzo del periódico francés Le Monde, “la progresión fulgurante de la epidemia del Covid-19 lo confirma cada día más: el respeto de las libertades públicas de los ciudadanos, el principio en el corazón de las democracias, es difícilmente compatible con la gestión sanitaria de una crisis de esta amplitud”.

*Este reportaje fue publicado en la edición 2265 de la revista PROCESO del 29 de marzo de 2020.