BRUSELAS (apro).- Cristina Fabré es jefa de unidad del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), una agencia de la Unión Europea (UE) con sede en Vilna, la capital de Lituania, que entró en funciones en 2010.

Fabré estudió ciencias de la educación y luego un doctorado en sociología del género en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó en el programa de Nuevas Oportunidades para Mujeres del Fondo Social Europeo para el Instituto Nacional de Empleo de España y fue consultora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Ha sido ponente en seminarios para mejorar el tratamiento de la información sobre violencia de género en Centroamérica. Desde 2002 es jefa de unidad del observatorio contra la violencia doméstica y de género en el Consejo General del Poder Judicial español, y desde 2014 es integrante técnica de la Comisión de Igualdad de la misma institución.

El EIGE es un cuerpo autónomo de la UE que presta “asistencia técnica de alto nivel” en políticas de igualdad y perspectiva de género a las autoridades de los 27 Estados miembros actuales, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, el organismo que prepara las leyes colectivas y vigila su cumplimiento.

La UE no cuenta con una legislación conjunta contra la violencia de género (sólo España y Suecia han promulgado leyes específicas en esa materia) y, a diferencia de México y otros países latinoamericanos, ningún Estado socio ha definido el término “feminicidio” en su código penal.

Peor aún, 10 países no recopilan datos, o lo hacen parcialmente, sobre el número de mujeres adultas asesinadas por su pareja o expareja, y la prensa de muchos países (como la alemana) sigue refiriéndose a los feminicidios como “dramas familiares”.

Aún así, casi todos los países de la UE han ratificado el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, que es considerado el tratado internacional más completo en ese rubro, el cual fue adoptado en 2011 con carácter vinculante.

En ese contexto, el EIGE, con sus 50 expertos, es una valiosa fuente de investigación que se ubica en la primera línea del combate contra la violencia de género no sólo en la región, sino a nivel internacional a través de reportes y estudios con los que comparte experiencias.

Por ejemplo, el instituto ha logrado estimar, no sin dificultades estadísticas, que la violencia contra las mujeres en la UE genera un costo de 220 mil millones de euros por año y al menos provoca en promedio un feminicidio cada día. El EIGE también ha registrado que una de cada tres mujeres europeas ha experimentado violencia física o sexual y que una de cada dos ha sufrido acoso sexual, además de haber elaborado un índice de igualdad entre los Estados miembros y publicado una guía de evaluación y gestión de riesgo para víctimas de violencia dirigido a las policías nacionales.

“La causa estructural de los feminicidios y, en general, de la violencia contra las mujeres, es la desigualdad de género. Por eso necesitamos implementar políticas públicas que la combatan”, señala Fabré en una conversación realizada con este columnista antes del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Advierte, por si hace falta, que el marco europeo no se puede ajustar automáticamente al contexto mexicano.

“Las políticas públicas que más se han implementado en Europa para prevenir casos concretos de violencia tienen que ver con el análisis, la evaluación y la gestión de riesgo, que son apoyadas con medidas como las órdenes de protección o el acompañamiento de mujeres víctimas”, explica la experta.

El EIGE analizó las herramientas de evaluación de riesgo que tenían los países de la UE y elaboró una guía de recomendaciones para mejorarlas.

En algunos países como España la policía evalúa junto con la víctima el nivel de riesgo a través de un cuestionario que toma en cuenta los factores para que la violencia escale.

“El problema es que la mujer tiene que haber denunciado casos previos de violencia para prevenir un feminicidio, por lo que estamos dejando fuera a una gran cantidad de mujeres que no denuncian”, refiere Fabré.

Por eso, dice, hay países donde no es la policía la que realiza esa evaluación sino los servicios sociales u otras agencias o centros de apoyo que conocen directamente la situación de violencia que enfrenta una mujer.

Posteriormente —dice la especialista—, la gestión del riesgo siempre debe ser “multisectorial”, es decir, que no dependa únicamente de la policía o de que la víctima denuncie, y que sea implementada entre varios actores coordinados.

Se refiere en particular a las medidas de seguridad como la vigilancia del agresor, la imposición de brazaletes electrónicos al potencial feminicida, el acompañamiento de la víctima, la comunicación permanente o el establecimiento de “mesas de coordinación” que faciliten a las mujeres agredidas el acceso a un refugio o la obtención de una orden de protección de un juez.

—¿Cómo empezar a transformar una sociedad machista en otra igualitaria? ¿Cómo lo está haciendo Europa?

“En Europa fue muy importante tomar conciencia de la `perspectiva de género´ (gender mainstreaming). Comenzar a analizar todas las políticas y legislaciones para ver dónde estábamos dejando fuera a las mujeres. Cuando se dictaba una ley no se miraba cuál era el impacto que podía tener si el receptor era un hombre o una mujer.

“Los institutos de la mujer en los países de la UE jugaron un papel importante en evaluar bajo esa perspectiva cada una de las políticas y leyes que se promulgaran, hacer campañas de sensibilización sobre la necesidad de educar en igualdad a los niños y a las niñas y a sus profesores, así como formar a los políticos y legisladores. Sin embargo, el sector más reacio a esa formación ha sido la judicatura…”

—¿Por qué?

“Los jueces creen que la aplicación de la justicia es neutral del género, que no se puede analizar un caso o aplicar una sanción diferente según el sexo de la víctima o el agresor. Para ellos es muy difícil entender que nada es neutro, que la violencia contra las mujeres obedece a unas causas específicas y requiere un análisis y unas penas específicas”.

Fabré prosigue: “Los jueces no entienden que si la violencia contra las mujeres es tan elevada es debido a que ellas carecen de valor. Y cuando la causa y la consecuencia es tan diferente, necesitamos una pena específica y una tipología específica del crimen para determinadas víctimas.

“México y muchos países de Latinoamérica están más avanzados que Europa al reconocer el feminicidio como un crimen específico, algo que nosotros estamos tratando de alcanzar en Europa. Necesitamos copiar en ese sentido a Latinoamérica: reconocer que un homicidio es muy diferente a un feminicidio…”

Este columnista interrumpe a Fabré para comentarle que si bien México y otros países de la región han tipificado el delito de “feminicidio”, las tasas de impunidad siguen siendo altísimas.

La experta responde que es necesario tipificar el “feminicidio” para que la autoridad pueda entonces elaborar políticas preventivas que funcionen.

Explica: “Es difícil establecer medidas de prevención que realmente sirvan sin entender que el feminicidio se realiza en contextos determinados como la violencia sexual o la violencia en el ámbito de la pareja o el entorno familiar. El problema de Latinoamérica es la implementación de las medidas. En Europa todas las políticas y leyes más o menos se implementan y los índices de impunidad son mucho menos elevados. Y si la justicia no funciona a nivel nacional hay instancias supranacionales a las que las víctimas tienen derecho a recurrir”.

—Acabamos de escuchar al presidente chileno Sebastián Piñera declarar que son las mujeres las que buscan ser abusadas. El mismo tipo de declaraciones han hecho los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, o de Estados Unidos, Donald Trump. Pero también hay expresiones machistas en ciertas “izquierdas”. ¿Cómo puede preservar una sociedad sus avances en materia de género sin ser afectada por gobernantes de ideas conservadoras?

“Lo que podemos hacer en el EIGE es realizar investigaciones para obtener evidencias. Así podemos saber, por ejemplo, que la violencia tiene un costo económico enorme para las sociedades por la pérdida de horas de trabajo y de vidas humanas o la necesidad de recursos médicos, judiciales y policiales que se ponen a disposición para intentar proteger a las posibles víctimas.

“Hacemos estudios —añade— para poder contestar todas esas afirmaciones meramente ideológicas que quieren luchar contra la igualdad. Intentamos tener tantos hechos objetivos como sea posible para poder probar que lo que dicen es falso. Y aunque muchas veces no lo conseguimos porque tienen más eco sus declaraciones que las nuestras, nos proveemos de evidencias para intentar influir en los más altos niveles políticos para que realmente implementen medidas a favor de la igualdad. Es nuestra única estrategia: invertir en investigación y sensibilización”.

—Los medios de comunicación pueden contribuir mucho en la sensibilización de una sociedad. El EIGE incluye en su guía de buenas prácticas el caso de medios privados y públicos croatas que participaron en una campaña de concientización cediendo tiempo aire sin cobrar.

“El apoyo de los medios es muy importante. Algunos han asumido códigos deontológicos para el tratamiento de la información relativa a la violencia contra las mujeres. Respetan la identidad de las víctimas y su núcleo más cercano y ponen el acento en el abusador.

“Hay que cambiar el enfoque amarillista, que se centra en los datos más escabrosos de cómo fue asesinada una mujer, y referirse sobre todo al agresor y a las consecuencias que tendrá para él ese acto. Es necesario que los periodistas apliquen la perspectiva de género en el manejo de todas las noticias. No aplicar términos sexistas”, expone la experta catalana en violencia sexual y feminicidio.

—¿Cómo evalúan los resultados de las medidas para alcanzar sociedades más igualitarias y contra la violencia de género? Supongo que hay efectos a corto plazo y otros que llegarán en varias generaciones…

Fabré responde que es muy difícil obtener resultados a corto plazo, y que la mayoría de las medidas dan resultado a largo plazo, pero es muy complicado evaluar su eficacia.

Explica: “Digamos que tenemos 100 mil mujeres con riesgo muy alto de violencia y de ellas han sido asesinadas 10. ¿Podemos decir que el resto han sido salvadas gracias a una correcta evaluación y gestión del riesgo? No lo sabemos. Establecer criterios que nos permitan decir que hemos evitado las muertes de determinadas mujeres debido a la implementación de estas medidas es muy difícil, ya que pueden existir otros factores que se nos escapan. Pero da igual, ya que sí sabemos que son medidas que de momento permiten asegurar que hay mujeres que están siendo protegidas y por lo tanto no las matan.

“¿En qué proporción tienen un efecto inmediato en la reducción de la violencia las medidas para la igualdad en la sociedad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las sociedades más seguras e igualitarias tienen menor índice de violencia porque en ellas se favorece la confianza en las instituciones, la policía y la justicia”, concluye la experta.

*Esta columna Europafocus fue publicada el 9 de marzo de 2020 en el portal de la revista PROCESO. Aquí puedes leer el texto original.